Intentan definir la agenda parlamentaria en materia económica

Por Arturo H. Trinelli

Frente a una actividad parlamentaria que sin dudas estará influenciada por el calendario electoral, legisladores de la oposición y el oficialismo están trabajando sobre algunos proyectos concretos en materia económica. Si bien aún no hay una agenda definida, la idea de los principales bloques es retomar las conversaciones a partir de esta semana para consensuar un temario común. Teniendo en cuenta la gran cantidad de elecciones en todo el país a lo largo del año, el objetivo es al menos sesionar una vez por mes a partir de este miércoles.

Por el lado del oficialismo, algunos indicios dejó el discurso de Cristina Fernández ante la Asamblea Legislativa. La Presidenta pidió avanzar en una ley penal tributaria y una ley de propiedad de la tierra, hasta ahora en comisión. Pero la intención del oficialismo es retomar también proyectos que quedaron a mitad de camino el año pasado. Entre los de mayor relevancia se encuentran el de reparto de ganancias entre los trabajadores, a instancias del Diputado Recalde, y el de servicios financieros que presentó el Diputado Heller. En ambos casos hubo deliberaciones en comisión, pero no se alcanzaron los acuerdos necesarios para llegar a votarlos en el recinto durante el 2010.

El proyecto de repartir utilidades empresariales entre trabajadores generó resistencia entre los empresarios. De hecho, el año pasado la polémica lo tuvo como protagonista al ex Presidente de la UIA, Héctor Méndez, quien llegó a comparar a la Argentina con Cuba por el intento de sectores sindicales de avanzar en esta iniciativa apoyada por el Gobierno Nacional. El artículo 14 bis de la Constitución consagra que el trabajador, entre otros derechos, debe tener “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Sin embargo, desde el ámbito empresarial se buscó enfriar su tratamiento, e incluso algunos sectores empresarios invitados a participar del debate en comisión no se presentaron. “Es una nueva señal para desalentar la inversión y el crecimiento basado en la iniciativa privada en la Argentina” manifestó en su momento Daniel Funes de Rioja, asesor de la UIA. El actual Presidente de la entidad, José Ignacio De Mendinguren, expresó el año pasado que el proyecto escondía “congestión sindical”, y que antes de debatirlo era necesario estimular la inversión para aumentar la oferta. El BCRA prevé niveles de inversión records para el 2011, con las tasas más altas de los últimos treinta años, y según su Presidenta, Mercedes Marcó del Pont, la misma rondará el 24% del PBI . En caso de prosperar, el debate de fondo entonces pareciera estar dado en cómo interpretar la ganancia de las empresas, cuál es su origen y de qué manera debería distribuirse.
Por otro lado, legisladores oficialistas también trabajan en el proyecto sobre entidades financieras. La intención es reemplazar la normativa actual, vigente desde la última dictadura. Como alternativa al proyecto del Diputado Heller, la oposición también presentó uno impulsado por el Diputado Pinedo, titular del bloque macrista en la Cámara Baja. Fundamentalmente, ambos proyectos difieren en el rol que le compete al Estado como garante del nuevo sistema. El oficialismo pretende orientar el crédito al desarrollo favoreciendo a las pymes, donde la clave estaría en considerar el sistema bancario como un servicio público, con una activa participación del Estado en la regulación de las tasas de interés, el fortalecimiento de la banca pública y los incentivos para estimular la desconcentración bancaria. El de la oposición, por su parte, cuestiona la mayor participación del Estado en el esquema regulatorio de la actividad bancaria y financiera, previendo ante tal situación desincentivos para la inversión privada.

La iniciativa opositora, en tanto, prevé impulsar algunos temas frente a los cuales estiman que conseguirán acuerdos. Uno de ellos tiene que ver con retomar el tratamiento del Presupuesto 2011, que el año pasado no se llegó a sancionar. Para ello, ya hubo pedidos a la comisión de cabecera, presidida por el oficialista Gustavo Marconato, para que convoque a una reunión este martes, un día antes de la primera sesión prevista. Por otro lado, hay intentos por incluir proyectos sobre publicidad oficial, mínimo no imponible y retenciones agropecuarias.

De todas maneras, sobre lo que parece haber mayor decisión es en insistir con el proyecto de aumentar las jubilaciones al 82% del salario mínimo. Para eso, se pensó en impulsar una consulta popular, que de resultar favorable impediría un nuevo veto del Ejecutivo. El desempate en Senadores el año pasado lo resolvió el actual Vicepresidente, que votó por segunda vez a favor de la oposición luego de un arduo debate. Los fundamentos del veto presidencial fueron los difusos mecanismos de financiamiento para hacer posible un aumento de tal magnitud sin evitar el colapso del sistema y la posibilidad de continuar con la actual expansiva política previsional. En ese sentido, desde el 2003 hubo gran cantidad de aumentos, incluyendo la sanción en el 2008 de la Ley de Movilidad Jubilatoria que prevé dos al año (el último fue de 17.33% a partir de marzo) y que implicó que más de 2.500.000 personas pudieran acceder a la jubilación, totalizando 4.062.000 jubilados en todo el país, lo que representa la tasa de cobertura más importante de Latinoamérica.

Cabe recordar que el año pasado, en plenas audiencias públicas organizadas para debatir este proyecto, un informe de la Auditoría General de la Nación, presidida por el radical Leandro Despouy, señalaba que el esquema de financiamiento propuesto por la oposición hacía inviable el aumento. El documento, llamado “Deuda pública contingente-Sistema Previsional 2007-2050”, advertía entre sus conclusiones que ante dicho aumento el Sistema Previsional Argentino (SIPA) sería deficitario. “Toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe explicar la fuente de los recursos, algo que no está claro en la iniciativa opositora”, declaró entonces Gustavo Marconato, Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.

* Politólogo UBA-CLICeT