No es ejemplo ni tenía derecho

Por Mario Wainfeld

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal confirmó el procesamiento del policía Luis Chocobar por haber matado a Juan Pablo Kukoc, Cambió la calificación del hecho por “homicidio agravado por uso de arma de fuego en exceso del cumplimiento de un deber”. Además reprendió severamente al fiscal ultramacrista Ricardo Sáenz quien, sin haber apelado, improvisó una arenga en defensa del uniformado.

En trazos gruesos y dejando los tecnicismos jurídicos a los iniciados, la Cámara confirmó la presunta responsabilidad Chocobar. Ordenó nuevas pruebas, en particular pericias para saber la trayectoria de la bala que ultimó a la víctima. Son recaudos razonables para esclarecer los hechos, más allá de la gravitación de las imágenes filmadas que dejan muy mal parado a Chocobar. Este tiene pleno derecho a defenderse, alegar causales exculpatorias y recorrer más de una instancia penal. La presunción de inocencia deja de regir para quien, irrefutablemente, mató a otro. La carga de la prueba se invierte, pesa sobre el procesado.

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Los debates sobre la pena de muerte no son monopolio argentino. Dirigentes y partidos de derecha la ensalzan o reclaman en variadas comarcas. En Chile, el asesinato del cabo segundo Carabineros Cristián Martínez el 11 de septiembre del año pasado causó gran conmoción. Montándose en la ola dirigentes de derecha piden la restauración de la pena de muerte y un referéndum para debatirlo.

Parece casi imposible que la iniciativa prospere. La pena de muerte fue abolida en 2001 por el entonces presidente Ricardo Lagos. Chile, como Argentina, adhirió al Pacto de San José de Costa Rica que veda la reimplantación de la pena de muerte. Lagos quiso acomodar virtuosamente la legislación local a ese Tratado derogando y cerrando el paso a retrocesos futuros.

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La semana pasada se trató en esta columna sobre la relación entre Derechos Humanos y encuestas. Una lectora tan versada como amable le señaló a este cronista un ejemplo de otras latitudes.

En 1981 el entonces presidente francés, François Mitterrand abolió la pena de muerte. Se suscitó una polémica tremenda, se comentaba que las encuestas eran desfavorables al cambio. La derecha pedía un referéndum que posiblemente ganaría. Sin embargo, Mitterrand y su ministro de Justicia Robert Badinter, afirmaron “la necesidad moral de la abolición, negando la Ley del Talión como necesidad y la muerte del culpable como un requisito de la justicia”.

La historia data de tiempos idos, remotos, en los que la socialdemocracia europea tenía un sentido y razón de ser. Alude a un estadista que manejaba valores y no respondía a la sensación térmica de la opinión pública.

El presidente Mauricio Macri es distinto, por ideología y por peso específico.

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Chocobar cometió, todo lo indica, un delito. Macri lo ungió como héroe, alegó que el policía cumplió con su deber. Ya van cuatro jueces de la Nación que interpretan distinto, con mayor competencia y conocimiento. Según ellos, Chocobar no tenía el deber de disparar a matar. O, mejor dicho, no tenía derecho a hacerlo.

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El fiscal Sáenz aspira (o aspiraba) a ser Procurador General, quizá la gula motivó el papelón protagonizado ante la Cámara. Se puso la camiseta amarilla en el lugar inadecuado. Floja la actitud.

Dicho al pasar, la justicia penal común a veces dicta fallos interesantes, mejores que los habituales de la Federal. Considerando cuan lamentable es la producción promedio de los magistrados de Comodoro Py, el comentario quizás ni alcanza a ser un elogio.

18/02/18 P/12



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