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Historia,
presente y desafíos para la educación pública
Por Arturo H. Trinelli *
Transcurridas ya varias semanas de conflicto, la última asamblea de la
Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES) resolvió dejar a
criterio de cada escuela la posibilidad de continuar o no con las tomas. Entre
quienes están involucrados en la protesta se han anunciado nuevos reclamos para
los próximos días pero reconsiderando los métodos para evitar perder más
jornadas de clase.
Teniendo a la educación pública en el centro del debate sería interesante
repensar cuestiones vinculadas a su desarrollo histórico y vigencia ¿Se
solucionan sus problemas actuales solamente arreglando los techos de las
escuelas? En efecto, esto parecería ser apenas una parte de un problema mayor
que involucra a la educación pública en su conjunto y al sistema donde opera.
Sin dudas, el deterioro de las instituciones educativas constituye un indicador
de lo que representa la educación para la actual gestión de PRO. Pero desde una
perspectiva más amplia deberíamos intentar indagar sobre las razones por las
cuales una fuerza política como la que es hoy gobierno en la Ciudad de Buenos
Aires pudo ganar una elección dándose el lujo de desatender de manera tan
explícita a la educación. En este sentido, ningún porteño podría mostrarse
sorprendido, porque después de todo Macri nunca mostró interés suficiente por
ella cuando decidió orientar su campaña electoral sobretodo a propuestas en
materia de seguridad y reordenamiento del tránsito.
La educación pública en la Argentina tiene un recorrido histórico importante. La
ley 1420 fue la primera ley de educación, sancionada en 1884. Allí se establecía
una educación común, laica, gratuita y obligatoria. En 1905 se sancionó la Ley
Lainez, que autorizaba a la Nación a instalar escuelas de su jurisdicción en las
provincias que así lo solicitaran. Fue un intento de la elite política de la
época por unificar el territorio e integrar a la gran cantidad de inmigrantes
que llegaban a la Argentina a fines del siglo XIX. El propósito encubierto era
limitar la influencia de ideas socialistas y anarquistas promoviendo la
integración al Estado desde la educación. Se trató de un plan que combinó
algunas leyes explícitamente discriminatorias (Ley de Residencia de 1902 y de
Defensa Social en 1910) junto a otra que ampliaba la participación política,
como fue la Ley Sáenz Peña que en 1912 consagró el voto obligatorio y secreto
para el universo de población masculina local mayor de 18 años. Juan Suriano
(Anarquistas, Editorial Manantial, 2003) reconoce que esta política fue exitosa
en relación al objetivo propuesto, pues a partir de allí las tendencias
contestatarias en aquella Argentina excluyente y autoritaria del primer
Centenario quedaron reducidas a expresiones aisladas.
Concluida la etapa del sistema educativo como cohesionador social, durante los
noventa pasó a ser eje de una de las reformas más emblemáticas de la etapa
neoliberal. Como sostiene Myriam Feldfeber (Una transformación sin consenso:
apuntes sobre la política educativa del gobierno de Menem, Revista Versiones,
Nº11), la Argentina impulsó una serie de reformas con la justificación de
mejorar el rendimiento del sistema educativo y descentralizar los sistemas
escolares, con una paulatina transferencia al sector privado y tendiendo a la
flexibilización de la contratación docente. La implementación de estas medidas
buscaba seguir al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial, el FMI
y el BID, impulsores de propuestas de ajuste estructural a través de políticas
homogéneas para la región. Así, la Ley Federal de Educación (1993) fue el
emblema de la manera en que la educación, hasta entonces considerada
tradicionalmente en la Argentina un bien social, comenzaba a verse como un
elemento más del mercado que debía estar regulado por la oferta y la demanda. La
estrategia de transferencia de escuelas secundarias a las provincias, que se
había iniciado durante la última dictadura militar con establecimientos
primarios, terminó generando una situación de confusión y desconcierto que
agudizó la fragmentación del sistema educativo.
Un enfoque desde la sociología de la educación
Hacer un recorrido histórico de la educación en nuestro país es importante para
analizar la trayectoria de la educación pública en la Argentina, aunque en sí
mismo resultaría insuficiente para intentar abordar su crisis actual. En este
sentido, tal vez sea interesante sugerir alguno de los aportes que se vienen
haciendo desde la sociología de la educación. Uno de sus referentes, François
Dubet (La escuela de las oportunidades, Gedisa, 2005), proporciona elementos
para abordar lo que debería ser la principal discusión del sistema educativo en
la actualidad: la problemática de la equidad y la igualdad. Así, incluyéndolo
dentro de la lógica competitiva y económica propia del mercado, identifica una
serie de problemas puntuales que involucran nociones como las de autoridad
docente, revalidada día a día en al aula y desprovista de cualquier tipo de
investidura de antaño; incompatibilidades entre la cultura de masas donde los
jóvenes interactúan y la cultura escolar donde se educan y, fundamentalmente,
una disociación muy marcada de la escuela con el mundo del trabajo, donde los
títulos educativos terminan siendo bienes escasos que pueden ser alcanzados
apenas por una elite minoritaria, luego con mayores posibilidades de inserción
en ese mercado laboral.
Su cuestionamiento central es hacia el principio que está en la base del sistema
educativo republicano y moderno: el de la igualdad meritocrática de
oportunidades. Según este principio, si todos los ciudadanos nacen iguales, la
justicia en materia educativa se alcanzaría con garantizar el acceso universal y
gratuito para todos. Luego, las diferencias que vayan surgiendo entre los más
capaces, y los menos favorecidos, estarían determinadas por el “mérito” de cada
estudiante. Por lo tanto, si las “reglas de competencia” son objetivas y justas,
las desigualdades que surgen al interior de la escuela, y que marcan de por vida
a los estudiantes, también pasarían a ser justas. La consecuencia más evidente
de esta situación sería reducir y naturalizar las diferencias de rendimiento
educativo a la voluntad de estudiar que tenga cada uno.
Sin embargo, este principio deja de lado el hecho fundamental de que la escuela
es parte de una sociedad que es desigual. Preocupado por la suerte que les
repara a los “perdedores” de la competencia educativa, a los menos favorecidos,
Dubet postula que la escuela debe hacerse cargo de las desigualdades sociales
que condicionan a los alumnos antes de su entrada al sistema educativo, y no
limitarse a ser un mero reproductor de las mismas.
Tal vez en estos planteos radique la razón principal de la crisis educativa.
Retomando la pregunta inicial, quizás el problema sea mucho más profundo que el
estado actual de los establecimientos escolares, que en definitiva expresan no
solo el menoscabo de las autoridades políticas en la materia sino también la
depreciación del valor simbólico de un mecanismo que en algún momento de nuestro
país fue concebido como promotor de integración, cohesión y ascenso social. ¿Es
esperable recuperar el interés por la escuela sin volver a dotarla de esa
expectativa de movilidad social ascendente que durante décadas constituyó el
horizonte de sectores populares?
Aún reconociendo en la protesta de los estudiantes un hecho educativo en sí, que
los identifica en un reclamo común proveedor de valores indentitarios, la
cuestión educativa en la Argentina requiere de un involucramiento de todos sus
actores, donde entre otras cosas se reconozca al fracaso escolar como un fracaso
colectivo más que individual, y se trabaje en pos de adecuar los contenidos
curriculares mínimos contemplando los nuevos mecanismos de socialización que
existen entre los adolescentes. Al mismo tiempo, se requiere también de un
replanteo de padres y docentes para acentuar su compromiso con la educación.
La crisis educativa entonces involucra a la propia conceptualización de la
educación pública y su relación con un sistema económico desigual y excluyente
que lo excede pero del cual es fiel reproductor, como señala Dubet,
privilegiando siempre a los que más tienen. Por lo tanto, se impone una
profundización de políticas igualadoras, como las encaradas en la Argentina
desde el 2003, que profundicen la redistribución de la riqueza absorbiendo la
mayor cantidad de fuerza laboral posible. El intento por retener a los
adolescentes en las aulas debe ir acompañado, pues, con un trabajo en paralelo
que no sólo promueva el retorno de quienes abandonan sino también la integración
de aquellos que, aún escolarizados, continúan excluidos.
* Politólogo UBA-CLICeT
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