Hacia una democratización del sistema financiero

Por Arturo Trinelli *

En una entrevista reciente, el titular de CTA, Hugo Yasky, se sumó a las voces que pretenden una reforma en la Ley de Entidades Financieras, entre otras medidas tendientes a lograr un reordenamiento de las reglas de juego en relación con los capitales financieros y las entidades bancarias. “Hay que derogar la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz-afirma- que para nosotros es una manera de regular el sistema financiero para que deje de ser un coto cerrado, orientado por las reglas del mercado” (Buenos Aires Económico, 12 de agosto). Medida que, según él mismo señala, encontrará seguramente resistencia entre quienes “quieren mantener una estructura que se inició en el ’76 y se consolidó en los ‘90”.

En efecto, hay varios proyectos que están en discusión en el Congreso para ver si el año legislativo puede terminar con la sanción de una ley que reemplace a la actual, vigente desde la última dictadura militar. El tema fue abierto por un aliado del Gobierno, el porteño Carlos Heller, quién presentó un proyecto para reformar esa norma y comenzó a ser discutido en la Comisión de Finanzas, junto al de su par del GEN, Gerardo Millman. Días más tarde el macrismo también presentó el suyo, a través del titular del bloque PRO en Diputados,
Federico Pinedo, acompañado por algunos legisladores del Peronismo Disidente.
Estos proyectos buscan reemplazar la normativa vigente, pero fundamentalmente difieren en el rol que le compete al Estado como garante del nuevo sistema. Así, mientras que el de Heller pretende eliminar la manifiesta discriminación que tienen hoy por hoy las pymes para el acceso al crédito, fortalecer la banca pública y estimular la desconcentración bancaria, regulando las tasas de interés y orientando el crédito para el desarrollo, el proyecto de Pinedo cuestiona que el sistema bancario sea considerado un servicio público, tal como pretende el ex Vicepresidente de Boca, argumentando que de ser así se estaría permitiendo una mayor intervención del Estado en el esquema regulatorio de la actividad bancaria y financiera. De esta manera, quedan expuestas dos visiones distintas respecto del rol que debe ocupar el Estado en el sistema financiero: mientras el espacio que integran Heller y Sabatella busca ampliar su participación, el macrismo y el Peronismo Federal tienen una visión más liberal pretendiendo limitar su influencia, en una clara demostración de lo “peligrosa” que continúa siendo aún hoy para un sector de la dirigencia política la intervención estatal en algunas cuestiones.

Cuando en 1976 el por entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, aseguraba que se había acabado con el “intervencionismo estatizante y agobiante”, estaba introduciendo los lineamientos principales del modelo económico que se venía para la Argentina durante muchos años, luego rubricados en democracia durante los noventa, y que tuvo en la ley de Entidades Financieras uno de sus fundamentos principales. Con ella se buscó desarticular el modelo anterior de sustitución de importaciones e instalar uno nuevo de valorización financiera sobre la base de la liberalidad de la ley. Entre otras cosas, se le permitía a los bancos realizar cualquier tipo de operación que no estuviera expresamente prohibida. Aunque luego se le fueron introduciendo modificaciones, no se llegó a alterar lo principal de su contenido, generando distorsiones y asimetrías respecto a las actividades promotoras del desarrollo. Así fue como la Ley 21.526 generó una gran desregulación sobre el sistema y estando vigente propició la desaparición de muchas entidades y numerosas crisis financieras, que asociadas a la flexibilidad para la llegada de bancos extranjeros, produjo una fuerte concentración y extranjerización de la actividad bancaria.

En el nuevo libro del BID La era de la productividad (2010) se pueden leer cifras que hablan a las claras de la fragilidad del sistema: el crédito al sector privado en la Argentina apenas llegó al 11% del PBI durante el año pasado, en tanto que en los países desarrollados trepa al 74 por ciento y en otros países de América Latina está en un 31 por ciento. Al mismo tiempo, según un informe del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, CEFID, (Página 12, 27 de junio) en febrero de 2010 el sistema bancario sólo prestó el 26 por ciento de su cartera a las pymes. La disparidad entre grupos de entidades queda claramente expuesta al hacer un repaso por los números que el informe revela: los bancos públicos nacionales les prestan más de un 30 por ciento de su cartera, los privados nacionales un 27 por ciento, los bancos de capital extranjero menos del 20 por ciento, las sucursales de entidades financieras extranjeras un 14.5 y los cooperativos un 32. Además, siendo que los bancos mantienen una liquidez excesiva que alcanza al 35 por ciento de los depósitos, parecería ser que si no se presta no es por un problema de falta de dinero, y está claro que la acción pública es necesaria para mitigar estas deficiencias.

Alentando los fantasmas de siempre

El tema concentra gran expectativa pues será una manera de terminar con una normativa vigente desde la última dictadura. Actualmente se están desarrollando los debates preliminares en la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja, presidida por Alfonso Prat-Gay, y es de esperar que se trate en el recinto antes de fin de año. Sin embargo, ya se observan críticas de parte de un sector de la prensa, que ve en el proyecto de Heller un intento del oficialismo por cooptar el sistema financiero (“Avanza Kirchner con ley para controlar bancos”, Ámbito Financiero, 2 de agosto). Curiosamente, se trata del mismo argumento que se utilizaba meses atrás para desalentar el debate respecto de la democratización de los medios de comunicación. Pero así como se logró reemplazar la Ley de Radiodifusión por otra de la democracia, es de esperar que la actividad bancaria también cuente con una norma actual que democratice su práctica, al igual que ocurrió con la Ley de Servicios Audiovisuales. De lo que se trata es ni más ni menos que de avanzar en una medida consensuada entre las diferentes fuerzas políticas para facilitar el crédito a las empresas y a los proyectos productivos. Dado que el sistema financiero actual está liquido, gracias a la solidez de la política económica vigente, resulta necesario mejorar los indicadores que en la actualidad reflejan los inconvenientes para acceder al crédito por parte especialmente de las pymes.

Considerar a la actividad financiera como un servicio público no es un dato menor. Se trata de cambiar conceptualmente el espíritu de la ley actual. El proyecto de Heller establece nuevas regulaciones a los bancos y democratiza los servicios financieros colocando cupos mínimos de cartera para prestarle a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se fija al mismo tiempo una tasa de interés máxima para los créditos a las medianas y pequeñas empresas y para los préstamos personales inferiores a los 100.000 pesos. Además se crea una Defensoría del Usuario de Servicios Financieros, cuya tarea consiste en la defensa y protección de los intereses de esos usuarios, una iniciativa totalmente innovadora que los dotaría de cierto resguardo al momento de operar con una entidad financiera.
Frente a los fantasmas que se agitan en torno al direccionamiento del crédito por parte del Estado, es necesario crear un marco normativo capaz de superar la tradición liberal-conservadora que ve en la intervención pública un avance “dictatorial” de un Estado que aún hoy, luego del desastre de los noventa, sigue coexistiendo con fuerzas centrífugas que buscan reducirlo a la menor cantidad de funciones posibles. La democracia se debe una nueva ley y los argentinos emprendedores un mayor acceso al crédito para generar un círculo virtuoso favoreciendo la inversión para aumentar la producción.

* Licenciado en Ciencia Política (UBA)