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La importancia de evitar la
extranjerización y concentración de tierras
Por Arturo H. Trinelli *
La promesa de un proyecto de ley “ni chauvinista ni xenofóbico” del Poder
Ejecutivo para regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras fue uno de
los grandes anuncios de la Presidenta Cristina Fernández frente a una agenda
legislativa que se presume acotada ante este año electoral. Al mismo tiempo,
puso de manifiesto una situación que viene siendo denunciada desde hace tiempo
desde diferentes ámbitos. Dos informes de la Auditoría General de la Nación de
hace unos años habían alertado irregularidades en compra de tierras de la
Patagonia, Corrientes y Misiones, y decenas de artículos en diferentes medios
venían advirtiendo la necesidad de abordar un proceso que hasta el momento
estaba sometido a escasos controles, con dramáticas consecuencias en todo el
país, como persecuciones a punta de pistola, desplazamiento forzado de pueblos
originarios de sus tierras y renuncia por parte del Estado al control de
recursos naturales estratégicos.
Dichas consecuencias no solo ponen de manifiesto el problema de la
extranjerización de tierras, sino también su concentración, tanto de
propietarios extranjeros como nacionales, y consecuentemente el manejo del
negocio agropecuario en pocas manos. Un abordaje integral de este proceso
demanda, pues, una urgente consideración de parte de todas las fuerzas
políticas.
Hay en la actualidad unas 17 millones de hectáreas en manos de extranjeros,
fundamentalmente en zonas de abundantes recursos naturales. Pero el proceso de
concentración también viene de larga data. El Censo Nacional Agropecuario del
2008 que elabora el Indec ya mostraba un 17% menos de explotaciones
agropecuarias que el del 2002, es decir, una reducción de 57 mil explotaciones
en seis años.
También hay casos emblemáticos en la Patagonia y otras provincias. Mendoza, por
ejemplo, posee en la actualidad más de 250.000 hectáreas en manos de italianos,
franceses, ingleses, estadounidenses y españoles, entre otros. Atraídos por la
expansión y el desarrollo de la industria vitivinícola, inversores malayos
adquirieron otras 250.000 hectáreas en la zona de Malargüe, incluyendo terrenos
fiscales adquiridos por ley a puesteros del lugar. Se calcula que un 3% del
territorio provincial pertenece a extranjeros, según informó el mes pasado un
diario local (“Mendoza en manos extranjeras”, Diario Uno, 7 de febrero).
De igual modo, no son pocas las denuncias que en los últimos años han revelado
este paulatino proceso de concentración y extranjerización. Un informe de hace
unos años bajo el título de “Hambre en el país de la tierra” de Le Monde
Diplomatique ha sido contundente en cuanto a los números que ese proceso
refleja. Veamos, por lo tanto, quienes son algunos de los grandes terratenientes
extranjeros y argentinos del país.
Con nombres propios
Uno de los mayores terratenientes es el grupo que encabeza el empresario textil
italiano Luciano Benetton, que posee alrededor de 900.000 hectáreas en la
Patagonia. Presente en 120 países, la empresa produce en la Argentina alrededor
de un millón de kilos anuales de lana. Otro de los grandes latifundistas es el
Grupo Cresud, cuyo principal inversionista es el húngaro George Soros, que posee
la mitad de la extensión de tierras de Benetton, aunque gran parte de ellas en
la región pampeana. La primera empresa nacional en cantidad de hectáreas es
Bunge y Born, que cuenta con alrededor de 260 mil hectáreas, de las cuales 110
mil están en la provincia de Buenos Aires. Si se sumaran esta cantidad junto a
las del grupo de Amalia Lacroze de Fotabat, que posee 220 mil, se alcanzarían
casi los dos millones de hectáreas, una superficie similar a la de Bélgica.
Un informe del economista Eduardo Basualdo, quien desde hace años lidera un
estudio en el área de Economía y Tecnología de la la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO), afirma que en la zona pampeana más de un 80% de la
producción agrícola sigue en las mismas manos desde hace más de un siglo,
fundamentalmente entre propietarios de más de 20 mil hectáreas en la provincia
de Buenos Aires. Esos actores, decisivos en el conflicto agrario del 2008,
concentran la producción agrícola en sus tierras y en otras que ellos mismos
arriendan. Del mismo modo, un artículo de David Cufré (Página 12, 13.07.2008) en
pleno conflicto por la 125, señalaba que cinco grupos económicos y 35 grupos
agropecuarios habían logrado ampliar sus dominios en el campo, donde Bunge &
Born, Loma Negra, Bemberg, Werthein y Ledesma poseían 396.765 hectáreas en la
provincia de Buenos Aires, lo que arrojaba un promedio de 79.353 hectáreas cada
uno, con ganancias obtenidas a partir de las extraordinaria renta agraria. La
provincia de Buenos Aires, en total, posee 1294 propietarios con más de 2500
hectáreas, de los cuales 53 concentran más de 20 mil, donde hay familias de la
aristocracia como Anchorena, Bullrich o Udaondo, que dieron origen a la Sociedad
Rural. Según Basualdo, fueron los que en definitiva impulsaron economías de
escala introduciendo el modelo de agronegocios de la actualidad.
El correlato de esta concentración en el complejo exportador es evidente. En el
2002 sólo tres empresas, Cargill, Bunge y Dreyfus manejaron casi la mitad de los
embarques de granos, aceites y harinas, por un total de 49 millones de
toneladas. Si bien fueron las más beneficiadas con la devaluación y las de
mayores ganancias de todo el sector agropecuario, lo que entre otras cosas les
permitió cancelar deudas con el Banco Provincia por $ 140 millones entre el 2002
y el 2003, oficinas de Cargill y Bunge acaban de ser allanadas sospechadas de
licuar operaciones en negro a través de sociedades fantasmas para evadir
impuestos.
El caso a imitar
Según palabras de la propia Presidenta, se imitará el modelo brasileño. El año
pasado en Brasil se establecieron valores máximos para la compra de tierras por
parte de firmas extranjeras o brasileñas de capitales extranjeros. Dependiendo
la zona del país, se fijó entre 250 y 5000 las hectáreas a comprar por parte de
los interesados, y al mismo tiempo la reglamentación estableció que la suma de
las áreas adquiridas por las compañías bajo control extranjero no podrían
superar el 25% del tamaño de cada municipio (de allí la diferencia en cuanto a
cantidad de hectáreas según la zona). De esta manera, el gobierno buscó poner
fin a un resquicio legal en la ley de 1971 sancionada por la dictadura, que
permitía a extranjeros soslayar las restricciones establecidas mediante la
creación de una empresa con sede en Brasil. Se obligó así a que las
adquisiciones de tierras por empresas locales pero controladas por capitales
extranjeros deban ser registradas públicamente y comunicadas al Ministerio de
Desarrollo de Tierras, siguiendo con la pauta constitucional que obliga al
Estado a regular el capital extranjero en sectores considerados estratégicos,
como lo es tener jurisdicción sobre su territorio y los recursos naturales que
el mismo posee.
Conclusiones
El proceso de extranjerización y concentración de la tierra requiere de una
inmediata consideración que compense años de descuido sobre un tema que ha
generado graves consecuencias sociales y económicas para el país. Los nuevos
términos de soberanía ya no solamente se reducen a la cohesión territorial en
términos nacionales, sino también al control del capital extranjero
transnacional que avanza incesantemente en países emergentes ricos en recursos
naturales. Esta inquietud no solamente comprende a las naciones directamente
involucradas en este proceso, sino que además constituye un tema de preocupación
internacional. Su expresión económica más reciente ha sido la volatilidad de los
precios del trigo, maíz y soja, no por la constante demanda internacional de
otros países sino por la especulación financiera por parte de capitales lanzados
a buscar refugio en inversiones seguras, como lo son los commodities
latinoamericanos, tal como se informó recientemente a partir de un estudio
conjunto de la CEPAL, la Oficina Regional de la FAO, y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Para resguardarse de ese proceso y evitar que dicha extranjerización y
concentración se profundice, Argentina está obligada a ratificar la soberanía
sobre sus recursos y ordenar los arrendamientos, promoviendo una legislación
moderna que sea resultado del consenso de las diferentes fuerzas políticas, lo
que además produciría un reequilibrio demográfico evitando el desplazamiento
forzado de personas, de manera de terminar con este tipo de atropellos y
avasallamiento de derechos que fuera de las grandes ciudades se vienen
cometiendo en el país desde hace tiempo.
* Politólogo UBA-CLICeT