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La
construcción de un enemigo extranjerizante y criminal
Por Marcos Taire. Periodista
cultura@miradasalsur.com
Arriba. Aniquilamiento. El decreto presidencial de febrero de 1975 “legalizó” la
acción represiva de las FFAA en Tucumán.//Medio. Coincidencia. El poder político
apoyó en forma entusiasta el accionar del ejército.//Abajo. Visitas. El
gobernador Juri junto a Ítalo Argentino Luder en un acto partidario.
El Operativo Independencia contó con el apoyo irrestricto de todo el arco
político oficial de Tucumán, desde el Ejecutivo y los legisladores provinciales
a las estructuras de la CGT Regional y la Juventud Sindical Peronista.
El discurso que permitió, favoreció y apoyó la criminalidad de la Operación
Independencia no conoció límites. Funcionarios, legisladores, dirigentes
sindicales y empresarios fueron elocuentes defensores de la acción represora de
los generales Adel Vilas y Antonio Bussi y de las fuerzas que comandaron a
partir de febrero de 1975 en Tucumán. Sus palabras y sus acciones fueron
fundamentales para la construcción del enemigo: apuntaron siempre a señalar un
sujeto inescrupuloso, extranjerizante y criminal, que buscaba destruir la
nacionalidad y adueñarse del poder para implantar un régimen “extraño al ser
nacional”. Pueril hasta el grotesco, ese discurso legalizó la matanza, la
aplaudió y la alentó a lograr el objetivo de la aniquilación.
El anuncio del lanzamiento de la Operación tomó por sorpresa a funcionarios,
legisladores y dirigentes tucumanos. Es que el gobierno nacional no hizo ninguna
consulta ni lo informó previamente. Isabel Perón, su gabinete y los militares
ignoraron al gobierno provincial de Amado Juri, a pesar de que le estaban
enviando una intervención militar que iba a ocupar una gran parte del territorio
provincial y que iba a militarizar a todo Tucumán.
Una vez superada la sorpresa y sin expresar queja alguna por el desaire, las
dirigencias tucumanas se alinearon detrás de la decisión presidencial y
adoptaron una actitud belicista muchas veces más agresiva que la de los propios
militares. A ninguno se le ocurrió cuestionar la magnitud del despliegue militar
ni la agresividad demostrada desde el primer día por los uniformados. No se alzó
ninguna voz convocando a la concordia o la pacificación. Los políticos,
sindicalistas, empresarios y sacerdotes se transformaron en halcones más
agresivos que los protagonistas de la supuesta guerra contra la “subversión”.
Para el gobernador Juri, “la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha
contra la subversión apátrida, que pretende arrastrar mediante la violencia y el
crimen las instituciones de la República para sustituirlas por regímenes
opresores dóciles a los imperialismos económicos e ideológicos, ha encontrado el
apoyo y la solidaridad del pueblo y el gobierno”. Además, exhortó “al pueblo de
la provincia a prestar su más decidido apoyo a las operaciones que se
desarrollan al mando del general Vilas”.
La dirigencia sindical no tuvo dudas: la CGT Regional resolvió “adherirse
fervientemente a la decisión de nuestra presidente de combatir a los mercenarios
de la antipatria hasta las últimas consecuencias. Sus colegas de las 62
Organizaciones Peronistas fueron más explícitos: “Sólo cuando eliminemos los
focos disociantes de nuestra nacionalidad podremos trabajar en paz y armonía.
Felicitamos a nuestro comandante, general Vilas, por la firmeza y decisión en
los procedimientos”.Los muchachos de la Juventud Sindical Peronista fueron más
duros que sus mayores: “Deben desaparecer del suelo patrio las minorías al
servicio de la anarquía y las ideas extranjerizantes”.
Los legisladores no quisieron ser menos y el presidente del bloque de senadores
provinciales peronistas, Ernesto Corbalán, dijo que “ningún argentino puede
estar ausente en la defensa de las instituciones constantemente amenazadas por
los elementos del caos y el crimen apátrida”. Su colega Juan José Pino, titular
del bloque de diputados, manifestó su “total e incondicional apoyo a la medida
dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en la lucha contra la subversión”. El
diputado nacional Antonio Isaac Guerrero llamó a “extirpar este mal” (la
subversión).
El interventor del Partido Justicialista, coronel Adolfo César Phillippeau,
saludó la llegada a Tucumán del jefe del Ejército, Leandro Anaya, y expresó su
“solidaridad con el glorioso Ejército Argentino en sus operaciones contra la
antipatria”. A su vez, un hombre del riñón de la oligarquía tucumana, Eduardo
Lalo Paz, integrante de la Comisión de Defensa del Senado de la Nación, dijo que
“existe absoluta unidad en todos los sectores que componen el Estado en
respaldar la acción del Ejército, quien se encuentra en operaciones de represión
a fin de brindar seguridad a las poblaciones presionadas por la guerrilla
rural”.
Apoyo y colaboración. A dos semanas de iniciada la Operación Independencia,
Vilas se reunió con toda la dirigencia gremial en la Casa de Gobierno. Los
sindicalistas le prometieron que no habría huelgas y le ofrecieron su
colaboración, que consistió en la delación y entrega de militantes y en el
aporte de matones para integrar los grupos de tareas que, encapuchados, todas
las noches salían a secuestrar y matar gente.
Uno de los colaboradores que aportó el peronismo fue Ismael Haouache, integrante
del Servicio de Seguridad y Vigilancia de la Universidad Nacional de Tucumán.
Formó parte de las patotas secuestradoras y fue visto por prisioneros en los
campos de concentración. Haouache dijo que “no ha de dudarse que nuestro
Ejército sabrá ahogar en sangre la infame y absurda pretensión de este nuevo
invasor y los traidores que lo sirven”. Phillippeau no se quedó atrás: “Nuestro
glorioso Ejército, al ocupar el terreno que antes ocupaba la guerrilla, nos ha
liberado de esa plaga: yo siempre la comparo con las abejas africanas, porque
vienen de otros lugares, con ideas foráneas y con ideologías de otros países”.
La llamada “zona de operaciones”, en el suroeste tucumano, fue visitada por las
máximas autoridades nacionales en los meses de marzo y abril de 1975. La
presidente Isabel Perón, tras reunirse con Vilas en Famaillá, dijo a los
periodistas: “Vengo a presentar mis respetos a quienes ofrendan sus vidas para
la tranquilidad de los argentinos y a rendir mi tributo al Ejército Argentino”.
En un improvisado discurso desde el balcón del Comando Táctico de Vilas y ante
la población reunida en la plaza, sorprendida por una visita sin anuncio previo
y sin la presencia de las autoridades provinciales, Isabel se enfervorizó y
afirmó que “la antipatria quiere desconocer los verdaderos votos del pueblo” y
“tenemos que ir paulatinamente llevando como podamos el país con paz y
tranquilidad y no con fusiles, matando niños y destrozando familias”.
Desde el inicio de la Operación las visitas más frecuentes fueron las de
funcionarios del Ministerio de Bienestar Social que encabezaba José López Rega.
Llegaban en grandes contingentes llevando la ayuda que, de acuerdo a las
directivas del decreto secreto ordenando el comienzo de las acciones, debía
aportar ese ministerio para “tareas de acción cívica”. También llegaron a
Tucumán otros grupos que respondían al poderoso ministro, menos numerosos pero
armados hasta los dientes, que se sumaron a la represión directa, desembozada y
criminal. En su libro aún inédito, Vilas reconoció el enorme apoyo brindado por
López Rega.
La celebración del 25 de Mayo fue el marco propicio para una escalada de
declaraciones y pronunciamientos cada vez más violentos. El Partido
Justicialista, en una solicitada, criticó a quienes calificó como “minúsculos
grupos de extraviados” y rindió “homenaje y respaldo a la valiente campaña que
cumplen el Ejército y fuerzas de seguridad para erradicar de nuestro suelo a los
elementos apátrida que intentan cambiar la gloriosa y pura enseña celeste y
blanca por un trapo cualquiera”. En el acto organizado por los militares, el
coronel Luis Vera Robinson, afirmó la decisión de “erradicar para siempre las
ideas extrañas al sentir nacional” que “pretenden cambiar nuestro sistema de
vida democrático y cristiano”.
La celebración del Día del Ejército, el 29 de mayo, fue otro momento propicio
para que funcionarios, legisladores y dirigentes hicieran profesión de fe
belicista. El gobernador Juri emitió una declaración afirmando que “la acción
del Ejército adquiere una relevancia digna de sus más nobles tradiciones, al
enfrentar con patriótico valor a un enemigo cruel y solapado, garantizando así
la libertad y seguridad de la población”. El presidente de la Cámara de
Diputados provincial, Eduardo Posse Cuezzo, no se quedó atrás: “Saludamos a
todos aquellos jefes y soldados que hoy son protagonistas de la lucha que todos
los argentinos estamos librando contra los agentes de la subversión
internacional”. Su colega Héctor Gofredo Cuozzo, titular del Senado, le gana en
fervor: “Elevamos al altísimo la devota plegaria para que proteja y guíe a
nuestro Ejército por la senda de la gloria, haciendo honor a su consigna y
tradición de vencer o morir por la república, despejando de su cielo la borrasca
de la antipatria que pretende perturbar el orden, la paz y la tranquilidad que
reina en la familia argentina”.
El 20 de junio, en el Día de la Bandera, el teniente coronel Ricardo Flouret,
jefe del Regimiento 19, dijo que “aquí está el Ejército Argentino, ante la
artera amenaza que viene desde el exterior buscando la desintegración y el
caos”. Curiosamente, este militar fue después reivindicado por el gobierno
elegido en 1983, que lo designó para integrar el Consejo para la Consolidación
de la Democracia y también por algún periodista procesista devenido alfonsinista.
Al asumir como jefe de policía un militar, el 17 de julio, el gobernador exhibe
la dureza que va creciendo día a día en la dirigencia política y sindical:
“Comprometo todo el apoyo del gobierno para terminar con la antipatria, hombres
sin sentimiento que pretenden cambiar nuestra gloriosa enseña azul y blanca por
un sucio trapo rojo”. Unos días más tarde Juri expresó su “más enérgica repulsa
por el tremendo desprecio que han demostrado hacia fundamentales derechos
humanos aquellos que declaman y reclaman esa protección”.
A fines de 1975 Vilas es relevado de la comandancia de la Brigada y de la
Operación Independencia y es despedido con todos los honores. El 20 de
diciembre, la Legislatura en pleno le hace entrega de una medalla. Al día
siguiente, Juri hace lo mismo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Vilas
se va de Tucumán condecorado por los civiles que gobiernan la provincia.
Al asumir Bussi se produce una catarata de apoyos a la Operación Independencia y
a su flamante jefe. El inefable Amado Juri sintetiza el pensamiento de la
mayoría: “A ustedes, que están luchando contra la delincuencia subversiva,
contra aquellos apátridas que pretenden sustituir nuestra bandera celeste y
blanca (…) nunca lo conseguirán mientras existan pechos argentinos como los de
ustedes, que sabrán defender nuestro pabellón con la propia vida, como lo
hicieron nuestros antepasados (…) ustedes son dignos representantes del ejército
sanmartiniano…”.
Legalidad proclamada y nunca respetada
Por Marcos Taire. Periodista
sociedad@miradasalsur.com
Quienes reivindican la Operación Independencia como una guerra y afirman que se
hizo en cumplimiento de un decreto de un gobierno constitucional, lo que
otorgaría legalidad a las acciones realizadas, ocultan sistemáticamente que hubo
instrucciones para que los militares operaran dentro del marco jurídico vigente
que no se respetaron en ningún momento.
El 28 de enero de 1975, el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Jorge
Rafael Videla, distribuyó, como anexo a la Directiva Nº 333 del Comandante
General, las “Normas de procedimiento legal” a cumplirse durante la Operación.
El documento, secreto y recién divulgado en la década del ’80, establecía en su
capítulo “Conceptos generales”, que “los comandantes de las fuerzas empeñadas en
las operaciones podrán disponer todas las medidas que sean necesarias (…) sobre
la base legal emergente de la orden impartida por el decreto secreto Nº 265 del
PEN y el imperio del estado de sitio que ha suspendido la vigencia de las
garantías constitucionales”. El primer punto de las instrucciones señala que
“las actividades que desarrolla el personal militar durante las operaciones de
referencia constituyen a los efectos del Código de Justicia Militar, actos del
servicio militar, sometidos a la jurisdicción y competencia a los Tribunales
Militares (CJM-Código de Justicia Militar, Art. 108, Inc. 2º)”.
Lo anterior podría llamar a engaño y ser usado como precedente para deslindar
responsabilidades en cuanto al encuadramiento de los ilícitos cometidos en
perjuicio de la población civil afectada por la Operación Independencia. Sin
embargo, las precisiones contenidas en las “Normas Básicas de Procedimiento”
enviadas por Videla a los responsables de la Operación no dejan lugar a dudas
con respecto a las normas a seguir para efectuar detenciones de personas y
allanamientos de propiedades. Al respecto, recuerda que “durante el desarrollo
de las operaciones militares los elementos sospechosos o incursos en hechos
subversivos conexos serán detenidos y puestos a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional” (…) y que “en el transcurso de las acciones ofensivas (patrullaje
ofensivo y selectivo, incursiones sistemáticas y ataque), las detenciones podrán
ser practicadas por personal militar”. También deja claramente establecido que
“en otras operaciones (ocupación de puntos críticos, control de población) las
detenciones deberán practicarse preferentemente por personal policial”.
Las instrucciones precisan los pasos a seguir: “Los detenidos serán remitidos a
la autoridad policial o provincial o federal que actúe bajo el control
operacional del Ejército para su identificación, alojamiento y suministro de
información”. También puntualizan que “dentro del plazo más breve posible, que
no deberá exceder las 48 horas, el comandante de la Quinta Brigada solicitará al
Comando General (EMGE-Jefatura III-Operaciones) la detención a disposición del
PEN de las personas cuyos antecedentes sumariales recogidos y evaluados así lo
justifiquen”.
Producidas las detenciones y puestas esas personas a disposición del PEN, el
Comando de la Brigada debía, “en un plazo no mayor de 30 días” elevar los casos
a la Justicia Federal para su “procesamiento”, tomando “los recaudos que
establece el Código de Procedimiento Penal Federal”. En lo referido a los
allanamientos, las instrucciones establecían que “podrán practicarse en la
medida en que las necesidades lo exijan”, acotando que “por imperio del estado
de sitio, su ejecución no requiere de manera indispensable la previa
autorización judicial” (…) pero que “en cada caso que así se proceda deberá
levantarse un acta que puntualice sucintamente los motivos por los que el
allanamiento fuera practicado sin orden judicial…”. Sin embargo, también se
recomienda que “para la generalidad de los casos (…) deberán adoptarse las
medidas necesarias a fin de que las fuerzas policiales puestas bajo control
operacional del Ejército dispongan con suficiente antelación de las
correspondientes órdenes de allanamientos”.
Previendo posibles anomalías, el documento recomienda que “todo requerimiento
proveniente de magistrados judiciales que se formule a autoridades militares con
respecto a personas detenidas, procedimientos efectuados y/o cualquiera otra
contingencia vinculada con las operaciones militares, será elevado directamente
al Comando General del Ejército”.
Ninguna de estas instrucciones se cumplió. Se violaron todas y cada una de las
normas legales establecidas en los códigos de procedimientos. Los jefes
militares y policiales se burlaron de la legalidad desde antes de comenzar la
Operación Independencia. Sus acciones ilegales y terroristas, iniciadas en 1974,
se incrementaron con la militarización de la provincia hasta llegar a
situaciones de horror incomparables en la historia argentina.
El jefe de la Operación, Adel Vilas, dijo años más tarde, sin pena ni
remordimientos, por el contrario, vanagloriándose por los delitos cometidos:
“Decidí prescindir de la Justicia, no sin antes declarar una guerra a muerte a
abogados y jueces complacientes o cómplice de la subversión”. Y precisó: “No
tenía sentido combatir la subversión con un código de procedimientos en lo
criminal (…) y tampoco tenía sentido la aplicación de una ley penal que se
rigiese por los cánones del derecho penal occidental…”. Fanático, enceguecido
por el odio, fundamentalista de una milicia que creía estar combatiendo en la
primera línea de una supuesta tercera guerra mundial, afirmó: “Yo no tenía por
qué apegarme al dictamen de unos cuantos togados, siendo que el principio
natural de la conservación me imponía inexcusables obligaciones para con mi
patria”. La confesión criminal de Vilas está sintetizada en un párrafo: “Di
expresas órdenes de clasificar a los prisioneros del ERP según su importancia y
peligrosidad, de forma tal que sólo llegaran al juez los inofensivos…”.
Al comenzar la Operación Independencia se desempeñó al frente de la delegación
Tucumán de la Policía Federal el comisario Alberto Fischietti. Fue uno de los
responsables de un grupo terrorista que sembró la muerte y la destrucción en la
provincia a través de atentados explosivos y asesinatos. Un día se presentó en
la sede del Juzgado Federal. Su titular, el doctor Jesús Santos, lo recibió de
inmediato. Apenas ingresó al despacho, le preguntó al magistrado si quería
conocer su opinión sobre la Justicia. Santos, atónito, sin poder articular
palabra, vio cómo Fischietti se desabrochaba la bragueta del pantalón y meaba
sobre su escritorio. Al terminar, giró sobre sus talones y se fue, no sin antes
decir “ésa es mi opinión de la Justicia”.
29/09/13 Miradas al Sur
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