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Quien
dicta la forma de lucha es el opresor y nunca el oprimido
(ANNCOL) Palabras leídas por Simón Trinidad el 28 de enero de 2008 cuando fue condenado a 60 años por “conspirar para secuestrar a 3 estadounidenses”.
Hablo como miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo, organización política insurgente, alzada en armas contra el estado colombiano, a la que pertenezco desde finales del año de 1987.
Desde sus orígenes, hace 44 años, las FARC-EP luchan por cambiar un régimen oligárquico que se sostiene en el poder a punta de sangre y fuego.
Está escrito desde el 20 de julio de 1964, en el programa agrario de los guerrilleros, que las FARC querían y luchaban por cambiar el régimen por la vía menos dolorosa para nuestro pueblo: la vía pacífica, democrática de masas.
Quien dicta la forma de lucha es el opresor y nunca
el oprimido
Pero la oligarquía en el poder ha mantenido cerrada esa vía utilizando la fuerza pública y a bandas de sicarios conocidos primero como pájaros o chulavitas y hoy como paramilitares, para barrer a plomo a sus adversarios políticos y sembrar el Terror en la población.
Nelson Mandela, líder de Sudáfrica, miembro del Partido Congreso Nacional Africano, fundador del movimiento guerrillero UMKHONTO WE SIZE, -“la lanza de la nación”-, luego presidente de su país y premio Nobel de Paz, afirma en su autobiografía que “quien dicta la forma de la lucha es el opresor y nunca el oprimido”.
En Colombia el opresor es la oligarquía, que ha utilizado las armas del estado contra su propio pueblo para mantener sus privilegios y por eso existen las FARC como ejército del pueblo.
Los guerrilleros de las FARC hacen parte del pueblo colombiano que expresa de múltiples formas su descontento, que reclama, que protesta y que lucha contra un régimen elitista y violento.
Fundadas por campesinos como Manuel Marulanda, las FARC apoyan las luchas campesinas por la tierra y por una política agraria que tenga en cuenta y garantice sus intereses. Creadas por obreros como Jacobo Arenas, las FARC alientan las luchas obreras por la mejora de sus salarios, la organización sindical y su lucha política contra sus explotadores y opresores. Con el ejemplo dado por indígenas como Ciro Trujillo, las FARC respaldan sus luchas por el respeto a su cultura, sus lenguas y organización interna. Conformada desde sus inicios por mujeres como Miriam Narváez y estudiantes como Hernando González Acosta, las FARC estimulan sus luchas por una Colombia pluralista, democrática, en paz con justicia social.
América Latina es la región más desigual del planeta y Colombia ocupa en el mundo el tercer lugar entre los países de mayores desigualdades económicas y sociales. Desigualdades en la distribución de la riqueza que limitan o impiden el acceso al empleo, a la tierra, a la vivienda digna, a la educación en todos sus niveles, a la protección de la salud, a la alimentación básica y balanceada, al agua potable, a la luz eléctrica, a la recreación y al descanso, es decir, a los derechos humanos básicos, esenciales, para tener una vida digna. Por ese inequitativo manejo de la riqueza, 24 millones de colombianos, el 54% de sus habitantes, viven por debajo del nivel de la pobreza o de miseria, condenados a subsistir con 1 ó 2 dólares diarios de ingreso.
La fertilidad de las tierras del país y la variedad de climas que van desde el cálido tropical hasta el frío de sus páramos, facilitan siembras y cosechas los 12 meses del año para garantizar no sólo la autosuficiencia alimentaria, sino excedentes para la exportación, así como la producción de materias primas para surtir industrias nacionales y extranjeras. Sus abundantes y variados recursos naturales, mineros y energéticos, como oro, esmeraldas, níquel, sal, carbón, gas y petróleo; su riqueza pesquera de sus dos océanos, ríos, lagos y lagunas, contar con una de las mayores biodiversidades del planeta en su flora y su fauna y sus inmensos recursos hídricos y forestales, constituyen un inmenso patrimonio de bienes naturales, los que sumados al recurso humano de un pueblo laborioso y luchador, hacen de Colombia una nación muy rica para garantizar el bienestar económico y social de todos sus habitantes.
Sin embargo, una mezquina casta gobernante y quienes monopolizan la banca, la industria, las minas, el comercio y las mejores tierras, niegan la riqueza del país y por el contrario pregonan que Colombia es un país pobre, para justificar las grandes desigualdades sociales.
Los gobernantes de los partidos liberal y conservador han utilizado sus cargos para garantizar la insaciable voracidad de los dueños del gran capital y de los latifundistas, para entregar cada vez más la soberanía del país a los intereses del gran capital internacional, en particular al de los Estados Unidos, y para enriquecerse ellos mismos con las comisiones que reciben.
La violencia política del régimen, expresada en el asesinato, la amenaza, la tortura, la calumnia y la desaparición forzada, ha sido su más eficaz herramienta, la que han utilizado sin pausa y sin descanso contra sus contradictores políticos para sustentarse en el poder. Llegaron al extremo del genocidio político. Así lo hicieron con el movimiento gaitanista en los años 40 y desde mediados de los 80 contra los militantes de la Unión Patriótica.
Enquistados en los tres poderes del estado, se garantizan mutuamente la impunidad por sus crímenes políticos y delitos económicos, impunidad que extienden a los miembros de las fuerzas militares, de la policía y a sus bandas de paramilitares.
Además del carácter injusto y violento del régimen, la inmoralidad de los gobernantes ha sido su norma, el cinismo su ética, y el bolsillo propio su objetivo fundamental. Donde va la dignidad ostentan un muñón.
Han sido corruptos, ladrones, por acción y omisión con los dineros que los colombianos les confían a través del pago de impuestos y con la administración de las empresas del estado. Han abusado del poder para feriar las empresas estatales y los recursos naturales malvendiéndolos a particulares y extranjeros a espaldas de las comunidades.
Cierto es que en Colombia los gobernantes, los congresistas y demás miembros de corporaciones departamentales y municipales son elegidos cada cuatro años. Pero también es cierto que la democracia no es sólo votar, y menos cuando la abstención históricamente es superior al 65%, o cuando una cantidad apreciable de electores vota a cambio de dinero –la compra venta del voto-, o por promesas de puestos en la burocracia oficial. En las elecciones del país votan ciudadanos fallecidos y, otros muy vivos, votan varias veces el día de las elecciones. El robo de las urnas electorales y el cambio de votos de las urnas son prácticas comunes. Por todo esto, los procesos electorales son ilegítimos y hacen de las elecciones otra farsa más de la democracia colombiana.
De los últimos años de nuestra historia política: Ernesto Samper es elegido presidente 6 por el cartel del narcotráfico de Cali que financió su campaña con 6 millones y medio de dólares. El candidato derrotado, Andrés Pastrana, solo hasta el día siguiente de su derrota, furioso por no haber recibido una cantidad igual de dólares del mismo cartel, finalmente denuncia al vencedor y, cuatro años después, llega a la presidencia. El 2 de agosto de 2004, el departamento de defensa de Estados Unidos autorizó la publicación de un informe de seguridad, elaborado en 1991 por su Defense Intelligence Agency, DIA, en el que figura la plana mayor del cartel de la droga de Pablo Escobar. En el informe de 14 páginas, solicitado por The National Security Archive, de la Universidad George Washington, aparece el nombre del actual presidente Álvaro Uribe Vélez junto las jefe paramilitar Fidel Castaño y del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar.
Álvaro Uribe Vélez había sido elegido presidente en el año 2002, y el mismo año de la publicación de la DIA, se dedicó a otorgar contratos de obras públicas, sinecuras a discreción en la burocracia oficial y cargos diplomáticos por todo el mundo a familiares y copartidarios de los congresistas liberales y conservadores para que, así sobornados, reformaran la Constitución y el mismo presidente Uribe Vélez pudiera reelegirse automáticamente, y así sucedió.
Este es el mejor retrato de la democracia colombiana. Democracia de papel, de titulares de prensa y de noticieros, de discursos politiqueros. El blablabla histórico alejado de la realidad, de la verdad.
De otra parte, Colombia vive la tragedia de una larga guerra de más de 60 años. Y, para agravar la situación, con la creciente participación de los Estados Unidos en una guerra contrainsurgente pero disfrazada con otros argumentos. El último de ellos es el de la guerra contra las drogas, como lo dije en el juicio, enmascara la intervención del gobierno estadounidense en nuestro conflicto político. Esto le permite tener una mayor injerencia en los asuntos internos de Colombia, justificar su mayor presencia con tropas, asesores, espías, armas y atizar la guerra con millones y millones de dólares.
Este apoyo militar, financiero y político del gobierno de Estados Unidos, envalentona a la oligarquía y aplaza las soluciones económicas, sociales y políticas que son el origen del conflicto y que el país requiere solucionar sin injerencias externas y menos aún con la imposición de soluciones. En Colombia cobran vigencia las visionarias del Libertador Simón Bolívar, el hombre de América, cuando aseveró que “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar a América de miseria en nombre de la libertad”.
Y es que el gobierno y algunos congresistas de Estados Unidos no han comprendido que a diferencia de otros conflictos de orígenes religiosos o étnicos o separatistas o territoriales, el conflicto colombiano tiene unas profundas raíces económicas y sociales, cuya solución no puede ser de otra índole, y que va mucho más allá del problema del narcotráfico por lo que no puede circunscribirse a éste.
Por eso las FARC no comparten la solución militar y de guerra química, que además de lesionar el suelo patrio y muestra dignidad nacional, dejan de lado la financiación y la inversión social, además de la participación de las comunidades en los acuerdos y planes de sustitución de cultivos.
Así mismo, consideran las FARC que ningún país, por poderoso que sea, puede arrogarse el derecho exclusivo de combatir el problema o la posesión monopólica de la estrategia para derrotarlo. Con un cambio de la actual estrategia militar, el gobierno de los Estados unidos y las FARC pueden trabajar de conjunto para unir esfuerzos y voluntades en ese gran reto que enfrenta la Humanidad.
Para las FARC está claro que la comunidad internacional debe participar en esa inaplazable tarea mediante acuerdos y compromisos, en especial los países más desarrollados y ricos por ser las principales fuentes de la demanda mundial de estupefacientes y los más afectados por el consumo.
Me sorprendió que el departamento de Justicia no se alterara cuando comprobó la falsedad de los cuatro informes –todos distintos- y la burda alteración de las imágenes de un video que los militares colombianos entregaron para hacer creer que soy miembro del Estado Mayor Central. Lástima no poder conocer la enérgica carta enviada a los oficiales de inteligencia del ejército donde el gobierno protestó por el irrespetuoso engaño. ¡Porque doy por seguro que hubo un fuerte reclamo por tamaña burla!
Si con ese descaro el ejército de Colombia le ha mentido a las autoridades del gobierno del cual reciben asesoría, cursos, armas y millones de dólares, es fácil comprender de lo que han sido capaces de hacer en mi país donde han tenido y tienen las manos sueltas para hacer y deshacer a su antojo.
Es sabido que la política es la expresión concentrada de la economía y que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y como aquí los temas económicos, políticos y de la guerra en Colombia fueron tratados con amplitud en las dos versiones del juicio, aquí se ha hecho un juicio político, de cabo a rabo, así el gobierno haya tratado de evitarlo y ocultarlo.
Ese carácter político del juicio me complace porque confirma la condición política de las FARC, derivadas de las causas y objetivos de su lucha revolucionaria, plasmados en conferencias y de los plenos del estado mayor central, documentos presentados por la fiscalía y de los que se habló y discutió.
Igual, estoy satisfecho porque a pesar de todo el esfuerzo que realizó el gobierno en los dos juicios, los jurados me consideraron no culpable del quinto cargo que se me imputaba: el de suministrar ayuda a una organización terrorista, como erróneamente califica a las FARC el departamento de Estado.
Aprovecho esta tribuna para reiterar con toda claridad y absoluta firmeza, en nombre de las FARC y del mío, la condena al terrorismo independientemente del origen que tenga.
No olvido que el Terrorismo de Estado, que en Colombia ha sido y es aún práctica común, fue el factor determinante para mi ingreso a las FARC, desde donde lo he denunciado y condenado.
Por principio, por convicciones ideológicas, el terrorismo no tiene cabida en mi mente ni en mi corazón como práctica política. Tengo claro, al igual que las FARC, que ninguna fuerza política que aspire al poder con el respaldo popular puede cumplir su objetivo con la práctica del terrorismo ya que este socava y destruye todo apoyo.
De igual forma, las FARC y yo en particular, nos oponemos y rechazamos la extradición de colombianos para ser juzgados en otros países. Esa es una práctica neocolonial que lesiona la soberanía de nuestro país y que ha llegado al extremo de utilizarse como arma política contra las FARC. Además, es un error pretender chantajear con la extradición a hombres y mujeres que luchan por ideales, como son los casos de Sonia y mío.
Por el cargo de conspiración no abriga mi ser sentimiento de culpa alguno. Mi tarea estaba enmarcada dentro del conflicto del país. En Colombia hay una guerra y como consecuencia de ella hay prisioneros de lado y lado, y este es un problema real, concreto, que reclama una solución. Además era una orden y una tarea política emanadas de determinaciones superiores, como se aprecia al leerse el comunicado del 27 de abril de 2003, suscrito por el Secretariado. Y, si se quiere, fue un intento de un primer paso de una acción humanitaria en beneficio de todos los prisioneros de ambas partes.
Entonces me absuelve mi conciencia y, desde ya, me sumo al grupo de tantos otros a quienes la historia ha dado y dará su absolución.
Me queda la satisfacción de haber enviado la carta al comandante Manuel Marulanda y a los demás miembros del Secretariado, donde les propuse dar pruebas de vida de los tres estadounidenses y les reiteraba que mi libertad no se convirtiera en un obstáculo para el Acuerdo Humanitario en Colombia. Estoy convencido que ese Acuerdo será un avance significativo en el camino de la reconciliación y la paz con justicia social de los colombianos. La solución política hace parte del conflicto, por lo que las FARC nunca la han descartado. De hecho, es el primer punto de nuestra plataforma, que dice: Solución política al grave conflicto social que vive el país.
También me acompaña un sincero deseo para que Marc Gonzalves, Keith Stansell y Thomas Howes regresen lo más pronto posible vivos y sanos, al seno de sus hogares junto a sus seres queridos.
Como ya hubo una reunión donde compartí algunas palabras con un funcionario del departamento de Estado, no está de más decir que mantengo igual disposición para posibles futuros encuentros y diálogos.
Cuando ingresé a las FARC, lo hice consciente de perder la vida o la libertad en la lucha por alcanzar unos ideales de justicia social para el pueblo colombiano y de paz para mi país. Hoy, perdida mi libertad física, conservo intactos esos ideales, estimulados por otros hombres y mujeres, incluso extranjeros, entre otros tantos como los miembros de la organización Free Ricardo Palmera, gentes que levantan las mismas banderas, porque comparten las palabras dichas por el mártir de la independencia de Cuba, José Martí, cuando afirmó: “Lo que Bolívar no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy”. Y es que esa es la tarea por cumplir, entre los que estarán los guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.
¡Viva Manuel Marulanda!
¡Vivan las FARC – Ejército del Pueblo!
¡Viva Bolívar, porque Simón Bolívar vive y su espada libertaria recorre América!
Enero 28 de 2008, Washington, D. C.
Fuente: www.anncol.eu
Pero la oligarquía en el poder ha mantenido cerrada esa vía utilizando la fuerza pública y a bandas de sicarios conocidos primero como pájaros o chulavitas y hoy como paramilitares, para barrer a plomo a sus adversarios políticos y sembrar el Terror en la población.
Nelson Mandela, líder de Sudáfrica, miembro del Partido Congreso Nacional Africano, fundador del movimiento guerrillero UMKHONTO WE SIZE, -“la lanza de la nación”-, luego presidente de su país y premio Nobel de Paz, afirma en su autobiografía que “quien dicta la forma de la lucha es el opresor y nunca el oprimido”.
En Colombia el opresor es la oligarquía, que ha utilizado las armas del estado contra su propio pueblo para mantener sus privilegios y por eso existen las FARC como ejército del pueblo.
Los guerrilleros de las FARC hacen parte del pueblo colombiano que expresa de múltiples formas su descontento, que reclama, que protesta y que lucha contra un régimen elitista y violento.
Fundadas por campesinos como Manuel Marulanda, las FARC apoyan las luchas campesinas por la tierra y por una política agraria que tenga en cuenta y garantice sus intereses. Creadas por obreros como Jacobo Arenas, las FARC alientan las luchas obreras por la mejora de sus salarios, la organización sindical y su lucha política contra sus explotadores y opresores. Con el ejemplo dado por indígenas como Ciro Trujillo, las FARC respaldan sus luchas por el respeto a su cultura, sus lenguas y organización interna. Conformada desde sus inicios por mujeres como Miriam Narváez y estudiantes como Hernando González Acosta, las FARC estimulan sus luchas por una Colombia pluralista, democrática, en paz con justicia social.
América Latina es la región más desigual del planeta y Colombia ocupa en el mundo el tercer lugar entre los países de mayores desigualdades económicas y sociales. Desigualdades en la distribución de la riqueza que limitan o impiden el acceso al empleo, a la tierra, a la vivienda digna, a la educación en todos sus niveles, a la protección de la salud, a la alimentación básica y balanceada, al agua potable, a la luz eléctrica, a la recreación y al descanso, es decir, a los derechos humanos básicos, esenciales, para tener una vida digna. Por ese inequitativo manejo de la riqueza, 24 millones de colombianos, el 54% de sus habitantes, viven por debajo del nivel de la pobreza o de miseria, condenados a subsistir con 1 ó 2 dólares diarios de ingreso.
La fertilidad de las tierras del país y la variedad de climas que van desde el cálido tropical hasta el frío de sus páramos, facilitan siembras y cosechas los 12 meses del año para garantizar no sólo la autosuficiencia alimentaria, sino excedentes para la exportación, así como la producción de materias primas para surtir industrias nacionales y extranjeras. Sus abundantes y variados recursos naturales, mineros y energéticos, como oro, esmeraldas, níquel, sal, carbón, gas y petróleo; su riqueza pesquera de sus dos océanos, ríos, lagos y lagunas, contar con una de las mayores biodiversidades del planeta en su flora y su fauna y sus inmensos recursos hídricos y forestales, constituyen un inmenso patrimonio de bienes naturales, los que sumados al recurso humano de un pueblo laborioso y luchador, hacen de Colombia una nación muy rica para garantizar el bienestar económico y social de todos sus habitantes.
Sin embargo, una mezquina casta gobernante y quienes monopolizan la banca, la industria, las minas, el comercio y las mejores tierras, niegan la riqueza del país y por el contrario pregonan que Colombia es un país pobre, para justificar las grandes desigualdades sociales.
Los gobernantes de los partidos liberal y conservador han utilizado sus cargos para garantizar la insaciable voracidad de los dueños del gran capital y de los latifundistas, para entregar cada vez más la soberanía del país a los intereses del gran capital internacional, en particular al de los Estados Unidos, y para enriquecerse ellos mismos con las comisiones que reciben.
La violencia política del régimen, expresada en el asesinato, la amenaza, la tortura, la calumnia y la desaparición forzada, ha sido su más eficaz herramienta, la que han utilizado sin pausa y sin descanso contra sus contradictores políticos para sustentarse en el poder. Llegaron al extremo del genocidio político. Así lo hicieron con el movimiento gaitanista en los años 40 y desde mediados de los 80 contra los militantes de la Unión Patriótica.
Enquistados en los tres poderes del estado, se garantizan mutuamente la impunidad por sus crímenes políticos y delitos económicos, impunidad que extienden a los miembros de las fuerzas militares, de la policía y a sus bandas de paramilitares.
Además del carácter injusto y violento del régimen, la inmoralidad de los gobernantes ha sido su norma, el cinismo su ética, y el bolsillo propio su objetivo fundamental. Donde va la dignidad ostentan un muñón.
Han sido corruptos, ladrones, por acción y omisión con los dineros que los colombianos les confían a través del pago de impuestos y con la administración de las empresas del estado. Han abusado del poder para feriar las empresas estatales y los recursos naturales malvendiéndolos a particulares y extranjeros a espaldas de las comunidades.
Cierto es que en Colombia los gobernantes, los congresistas y demás miembros de corporaciones departamentales y municipales son elegidos cada cuatro años. Pero también es cierto que la democracia no es sólo votar, y menos cuando la abstención históricamente es superior al 65%, o cuando una cantidad apreciable de electores vota a cambio de dinero –la compra venta del voto-, o por promesas de puestos en la burocracia oficial. En las elecciones del país votan ciudadanos fallecidos y, otros muy vivos, votan varias veces el día de las elecciones. El robo de las urnas electorales y el cambio de votos de las urnas son prácticas comunes. Por todo esto, los procesos electorales son ilegítimos y hacen de las elecciones otra farsa más de la democracia colombiana.
De los últimos años de nuestra historia política: Ernesto Samper es elegido presidente 6 por el cartel del narcotráfico de Cali que financió su campaña con 6 millones y medio de dólares. El candidato derrotado, Andrés Pastrana, solo hasta el día siguiente de su derrota, furioso por no haber recibido una cantidad igual de dólares del mismo cartel, finalmente denuncia al vencedor y, cuatro años después, llega a la presidencia. El 2 de agosto de 2004, el departamento de defensa de Estados Unidos autorizó la publicación de un informe de seguridad, elaborado en 1991 por su Defense Intelligence Agency, DIA, en el que figura la plana mayor del cartel de la droga de Pablo Escobar. En el informe de 14 páginas, solicitado por The National Security Archive, de la Universidad George Washington, aparece el nombre del actual presidente Álvaro Uribe Vélez junto las jefe paramilitar Fidel Castaño y del jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar.
Álvaro Uribe Vélez había sido elegido presidente en el año 2002, y el mismo año de la publicación de la DIA, se dedicó a otorgar contratos de obras públicas, sinecuras a discreción en la burocracia oficial y cargos diplomáticos por todo el mundo a familiares y copartidarios de los congresistas liberales y conservadores para que, así sobornados, reformaran la Constitución y el mismo presidente Uribe Vélez pudiera reelegirse automáticamente, y así sucedió.
Este es el mejor retrato de la democracia colombiana. Democracia de papel, de titulares de prensa y de noticieros, de discursos politiqueros. El blablabla histórico alejado de la realidad, de la verdad.
De otra parte, Colombia vive la tragedia de una larga guerra de más de 60 años. Y, para agravar la situación, con la creciente participación de los Estados Unidos en una guerra contrainsurgente pero disfrazada con otros argumentos. El último de ellos es el de la guerra contra las drogas, como lo dije en el juicio, enmascara la intervención del gobierno estadounidense en nuestro conflicto político. Esto le permite tener una mayor injerencia en los asuntos internos de Colombia, justificar su mayor presencia con tropas, asesores, espías, armas y atizar la guerra con millones y millones de dólares.
Este apoyo militar, financiero y político del gobierno de Estados Unidos, envalentona a la oligarquía y aplaza las soluciones económicas, sociales y políticas que son el origen del conflicto y que el país requiere solucionar sin injerencias externas y menos aún con la imposición de soluciones. En Colombia cobran vigencia las visionarias del Libertador Simón Bolívar, el hombre de América, cuando aseveró que “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar a América de miseria en nombre de la libertad”.
Y es que el gobierno y algunos congresistas de Estados Unidos no han comprendido que a diferencia de otros conflictos de orígenes religiosos o étnicos o separatistas o territoriales, el conflicto colombiano tiene unas profundas raíces económicas y sociales, cuya solución no puede ser de otra índole, y que va mucho más allá del problema del narcotráfico por lo que no puede circunscribirse a éste.
Por eso las FARC no comparten la solución militar y de guerra química, que además de lesionar el suelo patrio y muestra dignidad nacional, dejan de lado la financiación y la inversión social, además de la participación de las comunidades en los acuerdos y planes de sustitución de cultivos.
Así mismo, consideran las FARC que ningún país, por poderoso que sea, puede arrogarse el derecho exclusivo de combatir el problema o la posesión monopólica de la estrategia para derrotarlo. Con un cambio de la actual estrategia militar, el gobierno de los Estados unidos y las FARC pueden trabajar de conjunto para unir esfuerzos y voluntades en ese gran reto que enfrenta la Humanidad.
Para las FARC está claro que la comunidad internacional debe participar en esa inaplazable tarea mediante acuerdos y compromisos, en especial los países más desarrollados y ricos por ser las principales fuentes de la demanda mundial de estupefacientes y los más afectados por el consumo.
Me sorprendió que el departamento de Justicia no se alterara cuando comprobó la falsedad de los cuatro informes –todos distintos- y la burda alteración de las imágenes de un video que los militares colombianos entregaron para hacer creer que soy miembro del Estado Mayor Central. Lástima no poder conocer la enérgica carta enviada a los oficiales de inteligencia del ejército donde el gobierno protestó por el irrespetuoso engaño. ¡Porque doy por seguro que hubo un fuerte reclamo por tamaña burla!
Si con ese descaro el ejército de Colombia le ha mentido a las autoridades del gobierno del cual reciben asesoría, cursos, armas y millones de dólares, es fácil comprender de lo que han sido capaces de hacer en mi país donde han tenido y tienen las manos sueltas para hacer y deshacer a su antojo.
Es sabido que la política es la expresión concentrada de la economía y que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y como aquí los temas económicos, políticos y de la guerra en Colombia fueron tratados con amplitud en las dos versiones del juicio, aquí se ha hecho un juicio político, de cabo a rabo, así el gobierno haya tratado de evitarlo y ocultarlo.
Ese carácter político del juicio me complace porque confirma la condición política de las FARC, derivadas de las causas y objetivos de su lucha revolucionaria, plasmados en conferencias y de los plenos del estado mayor central, documentos presentados por la fiscalía y de los que se habló y discutió.
Igual, estoy satisfecho porque a pesar de todo el esfuerzo que realizó el gobierno en los dos juicios, los jurados me consideraron no culpable del quinto cargo que se me imputaba: el de suministrar ayuda a una organización terrorista, como erróneamente califica a las FARC el departamento de Estado.
Aprovecho esta tribuna para reiterar con toda claridad y absoluta firmeza, en nombre de las FARC y del mío, la condena al terrorismo independientemente del origen que tenga.
No olvido que el Terrorismo de Estado, que en Colombia ha sido y es aún práctica común, fue el factor determinante para mi ingreso a las FARC, desde donde lo he denunciado y condenado.
Por principio, por convicciones ideológicas, el terrorismo no tiene cabida en mi mente ni en mi corazón como práctica política. Tengo claro, al igual que las FARC, que ninguna fuerza política que aspire al poder con el respaldo popular puede cumplir su objetivo con la práctica del terrorismo ya que este socava y destruye todo apoyo.
De igual forma, las FARC y yo en particular, nos oponemos y rechazamos la extradición de colombianos para ser juzgados en otros países. Esa es una práctica neocolonial que lesiona la soberanía de nuestro país y que ha llegado al extremo de utilizarse como arma política contra las FARC. Además, es un error pretender chantajear con la extradición a hombres y mujeres que luchan por ideales, como son los casos de Sonia y mío.
Por el cargo de conspiración no abriga mi ser sentimiento de culpa alguno. Mi tarea estaba enmarcada dentro del conflicto del país. En Colombia hay una guerra y como consecuencia de ella hay prisioneros de lado y lado, y este es un problema real, concreto, que reclama una solución. Además era una orden y una tarea política emanadas de determinaciones superiores, como se aprecia al leerse el comunicado del 27 de abril de 2003, suscrito por el Secretariado. Y, si se quiere, fue un intento de un primer paso de una acción humanitaria en beneficio de todos los prisioneros de ambas partes.
Entonces me absuelve mi conciencia y, desde ya, me sumo al grupo de tantos otros a quienes la historia ha dado y dará su absolución.
Me queda la satisfacción de haber enviado la carta al comandante Manuel Marulanda y a los demás miembros del Secretariado, donde les propuse dar pruebas de vida de los tres estadounidenses y les reiteraba que mi libertad no se convirtiera en un obstáculo para el Acuerdo Humanitario en Colombia. Estoy convencido que ese Acuerdo será un avance significativo en el camino de la reconciliación y la paz con justicia social de los colombianos. La solución política hace parte del conflicto, por lo que las FARC nunca la han descartado. De hecho, es el primer punto de nuestra plataforma, que dice: Solución política al grave conflicto social que vive el país.
También me acompaña un sincero deseo para que Marc Gonzalves, Keith Stansell y Thomas Howes regresen lo más pronto posible vivos y sanos, al seno de sus hogares junto a sus seres queridos.
Como ya hubo una reunión donde compartí algunas palabras con un funcionario del departamento de Estado, no está de más decir que mantengo igual disposición para posibles futuros encuentros y diálogos.
Cuando ingresé a las FARC, lo hice consciente de perder la vida o la libertad en la lucha por alcanzar unos ideales de justicia social para el pueblo colombiano y de paz para mi país. Hoy, perdida mi libertad física, conservo intactos esos ideales, estimulados por otros hombres y mujeres, incluso extranjeros, entre otros tantos como los miembros de la organización Free Ricardo Palmera, gentes que levantan las mismas banderas, porque comparten las palabras dichas por el mártir de la independencia de Cuba, José Martí, cuando afirmó: “Lo que Bolívar no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy”. Y es que esa es la tarea por cumplir, entre los que estarán los guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo.
¡Viva Manuel Marulanda!
¡Vivan las FARC – Ejército del Pueblo!
¡Viva Bolívar, porque Simón Bolívar vive y su espada libertaria recorre América!
Enero 28 de 2008, Washington, D. C.
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