EL TOF DE COMODORO RIVADAVIA CONDENO A PERPETUA A SOSA, DEL REAL Y MARANDINO Y ABSOLVIO A PACCAGNINI Y BAUTISTA EN EL JUICIO POR TRELEW

La masacre tuvo su día de justicia 40 años después

Jorge Bautista, Rubén Paccagnini, Luis Sosa y Emilio Del Real escuchan el fallo que absolvió a los dos primeros y condenó a perpetua a los dos últimos.
Imagen: Télam

La sentencia generó emoción y aplausos entre los familiares de las víctimas, en Rawson. Anticiparon que apelarán las absoluciones. El fallo marca un precedente porque retrasa el inicio del terrorismo de Estado en el país.

Por Ailín Bullentini
Desde Rawson

Desde el extremo del escenario reservado para ellos, se las ingeniaron los cinco acusados en el juicio por la Masacre de Trelew para ubicarse de espaldas al público. Alguno, incluso, procuró taparse la cara. Tardó la gente, el mediodía de ayer, en colmar el cine teatro José Hernández de Rawson, en donde se desarrolló el debate desde su inicio, en mayo de este año, para escuchar en vivo y en directo la decisión del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. La multitud respetó el silencio pedido por el presidente del TOF, Enrique Guanziroli, al iniciar la lectura del veredicto, silbó en protesta de las absoluciones de Rubén Paccagnini y Jorge Bautista y festejó con aplausos, llantos y de pie al grito de “asesinos” las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta de Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.

Las absoluciones

La tensión invadía las primeras filas del teatro, en donde los familiares de quienes fueron asesinados en la Base Almirante Zar de Trelew hace cuarenta años aferraban manos, se mordían los labios y apretaban los ojos como queriendo, con ese gesto, obligar al tiempo a avanzar más rápido. Más arriba, integrantes de Hijos, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Esa ansiedad esperanzada con la que todos sostenían las imágenes de sus fusilados fue la primera en recibir la lectura inicial de Guanziroli como un aguijonazo: la absolución de Jorge Bautista “por no haberse probado el delito de encubrimiento”.

El gesto en las caras de los familiares pasó de expectativa a preocupación. La siguiente decisión despertó silbidos y los murmullos comenzaron a calentar el ambiente: la absolución de Rubén Paccagnini del cargo de “autor mediato de 16 homicidios reiterados con alevosía y concurso premeditado de dos o más personas y tres tentativas del mismo delito”. En esta decisión, la jueza Nora Cabrera de Monella se manifestó en disidencia y recibió aplausos por ello. Dos a cero de los cinco puntos que se jugaban en esta final que, para muchos, marca un precedente en la historia argentina porque atrasa el punto de inicio del terrorismo de Estado tal y como se lo conoce propio de la última, fatal y feroz dictadura cívico-militar argentina.

Las perpetuas

A Raquel Camps, hija del sobreviviente de la masacre Alberto Camps, se le vino el mundo abajo. “No podía creer lo que estaba escuchando y no quería seguir haciéndolo. Tenía miedo de que el resto de las condenas fuera igual. Quise salir corriendo”, recordó cuando ya todo estaba dicho, con mucha más calma, pero con las heridas aún abiertas.

Lo que siguió despertó las fuerzas. Los militares retirados Sosa, Del Real y Marandino fueron condenados a “prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlos coautores responsables del homicidio con alevosía y de tres casos de ese delito en calidad de tentativa” de Rubén Bonet, Jorge Ulla, Humberto Suárez, José Mena, Humberto Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Delfino, Alberto Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Astudillo, Alfredo Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart, y de los sobrevivientes Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar, todos ellos presos políticos militantes de Montoneros, FAR y ERP-PRT, cometidos el 22 de agosto de 1972.

Los aplausos no permitieron al presidente del TOF finalizar de corrido la sentencia. Tampoco los gritos de “bravo” o los “hijos de puta” y “asesinos” que muchos hombres y mujeres del público, de pie, les dedicaron a los acusados, que permanecieron de espaldas. La declaración de los delitos como crímenes de lesa humanidad sirvió de válvula de descarga para quienes arribaron esa mañana a Trelew en busca de esa frase que, suponían, englobaba a “toda la Justicia”. Cuando la escucharon olvidaron por cuestión de segundos, nomás, las absoluciones del inicio, por las que deberán seguir luchando. Y lloraron. Y se abrazaron. Y buscaron con la mirada hacia arriba el encuentro con aquellos cuyos derechos humanos fueron violados cuarenta años atrás. “Para este tribunal, el juicio ha terminado”, clausuró Guanziroli, luego de mencionar que los condenados sólo acabarían en una cárcel federal cuando la condena estuviera firme. Esto es, por lo menos, tras las apelaciones de defensas y querellas, quienes ya aseguraron que las habrá. Mientras tanto, Sosa, Del Real y Marandino permanecerían excarcelados.

“Sabemos que se hizo justicia, pero no acordamos con las absoluciones”, definió Jorge Ulla, hermano del militante del ERP-PRT, la sensación que se instaló en el cuerpo de la mayoría de los familiares, a medida que iban, poco a poco, abandonando las butacas del lugar en donde un camino cuarenta años de lucha encontró el fin de su primera gran etapa: las condenas. Alicia Bonet, compañera de otro integrante de esa fuerza, también fusilado, fue más positiva al considerar la definición de los delitos como de lesa humanidad como “un enorme triunfo. Jueces argentinos determinaron que Trelew fue el primer acto de terrorismo de Estado”.

Los otros puntos

El pedido de extradición del militar retirado Roberto Bravo a Estados Unidos es otro de los puntos importantes del fallo, junto con la orden para que se le realice al almirante Horacio Mayorga –quien quedó afuera de este juicio por problemas de salud– análisis periódicos para controlar su estado. Bravo fue señalado durante el debate por varios testigos –entre ellos por las voces de los sobrevivientes– como uno de los disparadores en los fusilamientos. En 2008 se realizó un pedido de extradición al país norteamericano, que fue rechazado por la Justicia del estado de Florida. En ese sentido, “la declaración de los hechos como delitos de lesa humanidad es un nuevo argumento para reiterar el pedido”, analizó el fiscal de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, uno de los tres miembros del Ministerio Público fiscal que integraron esa parte acusatoria durante el debate.

El análisis

En cuanto al punto de Bravo, las querellas se mostraron conformes, aunque la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales, que representa a la querella de los familiares, Carolina Varsky, remarcó que el alegato de esa parte solicitó la deportación del militar retirado: “Con este fallo queda claro que él mintió en su ingreso a los Estados Unidos. La masacre es un crimen de lesa humanidad y él es sindicado constantemente con Sosa como uno de los autores de los disparos y responsables”. El TOF, en tanto, denegó el pedido de esa querella de incluir la figura de tormentos en el caso. “El tribunal no entendió el planteo de esta querella de que las torturas que los fusilados padecieron desde el 15 al 22 de agosto de 1972 formaron parte del mismo hecho”, explicó Varsky.

Del fallo del TOF de Comodoro Rivadavia, las partes acusatorias destacaron la definición de los delitos como crímenes de lesa humanidad y todas, también, criticaron fuertemente la absolución de Paccagnini, quien fue el jefe de la base en donde sucedieron los fusilamientos. “La causa de la masacre nos permitía adentrarnos en la estructura militar cuando se trata de terrorismo de Estado, explicar el encubrimiento posterior de Bautista de los hechos y cómo se trasmiten las decisiones a nivel jerárquico dentro de la fuerza. Yo no conozco casos de absolución de jefes de dependencias en las que se hayan cometido delitos de lesa humanidad. Desde el Estado, habla de un desconocimiento de cómo opera esa estructura militar. Leeremos los fundamentos”, expresó Germán Kexel, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Su colega Martín Rico aseguró que recurrirán a Casación por el asunto.

“Nosotros estuvimos en la investigación del caso y siempre relacionamos al ex presidente de facto (Agustín Lanusse) con diferentes jefes de mando. En ese trabajo se dejó bien claro cuál era la prueba que lo unía con Paccagnini, dentro de un plan sistemático generalizado de persecución a gran parte de la población, cosa que el tribunal sí dio por probado. No entendemos los argumentos con los que se lo liberó a Paccagnini de culpa y cargo”, rezongó el fiscal de Rawson Fernando Gélvez.

ACTO EN LA BASE ZAR

Cartel en memoria

Abrigada hasta la nariz, apoyada en el antebrazo de una compañera que no la deja ni a sol ni a sombra, Encarnación Díaz se paró frente al enorme cartel y leyó en voz bien baja. Se lo contaba a sí misma, pero también a su tierra, a Trelew, para que ninguna de las dos olvide ese momento histórico. Despacio, recorría las palabras: “En esta unidad de la Armada Argentina se cometieron crímenes de lesa humanidad. El 22 de agosto de 1972 se perpetró la Masacre de Trelew. Memoria. Verdad. Justicia”.

A poco menos de un kilómetro de la entrada del edificio en donde estuvieron detenidos los 19 presos políticos una semana de agosto de 1972 antes de ser fusilados el 22 de aquel mes, más precisamente en el kilómetro 1453 de la ruta 3, en donde comienza el territorio de la Base Aeronaval Almirante Zar, existe desde ayer un enorme cartel que indica de manera oficial lo que Encarnación sabe desde hace 40 años, lo que dijo a gritos desde entonces. “40 años esperamos mi tierra y yo este acto de justicia, para que las atrocidades que sucedieron aquí no vuelvan a pasar”, comentó a Página/12, que la oyó leer el mensaje del cartel en voz baja.

En un acto del que participaron pobladores de Trelew, familiares de las víctimas, miembros del Archivo Nacional de la Memoria y de la Secretaría de Derechos Humanos, quedó inaugurada la señalización de la base. “Es necesario recordar a los compañeros que se llevaron aquellos traidores, cobardes, que no son siquiera capaces de mirar a las familias de quienes ellos mataron y reconocer lo que hicieron”, enfatizó el titular de esa secretaría, Martín Fresneda, bajo el cartel a la vera de la ruta nacional. Desde ese mismo lugar y momentos antes de ingresar al sector donde estuvieron los calabozos que albergaron los últimos días de las víctimas de la Masacre de Trelew, entre ellas su hermano Alejandro, Jorge Ulla resumió la jornada en nombre de los familiares. “Después de 40 años pedimos justicia no motorizados por rencor y venganza sino por la vida. Recordar la muerte sería el triunfo de la matanza. Ellos creían que al perforar esos cuerpos iban a desaparecer los reclamos de democracia, los pedidos de libertad. Pero no lo lograron. No mataron los cuerpos sino que los inmortalizaron a través nuestro. Esto va más allá de una sentencia, es la reivindicación de toda una generación”, apuntó.


ENRIQUE GUANZIROLI, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

“Un reclamo demorado”

El titular del tribunal explicó a Página/12 las razones de las absoluciones que tanto enojo causaron. Y pondera la perseverancia del pueblo de Trelew porque se haga justicia.

Por Ailín Bullentini
Desde Rawson

Tras leer las sentencias para cerrar el juicio por los fusilamientos de 16 presos políticos y el intento de asesinato de tres más, en agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de Trelew, el presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Enrique Guanziroli, explicó a Página/12 los fundamentos de las decisiones que más bronca generaron entre los familiares de las víctimas.
–Fueron sorpresivas las absoluciones de Jorge Bautista y Rubén Paccagnini. ¿Cuáles fueron las razones?

–Al primero lo absolvimos del delito de encubridor. Cuando este hombre empieza la investigación, hace 40 años, todavía había una doctrina jurídica muy fuerte que decía que no hay delito hasta que un juez lo dice, por ende hasta que no haya delito tampoco va a haber delincuente. Además de eso, el tribunal ponderó un montón de actuaciones en las que este señor intervino y lo dijo. Puede ser negligente, puede ser que no haya hecho todo lo que debía, pero de ahí a decir que tuvo la intención de encubrir algo que todavía no se sabía muy bien qué era en ese momento hay un largo trecho. En cuanto a Paccagnini, el tribunal pondera que hay un plan, por eso dicta la lesa humanidad, pero no necesariamente que ese plan haya recorrido la cadena de mandos que Paccagnini representa. En ese momento, en base a toda la prueba incorporada, los cautivos estaban en custodia de la Infantería de Marina y había otros jefes navales importantes en la zona. No se logró probar la acusación sobre Paccagnini de que, por esa cadena de mando, bajó la orden o este plan fue implementado por él.
–El fallo considera que existió un plan de exterminio...

–Más que de exterminio, un plan sistemático y generalizado de agresión, contra un sector vasto de la población civil que incluye el delito que para nosotros es homicidio alevoso.
–¿Por qué no se envió a los condenados a la cárcel?

–Se ponderó su edad, también el hecho de que están excarcelados desde hace mucho y todavía así cumplen con el proceso. Varios de ellos han vivido en el exterior y aun así lo hicieron. El tribunal les da la oportunidad de permanecer en libertad en el país, porque no los autoriza a salir, hasta que deban afrontar la cárcel federal común, que sucederá cuando la condena quede firme, después de las apelaciones.
–¿Qué importancia tuvieron en la calificación de delitos de lesa humanidad los archivos encontrados en la Armada?

–De los varios capítulos que conforman la sentencia, que es larga, hay dos dedicados a ponderar la documentación aportada durante el debate. Hubo, en este proceso, que reconstruir el otro proceso judicial perdido. Hubo mucho aporte documental que se realizó durante este debate, de cosas nuevas que han ido aportando nuevos testigos. El aporte documental fue muy importante. Por ejemplo, el que consiguió el Tribunal cuando pidió todos los recursos de hábeas corpus y de amparo que se habían tramitado en Rawson en aquella época.
–¿Qué otros elementos evaluó la sentencia?

–Una de las cosas es el tiempo transcurrido. No es común que haya un fallo 40 años después de un hecho y, en este sentido, destaca la memoria activa del pueblo de Trelew. Además, la manera de reclamar justicia de los familiares. En cuanto a los testigos, sus testimonios fueron divididos en tres: quienes hablaron de lo relativo al aeropuerto y lo precedente al 22 de agosto; quienes hablaron, por oídas, de lo que ocurrió el mismo 22, y los testigos del después, los que dan un panorama del plan de lesa humanidad que el Tribunal ponderó y por el que dicta la condena.
–¿Considera que el pedido de extradición de Bravo podrá concretarse a raíz de esta sentencia?

–El pedido de extradición se tiene que concretar. Ahora, como pondera el juez de Estados Unidos la extradición está en su análisis, pero hay elementos de juicio más importantes ahora a raíz de esta sentencia.
–¿Qué consideró en los pedidos de investigación a los médicos militares Lisandro Llois y Jorge Barreto?

–Como hay varias medidas que solicitaron los fiscales, pusimos el expediente a disposición para que actúen y hagan los pedidos que consideren necesarios al juez original. El dueño de la acción es el fiscal.
–¿Qué lectura considera que tiene para la sociedad este fallo?

–El tribunal entiende que éste es un reclamo de Justicia demorado no sólo de los familiares de las víctimas sino de toda la sociedad. Y que el único modo de llevar la paz a las sociedades es haciendo justicia.


Trelew cuarenta años después

Por Rodolfo Mattarollo *

Dos reflexiones. Los derechos humanos son hoy una causa común a vastos sectores del Estado y de la sociedad argentina en un grado decididamente mayor que en otras partes del mundo, para el que mire de buena fue el panorama internacional. Lo demuestra una vez más la rotunda condena a varios ejecutores de la Masacre de Trelew, que acaba de pronunciarse, cuarenta años después de los hechos.

El costo en términos humanos ha sido irreparable. Cada minuto de libertad que vivimos es deudor de inmensos sacrificios. Las luchas populares han sido la condición necesaria del respeto a la dignidad humana que hemos conquistado. Esas luchas crearon la situación en la que las políticas públicas de memoria, verdad, justicia y reparación cambiaron la Argentina. Vencer la impunidad ya no es un sueño ni el crimen de lesa humanidad queda remitido al juicio final.

Las movilizaciones en sitios de memoria, las múltiples investigaciones judiciales y extrajudiciales, la recuperación de la persona de los desaparecidos como seres humanos que nos interpelan desde una escala de valores solidarios, distantes de la banalidad que vacía de sentido a la maravillosa aventura de la vida, todo ese vasto proceso muestra que, contra lo que querrían quienes anunciaban el fin de la historia, la historia mundial continúa siendo el tribunal mundial.

Cuántas veces sostuvimos con Eduardo Luis Duhalde, y otros abogados defensores de los combatientes de Trelew, que la masacre había sido el ensayo general del terrorismo de Estado, que ese terrorismo de Estado sustituía la enseñanza universal y gratuita por una pedagogía del terror y que el objetivo mayor era una reorganización de la sociedad para consolidar el privilegio y la exclusión, que es su correlato inevitable.

Y esto puede llevarnos a una segunda reflexión, que muchas veces he expresado diciendo que “es difícil ser contemporáneos de nuestro propio presente”. Hemos luchado para ver este día de justicia. Defendamos lo esencial de este proceso, hagamos lo necesario para su consolidación y profundización y para ubicar este gran acto de justicia en esa perspectiva de la totalidad sin la cual es imposible comprender los valores en juego y los peligros que acechan a la democracia auténtica.

No restituiremos a la vida a los combatientes de Trelew. Pero habremos experimentado un momento excepcional en la búsqueda de construir entre muchos la pacificación de la existencia.

* Embajador de Unasur en Haití.

16/10/12 Página|12

 

Perpetua para Sosa y otros dos represores

Familiares de los presos políticos fusilados en la Masacre de Trelew al momento de la condena, 40 años después.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta a Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino y Luis Emilio Sosa por considerarlos autores de los 16 fusilamientos de presos políticos y el intento de asesinato de otros tres en 1972, en la base Almirante Zar de Trelew, y absolvió a Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista.

El debate, encabezado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella, se llevó a cabo en el marco de la causa donde se investigan homicidios agravados y torturas, en perjuicio de 19 víctimas.

En su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, la querella de los familiares de las víctimas había pedido prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como autores de los homicidios y torturas, calificados como crímenes de lesa humanidad.

En el caso del acusado de encubrimiento Jorge Bautista, que actuó como juez ad hoc tras la matanza en Trelew, en calidad de instructor militar, la abogada querellante había solicitado el cumplimiento efectivo de la condena.

En sus alegatos finales en septiembre último solicitaron, además, que se abra una investigación por complicidad contra el médico Lisandro Iván Lois y se pidió a Estados Unidos la deportación del oficial Roberto Bravo, cuya extradición fue negada, a pesar de que "mintió en su ingreso, cuando negó tener investigaciones sobre su persona".

En 1972, los represores dispararon contra Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Capello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.

Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar sobrevivieron a la masacre, pero luego fueron desaparecidos durante la última dictadura, igual que numerosos familiares de los fusilados en Trelew y chubutenses de la Comisión de de Solidaridad con los presos políticos de la Unidad 6 de Rawson.

15/10/12

 

HOY SE CONOCE LA SENTENCIA EN EL JUICIO POR LA MASACRE DE TRELEW

“Es el duelo que no nos dejaron hacer”

Familiares y amigos de las víctimas, así como las querellas y los organismos de derechos humanos, esperan una condena de “cárcel efectiva, común y perpetua” a los responsables del fusilamiento de 16 presos y el intento de asesinato de otros tres en 1972.

Por Ailín Bullentini

“No nos sirve un poco de justicia, sino toda. No alcanza un poco de verdad; se necesita toda”, dice Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Es en el horizonte de esos “todo” donde debe ubicarse la sentencia que familiares y amigos de las víctimas, organismos de derechos humanos y gran cantidad de habitantes de las ciudades patagónicas de Rawson y Trelew esperan este mediodía: una condena de “cárcel efectiva, común y perpetua” a los responsables del fusilamiento de 16 presos políticos y el intento de asesinato de otros tres, hace 40 años, en la Base Almirante Zar. La Masacre de Trelew.

La esperanza respecto del destino que aguarda para los acusados en el juicio les es más fácil de poner en palabras a los familiares, revela Hilda Toschi, la compañera de Humberto Toschi, uno de los fusilados, que los sentimientos que los atraviesan en las horas previas a la decisión judicial. “La tensión me ganó el cuerpo. Faltan horas, cuarenta años después, para que al fin podamos sentir alivio”, intenta Raquel Camps, hija de uno de los tres sobrevivientes, Alberto Camps. Toschi participó de casi todo el juicio. Junto con gran parte del resto de los familiares, Camps llegará esta madrugada a la tierra de donde salió gravemente herido su papá. Escucharán la sentencia juntos.

Con el veredicto que leerán este mediodía los jueces Enrique Guanziroli, Juan Leopoldo Velázquez y Nora Cabrera de Monella, que integran el Tribunal Oral de Comodoro Rivadavia, finalizará el juicio por los asesinatos de Trelew, considerados por la Fiscalía y las querellas como delitos de lesa humanidad y la “mesa de ensayo” del terrorismo de Estado cívico-militar que arrasó con 30 mil vidas entre 1976 y 1983. Docenas de testigos desfilaron ante los magistrados, las partes acusatorias y las defensas durante los más de cinco meses de debate.

“Esperamos que la sentencia sea absolutamente condenatoria de cárcel común, perpetua y efectiva. Queremos también la inmediata detención de estas personas, porque está harto comprobado que fueron culpables de dieciséis asesinatos y tres en grado de tentativa. No nos explicamos por qué todavía están en libertad”, resumió Toschi el núcleo de la esperanza que une a los familiares de las víctimas de Trelew. La bronca de tener que compartir la calle con los asesinos de sus seres queridos sigue en su sangre. Respiran y aguantan, pero siguen, como hizo ella misma el miércoles pasado, que detrás de la mesa que ocupó durante el desayuno, en una confitería de Rawson, hacía lo mismo Emilio Del Real, uno de los acusados.

Bajo esa acusación –la de ser responsables de dieciséis casos de homicidio agravado, de tres casos de tentativa y torturas–, tanto los fiscales Fernando Gélvez, Horacio Arranz y Dante Vega, como las querellas de los familiares de las víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron la pena de prisión perpetua para los militares retirados Del Real, Luis Sosa, Rubén Paccagnini y Carlos Marandino. Los alegatos también coincidieron con el pedido de dos años de prisión efectiva para el militar retirado Jorge Bautista, juez ad hoc en la investigación militar de lo acontecido en la Base en la madrugada del 22 de agosto de 1972, acusado de encubrimiento.

También coincidieron en el pedido al Tribunal de que exija la deportación del militar retirado Roberto Bravo, que vive en Estados Unidos y fue mencionado por varios testigos –y en el fundamental relato de los sobrevivientes a la masacre, Alberto Camps, Ricardo Haidar y María Antonia Berger, cuyas voces grabadas se escucharon por primera vez en el marco del debate que hoy termina– como uno de los partícipes del fusilamiento. Las defensas, por supuesto, exigieron la prescripción de los hechos.

La de Raquel Camps también fue su primera vez en la escucha de la voz de su papá. Y más allá de lo “épico y fantástico” que, contó, fue ese hecho histórico en su vida –un “encuentro necesario” con su padre “en la intimidad” que le permitirá desde ese momento en adelante “cerrar los ojos y escucharlo”–, la mujer que espera la sentencia de hoy para “tener alivio” también define el relato en audio de su papá y los otros sobrevivientes en el marco de los hechos: “Después de 40 años pudieron, con sus voces de aquel momento, ser testigos en el juicio a los responsables. Lo que ellos siempre quisieron. No pudieron con sus voces”.

Su sentir es confuso, por estos momentos, y la memoria de su cuerpo está viva: los efectos que sintió en el juicio y la sentencia a los responsables de la desaparición de su madre son los mismos que experimenta por estas horas: tensión, sueños repetitivos, expectativas. “Estas cosas tienen que ver con los duelos. Cuando les vi las caras arrugadas a quienes desaparecieron a mi madre me dio mucha bronca: vivieron impunes, libres, disfrutando de su familia, sus hijos, sus nietos. Nosotros, mientras, aguardamos todo esto. El juicio y la sentencia es para nosotros el duelo que no nos dejaron hacer”, intentó.

Toschi se permite utilizar sustantivos para definir las sensaciones, sin encontrar uno que la convenza del todo: dolor, placer, ¿seguridad? Entonces, completó: “Lo que siento y sentimos todo los familiares es que realmente tenemos a los asesinos donde los queríamos tener: enjuiciados, sentados en el banquillo de los acusados y que fuera la Justicia la que determinara absolutamente su culpabilidad. Llegar a la sentencia en un juicio que se nos hizo muy largo. Llegamos casi sin esperanza”.

–¿Las expectativas para hoy son las mismas que albergaban al inicio del juicio?

–No. Entonces fue la necesidad clara de rever toda la historia. Hoy, como en el aniversario, será distinto. Creo que podremos sentirlo de otra manera: que se hizo justicia. Será un momento de paz.


La marca de la memoria

Desde hoy, un cartel de grandes dimensiones ubicado en la puerta de la Base Almirante Zar, en Trelew, señalará que en ese lugar se cometieron delitos de lesa humanidad. Allí, en pequeños calabozos del edificio de armas, fueron mantenidos encerrados los 19 presos políticos que se fugaron de la Unidad Penal Nº 6 de Rawson el 15 de agosto de 1972, pero que no llegaron a abordar un avión que los llevaría a Chile –ése era el plan de fuga– y, al cabo de una semana, fueron fusilados (tres de ellos sobrevivieron). El acto, organizado por el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se llevará a cabo esta mañana a las 9, tres horas antes de que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia lea la sentencia en el juicio por la Masacre de Trelew, que se lleva adelante en Rawson contra cinco represores.

15/10/12 Página|12


Masacre de Trelew: el testigo que esperó treinta años para hablar y no se calló nada

Miguel Marileo sintió alivio y "la alegría de los familiares" cuando esta semana fueron condenados a prisión perpetua tres ejecutores del fusilamiento de 19 prisioneros políticos en la Masacre de Trelew de 1972, en la causa judicial de la que él fue uno de los principales testigos.

"Cuando dan el fallo, ¿viste?" y la lectura comenzó con dos absoluciones, "ahí nos sentimos mal pero nos quedamos en el molde. Siguió leyendo el presidente (del Tribunal, Enrique Guanziroli) y ahí sí (con las tres condenas), ahí yo creo que sentí la alegría de los familiares", relata Marileo a Télam.

Miguel trabajaba en la única funeraria de la época en Trelew cuando oficiales de la Armada lo llevaron en la medianoche del 22 al 23 de agosto de 1972 a la base Almirante Zar, escenario del fusilamiento, para que pusiera en ataúdes metálicos los cuerpos desnudos de los prisioneros asesinados y soldara las tapas.

Después de más de 20 horas, el oficial que lo devolvió a la funeraria en Trelew lo amenazó: "Vos no viste nada. Vos tenés un hijo muy chico (tenía entonces dos años) y no viste nada ni estuviste en la base".

"Yo no supe decir nada y me callé. Y me callé por 30 años", evoca en la entrevista que dio a esta agencia en el café del centenario hotel Touring, "donde se cocina toda la vida política de Trelew", según explica el mismo Miguel, militante peronista.

¿Qué había visto Marileo en la base Zar? Ante todo, los cadáveres de 16 de los 19 prisioneros fusilados, la mayoría acribillados a balazos y rematados además con "disparos de gracia", como en el caso de María Angélica Sabelli, que sólo tenía un tiro en la nuca.

Igual que el testimonio de los tres sobrevivientes, todo lo que Miguel pudo ver y oír desmentía por completo la versión oficial de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse sobre un supuesto "intento de fuga" y "tiroteo" entre prisioneros y guardia.

Bajo amenazas que persistieron con los años, Marileo mantuvo el silencio hasta que aceptó que lo entrevistara en su casa Mariana Arruti, la directora del documental "Trelew" (2003), que reconstruyó los hechos de la masacre. "Para mí, fue sacarme un peso de encima, algo que tenía metido ahí adentro".

"Después de que hablé con Mariana, estuve con (el secretario de Derechos Humanos) Eduardo (Luis Duhalde) y le dije que iba a declarar como testigo, porque además sentí que con el gobierno de Néstor Kirchner tenía más garantías", evoca.

En el 2005 declaró ante el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, instructor de la causa, y en agosto de este año lo hizo ante el Tribunal Oral Federal de la provincia, en el juicio público que culminó en la sentencia del martes último.

"Yo decía: el día que declare, no me callo más. Esto es algo que lo llevo muy adentro. Como dije en el Tribunal, yo lo único que pedía es que se haga justicia. Y se hizo, che".

Hijo de madre soltera y muy pobre, Miguel fue de pibe lustrabotas, vendedor del diario La Jornada y a los 16 años consiguió su primer empleo formal en la funeraria Melluso, que era la única de Trelew.

"Había muerto mi padrastro y no habíamos pagado el servicio, porque en ese tiempo te daban un plazo para pagar el cajón de tu familiar. Me fueron a cobrar y el dueño me dice: `¿No querés trabajar en la funeraria?` Y ahí arranco, a los 16 años".

Doce años después seguía trabajando en Melluso, cuando el 15 de agosto de 1972 "se escapan los chicos de la Unidad 6", la cárcel federal de máxima seguridad en Rawson, cuenta Marileo sobre la fuga de presos que militaban en organizaciones guerrilleras.

"Y ahí en el aeropuerto (19 de ellos, que no habían alcanzado a completar la huída en avión a Chile, como sí pudieron hacerlo otros seis), llegan a un arreglo con participación del juez, un tal (Alejandro) Godoy. Llegan a un acuerdo para que los devuelvan a la Unidad 6. El periodismo estaba ahí, me acuerdo que estaba un amigazo, el que les hizo el reportaje, Daniel Carreras".

Sin embargo, "los llevaron a la base Zar. Yo siempre digo que fue el camino a la muerte", sigue Miguel.

Sobre el fusilamiento de la madrugada del 22 de agosto, recuerda que la ciudad se conmocionó al conocer en la mañana las primeras versiones sobre la matanza y que, "a eso de los cinco de la tarde, cae un camión (militar) a la empresa" Melluso para comprar y llevarse 16 ataúdes.

Cerca de la medianoche, escucha la frenada de un vehículo, oficiales de la Armada golpean la ventana de su casa, le preguntan si es Miguel Marileo y le dicen que tiene que ir con ellos a la base Zar en un camión "que estaba lleno de milicos armados".

Ya en la base, "viene un colimbita y me dice: `Jefe, nosotros nos los matamos. Los mataron Sosa y su pandilla`", narra Miguel en alusión a Luis Sosa, uno de los tres represores condenados esta semana. La conversación se corta y después lo hacen pasar al lugar donde estaban los cuerpos sin vida de los 16 asesinados.

"De un lado había ocho y del otro había ocho. No sabés que impotencia me agarró. Empecé a mirarlos uno por uno. Junto a la cabeza, tenían una bolsita con el nombre y los plomos que le habían sacado. Ahí me encuentro con Mariano Pujadas, al que más le habían pegado, unos 12 impactos de bala por todo el cuerpo y lo habían abierto y lo habían cosido como a una bolsa".

Marileo describe detalles como si los estuviera viendo, menciona otros nombres de fusilados y se detiene en el mismo punto del relato que lo quebró en llanto cuando habló en un acto en la base Zar en mayo último, ante numerosos familiares de los fusilados, en la víspera del comienzo del juicio oral.

"A Sabelli no le veía impactos de bala. Veía que le estaba corriendo sangre detrás de la cabeza, entonces meto la mano y al tocar me di cuenta que le habían metido el (único) tiro en la nuca, sin orificio de salida", repite, esta vez más tranquilo.

En las horas siguientes de esa madrugada del 23 de agosto, Miguel puso los cuerpos en los cajones, soldó sus tapas, las desoldó por una contraorden y luego las soldó otras vez.

Pero concluida esa tarea seguía retenido en la base junto al dueño de la funeraria, a quien le dijo pasado el mediodía: "Viejo, me parece que estos no quieren que volvamos. Yo creo que somos los únicos testigos acá adentro y estos nos van a matar".

Por la tarde, sin embargo, los llevaron de vuelta a la funeraria y fue ahí donde el oficial que lo dejó en el lugar le dijo: "Vos no viste nada. Vos tenés un hijo muy chico y no viste nada ni estuviste en la base".


Télam