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Un
fantasma recorre Argentina: el “fantasma” del Estado
Por Arturo Trinelli *
En los últimos días asistimos a un debate que muchos empresarios interpretarían
bajo la recordada frase de Karl Marx y Friedrich Engels en El Manifiesto
Comunista de 1848, pero reciclada a la cuestión de fondo de lo que parece estar
en tensión hoy en relación a la ampliación de representantes del Estado en los
directorios de empresas donde es accionista. Es que por más que se lo intente
presentar de otra manera, lo central parece ser, en definitiva, la discusión
sobre el rol del Estado en la economía, con las posturas clásicas de parte del
sector empresario que, ante esta circunstancia, considera un preocupante
“avance” estatal la pretensión por acceder a la representación que le
corresponde conforme a sus tenencias accionarias. Para ellos, pues, el Estado se
convierte así en un “fantasma” que está al acecho. O, si se prefiere una
definición más moderna, un “predador insaciable”, como acuñó Hugo Biolcati
tiempo atrás.
Algunos otros cuestionamientos que se pretenden “más moderados” (Martín Lousteau,
Luis Juez, por citar algunos que circularon en los últimos días) manifiestan
acordar con el derecho estatal a una mayor representación pero advierten sobre
las futuras designaciones que ello implicaría, sospechando la supuesta
arbitrariedad de los futuros representantes nombrados por ANSeS en esas
empresas. Se argumenta en contra de ellos por diferencias ideológicas o
afiliaciones partidarias, poniendo como excusa la presunta falta de capacidad en
muchos de estos funcionarios, cuando el verdadero debate pasa por juzgar si es o
no factible que el Estado represente sus legítimos intereses que poco tienen que
ver con pretensiones estatizantes o intervencionistas como se las quiere
presentar, sino, por el contrario, con el reparto justo y equilibrado de las
ganancias que las empresas generan.
Al respecto entonces cabría hacer una interpretación jurídica y otra política
para arribar a una conclusión. En el primer caso, podemos apuntar el interesante
enfoque aportado en estos días por Juan José Carbajales en un artículo
denominado “Una silla más grande” en relación a la participación de ANSeS en las
empresas en representación del Estado. Explica muy bien Carbajales que la
sanción de la ley 26.425, que eliminó las AFJP, le permitió al Estado Nacional
ingresar, vía ANSeS, a un conjunto de empresas que cotizan en bolsa,
transfiriéndole activos que pasaron a constituir lo que se conoce como Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS). Si bien dicha ley estipulaba la obligación de
invertir esos activos “de acuerdo a criterios de rentabilidad adecuados”, se
conservó de la antigua norma reemplazada por la ley 26.425 limitar al 5% el
derecho al voto “en toda clase de asamblea, cualquiera sea la tenencia
respectiva”. Esto se mantuvo en el 2008 como una suerte de concesión que hizo el
Estado para facilitar la aprobación de la ley. El objetivo que había animado la
cristalización de este porcentaje intentaba encuadrar a las AFJP para que
limitaran su influencia a aspectos de estricto índole previsional.
Por lo tanto, lo que viene a modificar el DNU 441/11 – señala Carbajales – es la
posibilidad que ahora tendrá ANSeS de “realizar el voto acumulativo previsto en
el art. 263 de la ley 19.550 de sociedades comerciales para la representación de
los accionistas minoritarios en los directorios de las empresas, pero en
adelante por el total de su tenencia accionaria”.
Parecería entonces que desde el punto de vista jurídico la legitimidad del
Estado sería incuestionable. Sin embargo, el tema parece terminar definiéndose
una vez más en la Justicia, donde las partes ya están haciendo presentaciones
para defender sus posturas. Vayamos entonces al argumento político desde el cual
se puede reforzar la pretensión estatal que intente calmar a los preocupados
empresarios.
Responsabilidades
El enfoque político no puede hacerse prescindiendo de las responsabilidades que
tuvieron las AFJP en el sistema previsional durante años. Haciendo gala de una
obscena discrecionalidad, fueron mucho tiempo funcionales a la defensa de sus
propios intereses y de los sectores concentrados que representaban. Así fue que
existió compra de títulos por el propio mercado y endeudamiento a gobiernos
nacionales o provinciales que respondían a incumbencias específicas de las
administradoras de pensión.
A partir de la constitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en
cambio, el Gobierno Nacional decidió reemplazar el viejo sistema de
capitalización por un régimen público solidario, cargando el peso de
administraciones pasadas que, con más de un 20% de desocupados y 50% de
informalidad laboral, dejaban afuera del sistema a gran cantidad de personas por
no llegar con los aportes suficientes para tramitar su jubilación. Pero como el
sistema previsional requiere de una mayor cantidad de aportantes, en donde
empiezan a tener peso otras variables (como por ejemplo, el envejecimiento
poblacional y la tasa de natalidad cada vez más negativa que tiene la Argentina)
la disminución del ratio activos/pasivos impulsó al Estado a adoptar nuevas
estrategias para que esos recursos pudieran garantizarse a futuro. Es por ello
que el FGS de la ANSeS busca resguardar esos fondos ante posibles fluctuaciones
en la evolución de las variables económicas y sociales.
ANSeS, viene desde hace un tiempo instrumentando mecanismos a largo plazo para
poder garantizar esos fondos. Ello asociado a un criterio de eficiencia que,
hasta el 2003, parecía sólo garantizar el mercado. En ese sentido, durante su
última presentación en el Congreso, el Director Ejecutivo del Organismo, Diego
Bossio, ratificó nuevamente la rentabilidad del FGS, que ahora cuenta con $
182.600 millones cuando a fines del 2010 tenía $ 170.647 millones. Esto tiene
que ver con el papel que está asumiendo ANSeS en el mercado de capitales,
ejecutando inversiones productivas que a menudo no suelen ser claramente
expuestas en los medios, cuyas explicaciones parciales y cortoplacistas no
admiten lo que constituyen inversiones estratégicas para el país y que al mismo
tiempo, como explica Bossio, ponen a resguardo los fondos previsionales para
garantizar la sustentabilidad del sistema más allá de las variaciones
demográficas y las fluctuaciones del mercado de trabajo.
Así, el FGS aumentó desde el 2008 un 86%, y $ 10.922 millones corresponden a
inversiones en energía, como Atucha II, Enarsa y EPEC, que son fundamentales
para el país, en la medida en que permiten una autonomía cada vez mayor en un
mundo que se enfrenta a grandes enigmas energéticos, expuestos recientemente con
el terremoto en Japón. Además de la importancia en el impulso a sectores claves
de la economía, como el automotriz o tecnológico, el impacto económico inmediato
de estas inversiones productivas que impulsa ANSeS son contundentes, tanto por
los puestos de trabajo creados en cada caso como por la mayor recaudación
impositiva y ahorro de divisas por menor cantidad de importaciones que los
mismos suponen. Por otro lado, también son dignas de destacar las inversiones en
obras viales y viviendas que realiza la entidad, en todos los casos preservando
la rentabilidad para el Organismo y ayudando, así, al desarrollo productivo del
país.
Conclusiones
Las implicancias del DNU 441/11 fueron presentadas como un intento por el Estado
de adjudicarse la total y absoluta representación en el directorio de las
empresas. Pero en realidad responde a una reparación de la legítima
representación que le corresponde en virtud de su participación accionaria en
cada una de ellas, en sintonía con una participación del Estado mucho más activa
en la economía, que busca recuperar el terreno cedido durante la etapa
neoliberal que se extendió en el país desde 1976 hasta el 2001.
Pese a que este intento por asumir un renovado rol sea presentado en tono
alarmista por los medios de comunicación (muchos de ellos convertidos en
empresas socias de las grandes corporaciones que hoy se ven afectadas ante lo
que consideran un “chavismo” encubierto), lo cierto es que el deber del Estado
es administrar y velar por la seguridad del capital social, pudiendo representar
los intereses del conjunto con pretensiones de eficiencia, atributo que el
mercado consideró siempre de su exclusivo patrimonio ideológico pero que hoy
desde lo público también se puede reclamar.
* Politólogo UBA-CLICeT
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