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Los
niños de Scioli
Por Norberto Alayón *
Daniel Scioli es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más
importante de la Argentina. Junto a Ricardo Casal, su ministro de Justicia y
Seguridad, promueve una rigurosa ley para limitar las excarcelaciones por
portación ilegal de armas, manifestando -a la vez- una marcada preocupación por
los “menores delincuentes”.
Scioli supo expresar que su gobierno está trabajando “para que el Estado llegue
antes y no después”. Agregando que “si una provincia no cuida a sus chicos,
pensar en un futuro es una utopía”.
Tiene razón, por cierto, el gobernador con la aspiración de “llegar antes” y con
la aseveración de la necesidad de “cuidar a sus chicos”. Pero, sin embargo, esas
declaraciones se contradicen brutalmente con la práctica concreta que despliega
en el campo de la infancia y la adolescencia.
La provincia cuenta, en su extenso territorio, con centenares de Centros de Día
y de Hogares convivenciales que deben albergar a niños y adolescentes “de la
calle”, que pasaron por instituciones diversas, con débiles o inexistentes redes
familiares, habiendo sufrido violencia física y, en muchos de los casos,
aberrantes vejaciones y abusos sexuales.
Estos niños y adolescentes son destinatarios de un programa de becas que les
permite su inserción, alimentación y contención en los mencionados centros y
hogares infantiles. Pero, ¿cómo se patentiza la visión dual entre el discurso y
los actos de gobierno, tornando en irreconciliable y flagrante la contradicción
entre las palabras y los hechos? Se logra de una manera atrozmente sencilla: no
abonando en término las becas otorgadas a esos niños.
Muchos de dichos Centros, conducidos por distintas organizaciones de la
comunidad en sus respectivas localidades, que tienen convenios con el gobierno
provincial para la transferencia de los recursos (es decir el pago de las
becas), corren el riesgo de cerrar e interrumpir su labor ante las prolongadas
demoras del gobierno en cancelar los montos acordados.
Y es que la subsecretaría de Promoción y Protección de Derechos de Niñez y
Adolescencia de la Provincia, a cargo de Sebastián Gastelu, no les giró los
recursos pertinentes, correspondientes al quinto y sexto bimestre de 2012 y al
primero de 2013. De este modo, resulta objetivamente imposible garantizar la
promoción y la protección de los niños, y entonces las palabras y los exultantes
deseos se transforman en vacuas y falsas formulaciones, vulnerando precisamente
los derechos elementales de estos niños.
¿Qué acontecerá con esos niños y adolescentes si cierran algunos de esos Centros
de contención? ¿Volverán a “la calle”? ¿Volverán a ser objeto de nuevas
violencias y abusos sexuales? ¿Cuál es el concepto de prevención que rige en las
autoridades del gobierno provincial, habida cuenta de las dilatadas demoras en
pagar las becas para la atención de los niños? Lo seguro es que se incrementará
su vulnerabilidad y el Estado provincial, de este modo, terminará “llegando
después” y no “antes”, precisamente a la inversa de lo que el gobernador Scioli
decía que iba a garantizar.
Los sectores sociales más vulnerados, ante la ausencia de oportunidades, son
virtualmente impelidos a la degradación y a la delincuencia y luego son los más
severamente castigados, configurando un férreo “círculo vicioso”, acerca de lo
cual la sociedad no puede eximirse (cándida o hipócritamente) de
responsabilidad.
Cabe que nos interpelemos acerca de qué tipo de sociedad estamos construyendo,
para que luego, cuando estemos frente a la terrible desgracia de que un niño o
un adolescente agreda a otra persona, no salgamos despavoridos a buscar razones
biológicas o genéticas en los “niños asesinos”, a tratar de penalizarlos más
severamente o a intentar bajar la edad de imputabilidad para esos delitos.
La delincuencia y los delitos se construyen socialmente y luego, sólo en el
eslabón más débil de la cadena (es decir, en los pobres) se aplican los castigos
individuales, como una mágica creencia de haber solucionado el mal o para
aliviar nuestra conciencia por lo que no hicimos oportunamente para prevenir.
Por eso la prevención, que requiere de activas políticas públicas -tanto
globales como puntuales- debe asumirse como el instrumento más idóneo para la
disminución de la violencia.
Cuando el gobierno de Scioli no paga las becas, en tiempo y forma, para “cuidar
a los chicos”, está contribuyendo objetivamente, más allá de los discursos, a
que el “Estado llegue tarde” y a alejarse suicidamente de la prevención como el
mecanismo más apto para enfrentar las diversas y complejas problemáticas
sociales.
Buenos Aires, abril de 2013.
* Profesor Titular Regular
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
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