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Identifican
víctima de la masacre de Capilla del RosarioLos restos de Hugo
Cacciavillani Caligari, más conocido como "el tupa" o "Vicente", es uno de los
guerrilleros abatido en la Masacre de Capilla del Rosario, en agosto de 1974,
fueron identificados tras haber sido exhumado su cuerpo enterrado como NN en el
cementerio municipal, según lo confirmó el juez federal de Catamarca, Ricardo
Moreno. El abogado querellante particular de la causa "Masacre Capilla del Rosario",
Guillermo Díaz Martínez, dijo que se notificó la identificación del cadáver a
sus familiares y anticipó que ya se iniciaron los trámites ante la Cancillería
Argentina para restituir los restos del guerrillero a sus familiares. La
ceremonia se llevaría cabo a fines de octubre próximo en el Juzgado Federal de
Catamarca.
En la causa por la Mascare de Capilla del Rosario ya fueron identificados los
cuerpos del guerrillero uruguayo Rutilio Betancourt y del santiagueño Alberto
Rosales Sánchez, quienes ya fueron restituidos a sus familiares. En este
sentido, el abogado Díaz Martínez también anticipó que se trabaja en la
identificación de otras dos personas, cuya posible identidad se mantendría en
reserva, aunque hay pistas firmes de sus identidades y se iniciaron contactos
con presuntos familiares para realizar estudios de compatibilidad genética.
[Clarín, domingo 6 de marzo de 2005]
Hugo Cacciavillani Caligari, nació en la ciudad de Salto, Uruguay, pertenecía a
la organización armada "Tupamaros", tenía 23 años cuando fue abatido en los
montes de Capilla del Rosario por fuerzas militares, luego del frustrado
copamiento del ex Regimiento de Infantería 17, con asiento en esa ciudad.
Córdoba
Los restos de Juan Carlos Suárez, quien fue asesinado tras haber sido
secuestrado el 9 de julio de 1976 e identificado por el Equipo Argentino de
Antropología Forense (Eaaf), recibieron hoy sepultura. Se trata de la
décimoquinta víctima de la dictadura militar que ha logrado ser identificada
luego de que sus restos fueran extraídos de la fosa común ubicada en el cuadro C
del cementerio de San Vicente.
Su madre y varios de sus hermanos asistieron hoy a la restitución de los restos
de Suárez, que tuvo lugar en la Morgue Judicial de esta ciudad poco después que
la jueza federal Cristina Garzón de Lascano diera lectura en su despacho al
fallo que dictó ordenando concretar ese trámite.
Aunque los organismos de derechos humanos no tienen registrada su desaparición y
en la Justicia Federal de Córdoba no existe una investigación abierta por su
asesinato, los familiares de Suárez aseguran que el joven, que tenía 22 años,
fue a la revisión médica del Ejército, para hacer el servicio militar y nunca
regresó.
Su cuerpo sin vida apareció el 19 de julio de 1976 en el terreno donde se
construía el estadio mundialista en la zona periférica del Chateau Carreras de
esta capital y tras ser anotado como NN en un registro público, fue inhumado
tres días después en la fosa común del cementerio San Vicente.
Sus familiares depositaron los restos de Suárez en el Memorial que se erigió en
esa necrópolis en homenaje a los desaparecidos durante la dictadura militar.
Uruguayos desaparecidos en la Argentina o las deudas del Cóndor
Por María Seoane
Quiero escarbar la tierra con los dientes/ quiero apartar la tierra parte a
parte/ a dentelladas secas y valientes./ Quiero minar la tierra hasta
encontrarte y besarte la noble calavera...", dice "Elegía", del gran poeta
español Miguel Hernández, que Joan Manuel Serrat popularizó en estas tierras y
en el mundo. Esta parece ser la primera decisión oficial del flamante gobierno
de Tabaré Vázquez sobre la cuestión de los derechos humanos, un tema que pactó
con Néstor Kirchner cuando los festejos por el primer gobierno de
centroizquierda en Uruguay no se habían apagado.
-Se vienen las excavaciones en los cuarteles.
Lo dijo un hombre que ocupará un cargo importante en el gobierno de Vázquez y
sabe de lo que habla. ¿En Uruguay? ¿En la Argentina? En ambas orillas. El que
tendrá a cargo la tarea será el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Y, a pesar de la Ley de Caducidad de la Pretención punitiva del Estado, llamada
ley de impunidad por los uruguayos, que cerró el camino en 1986 al juzgamiento y
castigo de los responsables de crímenes durante la dictadura que gobernó Uruguay
en los años setenta y ochenta, Vázquez encontró -sostuvo ante Kirchner- por
dónde avanzar en las demandas de los familiares de los desaparecidos. Esa ley no
impide que el Estado uruguayo pueda investigar qué pasó con sus ciudadanos
devorados por la represión en su territorio o en otros territorios por el Plan
Cóndor. Ni con los casos más famosos como el asesinato de los legisladores
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en mayo de 1976 o el caso de María
Claudia García de Gelman, la nuera del poeta Juan Gelman, quien reclama -a pesar
de haber encontrado ya a su nieta en Uruguay- que se encuentren sus restos. El
acuerdo entre Kirchner y Vázquez, según fuentes del Gobierno, avanzará además en
la circulación de información bilateral que permita más elementos de prueba para
las causas contra militares argentinos y uruguayos que sí pueden ser juzgados y
detenidos en la Argentina porque no existe una ley de caducidad como en Uruguay.
En los orígenes de estos acuerdos es posible también pensar en Sófocles: le
haría, tal vez, decir al coro en una de sus tragedias: Raro destino el de este
río de plata que une y que separa, pero que aún arrastra cuerpos insepultos de
orilla a orilla. En 1976, gobernaba Videla, el general Gregorio Alvarez en
Uruguay, Pinochet en Chile y Stroessner en Paraguay. A fines de 1976, en
Santiago, los militares argentinos y chilenos pergeñaron el Plan Cóndor: el
secuestro y la muerte de los opositores políticos de los países del Cono Sur.
Miles de uruguayos se refugiaron en la Argentina a partir de 1972. Muchos
pertenecientes al Frente Amplio creado por Liber Seregni o al entonces derrotado
Tupamaros se alistaron en organizaciones de la izquierda argentina o chilena. En
1973, el golpe de Pinochet los corrió hacia la Argentina. En 1976, la noche los
sorprendió en esta tierra.
Las estadísticas a las que accedió Clarín indican que hubo en total 163
uruguayos desaparecidos. Un 72 por ciento de ese total -según informaciones de
las organizaciones de derechos humanos de Uruguay- desapareció en operativos
conjuntos de los militares argentinos y uruguayos. La radiografía de quiénes
eran es en verdad invariablemente similar a la composición que registró el
"Nunca Más" para la Argentina. Un 49 por ciento tenían entre 21 y 30 años; 25
por ciento, entre 31 y 40. Hubo más adolescentes víctimas -un siete por ciento-
que adultos entre 51 y 70 años. La mayoría absoluta era empleado u obrero. Pero
hubo sacerdotes, maestros, artistas, periodistas y hasta un peluquero. El 77 por
ciento eran varones. El 60 por ciento, además, era casado o vivía en
concubinato. El 44 por ciento había nacido en Montevideo y el resto en el
interior del Uruguay. El 30 por ciento estaba políticamente vinculado a
Tupamaros o al Partido de la Victoria del Pueblo (PVP). Y un once por ciento, al
Partido Comunista. Un porcentaje superior al 20 por ciento no aparece en los
registros. Respecto de dónde fueron secuestrados y posteriormente asesinados, se
sabe por los registros citados que el Plan Cóndor distribuyó cadáveres en el
Cono Sur: del total de 163 desaparecidos uruguayos, el 42 por ciento
correspondió a la provincia de Buenos Aires en tiempo que la gobernaba el
general Ibérico Saint Jean, su policía la comandaba el general Ramón Camps y
toda esa vasta zona militar estaba bajo el área del general Guillermo Suárez
Mason. El 28 por ciento, a la Capital Federal; el uno por ciento a Córdoba. En
Uruguay desapareció el 17 por ciento del total; en Chile, el cuatro por ciento,
y en Asunción del Paraguay, el uno por ciento. En total, 155 ciudadanos. De los
ocho restantes, no existen registros. Se los tragó la tierra o el mar. Los
principales centros clandestinos de detención fueron, en este orden: el Pozo de
Quilmes (15 por ciento), el Pozo de Bánfield (11 por ciento) y Automotores
Orletti (nueve por ciento). No exiten datos sobre casi la mitad restante.
La dictadura argentina, entonces, tiene el oscuro récord de ser el régimen que
más uruguayos reprimió: el 80 por ciento de los casos ocurrieron entre 1976 y
1978. Se entiende, entonces, la decisión política de Kirchner y el pedido de
Vázquez. Es en el territorio argentino donde están la mayoría de las respuestas,
se piensa, para identificar y encontrar los restos insepultos. Los acuerdos
entre Kirchner y Vázquez, en este tema, no tienen límites, ni de tiempo ni de
espacio. Y no pocos políticos uruguayos y familiares de las víctimas tienen la
secreta esperanza de burlar el destino y que los militares de su país vinculados
al Plan Cóndor, aún vivos -Guillermo Ramírez, José Nino Gavazzo, Manuel Cordero,
Enrique Martínez, Jorge Silveira-, tengan el futuro de Videla, preso por la
voracidad de un Cóndor que asoló como una plaga antigua esta parte de América
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