Los problemas del servicio penitenciario

La cárcel como depósito

Por Anabella Museri Hugo Spinelli

Un especialista en salud colectiva y una politóloga experta en servicios penitenciarios, auditores de cárceles argentinas, analizan el impacto posible de las reformas a las leyes de excarcelaciones y a la de ejecución penal que se plantearon en últimamente en el Congreso. Si se sancionan, aumentaría la cantidad de detenidos sin condena, sin que disminuya la violencia social, dicen. ¿Cómo es vivir encerrado?

Foto de portada: Oswaldo

Fotos de interior: DYn,CIJ.

Mientras se desarrollaba el retiro del equipo presidencial en Chapadmalal en diciembre, hubo un encuentro, en esa misma localidad, de familiares de detenidos. Más de 400 adultos y niños compartieron las dificultades, angustias y miedos que atraviesan por tener a sus seres queridos presos. Se habló de violencia, tortura, maltrato judicial y penitenciario. Hubo lágrimas y abrazos, y también sonrisas, porque la mayoría no conocía el mar.

Hubo preocupación porque a nivel nacional se están impulsando reformas a las leyes de excarcelaciones y a la de ejecución penal. Si se sancionan, aumentaría la cantidad de detenidos sin condena. Además, la mayoría de los presos dejaría de tener salidas durante el último tramo de la pena. Con eso se busca que estén en la cárcel hasta el último instante y que la dejen sin haber pasado por la experiencia de contactos previos con el afuera.

El problema es mucho más complejo que la solución propuesta. Estas medidas se implementaron en forma cíclica en los últimos 15 años en el ámbito nacional y en diferentes provincias. Es la típica respuesta ante coyunturas en las que aumenta la inseguridad subjetiva, real o ambas. El resultado es siempre el mismo: incremento del número de detenidos y colapso del sistema de justicia y carcelario, sin que ello demuestre una baja en los niveles de violencia social.





Es legítima la preocupación por la inseguridad. Los robos registrados vienen en aumento y también las muertes por armas (homicidios, accidentes y suicidios). Y aunque seguimos con tasas de homicidios inferiores a las que presentan otros países de la región, todo indica que es esencial bajar los niveles de violencia social, y ello nos obliga a preguntarnos ¿qué efectos tienen las cárceles argentinas, cada vez más pobladas en esos índices?, ¿quiénes entran?, ¿qué pasa allá dentro?, ¿cómo salen y cómo sigue su vida después?, ¿cuál es el impacto social de la cárcel?

La cárcel como depósito

“Acá guardo los psicofármacos, y este es el listado de las personas y horarios en que los tienen que tomar”, nos contó un detenido entrevistado en el marco de la auditoría que realizó el Instituto de Saludo Colectiva (ISCo) de la UNLA a las cárceles de la provincia de Buenos Aires entre 2013 y 2014. Él se presentó como enfermero, y observamos que tenía libre acceso a la distribución de psicofármacos, un bien preciado en un contexto alienante. No fue una sorpresa encontrar un uso abusivo de medicación psiquiátrica en la mayoría de los detenidos. “Te matan por una pastilla”, nos contó otro de los entrevistados.

Visitamos las cárceles que se encuentran sobre los desechos sanitarios del CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) y constatamos condiciones inhumanas. En celdas mínimas pasan 23 horas al día entre 2 y 4 detenidos. La comida escasea y los elementos de limpieza dependen de lo que los familiares les lleven. Una de las detenidas, de 22 años, nos contó que los médicos “No te atienden hasta que no estás sangrando y cuando te ve un enfermero, para todo te dan una aspirina”. La mayoría señaló que es muy frecuente la ausencia de profesionales de la salud, la falta de ambulancias y de medicamentos. Sin embargo, en los papeles, el SPB tiene una dotación de profesionales muy importante. ¿Dónde están? Estas características se repiten en las diferentes cárceles del país, con las especificidades propias de cada unidad. Sin dudas, la vida en la cárcel es un castigo.

Se suele decir que la cárcel es la escuela del delito. Se lo atribuye al contacto entre diferentes personas con experiencias en la actividad ilegal. Pero se omite un dato en este análisis que parece mucho más relevante: las personas están en permanente contacto con un sistema signado por la corrupción, el delito y la ilegalidad y deben recurrir muchas veces a estas prácticas para sobrevivir, o mejorar su situación dentro del encierro.





“No hay nada para hacer en todo el día; estoy 23 horas en esta celda”, nos contaba un chico detenido de 19 años que recién había llegado a la cárcel de San Martín. Escasean los programas educativos, laborales y culturales, así como las políticas sociales en general. El 50% de los detenidos no participa de ningún programa educativo y el 60% no trabaja (SNEEP 2015). Largas condenas, condiciones inhumanas de detención, escaso contacto con el exterior y ausencia de actividades sociales. Un encierro alienante. En términos de Erving Goffman, una “institución total”.

Las personas que pasan por el encierro tienen posibilidades más altas de morir que el resto de la población. Las violencias (homicidios, suicidios) o enfermedades infecciosas desatendidas se encuentran entre las principales causas de muerte. Entre 2009 y 2015 murieron 886 personas en las cárceles bonaerenses (Informe Anual 2015, CELS) y 308 en las federales (Informe Anual 2015, Procuración Penitenciaria de la Nación). El estar detenidos representa altas posibilidades de sufrir situaciones de violencia física, y también de torturas que, cada tanto, aparecen en los medios de comunicación, y que los organismos de monitoreo registran a diario.

Los sospechosos de siempre

Mariela tiene 20 años. Hace un año un juez de Santa Fe la detuvo por infringir la Ley 23737, o “ley de drogas”. Hace un mes la liberó por falta de pruebas. En la cárcel empeoró su problema de adicciones. Fue mamá a los 14 y, mientras duró su detención, su hijo quedó al cuidado de una tía en San Francisco, Córdoba y solo vio una foto de él en la que entraba al jardín. El último día de detención, agentes del Servicio Penitenciario le dijeron “junta tus cosas, estás en libertad”. Abrieron las puertas y podía salir. No tenía dinero para llegar a Córdoba.

Como este caso, hay miles de historias de personas absueltas luego de pasar meses o años detenidas en prisión preventiva. Algunos aparecen en los medios de comunicación pero muchos otros, no. Las políticas que se aplican para “luchar contra el narcotráfico” se focalizan en la persecución penal de los consumidores, los eslabones más expuestos y reemplazables del crimen organizado. La información de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal de la Nación confirma que muchos de los expedientes iniciados en la justicia federal corresponden a casos por tenencia simple o para consumo personal.





Tomando como base el Sistema Nacional Estadístico de Ejecución de la Pena (SNEEP 2015), en la actualidad hay 76.998 detenidos en todo el país (cifra que aumentaría si se incluye a los detenidos en todas las comisarías). Esto representa una tasa de encarcelamiento de 178,5 cada 100 mil habitantes a nivel nacional, cerca de un 20% superior a la que se registró en plena crisis social y política en el año 2002 (cuando había 56.313 detenidos según el mismo registro). En la provincia de Buenos Aires, la tasa es aún mayor: 216 cada 100 mil habitantes (Informe Anual 2016, del Centro de Estudios Legales y Sociales).

Argentina tiene una tasa de encarcelamiento más alta que Venezuela (159), Ecuador (162) Nicaragua (171) o Paraguay (174) y más baja que México (212), Chile (241), Colombia (244), Perú (246), Uruguay (291) y Brasil (307). Del total de detenidos en el país, el 95,81% son varones, el 0,05% población trans y el 4,15% son mujeres. Además, 140 mujeres viven con sus hijos en prisión. El 51% de los presos (más de 36.000 personas) está en prisión preventiva, es decir, no fueron declarados culpables. La mayoría de detenidos está por robo o tentativa de robo, seguido por homicidios dolosos e infracciones a la “ley de drogas” (SNEEP 2015).

Las cárceles están pobladas de jóvenes de los barrios más pobres. Del total de presos en todo el país, el 62% tiene entre 18 y 34 años. Al quedar detenido, sólo el 8% tenía completo el ciclo secundario, el 18% tenía el secundario incompleto, el 38% completó el nivel primario, el 28% no lo había finalizado, y el 6% restante no había pasado por el sistema educativo. El 29% de los presos había estado detenido con anterioridad. Una vez que te toca, es difícil salir del laberinto penal (SNEEP 2015).

Los niveles de encarcelamiento se explican por múltiples factores y, entre ellos, la desigualdad social es el aspecto central. Países con menos desigualdades tienen tasas de encarcelamiento más bajas: Suecia o Dinamarca tienen tasas 3 veces menores que Argentina; los Países Bajos y Alemania tienen tasas que no llegan ni a la mitad de la cifra de Argentina. En contextos de crisis e incremento de las desigualdades se suelen implementar políticas que incrementan el encierro, como sucedió con las leyes Ruckauf o Blumberg. Hoy de nuevo están preparando la misma receta.

Un terremoto con réplica invisible

Mauro tiene 5 años. Fue a visitar a su papá detenido. Llevó una torta, eso está permitido en los cumpleaños. Su relato baña de inocencia el cinismo del encierro. “Si al señor de la entrada no le gustaban las almendras, yo podía hacer una torta sin almendras. Pero no hacía falta que la rompiera”, recuerda. Hace un par de semanas, una mujer contaba, en el marco de la reunión semanal de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (ACIFaD), que fue a visitar a su pareja y le dijeron que tenía que sacarse su buzo gris porque ese color estaba prohibido. También hicieron que se sacara la remera negra. Y, al regresar, ya lista para entrar, le dijeron que no podía hacerlo porque tenía un corpiño con aro. Era su primera visita a la cárcel. Ingresó en musculosa blanca y sin corpiño en agosto, pleno invierno.

En la ecuación de cárcel-delito-inseguridad, los familiares de los detenidos, y los niños, en particular, son un tema desatendido. Empobrecimiento, desmembramiento familiar, estigmatización y trauma psicológico son algunas de las consecuencias que enfatizan las bibliografías. Las mujeres, por lo general, son las que se hacen cargo no solo del hogar, sino también del cuidado y la asistencia de sus familiares detenidos. Viajan horas (y hasta días) y destinan importantes porcentajes de sus ingresos para las visitas, en comprar la yerba, harina, fideos, elementos de limpieza, y otros víveres que deben llevar porque no los da el penal. Una vez que llegan, sufren arbitrariedades de distinto tipo, incluidas las revisiones abusivas a sus cuerpos, maltrato verbal y humillación. Cuando no están de visita, usan horas y dinero para los trámites en juzgados y estudios de abogados. De traje y corbata, los representantes de la burocracia judicial también las discrimina y maltrata.





El impacto de la cárcel en los niños es muy pronunciado, pero de eso ni se habla. En situaciones extremas, el encierro de sus padres resulta en la institucionalización de los chicos, y es muy frecuente la separación de los hermanos que pasan a vivir en diferentes hogares. Además del trauma por la separación, los niños encuentran dificultades para continuar con sus actividades diarias, dejan sus estudios y, en algunos casos, salen a trabajar o se encuentran supliendo roles de los adultos.

Una vez que los detenidos salen del encierro, la cárcel sigue afectando a los hogares de los familiares. No saben cómo recibirlos después de haber estado con otras formas de socialización durante meses o años. No existen políticas para acompañar a los ex detenidos ni a sus familiares. “Te devuelven a un incapacitado social”, se escucha en una conversación entre tres mujeres, que habían recibido familiares salidos de la cárcel.

Juicio a la prisión

La falta de políticas sociales en los barrios que concentran poblaciones directamente relacionadas con las prisiones instala a las cárceles como parte del imaginario de muchos niños y jóvenes de los barrios más pobres. El adentro y el afuera están intrínsecamente ligados y reflejan las contradicciones sociales, las desigualdades y las formas de vida que tornan a una persona extraña a la otra, como si no fuesen parte de la misma humanidad.

No solo en términos humanitarios resulta urgente un replanteo de la forma en que se concibe, gestiona e informa sobre el problema de las cárceles en Argentina. Una mirada preocupada por la seguridad y la violencia social también debería denunciar las condiciones de detención y el aumento del encierro como política pública central. Es importante desconfiar de la foto de las cárceles llenas, como una bandera ganada en la lucha contra el delito. Es fundamental mirar la película del antes, durante y después del encierro, y el círculo de exclusión social que se organiza alrededor de este proceso, del que son protagonistas las personas detenidas y sus familiares.

En cualquier visita a una cárcel argentina se llega a la misma conclusión: si una persona sale del encierro y logra encontrar un trabajo y acceder a los bienes básicos para vivir, no es gracias al efecto de la cárcel, sino a una excepción a su normal funcionamiento. No hace falta ser un especialista para darse cuenta.





Las políticas de más encierro no mostraron que puedan bajar el delito. Pero sí es claro que mientras sigan aumentando las desigualdades, se incrementará la violencia social, el delito y las muertes violentes y, con eso, la cantidad de personas encerradas y el número de familiares cuyas vidas cotidianas estarán moldeadas por el encierro de sus seres queridos.

Mientras en Finlandia cierran prisiones, las cárceles no tienen rejas, y los guardias no portan armas, en Argentina se está pensando en aumentar la cantidad de presos. Los detenidos en la cárcel son la punta del iceberg de un sistema social cada vez más desigual. Un verdadero delito.

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