El
otro 27 de abril
Por Enrique Manson *
En el acto realizado en la 9 de julio para conmemorar el Día de los
Trabajadores, Hugo Moyano señaló con acierto los recuerdos que nos había traído
el 27 de abril. Además de la evocación triste de los seis meses de la partida de
Nestor Kirchner y del orgulloso recuerdo del octavo aniversario de la fecha en
que nuestro país reinició su camino de grandeza dejando atrás un cuarto de siglo
nefasto, trajo a la memoria aquel 27 de abril de 1979, cuando los trabajadores
lanzaron la primera huelga general contra la tiranía criminal.
Había sido larga hasta entonces la historia sindical argentina. En 1955 fue una
joven generación de dirigentes la que tomó la posta iniciando la Resistencia
contra la dictadura fusiladora. En la década siguiente hubo aciertos y errores.
Existieron los programas de La Falda y de Huerta Grande, pero también hubo quien
dijo hay que estar contra Perón para salvar a Perón.
En los años setenta, la crisis interna del peronismo enfrentó a las
organizaciones armadas con lo que llamaban la burocracia sindical.
Los usurpadores del 24 de marzo creyeron que sería fácil terminar con el
sindicalismo peronista. No comprendieron que, más allá de sus defectos y de la
claudicación de algunos dirigentes, éste cumplía con una tarea de representación
y de defensa de los intereses de los trabajadores. Y los trabajadores lo sabían.
La dictadura derogó la ley de Contrato de Trabajo y para terminar de enterrarla
secuestró y asesinó a su inspirador, Norberto Centeno. Las 62 Organizaciones
Peronistas fueron prohibidas. La CGT también debía desaparecer. En la nueva
legislación no habría entidades sindicales de tercer grado. La Ley de Seguridad
Industrial eliminó el derecho de huelga. Las obras sociales fueron separadas de
los sindicatos con el pretexto de que los sindicalistas las saqueaban en
beneficio propio. Desde 1976, fueron saqueadas en beneficio de los interventores
militares. Se trataba de domesticar a la clase obrera para implementar el plan
económico de las Fuerzas Armadas. La política de Martínez de Hoz cumplió con su
objetivo de superar el conflicto social mediante la desaparición física de uno
de sus términos. Para que no hubiera obreros rebeldes había que destruir la
industria. Mientras las mazmorras se llevaban a quienes representaban alguna
forma de resistencia, la caída del salario a la mitad de su valor de marzo de
1976 y el crecimiento de los índices de desocupación, desangraron a la clase
media baja y a los trabajadores. La población asalariada, que en 1975 superaba
los 6.000.000 de personas, cayó a menos de 5.000.000 en 1982.
Los dictadores pensaban que la burocracia sindical era una banda de delincuentes
que nunca habían trabajado y que manejaban a su capricho a los trabajadores, de
cuyos intereses jamás se habían ocupado. ¿Qué mejor que consultar a los
afiliados si querían seguir integrando los sindicatos? El sorprendente resultado
fue que los trabajadores “... no se desafiliaron, siguieron aportando. .... Sólo
la solidaridad del pueblo con sus organizaciones permitió que el sindicalismo
sobreviviera a este golpe feroz... algunas obras sociales siguieron de hecho
funcionando.”1
Si para los planes de la dictadura la subversión era un pretexto y la burocracia
sindical una molestia poco trascendente, no ocurría lo mismo con la posible
resistencia obrera de base, instalada en los lugares de trabajo y organizada por
las comisiones internas y la dirigencia más cercana.
El mismo 24 de marzo, fueron ocupados militarmente quince sindicatos, y varios
centenares en las semanas siguientes y como vimos fueron prohibidos la CGT, las
62 organizaciones y el derecho de huelga. Los 6 millones de afiliados sindicales
quedaron bajo el control de interventores militares, que también quedaron a
cargo de más de 3.000 millones de dólares pertenecientes a los gremios y a sus
obras sociales.
“Los medios para mantener a raya a las fuerzas laborales proliferaron:
advertencias, suspensiones, despidos disciplinarios. Antiguos aumentos
salariales desaparecieron,” así como las regulaciones de salud, la higiene, la
seguridad en el trabajo y el empleo. Los patrones tuvieron absoluta libertad
para trasladar trabajadores y modificar normas de trabajo. “Los militares dieron
a los empleadores el derecho a interrogar a sus empleados potenciales sobre sus
ideas religiosas, sindicales y políticas; el derecho a despedir por ‘delitos’ no
probados en los tribunales y el derecho a eliminar la participación de los
obreros en las ganancias y la administración.”2
La feroz caída de los salarios fue explicada por Guillermo Walter Klein, que
definió al vigente como un “sistema incompatible con cualquier sistema
democrático y sólo aplicable si lo respalda un gobierno de facto.”3
La embajada de los Estados Unidos informaba sobre 750 a 1000 “activistas
sindicales detenidos ... sin asociación alguna con grupos subversivos”4 500 de
éstos seguramente están muertos, Un segundo grupo estaba constituido por
“trabajadores en general”...detenidos “por participar en huelgas totales o de
brazos caídos o estar relacionados con ellas o alguna otra forma de actividad
tradicionalmente reconocida o considerada legal hasta [el golpe] que tenía por
objeto corregir defectos salariales o laborales." Entre 3.000 y 4.000 de ellos
estarían en la cárcel y unos 750 “presumiblemente muertos”5
Muchas fábricas debieron trabajar bajo directo control militar. En alguna se
instaló una guarnición completa. “Nos revisaban las ropas, los vestuarios,
hacían requisas permanentes ... se llevaron a los delegados, subdelegados y
activistas. Destrozaron el cuerpo de delegados... hubo unos cien desaparecidos.
Muchos aparecieron después como detenidos y muchos han sido soltados. Otros
nunca aparecieron.”6 La Ley 21400, de seguridad industrial castigaba con 6 años
de prisión a todo trabajador que hiciera huelga y 10 para quien instigara a
hacerla.
La primera huelga general
1978 había sido el momento culminante de la dictadura. La guerrilla no daba
señales de vida, y avanzaba el proceso de recuperación de muchos prisioneros.
Los políticos mantenían el silencio, y el movimiento obrero parecía domesticado.
Fuera de los moderados desplantes del sector gremial llamado de los 25., sólo el
grupo de locas que se reunían los jueves en Plaza de Mayo para demandar la
aparición de sus hijos parecían romper la uniformidad.
El éxito del Mundial, con las multitudes en la calle y con Videla vitoreado en
el balcón, hizo vivir a los militares la sensación de una inesperada
popularidad. El conflicto con Chile había fomentado en algunos un nacionalismo
agresivo de cortas miras. Cuando la intervención papal evitó la guerra, la
sensatez predominó, y se vivió el alivio de la lucha evitada, completando –aún
contradictoriamente- el año positivo.
Los trabajadores seguían soportando la caída de sus salarios y el crecimiento
del desempleo, así como la aplicación de normas laborales que ignoraban las más
elementales conquistas del derecho obrero. No se respetaban las normas de
seguridad e higiene laboral, era común la “pérdida de remuneraciones consagradas
por la costumbre, incumplimiento de licencia por vacaciones, maternidad o
estudio, traslados dentro de la empresa o sucursales, modificación de los
horarios de trabajo, desaparición de servicios de índole social, etc.”7 Seguía
la presencia de policías y militares en las fábricas, y seguían prohibidas las
comisiones internas. “Eran frecuentes las falsas acusaciones de hurto como medio
de zanjar las diferencias laborales. Al trabajador en conflicto no le quedaba
más remedio que retroceder ante cualquier avasallamiento patronal. Aunque no
existiesen pruebas como para fundar una acusación, la detención (aún
transitoria) suponía sufrir castigos corporales, en ocasiones severísimos. La
práctica de recurrir a la policía para solucionar todos los problemas laborales
se convirtió en un hecho banal, cotidiano, utilizable en los casos más nimios.
Por supuesto ello era aún más frecuente cuando estaban en juego diferencias
colectivas de más importancia.”8
En
los últimos días de 1978, los 25 organizaron en la Capital Federal una cena que
reunió a 300 dirigentes. A ella asistieron los agregados laborales de Estados
Unidos y Alemania Federal, y representantes de la ORIT. El dirigente cervecero
Saúl Ubaldini leyó un documento en que se reclamaba el restablecimiento de la
Ley de Asociaciones Profesionales, y la legislación del trabajo que habían sido
abolidos. Se atacaba a la política económica y se reclamaba la recuperación de
los salarios. Las obras sociales debían ser devueltas a los trabajadores, previa
su recomposición económico financiera. En lo político, se rozaba lo que los
militares consideraban una insurrección: el documento reclamaba el
restablecimiento de la democracia, con justicia social.
El año 79 se inició con los primeros contactos entre los dos sectores obreros
existentes para alcanzar la unidad, pero esta se postergaría por las profundas
diferencias de la CNT y los 25 con respecto a las relaciones con el gobierno.
Los 25 consideraban que la unidad debía ser el instrumento para convocar a una
huelga general. Esto no entraba en los planes de los dialoguistas.
Los 25 iniciaron su ofensiva poniendo “en estado de alerta a todo el movimiento
obrero.”9 y avanzaron hacia el paro general. El 21 de abril, se reunieron los
dirigentes en el sindicato de molineros, y convocaron a la Jornada de Protesta
Nacional que se realizaría el 27 para lograr la “restitución del poder
adquisitivo de los salarios y la plena vigencia de la ley de convenciones
colectivas de trabajo, oponiéndose a la reforma de la Ley de Asociaciones
Profesionales y de Obras Sociales y exigiéndose la normalización y libertad
sindical.”10
El general Llamil Reston, ministro de Trabajo, convocó a los dirigentes de los
25 para dialogar en el Ministerio. Después de la reunión, la policía fue
capturando a los sindicalistas a medida que salían. Estos, sin embargo, habían
tenido la precaución de crear un comité de huelga que comenzó a moverse en la
clandestinidad. Las organizaciones internacionales reclamaron al gobierno la
libertad de los apresados. Lo mismo hicieron el partido Justicialista y la UCR,
aunque ambos evitaron involucrarse con la huelga. No sucedió lo mismo con la
Asociación de Industriales de Buenos Aires, de orientación desarrollista, que se
solidarizó con los trabajadores.
El paro afectó al cordón industrial del Gran Buenos Aires y a industrias del
interior. También adhirieron los ferrocarriles Roca, Mitre y Sarmiento. No
existió prácticamente en el comercio ni entre los empleados públicos. De todos
modos, significó un cambio cualitativo en la lucha sindical contra el régimen.
La dictadura mantuvo detenidos hasta mediados de julio a los dirigentes de los
25, pero incluso las formas de represión, aún siendo duras, mostraban que algo
empezaba a cambiar.11
Calello y Parcero opinan que “después de casi veinte años de producidas las
acciones de la resistencia peronista, emprendida contra la dictadura oligárquica
que volteara a Perón en el 55, los trabajadores iniciaron una nueva etapa de
resistencia; esta vez contra un poder tanto o más temible que aquél, a través
del cual se encarnaban las fuerzas del atraso, la dependencia y el parasitismo
de la vieja sociedad.”12
Alvaro Abos se pregunta: “¿Qué sucedió en la Argentina aquel 27 de abril? La
prensa de Buenos Aires abundaba en detalles que pintaban una ciudad con el pulso
normal. La huelga, sin embargo, aunque no consiguió detener el país, permitió
que por primera vez desde 1976 un gran sector de la población argentina
expresara una protesta clara contra el régimen”13.
Raimundo Ongaro declaró a la prensa española: “La jornada de protesta nacional
no es la obra de un grupo de iluminados, es la huelga nacional de la dignidad
del pueblo contra un grupo de militares elitescos que desprecian la conciencia
nacional y colectiva de los argentinos…. El 27 de abril nos enseña que, al igual
que en otras fechas gloriosas desde nuestra independencia nacional, el actuar
unidos por encima de respetables diferencias, nos posibilitará reconquistar los
derechos abolidos… el poder que nos corresponde, instaurando un estado de
derecho.”14
1 Ceballos, Ernesto, Historia política del movimiento obrero, pag. 371
2 Andersen, Martín, Dossier Secreto, pag. 211
3 Ibídem pag. 212. Esta afirmación quedaría desmentida durante la década del 90.
4 Ibídem, pag. 213
5 Ibídem
6 Abos, Alvaro, Las organizaciones sindicales y el poder militar (1976-1983), p.
12
7 Ibídem, pag. 330
8 Ibídem, pag. 44
9 Calello, Osvaldo y Parcero, Daniel, De Vandor a Ubaldini, pag. 177
10 Ibídem
11 Calello y Parcero opinan que “después de casi veinte años de producidas la
12 Ibídem, pag.178
13 Ob. Cit., pag. 55
14 El País, Madrid, 28/4/79
Abril de 2011
* Enrique Manson es escritor y docente universitario.
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