No hay victoria sin conflicto

Por Guillermo Wierzba

Imagen: George Grosz, Tertulia, 1920-1930

Los economistas e intelectuales orgánicos del poder suelen esgrimir una cantidad de «razones» (excusas) para naturalizar un paradigma económico-social como el único posible ordenador de la sociedad. A partir de esa lógica ordenadora, quedarían determinadas las condiciones para un mejor nivel de vida de la sociedad en su conjunto.

Ubicados en el presente, podemos recorrer el discurso de la intelectualidad de la época neoliberal –de ellos se trata– y sacar conclusiones respecto adónde conducen sus dogmas. Pero no debemos dejar de advertir que esas premisas también son aceptadas por pensadores y políticos autodenominados –y reconocidos por sectores de la sociedad– como «progresistas», no por valorarlas, sino por resignarse a ellas a partir de hacer un culto de la correlación de fuerzas, a las que siempre encuentran como desfavorables para desafiar los pilares del orden social hegemónico. A neoliberales y «progresistas resignados» habría que agregarle una pléyade de pregoneros de la realpolitik, que entienden a esta última como la asunción del orden vigente como una eternidad, sin ocuparse de la historicidad de los modos en que las sociedades han organizado sus vidas a través del tiempo.

Adentrándonos en los problemas económicos de la Argentina actual, la economía ortodoxa, la intelectualidad que la profesa y sus difusores mediáticos despliegan esa concepción planteando una cantidad de axiomas que conducen al más crudo conservadurismo y a la negación de cualquier proyecto transformador, del cual no sólo se manifiestan contrarios, sino que se ocupan esencialmente de fundamentar su «imposibilidad». Así, circunstancialmente se genera un «frente político-climático del posibilismo» en el que encuentran cabida neoliberales, «progresistas» y «realpolitikeros». Explicitemos a continuación los lugares recorridos por ese «frente climático epocal».

Precios

La única forma de conformación de los precios en la economía es mediante la oferta y la demanda, liberando al mercado de cualquier intervención estatal. Los controles de precios, u otras formas de regulación, como la cupificación de exportaciones y otros métodos del desacople de los precios locales respecto de los internacionales, no sólo son considerados injustos para los «empresarios-productores» (los propietarios de los medios de producción) y su intelectualidad orgánica, sino «distorsivos» (desordenadores de las señales correctas para el «equilibrio» económico y la conformación de precios relativos adecuados para la economía) y condenados al fracaso y al incumplimiento por la imbatible capacidad de imposición final de los precios mercantiles. Por lo tanto, la política económica que postulan como ruta única de la racionalidad es opuesta a lo que determinaban los clásicos del desarrollo, como Albert Hirschman, quienes sostenían que una de las condiciones clave para lograrlo era la alteración de los precios mercantiles por la acción estatal dirigida a objetivos estratégicos de cambio estructural. Esta alteración llevaba implícito el objetivo de la diversificación productiva y de la distribución de los incentivos para compensar los desequilibrios del desarrollo desigual sectorial de las economías jóvenes. Pero, fundamentalmente, la desintervención de los precios es una premisa que excluye al Estado de las políticas redistributivas de lo que se entiende como distribución primaria del ingreso, que es la que resulta de los proporciones del mismo que obtienen los asalariados y los sectores de ingresos fijos respecto de las rentas y ganancias de la propiedad, antes del efecto del gasto presupuestario y la recaudación impositiva.

Si el Estado no interviene sobre los precios, si no controla la lógica de su conformación en la cadena productiva y en la de distribución de los bienes, ocurren dos cosas: los aumentos de salarios son absorbidos, y más que compensados, por los aumentos de precios, porque los que dominan esas cadenas son formadores de precios dispuestos y con poder para resolver la puja distributiva a su favor. Pero, además, la empresa dominante de la cadena productiva también puede expropiar beneficios de las pymes y otras unidades productivas articuladas por el núcleo central que es esa firma. De este modo, la distribución del ingreso primaria y de los beneficios entre las firmas queda definida por el poder de mercado. Ese poder de mercado no se encuentra relativizado por la presencia de una oferta atomizada de empresarios tomadores de precios, sino que concentrada en pocos de sus formadores. Si los precios no son construidos en el marco de esquemas regulatorios que se entrelacen con las lógicas mercantiles –a partir de las metas de la política económica–, las medidas y políticas salariales son anuladas por la dinámica empresarial.

En la actualidad, un sendero enérgico de recuperación de ingresos, que requiere de aumentos reales que desanden la caída salarial del 25% del último quinquenio, necesita de la participación estatal en los mercados de bienes y de trabajo para evitar que las subas de sueldos queden disueltas por la neutralización de los precios fijados libremente por el empresariado formador de los mismos. La no intervención gubernamental conduce al no respeto de los derechos económicos y sociales, y denotaría la demarcación de la vida democrática con un límite que dejaría a la economía por fuera de ella. Lo económico quedaría en el plano de la sociedad civil y excluido de la vida política.

Impuestos

La presentación del reclamo permanente de la disminución de impuestos, que suman una «presión tributaria» abrumadora que sube los costos empresariales a niveles desestimulantes de la producción. La reducción de impuestos –entre los que la obsesión neoliberal y del poder concentrado es especialmente con los que gravan ganancias, propiedad y rentas– constituye una fuente de mayor apropiación de beneficios por parte de los propietarios, a la vez que afecta negativamente la distribución del ingreso. Por otra parte, la idea de una excesiva presión tributaria no se condice con las estadísticas mundiales ni de la región en el análisis comparativo con otros países. Además, la pérdida de ingresos del Estado significaría la restricción de sus recursos económicos para intervenir solventando los necesarios niveles e incrementos del gasto social en una sociedad con una intensa polarización del ingreso y altos niveles de pobreza e indigencia. En la lógica de la reducción de impuestos también está la resistencia a las retenciones, que, en realidad, son derechos de exportación que juegan macroeconómicamente con un rol similar a los tributos, pero también constituyen una herramienta para la regulación de los precios internos, como así también de las transferencias de rentas de los sectores económicos de mayor competitividad internacional a los que necesitan de apoyos para incrementarla. La menor disposición de ingresos tributarios, aunada al pregón de la ortodoxia intelectual de la derecha y de los empresarios concentrados contra el déficit fiscal, es la base sobre la cual se define la idea de un Estado chico con menos funciones. Menor gasto social y menor posibilidad de inversión pública. Menores impuestos a la propiedad y menor gasto social influyen perjudicialmente en la determinación de la distribución secundaria del ingreso, cuya determinación está dada por la primaria más el impacto del gasto social y los impuestos. A su vez, empobrece la potencia estatal para disciplinar al poder económico privado concentrado.

El constante reclamo contra la presión tributaria y el déficit fiscal definen la idea de un Estado sin capacidad de disciplinamiento.

Divisas

El mercado libre de cambios y la libre movilidad de capitales, tanto para su entrada como salida. Esto lleva a que las divisas sean manejadas como una mercancía de orden privado, cuando constituyen un recurso estratégico para el desarrollo. Esas liberalizaciones quitan al Estado la posibilidad de administrar extra-mercantilmente el precio de las divisas y establecer regulaciones cuantitativas y direccionadas sobre la entrada y salida de dólares en función de una política económica redistributiva, humanista y de desarrollo. Cuando se establecen impuestos progresivos, el capital podría eventualmente retirarse, lo mismo ante aumentos salariales o regulaciones de precios. Esa eventualidad no necesariamente tiene antecedentes históricos que constituyan una prueba de regularidad, pero sí la amenaza para evitar la disputa por el ingreso y la intervención estatal. La des-financiarización es combatida por el neoliberalismo y aceptada por el «frente climático del posibilismo» bajo amenaza de abandono.

FMI

El acuerdo con el FMI. En general, los neoliberales plantean una negociación falsa. Aldo Ferrer reflexionaba que cuando una parte se sienta a negociar, debe estar dispuesta y poner la mejor voluntad para llegar a un acuerdo, pero también debe contar con la posibilidad de no arribar al mismo. En el caso del FMI esto también rige. Si el acuerdo fuera considerado «inevitable» para la Argentina, aun sobre la base de la falta de voluntad del FMI por diseñar un esquema de refinanciación acorde a la posibilidad de pago del país y encuadrada en el marco de una política social distributiva y una estrategia de desarrollo autónomo que no implique sesgar la economía hacia un perfil reprimarizado, entonces no se estaría en una actividad negociadora, sino en la gestión de un pedido a los países predominantes en ese organismo internacional para que otorguen algún beneficio o conmutación de intereses. La diferencia entre una negociación y un ruego no es una cuestión menor.

Recursos estratégicos

El rechazo rotundo de la participación del Estado como empresario en la gestión de los recursos estratégicos para el desarrollo nacional. Esta perspectiva excluye la articulación del poder público con empresas privadas nacionales en el despliegue de sectores clave para la soberanía económica, que fortalecería el papel protagónico de lo público en la vida socio-económica.

Estos cinco planos de la política económica de la Argentina del presente constituyen el centro de un debate en el que se juega el futuro de la Nación. Los neoliberales, «progresistas resignados» o realpolitikeros que sostengan –aun desde perspectivas diferentes– como única conclusión que los precios no pueden regularse extra-mercantilmente; que la política fiscal no puede ser expansiva en pos de un Estado grande que participe como un actor económico productivo y sea el efector de una política de redistribución de ingresos y del salario real; y que el Estado argentino no puede manejar el recurso estratégico de las divisas logradas en su comercio exterior ni regular la entrada y salida de capitales en función de la planificación de un proyecto nacional que determine la ciudadanía, abonan un culto de la correlación de fuerzas como fenómeno estático, que resultaría también inconmovible por la propia vocación transformadora de un gobierno nacional, popular y democrático.

No poder diseñar y dirigir esos planos de la economía por parte del gobierno y su cesión a agentes concentrados, empresas u organismos domésticos e internacionales que son ajenos a su poder implicaría el reconocimiento de una dependencia económica indestructible, tanto de centros imperiales como de poderes económicos internos. Esa conceptualización es clásica: habría poderes internos que viabilizarían, por intereses de políticas comunes, el peso de un dominio externo sobre la economía de la Nación, como bien sostenía Rodolfo Puiggrós, quien fuera interventor de la Universidad de Buenos Aires en 1973.

Adherir al planteo de la imposibilidad de acometer el cambio de la correlación de fuerzas que permita ganar mayores espacios para un proyecto del nacionalismo popular y democrático, constituye abdicar del uso de la herramienta fundamental en los procesos políticos de cambio social y/o de conquista de la soberanía política: el conflicto.

El conflicto es el constituyente fundamental de la posibilidad de un cambio progresivo en cualquier Nación y en cualquier sociedad. Aceptar el status quo de los cinco términos reseñados sin plantear el conflicto para resolverlos conduciría a la perpetuación de condiciones de injusticia y dependencia. Su despliegue, enfoque, concentración y ritmo es parte de la subjetividad del liderazgo político gubernamental. Pero acometerlo y reconocerlo como imprescindible es una condición necesaria del posicionamiento teórico- ideológico-político para las transformaciones imprescindibles del país.

La dramática historia argentina fue atravesada, en múltiples fases, por el conflicto entre el proyecto popular y el oligárquico. Las gestas de los triunfos y resistencias del campo del pueblo están presentes en los relatos de la intelectualidad nacional y conforman un aspecto vertebral de la cultura del país.

Parapetarse en la idea de que «el mundo cambió», que la motorización del progreso, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica ya no transcurren por la vía del conflicto, se acerca –o es– una manifestación de la «filosofía» del fin de la Historia. El sometimiento teórico a esta cosmovisión falsa construiría el fundamento para una derrota popular.

El Cohete a la Luna

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