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Estado para combatir la inflación
Por Arturo H. Trinelli *
Un argumento frecuente de la oposición para criticar el modelo económico
actual, y a la vez unificar posiciones que en otros aspectos aparecen
dispersas, es el de la inflación. No pasan semanas en que el compendio
opositor, liderado por los medios monopólicos, deja de mencionar el tema
inflacionario como una de las grandes preocupaciones de cara a las
próximas elecciones. De hecho, esta semana, en su edición del lunes, la
Editorial de Clarín sostuvo que el Gobierno incurre en “maniobras de
distracción” para abordar el problema inflacionario, entre las cuales
citó argumentos de la Presidenta al sostener que no hay inflación sino
“dispersión y distorsión de precios”. La referencia, se presume, aludía
al discurso del 14 de febrero pasado, cuando Cristina Fernández encabezó
el acto para oficializar anuncios de acuerdos para el desarrollo de
mercados concentradores regionales.
Quizás, un abordaje menos parcial de esas declaraciones debiera haber
incluido algunas partes de su discurso, donde la Presidenta emitió
conceptos interesantes para analizar.
En primer lugar, habló sobre las expectativas inflacionarias. Sostuvo
que ellas están siempre “determinadas por lo que se denominan insumos
básicos de la economía y la denominada demanda inelástica”, compuesta
por aquellas cosas que la gente no se puede permitir no tenerlas, los
insumos básicos, que son las causantes de dichas expectativas
inflacionarias. Por otro lado, en otro pasaje de su discurso se refirió
a la política de subsidios, argumentando que el aumento de tarifas
restringiría el consumo fundamentalmente de sectores populares que
gastan lo poco que tienen en bienes de la canasta básica, a propósito
del reclamo que sectores de la oposición vienen haciendo en contra de lo
que consideran el “descontrolado” gasto público del Gobierno.
Finalmente, entre otras cosas, se refirió a los formadores de precios.
Allí pidió responsabilidad a los empresarios y puntualmente aludió a las
grandes comercializadoras, que en algunos casos compran la totalidad de
la producción de alimentos a los productores y por ende tienen enorme
influencia en la formación de precios.
Por lo tanto, del análisis de su largo discurso se desprende que el
Gobierno tiene en claro, sino la solución, al menos uno de los grandes
aspectos del problema: que la inflación es un proceso demasiado complejo
que no se resuelve con criterios semánticos sino analizando un gran
dilema estructural de la economía argentina, esto es, la alta
concentración de la oferta en determinados rubros. Algunos indicadores
de que el Gobierno ha tomado cartas en el asunto han quedado claros en
los últimos tiempos y desmienten su supuesta inacción ante el alza de
precios. Basta recordar la convocatoria al Acuerdo Social Tripartito,
que empezó bien y luego se desdibujó, el acuerdo técnico con el FMI para
la elaboración de un IPC nacional, la colaboración de un Consejo
Académico interuniversitario para abordar la cuestión inflacionaria y el
pedido a las consultoras privadas, so pena de apercibimientos, para que
indiquen la metodología utilizada con la cual llegan a los porcentajes
que siempre duplican o triplican los oficiales, altamente cuestionados.
El peligro de “la mano invisible”
Las posturas en pugna son reveladoras del posicionamiento ideológico
sobre la economía, el rol del Estado, y el modelo de acumulación. Para
sectores de la ortodoxia, un elemento central que explica la inflación
es la presión de la demanda. En consecuencia, se llama a enfriar la
economía, esto es, eliminar estímulos a la demanda (uno de los grandes
ejes del modelo económico actual) que desaliente el consumo. Algunos
mecanismos en ese sentido serían reducir el gasto público, limitar las
negociaciones salariales y recomponer las tarifas de algunos servicios,
por citar tres claves económicas planteadas por parte de la oposición al
modelo económico kirchnerista. En definitiva, se trata de someter la
estabilización de los precios confiando en “la mano invisible del
mercado” y haciendo retroceder al Estado en su recuperación evidenciada
desde el 2003.
Desde la heterodoxia, en cambio, se hace foco en la oferta, entre otras
cuestiones. Y una de las claves de ese enfoque reside en reconocer
aspectos de la concentración económica que, como se dijo, no suelen ser
analizados a la hora de hablar de la inflación, donde abundan abordajes
más efectistas que efectivos y profundos.
En este sentido, Santiago Fraschina, economista del Grupo de Estudio de
Economía Nacional y Popular (GEENaP), considera que analizar el contexto
argentino es fundamental para evitar comparaciones forzadas con otros
países que a igual tasa de crecimiento presentarían menores índices de
inflación. Nuestro caso concentra- sostiene el autor en su artículo Cómo
abordar el tema de la inflación publicado por Buenos Aires Económico el
año pasado– una serie de procesos que combinados explican la puja
distributiva sobre la cual se da el proceso inflacionario característico
de nuestro país.
Esta consideración que realiza Fraschina es muy pertinente, ya que
resulta habitual la exaltación permanente de los ejemplos chileno y
brasileño, señalándolos como “los milagros” de la región y los modelos a
imitar por crecer con bajos niveles de inflación, con el objetivo de
criticar al Gobierno. Sin embargo, como señala el politólogo Matías
Rohmer, tal comparación a menudo desconoce la situación que heredó el
kirchnerismo antes del 2003, y que obligaría más a una revisión de
errores propios antes que a una exaltación de casos ajenos. En ese
sentido, Rohmer recuerda que, entre algunos de los ejemplos reveladores
de la ineficacia neoliberal para lograr estándares de crecimiento
económico acompañados de generación de riqueza, desde 1975 a 1995 el PBI
per cápita del país no se modificó, esto es, durante 20 años la
Argentina no fue capaz de impulsar un desarrollo que genere valor real
en la economía.
Puja distributiva
Por lo tanto, confiar a recetas ortodoxas el manejo de la inflación
representaría un peligroso retroceso en el proceso de crecimiento
iniciado desde el 2003, consecuencia del permanente estímulo al consumo
vía recuperación de salarios. La puja distributiva que subyace al
problema inflacionario encuentra, por un lado, altos precios
internacionales que orientan al productor de alimentos al mercado
externo o a la venta doméstica de su producción a mayor precio para no
perder rentabilidad, desplazando ciertos alimentos que agotan la oferta
en detrimento del consumo interno. A eso se suma la característica
señalada sobre la fuerte concentración económica en rubros puntuales.
Los casos más emblemáticos son los del pan, donde sólo dos empresas
(Bimbo y Fargo) concentran el 89% del mercado, la leche o el cemento,
con apenas cuatro empresas (Loma Negra, Minetti, Avellaneda y
Petroquímica Comodoro Rivadavia) disponiendo del 100% de la producción.
De esta manera, con mercados monopolizados la discrecionalidad para
fijar precios es mayor. Las empresas entonces aumentan los precios para
mantener los niveles de redistribución del ingreso y poder incrementar
los salarios.
Los sectores dominantes omiten estas características y explican la
inflación únicamente por el continuo estímulo al consumo y a la demanda,
por lo cual sugieren siempre desincentivarla.
Pero tal vez habría que concluir que, más allá de la polémica por saber
a cuál de las mediciones creerle (oficial o privada), la experiencia
argentina nos impone una serie de desafíos a la hora de analizar este
proceso inflacionario. En primer lugar, intentar diversificar la matriz
productiva del país, de manera de garantizar la soberanía alimentaria al
menor costo posible. Al mismo tiempo, estimular la desconcentración
económica, a fin de hacer más competitivos algunos mercados
multiplicando una oferta que estimule precios más bajos. En todos estos
casos, revertir la tendencia inflacionaria requiere intervención estatal
para garantizar el beneficio a los trabajadores en la puja distributiva
donde, a diferencia de las continuas recetas de los analistas del
establishment, los sectores populares continúen siendo favorecidos por
la política de inclusión actual.
* Politólogo UBA-CLICeT
Buenos Aires Económico
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