No es nuestro programa

Por Sebastian Soler

Fernández le recordó al FMI que está violando su propio estatuto y que no firmará la transferencia sin chistar

Por segunda vez consecutiva en lo que va del año, se demoran más de lo previsto la finalización del informe trimestral de los técnicos del Fondo Monetario Internacional sobre la marcha del programa económico argentino y la autorización de su directorio ejecutivo para el próximo desembolso del acuerdo stand-by, sin cuyos dólares Mauricio Macri carecería de chance alguna de ser reelecto.

El calendario de revisiones y desembolsos del acuerdo establece que los próximos 5.400 millones de dólares del préstamo deben “estar disponibles el, o después del, 15 de junio”, pero julio empieza sin que el FMI haya anunciado que su staff ha terminado de redactar el informe ni se haya incluido la consideración del caso argentino en la agenda de las próximas reuniones del directorio publicada en el sitio oficial del organismo.

La tardanza no se debe a un remordimiento repentino de la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, porque las recomendaciones de política económica pergeñadas a cuatro manos por sus subordinados y los funcionarios de Cambiemos han empeorado todas las condiciones de vida de los argentinos que prometían mejorar. Los flagelos de la recesión, el desempleo y la pobreza, que lastimaban a cada vez más compatriotas cuando Macri gobernaba solo, amenazan con mutar en plagas de las que ninguno de nosotros saldrá indemne desde que co-gobierna el FMI. Después de reunirse con Macri durante la nueva cumbre del G20 en Japón, Lagarde reiteró su convicción de que los “esfuerzos [del gobierno] están comenzando a dar resultados y deberían sentar las bases para el retorno de la confianza y el crecimiento”. La generosidad atemporal del gerundio – los “comenzandos” de Lagarde se miden en años– disimula poco y mal los rigores del presente que ella elude y nosotros padecemos.

Si bien la aprobación del nuevo desembolso no está en riesgo gracias al respaldo del gobierno estadounidense, cuya influencia es decisiva en el directorio del Fondo, por lo menos cuatro complicaciones desafían la destreza dialéctica de los redactores del informe: la discrepancia flagrante entre las proyecciones del programa y los resultados de su aplicación, el rechazo inconmovible de los mercados a financiar al gobierno, la contradicción entre el compromiso con la flotación libre del dólar reiterado en el último informe y el permiso concedido por el staff unos pocos días después para que el Banco Central venda reservas, y la duda que siembra la inminencia de las elecciones sobre la “propiedad” del programa después de diciembre.

Para ilustrar la primera de esas dificultades, alcanza con recordar la evolución de los pronósticos de inflación para este año aventurados por el FMI en el acuerdo original y en cada uno de los tres informes trimestrales de auditoría elaborados desde entonces. En el acuerdo, firmado en junio del año pasado, el organismo vaticinó que la inflación anual en 2019 sería 17% en el “escenario base” o 20,8% en un “escenario adverso”. En las primeras dos revisiones, completadas en octubre y diciembre, no modificó sustancialmente ese calculo y ratificó que la inflación anual rondaría el 20%. Recién en el informe de marzo pasado se rindió ante la evidencia insoslayable de que los precios habían aumentado un 12% en apenas tres meses y subió al 30% su pronóstico. Pero de nuevo se quedó corto. En el nuevo informe, Lagarde y los técnicos de la misión argentina tendrán que explicar a sus superiores por qué la inflación en 2019 terminará siendo por lo menos el doble de aquella que les prometieron tres veces en nueve meses.

La magnitud de la deuda contraída por el gobierno de Macri torna poco probable su repago, aún a juicio del cada vez más complaciente FMI. Para compensar ese defecto, los reglamentos internos del organismo requieren que su staff le acredite al directorio que el gobierno puede obtener financiamiento de otras fuentes que permita asegurar el eventual repago del préstamo stand-by. Es una exigencia que se vuelve más difícil de satisfacer a medida que pasan los meses sin que los inversores se atrevan a comprar más bonos soberanos argentinos de los que venden. El Riesgo País, que refleja dicha falta de apetito, lleva casi tres meses oscilando por encima de los 800 puntos básicos. Y según el anexo estadístico del mercado cambiario difundido por el Banco Central la semana pasada, en mayo la salida de dólares atribuible a la liquidación de inversiones financieras de extranjeros totalizó U$S 858 millones, la fuga mensual más alta por ese concepto en lo que va del año. A falta de pruebas más convincentes, quizás el staff mencione en su informe la reciente emisión de bonos de YPF por U$S 500 millones, un monto equivalente apenas a la mitad de los cargos y comisiones que el gobierno le pagará al Fondo este año.

Cuando finalmente el directorio ejecutivo del FMI se reúna para considerar el informe y las recomendaciones de la línea técnica, sus integrantes deberán confirmar que les parece bien que se hayan eliminado las restricciones a las ventas de reservas que habían considerado esenciales tres meses atrás. La principal incógnita es si se establecerá algún límite a la cantidad de dólares que el Banco Central puede vender diariamente para contener el tipo de cambio. Hasta ahora, la descripción de la nueva política cambiaria difundida por el Banco Central y bendecida por los técnicos del Fondo sugiere que no hay otro tope que aquel que el gobierno “considerase necesario”. Faltando 40 días para las PASO, no es un misterio cuál es la principal necesidad que monopoliza todas las consideraciones de los funcionarios de Cambiemos.

Para el FMI es esencial que las políticas de ajuste que impone como condición a su ayuda financiera sean asumidas como “propias” por el país deudor. Sus lineamientos internos enfatizan que la “responsabilidad primaria” de diseñar el programa económico le corresponde al gobierno del país deudor y el rol del Fondo se limita a establecer las “condicionalidades” necesarias para que el programa tenga éxito. Es una ficción conveniente que el gobierno de Macri ha sobreactuado sin complejos desde la primera carta de intención firmada por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, donde se lee que “el plan económico” detallado en el acuerdo stand-by “ha sido diseñado por el gobierno argentino”.

La semana pasada Alberto Fernández recibió en sus oficinas al director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, quien solicitó la reunión para “conocer las ideas” en materia económica del candidato a presidente del Frente de Todes. El parte de prensa resumiendo lo conversado, que difundió Fernández después del encuentro, debería bastar para satisfacer la curiosidad de Werner y sus colegas.

Fernández denuncia que la conducta del Fondo viola su propio estatuto al permitir que el gobierno de Macri use los recursos que le presta para financiar la fuga de capitales, y condena que sus políticas desfinancian al país, fijan un valor artificial del dólar y generan recesión mientras incrementan la deuda pública, la inflación, el desempleo y la pobreza. Al final del comunicado, Fernandez sintetiza en una frase su rechazo absoluto a firmar la escritura de transferencia de propiedad del programa económico que provocó esas calamidades y cuyos únicos dueños vitalicios son Macri y el FMI: “El programa económico vigente no es nuestro programa”.

El Cohete a la Luna

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