Oro, Estado y soberanía: hacia una mayor participación pública en la renta aurífera

Por Arturo H. Trinelli *

Hace unas semanas, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo de paz social con representantes de la actividad minera, a fin de evitar conflictos que alteren la productividad del sector y entorpecer el humor social de cara a las elecciones del año que viene. El documento final lo suscribieron representantes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara Argentina de Servicios Mineros (CASEMI). El acto fue encabezado por la propia Presidenta Cristina Fernández, quien resaltó la importancia de la minería como un sector estratégico para diversificar la matriz energética, pero al mismo tiempo destacó que sólo es viable aquella compatible con el medio ambiente. Expuso, así, uno de los aspectos más polémicos que envuelve a un tipo de minería, la extractiva a gran escala, o “megaminería”, y en particular la de oro a cielo abierto cuya explotación requiere de químicos altamente tóxicos que ponen en riesgo reservas acuíferas naturales.

Más allá que hoy cualquier deterioro ambiental producido genere enormes consecuencias económicas, el problema es muy complejo como para encararlo sólo desde una perspectiva ecológica. El debate por la minería extractiva, además de pensar en el medio ambiente, debe incluir la discusión por generar emprendimientos productivos alternativos que posibiliten el desarrollo de regiones históricamente postergadas.

La minería en la Argentina tuvo un notable fomento desde diferentes niveles del Estado a partir de la década del noventa, dentro de un marco general de exportación de commodities y bajo una estrategia del capital a nivel mundial por buscar nuevos espacios de extracción de materias primas. La llegada de empresas internacionales con nuevas tecnologías permitió hacer rentables para el mercado zonas que hasta entonces eran inaccesibles e improductivas desde un punto de vista económico. Esto posibilitó la implementación de diferentes proyectos de exploración y explotación de minerales, muchos de los cuales son cuestionados por el manejo de sustancias contaminantes y un impacto socioeconómico significativo en las zonas donde se realizan estos emprendimientos. El compendio legal que envuelve a la actividad lo encabeza la ley 24.196 de Inversiones Mineras de 1993, a partir del cual los estados provinciales (con capacidad para administrar y usufructuar los recursos naturales de sus territorios) sólo pueden participar como prestadores de servicios, otorgan estabilidad fiscal por treinta años y definen un exiguo porcentaje en regalías, de sólo el 3% del valor neto del producto final (es decir, el monto resultante luego de descontar los gastos realizados para la explotación de la mina).

Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, hay una gran cantidad de proyectos en curso, con volúmenes de inversión de miles de millones de pesos en varias provincias del país. Desde la Secretaría se informa que en el 2008 se alcanzó el pico histórico de perforaciones, de 668.851 metros, un 302% más que en 2003, con inversiones de más de 7.300 millones de pesos, 31% más que en el año anterior y 1014% más en relación al 2003. En el 2008, por ejemplo, las exportaciones en minerales sumaron 12.375 millones de pesos.

Nivel de empleo del sector

Según los datos de la Encuesta Nacional Minera elaborada por el INDEC en el 2007, el total del personal ocupado por el sector era de apenas 19.226 personas, aunque esta estadística no contempla el nivel de empleo informal ni el indirecto que se genera por bienes y servicios de la industria propiamente dicha. En la actualidad, estimaciones oficiales indican que, fruto de la construcción de al menos 15 proyectos mineros de envergadura internacional e inversiones por arriba de los 130 mil millones de pesos, el nivel de ocupación del sector rondará los 450.000 puestos de trabajo. Incluso entre las estimaciones de la Secretaría de Minería para próximos años se prevé la generación de 380.000 empleos directos, 800.000 indirectos y exportaciones por un valor de 23.000 millones de dólares. De todas maneras, hay que tener en cuenta que, aunque las grandes empresas durante la fase de explotación compran en Argentina parte de sus insumos corrientes, la mayor parte de los bienes de capital que se utilizan son importados.

Como toda actividad capital-intensiva, la participación del salario de los trabajadores de la minería de oro en el valor agregado total producido con su labor es ínfima en relación a la ganancia del capital. En el 2007, las 40 empresas de minas, petróleo y gas más importantes del país ganaron un total de $ 16.497 millones, con costos laborales por $ 3.746 millones (salarios, contribuciones, indemnizaciones, etc.) en una relación de 4,4 pesos de beneficio por 1 peso para los trabajadores, mientras que en otras ramas de actividad la misma relación fue de 1,2 a 1. El informe sobre Grandes Empresas del Indec durante el 2009 revela que las utilidades para las empresas mineras-petroleras representaron el 45,7% del valor agregado, contra 33,2% de las restantes. Y el origen del capital tampoco es nacional: apenas el 4,3% del valor agregado por esas grandes mineras-petroleras correspondió a empresas de capital argentino, mientras que el resto, 95,7%, fueron de empresas total o parcialmente extranjeras. Así, la remisión de utilidades a las casas matrices por parte de estas compañías es permanente, desviando al exterior recursos generados localmente.

Bajo La Alumbrera

Bajo La Alumbrera puede servir de ejemplo para estimar el impacto económico de la minería extractiva, principalmente de oro. Mayoritariamente de capitales suizos y canadienses, con participación del Estado provincial, se encuentra radicada en la provincia de Catamarca desde el año 1997 y es uno de los emprendimientos más antiguos en el sector. La inversión extranjera inicial fue de 1.200 millones de dólares, amortizados en apenas siete años.

En sentido amplio, la región del Noroeste Argentino (NOA) presentó en el primer semestre de 2010 un aumento del 23% en sus exportaciones a igual período del año anterior, según se observa en el informe del Ministerio de Economía que da cuenta de cómo han evolucionado los Complejos Exportadores Provinciales durante ese período. El sector minero ocupó el primer lugar en el ranking, con un incremento del 30% en las exportaciones como consecuencia del alza del concentrado de cobre. Las exportaciones de minería, a su vez, constituyen el 96,1% de las exportaciones totales de la provincia, es decir, casi toda su economía se estructura en torno a la producción minera. Para Catamarca supone, además, liderar las exportaciones de la región, que constituyen un 38,1% de las exportaciones totales del NOA. Sin embargo, la participación provincial en el volumen total exportable del país apenas representa un 2,4%. Al mismo tiempo, la EPH del Indec difundida recientemente muestra que Catamarca posee la tercera mayor tasa de desempleo de la Argentina, de 9%, superior incluso a la media actual, detrás de Salta (11,6%) y del Gran Buenos Aires (9,1%). Además, ese informe también señala que el NOA continúa siendo la región del país que registra el índice más elevado de pobreza, de casi un 15%. La realidad de Catamarca, por lo tanto, no ha cambiado demasiado en el escenario nacional y aún hoy, pese al sostenimiento de una política económica en el país que intenta atenuar las diferencias regionales, continúa presentando los mismos índices de marginalidad y pobreza de siempre, aún con la minería aurífera funcionando en plenitud desde hace años.

Conclusiones

La Argentina hoy necesita valerse de todos sus recursos para poder insertarse con éxito en el comercio internacional y competir con mayores posibilidades frente a países que le llevan una clara ventaja en cuanto a desarrollo industrial. La discusión por la minería, como dijimos, no puede quedar aislada del debate ambiental, pero tampoco puede agotarse en éste. Por otro lado, los grandes optimistas en cuanto a la potencialidad de la megaminería como actividad impulsora de desarrollo local deberían considerar el caso Catamarca para tener mejor perspectiva de las reales potencialidades de esta industria. Ningún país del mundo ha superado la pobreza gracias a la minería aurífera. Puede tener incidencia en el crecimiento económico y en la mejora del PBI, pero su “derrame” en la generación de encadenamiento de valor (inversiones, empleo, etc) es marginal. El ejemplo de Mali resulta ilustrativo al respecto: a pesar de que su producción de oro representa más de la mitad de sus ingresos totales, según el último Índice de Desarrollo Humano publicado por la ONU ocupa el lugar 160 entre 169 países.

En ese sentido, las políticas macroeconómicas pueden contribuir a la diversificación productiva, pero no deben perder de vista la naturaleza dinámica y compleja del desarrollo. El mismo estará dado sólo por industrias que permitan un encadenamiento de valor local capaces de reducir las históricas desigualdades regionales del país. Para ello, es necesario evaluar el rendimiento de todos los sectores de la economía, apoyar a los que generen mayor desarrollo local genuino y volcar los recursos de los menos eficaces en pos de aquellos que garanticen mejores índices de empleo, inversión y sean compatibles con el medioambiente.

Por lo tanto, entre las posiciones que debaten sobre esta actividad, una alternativa podría ser aumentar la participación del Estado en las ganancias de las empresas instaladas en el país. De esa manera, además de incrementar la fiscalización ambiental, tal como manifestó la Presidenta, el Estado podría contar con recursos genuinos para continuar con la política de crecimiento económico con inclusión social como el encarado hasta ahora. Para ello, es necesario modificar la legislación, que hoy es sumamente favorable a las transnacionales mineras. Como sostiene Andrés Asiain, economista del CEMOP, “la actividad minera casi no paga impuestos, excepto un 3% de regalías y entre el 5 y 10% de retenciones sobre el valor exportado según declaración jurada de las empresas, además de recibir en muchos casos energía subsidiada, incluso aquellas que utilizan energía equivalente a una ciudad de 100.000 habitantes”.

En segundo lugar, una mayor participación del Estado en esta industria también sería estratégica en el contexto de crisis internacional actual, donde Robert Zoellick, Presidente del Banco Mundial, acaba de enunciar la posibilidad a futuro de un reemplazo del dólar como moneda de reserva y un eventual retorno al patrón oro. Frente a la “guerra de divisas” que tiene en vilo al sistema monetario mundial, y el intento de los países más poderosos de transferir la crisis a los emergentes, la dirigencia política Argentina debería interrogarse las razones por las cuales grandes empresas transnacionales realizan enormes inversiones para la explotación de oro en el país. Así, probablemente se pueda concluir lo fundamental que sería la creación de una empresa pública nacional que intervenga en la actividad aurífera, en sintonía con la mayor participación del Estado registrada en los últimos años en sectores claves de la economía donde, hasta el 2003, tenía una posición secundaria. En un capitalismo que en el nuevo siglo parece avanzar en el usufructo privado de recursos naturales, los nuevos términos de soberanía imponen una participación más activa del Estado como garante en el cuidado de sus recursos y socio fundamental en su explotación.

* Politólogo UBA-CLICeT