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El
mapa del genocidio
Por Marcos Taire. Periodista
sociedad@miradasalsur.com
“Acción cívica.” Acdel Vilas en un acto en Famaillá. La donación de una bandera
es motivo para el despliegue de la propaganda militar./ Escenografía. Luciano B.
Menéndez con sus oficiales. A estas reuniones solían asistir miembros de la
comisión de defensa del congreso.
La Operación Independencia fue instrumentada a partir del decreto promulgado el
9 de febrero de 1975 por el gobierno de Isabel Perón destinado a “aniquilar el
accionar subversivo”. El armado y la metodología de la operación. Encapuchados y
pacto de sangre. Fuerzas y grupos de tareas. Pruebas y testimonios. De la
Escuelita de Famaillá al Arsenal Miguel de Azcuénaga. La represión en el monte y
en la ciudad.
El armado del aparato represivo de la Operación Independencia se planificó en el
Estado Mayor del Ejército. Su primer comandante, Adel Vilas, pretendió en su
libro nunca publicado y en folletos y entrevistas posteriores en diarios y
revistas, adjudicarse la autoría del plan de operaciones, pero está probado que
lo hicieron los jefes de la fuerza con el asesoramiento de un agregado militar
francés.
La máxima autoridad operativa fue el Comando de la Quinta Brigada de Infantería,
con sede en San Miguel de Tucumán. De él dependía el “Comando Táctico”
establecido en la ciudad de Famaillá, que tenía a su cargo las fuerzas de tareas
militares asignadas a la “zona de operaciones”. A su vez, las policías
Provincial y Federal y la Gendarmería Nacional aportaron fuerzas de tareas que
respondían directamente al comandante de la Operación.
Todos estos elementos eran la cara visible, legal, de la Operación
Independencia, pero no eran ni por asomo quienes iban a ejecutar la tarea
represiva, sucia, ilegal. Ese trabajo lo hizo íntegramente la inteligencia
militar.
El Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército reportaba en forma directa al
Comando, dependía del Batallón 601 y tenía a su cargo la Escuelita de Famaillá,
primer campo de concentración de la Operación Independencia y nervio motor de
todo el accionar genocida en la primera etapa de la intervención militar.
El capitán (R) D’Andrea Mohr, tenaz investigador del Terrorismo de Estado, fue
preciso y concreto: “La inteligencia militar fue el verdadero sistema nervioso
que conectó los centros de tortura e interrogatorio con las máximas autoridades
operacionales”. Un colega suyo, el capitán (R) Federico Mittelbach, autor del
libro Sobre Áreas y tumbas, fue lapidario en la caracterización de ese personal
militar: “La guerra sucia estuvo, casi en forma exclusiva, en manos de una elite
–despreciable, criminal, pero elite al fin–: los servicios de inteligencia”.
Para llevar a cabo su cometido, el Destacamento 142 contaba con patotas
operativas de secuestradores del Servicio de Información Confidencial
dependiente de la Policía Provincial, las fuerzas de tareas San Miguel y
Concepción y el Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Universidad Nacional de
Tucumán.
A poco de comenzar la Operación Independencia, elementos de inteligencia de la
Fuerza Aérea y la Armada Argentina llegaron a Tucumán y se sumaron a los grupos
de interrogadores.
Las fuerzas de tareas del Ejército tenían un vínculo directo con la Escuelita de
Famaillá a través de los chupaderos que funcionaban en cada una de las bases
donde estaban acantonados los efectivos militares. En cada una de estas fuerzas
de tareas funcionaba un grupo de inteligencia encargado del primer
interrogatorio de los prisioneros y que interactuaba con sus superiores del
Destacamento 142, con sede en la Escuelita. La reunión de información y
planificación de las acciones se realizaba en la sede del Destacamento, en San
Miguel de Tucumán.
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Los más importantes chupaderos de los efectivos del
Ejército funcionaron en las bases militares de los ingenios Santa Lucía, Lules y
Fronterita y en los galpones de una finca cañera de Caspinchango. Pero también
los hubo en asentamientos militares en los ingenios Bella Vista, La Providencia,
La Corona, Marapa, Concepción, Leales, San Juan y San Ramón y en Potrero de las
Tablas, Boca del Tigre, Río Seco, Arroyo Barrientos, Las Maravillas, Pabellón de
la Ciudad Universitaria de San Javier y Regimiento 19 de Infantería.
El SIC (Servicio de Información Confidencial) tenía su propio campo de
concentración que funcionaba en los fondos de la Jefatura de Policía en la
capital tucumana. Además, del SIC dependía la Cárcel de Villa Urquiza, donde en
una segunda etapa de la Operación, ya bajo la conducción de Bussi, el Pabellón
“E” fue destinado a campo de concentración. Los prisioneros allí alojados lo
llamaron “Pabellón de la muerte”.
La fuerza de tareas San Miguel, integrada por varios grupos secuestradores,
operaba fundamentalmente en la capital provincial y zonas aledañas, en forma
conjunta con la patota del SIC, que estaba a cargo de un supervisor militar y
del comisario Roberto Albornoz (a) Tuerto. Del campo de concentración del SIC
dependían todas las comisarías de la provincia que, en mayor o menor medida,
fueron utilizadas por estas patotas como chupaderos transitorios hasta la
derivación de los prisioneros a alguno de los campos donde actuaban los
torturadores, llamados en la jerga de los elementos de la inteligencia militar
IPG (Interrogadores de Prisioneros de Guerra). También fueron chupaderos el
Cuartel de Bomberos, el Comando Radioeléctrico y la Escuela de Policía.
Jugar a la guerra. Vilas instaló su “Comando Táctico” en la ciudad de Famaillá,
en un edificio público frente a la plaza principal del pueblo. Este lugar hacía
las veces de comandancia en el corazón del “teatro de operaciones” y reportaba
al comando de la brigada, asentado en San Miguel de Tucumán. Allí tenían su sede
varios equipos de combate del Ejército, encargados de la vigilancia y control de
la zona céntrica de Famaillá y de la custodia de Vilas en sus movimientos por la
zona.
Al comenzar la Operación, Vilas contó con tres fuerzas de tareas integradas por
efectivos del Ejército. A eso le sumó las fuerzas de tareas de Gendarmería y de
las policías Provincial y Federal.
La fuerza de tareas “Chañi” fue acantonada en el pueblo de Los Sosa. Su jefatura
funcionaba en la escuela del pueblo. Estaba integrada por dos equipos de combate
formados por una Compañía del Regimiento de Infantería de Montaña 20 y una
batería del Grupo de Artillería de Montaña 4.
La fuerza de tareas “Aconquija” estableció su base en las instalaciones del ex
ingenio Santa Lucía. Su jefe era un teniente coronel y contaba con plana mayor y
dos subunidades: una compañía del Regimiento 19 de Infantería y otra del
Regimiento 287 de Infantería de Monte de Tartagal. Esta base fue la más grande e
importante de todas las que emplazó la Operación Independencia.
La fuerza de tareas “Rayo” fue establecida en instalaciones del ingenio La
Fronterita. Tenía la misma estructura que la anterior y contaba con dos
subunidades: un escuadrón del Destacamento de Exploración de Caballería 140 de
Salta y una compañía del Batallón de Ingenieros de Combate 141 de Santiago del
Estero. Contaba además con un escalón logístico y otro de comunicaciones.
Junto a estas tres fuerzas de tareas la Operación desplegó en la zona montañosa
de La Angostura y El Mollar, cercana a Tafí del Valle, el equipo de combate “San
Juan” de la Gendarmería Nacional.
A dos semanas del inicio de la Operación, Vilas solicitó y obtuvo que el Tercer
Cuerpo de Ejército lo dotara de otra fuerza de tareas, llamada “Cóndor” e
integrada por efectivos de la Octava Brigada de Infantería con sede en Mendoza.
Esta fuerza de tareas fue instada en el ingenio Lules. También logró Vilas que
le enviaran un segundo escuadrón de Gendarmería, bautizado “Jesús María”, que
pasó a operar en la zona de San Javier y Villa Nougués.
En realidad, los nombres de los escuadrones de Gendarmería respondían a sus
lugares de origen. Se trataba de destacamentos móviles de esa fuerza
especialmente adiestrados para la “guerra contrainsurgente”. Un tercer
destacamento de gendarmes, el de Campo de Mayo, llegó en esos días y fue
destinado por Vilas a la custodia del campo de concentración que funcionaba en
la Escuelita de Famaillá.
Los efectivos de Gendarmería comenzaron a cumplir la función de custodios de la
Escuelita a raiz de problemas y enfrentamientos ocurridos entre el Ejército y la
Policía Federal, que había tenido esa responsabilidad hasta entonces. En
realidad, los policías federales habían utilizado esa escuela en construcción
desde mediados de 1974, en oportunidad del primer operativo de mayo de ese año,
comandado por el comisario Alberto Villar.
Los hombres de la inteligencia militar estaban destinados en todas las bases y
acantonamientos diseminados en la provincia. En el Estado Mayor de la Quinta
Brigada existía el llamado G-2 al frente del departamento de inteligencia y de
él dependían, aunque operaban con muchísima independencia, los llamados S-2,
destinados en los regimientos, batallones, destacamentos y grupos de tareas.
Dice el capitán Mittelbach que las designaciones G-2 y S-2 provienen de la jerga
militar norteamericana, donde se designa como G-Man al “agente indagador o
detective del Departamento de Justicia, y S-2 viene de staff officer (oficial de
estado mayor)”.
Si bien es cierto que la metodología represiva aplicada en Tucumán fue diseñada
siguiendo las enseñanzas de los franceses, que la habían aplicado en Indochina y
Argelia, la mayoría de los oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y de
seguridad especializados en inteligencia que actuaron en la Operación
Independencia fueron adiestrados en las escuelas norteamericanas de Panamá y
Estados Unidos.
Los encapuchados. Las fuerzas de tareas iniciaron su trabajo apenas instaladas
en el “teatro de operaciones”. Una escaramuza a orillas de un río provocó un
revés que determinó que Vilas ordenara no entrar al monte hasta nueva orden. Fue
el llamado “Combate de Pueblo Viejo”, donde murió un oficial y otros tres
efectivos resultaron heridos. A partir de allí, las patrullas militares ni se
asomaron por el monte a buscar a los guerrilleros del ERP. Se dedicaron a
realizar censos de población, patrullajes y controles en las rutas y caminos
provinciales.
Obviamente, los censos fueron allanamientos violentos, indiscriminados, que
reportaron decenas de detenidos, secuestrados, sometidos a interrogatorios en
las bases mismas de las fuerzas de tareas. Allí, cada uno de los equipos de
combate tenía personal S-2, que eran los encargados de los interrogatorios, es
decir, del primer “ablande” de los prisioneros antes de ser liberados o enviados
a la Escuelitra de Famaillá.
La fuerza de tareas “San Miguel”, que operaba en la capital tucumana y
adyacencias, fue, en la primera etapa de la Operación, la responsable de la
mayor cantidad de secuestros que se registraron en Tucumán. Los integrantes de
sus cuatro o cinco patotas inauguraron el uso de la capucha para encubrir sus
rostros, aportando de esa manera el elemento paradigmático de la Operación
Independencia.
Esta fuerza de tareas estaba integrada por una compañía del Regimiento 19 de
Infantería, una sección de la compañía Comando y Servicio de la Brigada, la
compañía de Arsenales 5 y una sección de la compañía de Comunicaciones 5.
Además, contaba con la participación de efectivos de las policías Provincial y
Federal. Estos efectivos eran utilizados para rodear y asegurar la zona liberada
del operativo. Brindaban así la cobertura a quienes procedían a detener y
secuestrar a las personas previamente marcadas. Los operativos secuestradores
eran en su mayoría personal de la inteligencia militar o policial.
Junto a los encapuchados de la fuerza de tareas “San Miguel” operaban, alguna
veces en forma independiente, otras como apoyo en las acciones, un grupo de
tareas de la Guardia de Infantería de la Policía Federal y dos grupos de la
policía Provincial, uno en San Miguel de Tucumán y otro en el sur tucumano, con
sede en la ciudad de Concepción.
El pacto de sangre. A un mes exactamente del inicio de la Operación, el 9 de
marzo, el Comando en Jefe del Ejército adoptó una decisión trascendental:
comenzó una política de relevos y rotaciones de jefes y tropa. A partir de
entonces y hasta un par de años después, cada treinta días se realizaron relevos
de 17 oficiales subalternos y alrededor de 50 suboficiales.
Cada fuerza de tareas comenzó a ser relevada en un período que se extendía entre
los 30 y 45 días, aunque en algunos casos los plazos variaron, llegando algunos
contingentes a permanecer 60 y hasta 90 días en el lugar. La misma política de
relevos se aplicó para los escuadrones de Gendarmería y Policía Federal.
Cada mes comenzaron a llegar a las bases de la Operación Independencia siete u
ocho mayores o teniente coroneles nuevos, retirándose de la provincia y
regresando a sus destinos de origen la misma cantidad.
Esta política de relevos y rotaciones decidida por las máximas autoridades del
Ejército fue fundamentada en la necesidad de enriquecer la experiencia de los
cuadros. El mentor de la idea fue el titular del Tercer Cuerpo, general Luciano
Benjamín Menéndez, y fue resistida al comienzo por Vilas, quien la objetó
aduciendo que de esta forma se retiraba del “teatro de operaciones” a oficiales
y suboficiales cuando ya eran poseedores de una experiencia que les permitía
afrontar las acciones con mayores posibilidades de éxito.
La verdad es que esta política de relevos y rotaciones tuvo como objetivo sellar
el pacto de sangre entre todos los participantes de la Operación Independencia.
La decisión de la cúpula militar apuntó, además, a lograr la participación en la
represión de todos los integrantes del Ejército, Se calcula que un noventa y
cinco por ciento de jefes, oficiales subalternos y suboficiales tuvieron destino
en la Operación Independencia. Recientemente, el ex dictador Bignone reveló que
todos los alumnos del último año del Colegio Militar de la Nación “hicieron su
experiencia” en Tucumán.
Un claro ejemplo de la masividad del pacto de sangre fue el notable incremento
de fuerzas que se registró con el paso de los meses desde el comienzo de la
Operación. En forma inversa a la capacidad operativa de la guerrilla, que con el
transcurrir del tiempo fue decayendo hasta casi desaparecer, el Ejército aumentó
la presencia de sus efectivos en la provincia de Tucumán a cifras
incomprensibles e injustificadas.
Entre el 10 de octubre y el 20 de diciembre de 1975,
es decir en la etapa final del período conducido por Vilas, se integraron a la
Operación Independencia dos nuevos y numerosos contingentes del Ejército: la
fuerza de tareas “Aguila”, procedente de la VIII Brigada de Infantería de
Montaña, y la fuerza de tareas “Ibatín”, compuesta por elementos del Regimiento
28 de Infantería de Monte, de Tartagal.
En el transcurso de los seis primeros meses de la Operación, Vilas pasó a contar
con seis fuerzas de tareas, el doble de las tres iniciales. En el medio, cambió
los nombres de algunas, bautizándolas con los apellidos de supuestos “héroes
caídos en combate”. Así fue como las fuerzas de tareas “Aconquija” y “Chañi”
pasaron a denominarse “Teniente Berdina” y “Capitán Cáceres”. Para entonces, la
guerrilla en el monte había dejado de interesar, no era un peligro y era
ignorada por los militares. En cambio, todo el accionar represivo apuntó al otro
“enemigo subversivo”: los obreros del azúcar, los movimientos sociales, los
díscolos estudiantes universitarios.
14/07/13 Miradas al Sur