Sin lugar para los fuertes

Por Guillermo Marín *

El hombre de los ojos de cóndor muestra con naturalidad el impacto de la bala en su cabeza. Algo así como usurpando historias del pasado, esas que los caciques de este siglo les cuentan a sus hijos alrededor de una fogata. Esas leyendas de fuego y sangre son relatos de cruentas batallas entre sus antepasados y aquellos españoles brutales. Pero hoy, el hombre herido que aparece en la foto de un matutino sabe que la guerra es otra; otro enemigo asecha: es la barbarie del poder de turno provincial que lanza gases, quema sus casas comunitarias, apalea sin piedad a mujeres, ancianos y niños y arroja proyectiles de goma como brasas civilizantes, sin más dios que el saqueo de tierras que por tradición les pertenecen a estos hombres y mujeres de mirada de cóndor.

En la Argentina, violentar los derechos de los pueblos originarios, se ha vuelto una costumbre. Son cientos de voces aborígenes las que reclaman día tras día lo que se les quita sin permiso: su lugar en el mundo. Pueblos cuya génesis acaso sea tan antigua como el mar. Sin embargo, la crueldad de un absolutismo vestido con el ropaje de la depredación, pretende arrojarlos a esas mismas aguas, desecharlos porque estorban, porque molestan con sus pretensiones antiglobales, con su producción per cápita grotesca, con un progreso tan deficitario que no hay manual de management que justifique la cultura organizativa de un puñado de hombres y mujeres del color de la tierra. Porque se sabe, son sus recursos naturales (principalmente tierra y agua) los que se necesitan para que la maquinaria productiva de una provincia norteña no enfríe su fecunda caldera.

Entonces la más cruel de las expropiaciones hoy vuelve a recaer sobre los Quilmes, la comunidad aborigen asentada en suelo tucumano lindante con la provincia de Formosa. Son 40 familias las que en estos días recibieron gases lacrimógenos, balas de goma y palazos ante un violento intento de desalojo llevado a cabo por la policía tucumana atendiendo al pedido del juez (irónicamente de Paz) Adolfo Salazar, de Colalao del Valle. El motivo de la reyerta responde al pedido de restitución de un predio ubicado en el Km 4306 de la ruta nacional Nº 40, que está en litigio porque los indígenas que lo pueblan aseguran que es parte indivisa de la posesión ancestral, pero que también es reclamado por la comunidad Aráoz Hermanos, una entidad civil que nuclea a varios terratenientes de esa localidad tucumana. Pero lo peor es que está más que claro que la Ley Nacional 26160 sobre reordenamiento territorial, ordena la suspensión de todo desalojo a los pueblos originarios de su territorio hasta tanto finalice el relevamiento territorial, plazo que caduca recién a fines de 2013. De todos modos, asegura el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel “es un reclamo en todo el país. Les están quitando las tierras, destruyendo la biodiversidad de los montes para plantar soja transgénica en varias provincias”. Es que a 325 dólares la tonelada de vegetal todo es justificable; hasta el saqueo mediante la represión más cobarde. Si bien el cultivo de la soja reactivó sobremanera el campo, la sustentabilidad de los territorios es un tema que aun merece una solución. Esto es, volver a fertilizar los suelos una vez levantada la cosecha. Pero los empresarios prefieren abandonarlos, dado el elevado costo que significa poner nuevamente en condiciones las superficies cultivables. Y en la búsqueda de otros terrenos (la soja se adapta muy bien a cualquier tipo de superficie dada la alta resistencia a agroquímicos desmalezantes) los productores buscan asilo en áreas fermentadas del poder.

En línea con lo acontecido en Tucumán, otro tanto sucedió con los integrantes de la comunidad qom La Primavera de Formosa, quienes días pasados volvieron a su provincia natal ante un discutido desalojo sobre un sector que ocuparon durante meses sobre la avenida 9 de Julio. El principal pedido de la agrupación que lidera el cacique Félix Díaz se debió también al reclamo de un predio en el que el gobierno provincial pretende construir una filial de la universidad local y que los aborígenes reclaman como un derecho hereditario. Díaz, quien se quedó en Buenos Aires para negociar la devolución de sus tierras, esperaba aún ser recibido por funcionarios del Gobierno. Con todo, y ante tanta grosería la pregunta se desploma por su propio peso: ¿qué hacemos con estos argentinos que ocupan entre un 3% y un 5% de la población total del país? El Estado Nacional dice que no es asunto suyo, pero surge claramente de la Constitución Nacional que le corresponde a la Nación y a las provincias arbitrar los medios necesarios para regularizar el dominio de los pueblos indígenas sobre las tierras que ocupan. A su vez, la tibieza con que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas encara la defensa de los derechos territoriales autóctonos, aumenta la inseguridad jurídica de las comunidades sobre esas mismas tierras. Pero ellos resisten. Las comunidades nativas oponen resistencia. Lo hacen porque son fuertes. Tan valientes como sus antepasados; a esos que les debemos nada menos que la matriz de la revolución independentista.

* Escritor y periodista