El operativo en la Iglesia Santa Cruz

Por Sebastián Alejandro Rey
Abogados por la Justicia Social (AJUS).

Si los jueces no adoptan las medidas para que los juicios a los responsables del terrorismo de Estado se lleven adelante en un corto plazo, más víctimas, testigos e imputados morirán y la impunidad habrá triunfado.

MEMORIA. Hoy [6 de diciembre] se cumplen 33 años del operativo realizado en la Iglesia Santa Cruz por el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada Argentina, donde fue secuestrada la hermana Alice Domon. Dos días más tarde, fueron privadas de su libertad Azucena Villaflor la hermana Léonie Duquet. Mucho se conoce en la actualidad sobre la vida de las hermanas Alice y Léonie a través de documentales, entrevistas y numerosas notas. Algo similar ocurre con relación a Azucena, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, otras nueve personas –cuyas historias de vida también merecen ser recordadas– fueron víctimas de la infiltración ideada por la mano derecha de Massera, Jorge “el Tigre” Acosta, y practicada por Alfredo Astiz.

El 6 de diciembre de 1977, José Julio Fondovila y Horacio Aníbal Elbert habrían sido secuestrados en la confitería Comet, ubicada en Paseo Colón y Belgrano, donde se iban a reunir, para entregar a las agencias informativas extranjeras y nacionales, copias de la solicitada que se iba a publicar en el diario La Nación el Día Internacional de los Derechos Humanos. El primero, un empleado bancario radical cuyo hijo Carlos había sido secuestrado tres meses antes, los domingos solía reunirse con “Gustavo Niño” –sosías utilizado por Astiz–, la hermana Alice y Elbert para intercambiar opiniones sobre las distintas actividades realizadas o proyectar otras nuevas. Por su parte, el “Pelado” Elbert, de 27 años, militaba en la Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista y Combatiente, que estaba ligada a la agrupación maoísta Vanguardia Comunista.

Dentro del grupo de personas que fueron secuestradas en la Iglesia Santa Cruz, además de Domon se encontraban Ángela Auad, Patricia Oviedo, Raquel Bulit, Eduardo Horane, María Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco. Auad, era una militante de Vanguardia Comunista de 32 años, que comenzó a reunirse con el grupo de familiares dado que su esposo permanecía detenido a disposición del P.E.N. desde 1974. Por su parte, Oviedo –quien a sus 24 años realizaba trabajo social con la hermana Alice en villas de emergencia– había comenzado a concurrir a las rondas en la Plaza de Mayo desde abril de 1977 en virtud de que su hermano, Pedro, había sido secuestrado en junio de 1976. También militaba en Vanguardia Comunista, al igual que Eduardo “Lelel” Horane, quien estudiaba ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Horane había estado casado con Raquel Bulit, estudiante de Filosofía y Letras de 33 años que intervino activamente en la recolección de datos y aportes para la solicitada mencionada. A “Mary” Bianco, le habían secuestrado a su hija Alicia. Por su parte, Esther Ballestrino de Careaga, doctora en Bioquímica y Farmacia era una militante de gran trayectoria que fundó el Movimiento Femenino del Paraguay. Perseguida por la dictadura militar de Moriñigo, se refugió en la Argentina en 1947. A raíz del secuestro de sus dos yernos y de una de sus hijas –Ana María–, a los 59 años comenzó a participar de las reuniones celebradas entre familiares de desaparecidos. Su caso resulta paradigmático ya que su compromiso no cesó en septiembre de 1977, cuando su hija fue liberada y continuó acompañando a las Madres en su lucha.

La última víctima fue el discípulo predilecto de Quinquela Martín, Remo Carlos Berardo, quien junto a su hermana Lucía intentaban conocer el paradero de su hermano Amado, quien se hallaba desaparecido. Su secuestro se produjo en su atelier en el barrio de La Boca.

Las 12 víctimas fueron llevadas a la ESMA, donde se las torturó y, luego de dos semanas, fueron “trasladadas” en los “vuelos de la muerte”. Gracias a la infatigable labor del Equipo Argentino de Antropología Forense los restos óseos de Auad, Ponce de Bianco, Duquet, Villaflor y Ballestrino de Careaga que habían sido enterrados como N. N. en el cementerio de General Lavalle, lograron ser identificados. Los cuerpos de las otras siete víctimas no han sido hallados hasta el momento.

JUSTICIA. A más de 30 años de los hechos, las “víctimas de la Santa Cruz” no descansan en paz. Son numerosos los responsables del terrorismo de Estado que han fallecido, ascendiendo a 40 el número de responsables de la ESMA que murieron sin ser condenados por los delitos cometidos. Si bien algunos se beneficiaron por la vigencia de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, desde 2003 sólo la lentitud de los tribunales ha impedido que se haga justicia.

En el caso concreto de la causa ESMA, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 es el encargado de llevar adelante la totalidad de los juicios sobre delitos cometidos en dicho centro clandestino de detención. Su primer debate culminó con escándalo luego de que cuatro días antes de la sentencia, el prefecto Febres falleció en circunstancias poco claras, no habiéndose sancionado hasta el momento a los responsables del régimen privilegiado de detención, visitas y salidas que gozaba el imputado. El segundo juicio comenzó el 11 de diciembre de 2009, es decir, hace casi un año y los pronósticos indican que no terminará antes de mediados del año que viene. Procesos de la complejidad de estas causas requieren un mayor activismo por parte de los magistrados, toda vez que los principios de celeridad procesal e inmediación se ven claramente afectados. Muchos actores adjudican los retrasos en los avances de los procesos a la actividad de las defensas. Al respecto, debe advertirse que sin la presencia de las defensas públicas, los juicios no se podrían realizar: toda persona tiene derecho a ser asistida por un defensor por lo que resultan imprescindibles. Asimismo, debe destacarse que en todo momento los jueces tienen la facultad y el deber de asegurar que no se afecte el honor y la seguridad de los testigos –por ejemplo, evitando que tengan que declarar en numerosos juicios revictimizándolos– y que no se rechacen los recursos manifiestamente dilatorios, es decir, tienen la responsabilidad primaria de controlar que no se impida el avance de la investigación.

Los antecedentes hasta ahora no son muy favorables para los miembros del TOF 5 en cuanto al cumplimiento de su deber de garantizar la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos. A la muerte del imputado Febres en el año 2007, deben añadirse actitudes claramente contrarias a derecho. Un ejemplo de ello es la recusación del juez Hergott por su presunta falta de imparcialidad. Hergott había formulado una denuncia en base a una manifestación expresada por un defensor que se había referido a los juicios donde se investigan delitos contra la humanidad como “una vergüenza jurídica”. El magistrado le manifestó su discrepancia advirtiéndolo sobre la importancia de los jueces para aclarar estas cuestiones “y evitar la impunidad”. Los jueces utilizaron la definición del término “impunidad” que figura en el Diccionario de la RAE, entendida como “la falta de castigo”, por lo que consideraron que Hergott había exteriorizado una predisposición subjetiva contra los acusados, que ponía en duda su imparcialidad. Resulta increíble que tal medida se fundamente en la definición de impunidad que aparece en un diccionario y no en la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana, cuyos fallos son obligatorios para todos los jueces argentinos, que la ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención”. De allí se deriva que el castigo es sólo la consecuencia de la investigación y el posterior juicio donde se respeten todas las garantías de las partes. Por ende, evitar la impunidad no implica el castigo indiscriminado de personas, sino sólo de quienes en función de las pruebas reunidas en un juicio justo sean encontradas culpables.

En síntesis, como señala el viejo aforismo “justicia retardada es justicia denegada”. Si los jueces no adoptan las medidas necesarias para que los juicios a los responsables del terrorismo de Estado en la Argentina se lleven adelante en un corto plazo, más víctimas, testigos e imputados morirán y la impunidad habrá triunfado. Asegurar que ello no ocurra es obligación de toda la sociedad.

08/12/10 Tiempo Argentino