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Una
década ganada en la ciencia y la tecnología argentina
Por Aritz Recalde, diciembre 2013
Ilustración: Patricio Oliver
El proyecto político iniciado en el año 2003,
impulsó transformaciones fundamentales del modelo de desarrollo nacional, que
influyen directamente sobre la realidad universitaria. En el terreno económico,
promovió la reindustrialización del país a partir de la sustitución de
importaciones, la protección arancelaria, la diversificación de mercados, el
financiamiento público y el apoyo a la producción con mayores niveles de valor
agregado. En el plano social, estimuló la generación de empleo y la
redistribución de la riqueza por intermedio de la participación directa y
protagónica del Estado. En los aspectos políticos, le transfirió poder a la
sociedad argentina, anteriormente enajenado en las empresas concentradas y los
organismos financieros. Desde el año 2003, la política exterior varió
considerablemente y nuestro país salió de la egida de los EUA, para ofrecer en
su lugar, un sistema multilateral anclado en la regionalización continental.
A continuación, vamos a comentar brevemente algunas modificaciones suscitadas en
las universidades nacionales.
Federalización de la oferta universitaria
Como parte del proyecto nacional mencionado, el gobierno iniciado en el 2003
tomó la estratégica decisión de expandir el sistema universitario, a lo largo y
a lo ancho de la Argentina.
Durante los años noventa, se promovieron once universidades nacionales y a
partir de la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, se suscitaron
otras nueve.
Resultante de este proceso, la década del noventa, conjuntamente al ciclo
kirchnerista y al plan de Alberto Taquini[1], quedarán en la historia del país
como los más prolíferos en la apertura de universidades nacionales.
La apertura de nuevas instituciones, consolida un sistema de educación superior
federal, caracterizado por el surgimiento de universidades pequeñas o
intermedias. Esta política de Estado, desplaza la tradicional hegemonía de
aquellas instituciones de grandes dimensiones, como son los casos de la UBA, La
Plata, Córdoba o Rosario.
¿Conocimiento universal o regionalización del conocimiento?
“En consonancia con los esfuerzos de la intervención por ubicar a la Universidad
en la senda nacional y popular, se consideró necesario ir transformando los
contenidos y métodos de la enseñanza en base a las siguientes ideas centrales:
1) la enseñanza se centrará más en problemas nacionales concretos que en
disciplinas o materias; 2) los estudiantes se incorporarán a grupos de trabajo e
investigación de esos problemas y recibirán cursos de apoyo de las disciplinas
usuales; 3) el aprendizaje comenzará siendo concreto, vinculando a la realidad
nacional, y avanzando en abstracción y rigor en años sucesivos”. Ernesto
Villanueva, 1974
Uno de los rasgos característicos de las universidades promovidas desde el año
2003, es su impronta renovadora en la concepción acerca de las funciones
culturales, sociales y productivas que tiene que cumplir la institución. En
general, las nuevas instituciones promueven carreras no tradicionales, se
gobiernan con participación de miembros externos e impulsan líneas de
investigación surgidas a partir de su inserción en el contexto social y político
local.
Las universidades de reciente creación, modificaron la forma tradicional de
organizar las acciones académicas. Es oportuno destacar, que actualmente se está
promoviendo una regionalización de las funciones universitarias. La Constitución
del año 1949 introdujo dicha forma de proyectar la apertura de carreras, la
planificación de las investigaciones o de las tareas de trasferencia. La Carta
Magna estableció que “Una ley dividirá el territorio nacional en regiones
universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la
respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los
conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el
estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural,
así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas con vistas a la
explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas
regionales”.
La regionalización del conocimiento iniciada con la Universidad Obrera en 1948 y
que adquirió estatuto constitucional en 1949, está teniendo plena vigencia.
Actualmente y en línea con la iniciativa de Ernesto Villanueva del epígrafe, la
oferta de carreas surge como resultante de identificar la demanda regional en
donde se radican las instituciones. En este contexto, las funciones educativas,
de investigación, de cooperación o trasferencia, se orientan a la resolución de
problemas, más que a la reproducción de disciplinas y de recorridos académicos
tradicionales.
Las nuevas universidades están demostrando con hechos concretos, que se puede
producir ciencia de calidad con contenido social y productivo relevante para las
localidades donde se radican y para la nación en su conjunto. Asimismo, son un
prototipo de que dicha práctica puede estructurarse de manera mancomunada con el
Estado local, provincial, nacional y con las organizaciones libres del pueblo.
Ampliar la radicación de universidades en el Conurbano Bonaerense
“La universidad debe ser, efectivamente, para el pueblo en varios sentidos. Uno
de ellos: que tengan acceso a todas las carreras estudiantes de las clases más
humildes del país”. Rodolfo Puiggros
Dentro de las instituciones creadas en las últimas décadas, adquieren suma
relevancia aquellas organizadas en la Red de Universidades Nacionales del
Conurbano Bonaerense (RUNCOB)[2]. En general, estas instituciones están
inscriptas en zonas cuya fragilidad social y productiva es considerable. Su
radicación favorece la democratización social del acceso a la educación
superior, cuestión que se expresa en el ingreso masivo de jóvenes de origen
popular con escasa historia familiar de estudios universitarios. La RUNCOB está
materializando la concepción social universitaria impulsada desde el año 1949,
con la sanción de la gratuidad de los estudios universitarios.
Asimismo y si se analizan las altas tasas de crecimiento interanual, las
universidades del conurbano están canalizando una demanda educativa no
satisfecha por el sistema educativo tradicional[3].
Los gobiernos liberales entendieron que la educación era un instrumento de
división de clase, de raza y de etnia. Los programas reformistas, impulsaron el
acceso de las clases medias. Según mencionó Puiggrós del epígrafe y cuestión a
la cual la RUNCOB contribuye, el nacionalismo popular entendió a la educación
superior como un instrumento de igualación y de ascenso social de los sectores
de menores ingresos.
Planificación de las políticas del Estado
“Para establecer una política para la ciencia, es necesario que el poder
político tenga conciencia clara de sus necesidades y de los objetivos
nacionales, y sepa formularlas en términos susceptibles de estudio científico,
creando de esta manera una demanda concreta sobre las instituciones de
investigación”. Amílcar Herrera
Actualmente, las universidades argentinas y el conjunto de las políticas de
Estado de educación superior, se organizar en torno de de tres grandes modelos o
tradiciones universitarias.
La tradición universitaria liberal, entendió que la educación superior tenía que
responder, principalmente, a las demandas de los sectores económicos
predominantes del mercado. En general, estos grupos de poder estaban ligados
estrechamente al extranjero. La universidad proyectada para ese país, fue una
institución elitista en su composición estudiantil, que fomentó modelos
económicos dependientes y que reprodujo esquemas científicos de contenido
europeísta.
Los grupos reformistas transfirieron la soberanía de las decisiones a los
miembros internos de la misma institución, al dotarlos del cogobierno y de una
amplia autonomía. En un sistema universitario que dispone de importantes niveles
de autonomía, existe una tendencia recurrente de las instituciones a desacoplar
sus acciones en relación a las demandas sociales, económicas y culturales
requeridas por la democracia de masas.
Finalmente, el nacionalismo popular propugnó que las acciones de la universidad
deberían orientarse, prioritariamente, atendiendo las demandas de la democracia
de masas y del proyecto productivo y tecnológico de país. Para ésta última
propuesta, la educación superior tiene que contribuir a dotar a la Argentina de
mayores grados de poder político y económico nacional, en paralelo que favorece
el ingreso de los sectores populares.
Dos de los hechos institucionales a destacar de las últimas décadas, son la
creación de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU) y del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT). Estos organismos, tienden
a articular la tradición universitaria reformista, con el proyecto educativo del
nacionalismo popular.
En línea con los objetivos del nacionalismo popular, la SPU tiene la función
estratégica de racionalizar la distribución de recursos universitarios y de
brindar incentivos que contribuyan al cumplimiento de los planes de mediano y de
largo plazo, del conjunto de carteras del Estado y de la democracia de masas. Si
se analizan los programas de la Secretaria, se puede observar que, en general,
son direccionados hacia las áreas de vacancia definidas por el Estado Nacional.
La apertura del MINCyT, es una decisión importante que le otorga a la función
científica y tecnológica, un rol central en las políticas del Estado. Por un
lado, favorece la articulación entre conocimiento e innovación, contribuyendo a
la capacitación de recursos humanos en un proyecto nacional industrialista que
sustituye importaciones. Además, el Ministerio está oficiando como una apuesta a
reforzar la actividad científica, por sobre la tradicional función docente y
profesionalizante del sistema universitario.
Tal cual se observa en el cuadro “inversión del Estado nacional 2003-2013”, el
gobierno otorgó importantes recursos a las universidades autónomas. Además,
concedió financiamiento a la SPU y al MINCyT, generando condiciones para la
planificación estratégica de la educación superior.
Inscribir las universidades en un proyecto de país industrialista, nacionalista
y popular
“Yo siento que hacía mucho tiempo que no se reconocía a los científicos, como lo
hemos reconocido en esta etapa. Pero no esa ciencia que era una ciencia no
aplicada, una ciencia como desconectada, desvinculada de la actividad económica,
del progreso del país, como si ser científico y tener contacto con lo económico
fuera algo - en cierta manera- pecaminoso o contaminara el contacto del
científico puro con la empresa. Y es exactamente lo contrario, es potenciar a la
ciencia y a la tecnología para ponerla al servicio del crecimiento y el
desarrollo de un país, que es lo que han hecho las grandes naciones del mundo”.
Cristina Fernández de Kichner
El ciclo económico neoliberal iniciado en 1976, retomado en los ochenta y
profundizado en los años noventa, culminó con recesión económica,
desindustrialización y extranjerización de los recursos materiales del país.
Llevado al terreno universitario, un problema central de las décadas del ochenta
y del noventa, fue la aplicación de un modelo de desarrollo que consolidó altas
tasas de desempleo. El programa neoliberal derivó en una crisis profunda en el
año 2001 y ello implicó la expulsión y la subutilización de los recursos humanos
universitarios e incluso, favoreció la emigración de científicos y de académicos
que buscaron destinos en otros países.
El proyecto nacional iniciado en 2003 completó la federalización de las
universidades argentinas y de los tres momentos de apertura de instituciones
mencionados, fue el único programa que le dio sustentabilidad al patrón de
crecimiento y que otorgó una función central a la ciencia y a la tecnología en
el mediano y en largo plazo.
El impulso al programa industrialista y de sustitución de importaciones,
confirió sustentabilidad económica al proyecto nacional. Sobre esta condición,
se apoyan la justicia social y el poder político de los Estados. La generación
de empleo en la última década, les permite a los estudiantes[4] y a los
graduados universitarios insertar su actividad individual en un proyecto
nacional. Incluso y revirtiendo lo ocurrido en la década anterior, hoy regresan
los científicos del extranjero que se radican nuevamente en la Argentina,
poniendo su conocimiento al servicio del desarrollo colectivo.
En definitiva y es importante destacarlo, en la última década las universidades
forman parte de un país sustentable económica y socialmente, que puso a la
ciencia y a la tecnología en el centro del modelo de desarrollo nacional.
Algunas cuentas pendientes
“El papel del profesional en la sociedad cambia por completo cuando la lealtad a
su carrera individual y a su empresa es remplazada por lealtad al país y
solidaridad social”. Oscar Varsavsky
Consolidar una agenda universitaria sobre los principios del compromiso
productivo, tecnológico y social nacional
Las cuatro funciones de las instituciones podrían incluirse una “agenda
universitaria”, atendiendo la importancia de revertir un presente caracterizado
por:
- La proliferación de carreras sin planificación y sin articulación regional y
nacional[5].
- La promoción de investigaciones escasamente relevantes, muchas veces generadas
solamente sobre demandas endógenas del mismo sistema.
- La baja articulación entre los requerimientos de la empresa nacional y social
y la universidad.
- La escasa planificación de la acción solidaria de las universidades y el poco
frecuente reconocimiento académico de la extensión como parte del proceso de
enseñanza[6].
Compromiso social educativo
Sería oportuno que las universidades, conjuntamente a la SPU y al resto de las
carteras educativas y sociales del Estado, formulen programas y compromisos
efectivos y evaluables, para promover el ingreso de sectores populares y para
bajar la alta tasa de deserción de los alumnos de grado y de posgrado.
El Estado destina recursos para ello y existen diferentes experiencias que
podrían derivar en un acuerdo nacional, que además de ampliar las erogaciones
presupuestarias y los programas de intervención, fije pautas de cumplimiento y
metas mensurables en el corto, mediano y largo plazo.
Promover ciencia aplicada a la producción de tecnología e innovación
“La tecnología es uno de de los más fuertes factores de dependencia en la
actualidad. Resulta importante enfatizar que este hecho se agudiza en el caso
del sector industrial. (…) Ciertos sectores de nuestra economía han dependido y
aún dependen de la importación de tecnología extranjera (…) Sin base
científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace imposible”.
Juan Perón
El sistema universitario tiene el importante desafío de impulsar carreras,
investigaciones y acciones de transferencia, capaces de dotar de mayores niveles
de competitividad e innovación, al programa de reindustrialización de la
Argentina.
Para cumplir este objetivo, la SPU y el MINCYT iniciaron líneas especiales de
becas y de subsidios a proyectos, que pueden ser el punto de partida para
profundizar un cambio del perfil del sistema de educación argentino, para
orientarlo hacia las ciencias aplicadas y la innovación tecnológica.
Este desafío tiene entre sus cuentas pendientes, reforzar las acciones y los
planes de trabajo mancomunados entre las instituciones universitarias, el MINCyT
y el conjunto de establecimientos vinculados a las áreas científicas y
tecnológicas (INVAP, CONEA, FAdeA, YPF, etc.).
Trabajar una agenda compartida de articulación entre instituciones académicas
iberoamericanas
Durante la última década, se produjo un importante proceso de articulación
regional en los planos comerciales y políticos. Anteriormente, existieron
acercamientos e iniciativas conjuntas entre gobiernos y pueblos, que muchas
veces fueron abandonadas por diversas coyunturas y circunstancias políticas e
históricas. Contrariando ésta tendencia, nacieron el MERCOSUR, la UNASUR o la
CELAC que favorecieron la determinación de una nueva relación estratégica
sudamericana. La tendencia a la convergencia entre países, se evidencia en el
aumento del volumen de las relaciones económicas, que dejó como saldo por
ejemplo, que Brasil es el primer aliado comercial de la Argentina. Visto desde
la otra perspectiva, Argentina es el tercer socio comercial del Brasil, detrás
de China y de los Estados Unidos.
A la convergencia económica, se le suma la creciente articulación política entre
las dirigencias de las naciones iberoamericanas, que quedó evidenciada en la
promoción de acciones conjuntas en el seno del MERCOSUR[7], la UNASUR[8] y la
CELAC.
Finalmente, a las convergencias económicas y políticas, deben sumarse las
articulaciones culturales. En el terreno académico y universitario, se están
produciendo investigaciones que intentan hacer hincapié en los análisis
comparados sobre las realidades de los países iberoamericanos. En este contexto,
consideramos que hay mucho trabajo por hacer en el universo de la promoción y la
profundización de iniciativas conjuntas de integración académica y científica.
La región demanda una nueva agenda en común, donde se incluyan metas de
intercambio de alumnos, de docentes, de investigadores, de trabajadores técnico
administrativos y de iniciativas de producción de conocimiento socialmente
relevante.
Para cumplir estos objetivos, es requisito indispensable que se consoliden
parámetros y estándares comunes[9] desde las carteras educativas regionales. El
Sector Educativo del Mercosur inició un camino importante en esta tarea, que
podría profundizarse.
El Estado nacional desde el Ministerio de Educación, particularmente con la SPU
y la CONEAU, tienen mucho por hacer para mejorar la tarea mancomunada con las
instituciones de Iberoamérica. Además, las organizaciones libres del pueblo,
estudiantiles, de trabajadores administrativos o docentes, disponen un universo
significativo a desarrollar en la articulación de acciones y programas
conjuntos.
La evolución “deseable” del proceso de integración, debería tender a que las
carreras de los distintos países de la región, acrediten parámetros académicos
en común y masifiquen los intercambios de sus miembros y de sus producciones
científicas. Resultante de estas acciones, los sistemas legales y las decisiones
de gestión deberían permitir y fomentar:
- que las universidades reconozcan asignaturas y recorridos académicos a los
alumnos de grado y de posgrado, en las diversas instituciones de la región.
- la organización de una agenda de investigación compartida.
- que los egresados de la región puedan ejercer la profesión de manera legal en
los Estados parte, conformando un sistema de reconocimiento de títulos y de
diplomas.
Asimismo, sigue vigente el debate sobre la necesidad de direccionar los
contenidos de los planes académicos y de los programas de las asignaturas, para
orientarlos al estudio de la realidad regional.
La universidad argentina podría mirar menos a Europa y a los Estados Unidos,
para impulsar investigaciones, acciones conjuntas y recorridos académicos que
involucren, prioritariamente, a los países miembros del MERCOSUR, de la UNASUR y
de la CELAC.
[1] Solamente entre los años 1968 y 1973, se abrieron 14 universidades
nacionales.
[2] Conforman la RUNCOB la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad
Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad
Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad
Nacional de Tres de Febrero, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la
Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional de General San
Martín, la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad Nacional del Oeste, la
Universidad Nacional de Lujan y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Exceptuando casos como las dos últimas, buena parte de las instituciones
organizadas en la RUNCOB fueron creadas en el período 1989 - 2009.
[3] Por ejemplo, en el período 2000 - 2010 la tasa de crecimiento de estudiantes
fue en UBA de 0,4 %; en UNLP de 1,9%; en la UNC – 0,6%; en la UNLa 11,6 %; en la
UNSaM 11 %; en la UNGS 13%. Datos del Anuario 2010 de la SPU.
[4] Entre el 2002 y el 2013 la matrícula universitaria aumentó alrededor de un
30%, pasando de una cifra cercana a un 1.300.000 a 1.800.000 alumnos.
[5] Los CPRES incluyeron restricciones al entrecruzamiento y la reiteración de
carreras en una misma zona geográfica (Dto. 1047/09). En el caso del universo
del posgrado, la regulación de la CONEAU no contempló esta función, cuestión que
no revirtió la tendencia a la proliferación de carreras con escasa utilidad
social y baja proyección estratégica.
[6] El Ministerio de Educación de la Nación sancionó la resolución 692/12 cuya
finalidad es “sugerir” a las instituciones de educación superior, que en las
“instancias de evaluación docente para el desarrollo de la carrera docente
universitaria, otorguen una valoración especifica y positiva a los postulantes
que, además del dictado de clases, desarrollen tareas de investigación,
extensión, vinculación y transferencia de conocimiento; guía o acompañamiento en
las acciones de voluntariado que realicen los estudiantes”.
[7] Dentro del MERCOSU existe un “Sector Educativo”.
[8] En el ámbito de la UNASUR se formó un Consejo Sudamericano de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación (COSECCTI).
[9] La acreditación Regional de Carreras de grado tiene un antecedente en el
programa MEXA, que incluyó a los miembros del MERCOSUR, Chile y Bolivia. Entre
2007 y 2008 se impulsó un Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias
para el reconocimiento regional de la Calidad Académica de sus respectivas
titulaciones en el MERCOSUR y Estados Asociados (ARCU – SUR).
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