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Estoy
de acuerdo en que esto no tiene el mínimo goyete
Por Veronika Engler
Esta reflexión está basada en dos artículos publicados en ”La Nación” sobre el
tema de los militares que están presos por haber cometido crímenes de lesa
humanidad y la actual polémica de si deben o no deben estar en la cárcel. Un
fragmento de uno de ellos lo saqué de la página Pepe tal cual es. Incluyo
también una información del espectador del día de hoy y el artículo ” OEA pide
liquidar la ley de Caducidad”
¿Con qué finalidad?; sencillamente con la de situarnos en el escenario político
en el que estamos parados con respecto a este tema, juntar cabeza y voces para
recordar a quienes corresponda que este es un tema de todos, y que aquí no
estamos hablando de ”Madres Teresas” dispuestas a perdonar ni de ”Jesús Cristos”
prestos a poner la otra mejilla, esto no es una religión ni estamos en la
antesala del cielo, no se trata de arrepentimientos ni de rescatar la teoría de
los dos demonios, hablamos de la Justicia humana y no divina, esa justicia que
está siendo quebrantada de tal manera que hasta la OEA pide terminar con una ley
que nos convierte en un país que viola las obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos.
Ya lo dije antes y lo repetiré hasta el cansancio; es demasiada soberbia pensar
que se tiene la potestad de tomar una decisión de ese tipo pasando por encima de
todos esos crímenes y el dolor de quienes aún buscan la verdad sobre la muerte o
la desaparición de sus seres queridos. Esta es la realidad política de nuestro
país, a muchos les tocó pagar con creces la osadía de rebelarse contra un
sistema al que parecemos estar predestinados, otros sufrimos las consecuencias
siendo demasiado pequeños, viejos o inocentes como para elegir. Algunos siguen
todavía pagando con ausencia, dolor y mentiras. A ellos debemos nuestro respeto
y no a un puñado de asesinos, torturadores, violadores de niños y sádicos
militares que escudados en un uniforme nos tuvieron a todos de rehenes durante
varios años.
”Bolazo” o no, para nadie es desconocido lo que el presidente piensa sobre el
hecho de tener a personas mayores de cierta edad en prisión. En uno de los
artículos el límite se traza en los 70: "disponer la prisión domiciliaria de
personas procesadas o condenadas mayores de 70 años" y en otro en los 75: ”-Sí,
yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años... Pero no sólo los
militares, ningún preso a esa edad. Hay algunos viejos que están ahí presos, que
Dios me libre...” Palabras de Mujica.
El presidente tiene, si no me equivoco 74 años, entonces el razonamiento que
deberíamos seguir es que se puede dirigir un país a esa edad, con las presiones
y responsabilidades que esto acarrea, pero un asesino a partir de cierta edad
quedaría eximido de pagar su culpa porque no tiene edad para ello (…). ¿O será
como dijo Luis Puig?: “hay que dar la posibilidad de reinserción, pero no a los
terroristas de Estado”, o José Bayardi: “hay que distinguir entre los mayores de
70 años y quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y son responsables de no
dar información sobre los niños que permanecen desaparecidos”, o Jorge Pozzi con
quien concuerdo en este punto totalmente: "esto no tiene el mínimo goyete".
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Fragmento extraído de "Pepe tal cual es" del15 de septiembre de 2009
donde se transcribe el texto completo de la entrevista a José Mujica en el
diario argentino La Nación
Ver entrevista completa en:
http://www.pepetalcuales.com.uy/articulo/23/
-He leído algunas declaraciones suyas que me
llamaron la atención, como cuando dijo que hay que pelear por los derechos
humanos de los que están vivos y de los que están desapareciendo hoy. Por decir
algo semejante, en la Argentina lo habrían acusado de haberse vendido a la
derecha.
-Tengo el defecto de decir lo que pienso y a veces me cuesta dolores de cabeza.
A los tres o cuatro días de salir de la cárcel, dije un discurso en el que
afirmé que no creía en ninguna forma de justicia humana. ¡Pa´ qué! Me dijeron de
todo. Hasta hoy lo creo. El ser humano, para poder convivir en sociedad, tuvo
que inventar la Justicia porque, si no, sería la ley del Talión. Pero eso de la
imagen de la Justicia, una vieja con unos platillos de la balanza... ¡Yo qué sé!
Es cierto que necesitamos algo que transe, que nos juzgue.
-Usted también dijo que no cree en los militares viejos presos.
-Sí, yo no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años... Pero no sólo los
militares, ningún preso a esa edad. Hay algunos viejos que están ahí presos, que
Dios me libre...
-¿Y cómo se saldan esas cuentas del pasado en materia de derechos humanos?
-No sé. Entiéndame: soy un hombre que estuvo mucho preso. Mi punto de vista
puede estar viciado por conocimiento de causa.
-En la Argentina todavía tenemos ese debate entre quienes quieren revisar a
fondo todo lo que pasó y quienes dicen hay que hacer un punto final y mirar
hacia adelante.
- Yo quiero saber la verdad, pero en la Justicia no creo un carajo.
-¿Y cómo se llega a esa verdad, entonces, si no es a través de la Justicia?
-En lo personal, he pensado: si me dicen la verdad, te conmuto la pena. Si lo
que me interesa es la verdad. Pero, ¿las sociedades se bancan eso? Porque la
Justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió. Y tengo la
conciencia de que lo que pasé no me lo va a devolver nadie. Tengo que cargar con
eso como una mochila, una cicatriz, como si uno hubiera tenido un accidente, una
enfermedad.
Polémico proyecto en Uruguay
Por Nelson Fernández
(Corresponsal en Uruguay- La Nación)
Mujica estudia una reforma para liberar a militares presos El presidente de
Uruguay analiza una reforma que podría sacar de la cárcel al ex dictador Goyo
Álvarez y a otros represores procesados de avanzada edad por violaciones de los
derechos humanos durante el último régimen militar
El presidente de Uruguay, José Mujica, analiza una reforma que, de ser aprobada,
podría sacar de la cárcel al ex dictador Gregorio Álvarez y a otros represores
procesados por violaciones de los derechos humanos durante el último régimen
militar (1973-1985), dijeron a La Nación fuentes del nuevo gobierno.
El proyecto en cuestión contempla un cambio en la legislación vigente para
liberar a reclusos de edad avanzada como Álvarez, que tiene 87 años. Sin
embargo, antes de enviarlo al Congreso, Mujica quiere lograr consenso político
dentro de su coalición de izquierda, Frente Amplio.
El domingo se cumplirán 25 años de la liberación de los últimos presos políticos
del régimen militar y de ex guerrilleros que fueron amparados por la ley de
pacificación nacional, que se votó en 1985, durante el primer gobierno de Julio
María Sanguinetti.
Mujica y su esposa, la senadora Lucía Topolansky, dos ex guerrilleros tupamaros,
fueron beneficiados por esa ley y pudieron salir de prisión. En los últimos
días, ambos transmitieron a su entorno político que es necesario encontrar una
fórmula jurídica para terminar con el encarcelamiento de los procesados por
hechos de aquella dictadura. Considera que no hay que limitarla a los militares
recluidos en una cárcel especial, sino a todos los que tengan edad avanzada.
Según aclararon, la reforma no significaría un "punto final" ni una amnistía o
indulto, y tampoco implicaría el fin de las investigaciones para aclarar casos
de desaparecidos.
La vía que consideran más probable es una modificación de la ley de humanización
del sistema carcelario, promulgada en septiembre de 2005 por el entonces
presidente Tabaré Vázquez con la intención de descongestionar los penales.
Esa norma estableció condiciones para que los jueces pudieran "disponer la
prisión domiciliaria de personas procesadas o condenadas mayores de 70 años".
La ley aclara que sólo se podrá aplicar "cuando no involucre riesgos,
considerando especialmente las circunstancias del delito cometido", pero también
establece excepciones, como para los procesados por delitos de homicidios, entre
otros.
"Justamente en ese punto se trató de que los militares que pudieran ser
procesados no tuvieran oportunidad de apelar a ese beneficio", recordaron las
fuentes.
La condena
Mujica y Topolansky, que estuvieron presos entre 1972 y 1985, no están de
acuerdo con que los símbolos de la represión de aquellos años sigan presos.
"La condena es que ya se sabe lo que hicieron, es lo que la sociedad siente por
ellos, no es que sigan presos", dijo ayer Topolansky en el programa radial
Tiempo presente.
La senadora, además, expresó su acuerdo con una fórmula que le otorgue potestad
a la justicia para decidir la prisión domiciliaria sin restricciones de casos.
Topolansky, que es la primera senadora del país, agregó que el tema deberá ser
discutido por el Frente Amplio. Justamente dentro de la coalición de izquierda
hay sectores que están en virtual "estado de alerta" para impedir cualquier
decisión que pudiera abrir las puertas a la liberación de presos especiales,
como Gregorio Álvarez.
Hace pocos días, esa actitud vigilante derivó en duras críticas a una mujer que
es símbolo de la defensa de los presos políticos: Azucena Berruti, ministra de
Defensa Nacional de Tabaré Vázquez.
En el libro Ministras, Berruti reconoció que no había apoyado el plebiscito
celebrado en octubre pasado para anular la ley de caducidad, que implicó un
paraguas para agentes de la dictadura, y criticó que el ex dictador Álvarez y
otros represores estén hoy en prisión.
"Tener a todos esos viejos enfermos, cocinándolos en el odio, no me gusta", dijo
Berruti, que consideró que se trata de un "acto de crueldad".
Ayer, en Radio Oriental, Topolansky dijo que en general coincidía con Berruti,
incluso sobre la sensación de que esa prisión es una especie "de venganza" que
no le agrada.
En 1985, con la restauración de la democracia, la amnistía para ex guerrilleros
y presos políticos no tuvo la correspondencia de una norma igual para militares,
por lo que los juzgados comenzaron a movilizarse con denuncias de víctimas de la
dictadura o familiares de éstos.
Un año y medio después se votó otra ley, que sostuvo que había "caducado el
ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos
[...] por funcionarios militares y policiales" durante la dictadura.
La izquierda interpuso recursos de inconstitucionalidad, pero la Corte Suprema
estableció que se ajustaba a la Carta Magna. Luego, se convocó a un referéndum
para decidir si era derogada, pero en 1989 la ciudadanía ratificó la norma.
Con la llegada de la izquierda al gobierno, en 2005, y luego de que los
militares no aportaran datos sobre desaparecidos, las autoridades permitieron
otra aplicación de aquella ley, por lo que el dictador Álvarez y varios
militares y policías terminaron en prisión.
Rechazan prisión domiciliaria para militares
presos
La posibilidad de otorgarle prisión domiciliaria a los militares presos por
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, a través de una
modificación en la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, fue rechazada
este jueves por diferentes integrantes del Frente Amplio.
Por ejemplo, el diputado Luis Puig, del Espacio 609, afirmó a Ultimas Noticias
que “hay que dar la posibilidad de reinserción, pero no a los terroristas de
Estado”.
El diputado y ex ministro de Defensa, José Bayardi, dijo que “hay que distinguir
entre los mayores de 70 años y quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y
son responsables de no dar información sobre los niños que permanecen
desaparecidos”.
El legislador Jorge Pozzi del Nuevo Espacio opinó que "esto no tiene el mínimo
goyete".
Este tema, que publicó el diario argentino La Nación, fue planteado el miércoles
por Lucía Topolansky en declaraciones a Radio Oriental. Sin embargo, la senadora
negó este jueves que esa posibilidad se esté manejando.
"De los militares ni se habló. No se habló nada de nada. Alguien interpretó
declaraciones mías lo que quiso interpretar”, respondió.
"Es un pelotazo. Nosotros estábamos hablando del tema de las cárceles", añadió.
Fuente: El Expectador
OEA pide liquidar la Ley de Caducidad
Demanda a Corte Interamericana por el caso Gelman
Por Eduardo Delgado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) sostiene que,
mientras la ley de Caducidad siga vigente, Uruguay está violando sus
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Para ese organismo,
las dos consultas populares realizados no derogan las obligaciones adquiridas
por el Estado al ratificar convenios interamericanos de derechos humanos.
La CIDH publicó ayer en su página web la demanda que en enero presentó ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que solicitó que se declare la
responsabilidad internacional del Estado uruguayo por la violación de varios
derechos humanos en perjuicio de María Claudia García, Macarena, Juan Gelman y
sus familiares y que la ley de Caducidad quede sin efecto.
El documento incluye las recomendaciones de la CIDH sobre este caso, las que, al
no ser cumplidas por el Estado llevaron a la presentación de la demanda.
La CIDH pidió a la Corte que ordene al Estado determinar la responsabilidad por
la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y la sustracción de su
hija recién nacida Macarena, "mediante el debido proceso de la ley y una
investigación judicial completa e imparcial de los hechos" que identifique a los
responsables para que "puedan ser debidamente sancionados".
Solicita además "adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias"
para que, "quede sin efecto la ley de Caducidad", puesto que este es un delito
de lesa humanidad no pasible de amnistía alguna.
También reclama otorgar "una reparación plena a los familiares de las víctimas"
que incluya no sólo una indemnización por los daños, sino actos de importancia
simbólica que garanticen no se reiterarán los delitos cometidos en este caso.
Mujica ofrece mediacion entre Venezuela y
Colombia
El presidente uruguayo, José Mujica, se manifestó dispuesto a hablar con los
presidentes de Venezuela y Colombia con el cometido de "contribuir a que mejoren
las relaciones" diplomáticas, porque a su entender los conflictos "desfavorecen
a los países de la región".
Mujica, se manifestó dispuesto a ayudar a que mejoren las relaciones entre
Venezuela y Colombia y para ello no descarta "hablar con todos", así lo afirmó
ayer a la prensa desde Santiago de Chile, donde presenció la ceremonia de cambio
de mando y se reunió con uruguayos radicados en el país trasandino.
"Trataré de hablar con el presidente Hugo Chávez, y trataré de hablar algún día
si puedo con Dios. De mi parte haré siempre todo lo posible para que Colombia y
Venezuela estén lo más cerca que se pueda, porque se precisan históricamente",
dijo Mujica según consignaron ayer varias agencias de prensa. Las expresiones de
Mujica fueron recogidas por la prensa en el viaje entre Santiago, Valparaíso y
Viña del Mar, ciudades en las cuales se concentraron los actos protocolares de
transmisión de mando presidencial. "Yo escucho, respeto, pero no doy manija. En
América Latina tenemos que procurar apaciguar los ánimos todo lo que podamos",
expresó el mandatario. En tal sentido, agregó que "los conflictos no han hecho
otra cosa que desfavorecer" a los países de la región. "Todos tenemos que tratar
de contribuir con humildad a que mejoren las relaciones", puntualizó. Tiempo
atrás, Mujica había propuesto convertirse en mediador entre el gobierno español
y la organización ETA. Por otro lado, el pasado miércoles por la noche, Mujica
se reunió en la embajada uruguaya en Santiago de Chile con ciudadanos uruguayos
residentes en el país trasandino. Durante dicho encuentro, al que asistieron más
de un centenar de personas, el jefe de Estado se refirió a los principales
desafíos que enfrentará su gobierno en los próximos cinco años.
Resumen Latinoamericano
