Los privilegios y subsidios de monopolios y oligopolios que aumentan sus precios

Por CIGES (Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria)

En estos días ha comenzado a ponerse de manifiesto ante la opinión pública, a través del debate que ha ganado los medios de comunicación, todavía tímidamente, pero que, en el mejor de los casos debería generalizarse, ampliarse, y que es el relativo al poder de las empresas monopólicas y oligopólicas para imponer los precios en el mercado, sin que estos aumentos tengan ninguna correlación con incrementos en sus costos.
 
Si la devaluación de enero fue de alrededor del 20%, ningún sector económico debería aumentar en ese porcentaje sus precios finales, ya que ninguno tiene el 100% de sus insumos importados.  Por lo menos, deberían tener en cuenta que la mano de obra y los impuestos son costos locales.
 
Se dice que los insumos importados que ahora  han aumentado deben ser trasladados a precios. Pero ¿cuál es la incidencia de esos insumos en cada sector productivo? La Secretaría de Comercio, después de muchos años, ha dado a conocer la participación que los bienes importados tienen en distintos sectores económicos y así puede calcularse cuánto podrían aumentar los precios finales. Es un paso adelante. Pero se  debería insistir en la necesidad de transparentar,  investigar y hacer pública la estructura de costos de las cadenas de valor de, al menos, los sectores más concentrados de la economía.
 
Así sabemos, ahora oficialmente, que, de acuerdo a los rubros informados, la incidencia de los componentes importados en los costos es la que se expresa en el Cuadro siguiente, al que se le ha estimado cual debería ser el aumento de precios derivados de la devaluación.

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaria de Comercio Interior – Ministerio de Economía
 
Entonces, por citar algunos casos de dominio público: ¿por qué Arcor –alimentos- salió con una lista de precios con subas del 25%? Techint y Aluar –siderurgia y aluminio respectivamente- hicieron lo mismo? Después tuvieron que retrotraer esos aumentos.
 
Las causas por las que aumentan los precios tan desmesuradamente no son misteriosas: lo hacen porque tienen el poder de hacerlo o porque pretenden desestabilizar al gobierno, porque consideran que existe incertidumbre y quieren cubrirse o simplemente porque quieren aprovechar la situación y mejorar sus ganancias. Y pueden hacerlo por el alto grado de concentración y extranjerización que existe en la Argentina donde pocas grandes firmas controlan la gran mayoría de los mercados de los bienes esenciales: desde los combustibles, hasta el pan y los aceites comestibles, desde los productos petroquímicos hasta los medicamentos, desde el acero hasta el aluminio y el cemento, por citar algunos pocos ejemplos.
 
Esta conducta de incrementar el precio de sus bienes indefinidamente y casi con cualquier excusa, nada tiene que ver con la codicia ni la avaricia. Tampoco estos empresarios se comportan con maldad. Son comportamientos inherentes al capitalismo y se ejecutan cuando los empresarios dan por sentado que pueden hacerlo, que tienen el poder suficiente para quedarse, vía precios, con los ingresos de parte de la sociedad. Y así aumentar sus ganancias, ya que la maximización del lucro es el fin último y excluyente de la empresa capitalista.
 
Y es ahí donde el poder del Estado debe proteger a la sociedad toda. Es el Estado, desde las políticas públicas, que debe poner límites a estas prácticas abusivas. Y debe hacerlo con firmeza pero también con información transparente, con números precisos, con campañas de información con datos que son complejos pero que deben estar comunicados con sencillez para que puedan ser comprendidos masivamente.
 
Además sería importante, generar instrumentos de competencia con los monopolios y oligopolios del tipo de una gran agencia nacional que pueda comprar y vender en el comercio agropecuario, comenzar a diseñar una empresa minera estatal que permita obtener parte de  la renta que produce  la inmensa riqueza mineral del país, propiciar, mediante espacios de mercados locales, que los productores puedan vender sus bienes sin pasar por la intermediación, o encarar definitivamente, un programa de sustitución de importaciones, deberían ser propuestas que no solo aportarían soluciones al problema inflacionario, sino que agregarían divisas al país y mejorarían la distribución del ingreso, disminuyendo el poder de los grandes conglomerados económicos.
 
Son también estos sectores concentrados los que reciben subsidios multimillonarios, de distinto tipo, de los gobiernos nacionales, provinciales y hasta municipales. Estos subsidios se abonan  con los recursos que la sociedad toda aporta al fisco, vía impuestos o tasas. Sin embargo nada se habla ni se sabe de los mismos.
Se debate permanentemente acerca de qué debería hacerse con los subsidios que el Estado brinda a los más humildes de la sociedad (Asignación Universal por Hijo, cobertura jubilatoria masiva, netbooks para los estudiantes, Plan Trabajar de cooperativas, entre otros) e incluso se ha instalado en ciertos sectores el hecho de que estos recursos del Estado deberían ser revisados puestos que fomentan la vagancia y “se van por la canaleta del juego, la droga y el clientelismo”, al decir del dirigente de la UCR, Ernesto Sanz.
 
Incluso la política de los subsidios a la clase media por  los consumos residenciales de luz, gas o al transporte ha sido largamente cuestionada desde hace tiempo. Pero nada se debate en relación a los recursos públicos destinados a las empresas monopólicas y oligopólicas.  

Así como existe un registro público de los subsidios que reciben los sectores más vulnerables de la sociedad y pueden realizarse controles cruzados, vía CUIT o CUIL,  para que nadie se apropie de más beneficios de los que les corresponde, según la legislación vigente, así, debería también ser de fácil la obtención de los datos de subsidios al sector empresario.
 
Sin embargo, es casi una tarea de investigación de inciertos resultados intentar informarse acerca de los recursos destinados a las grandes firmas de la Argentina. ¿Cuánto recibe cada empresa, anualmente, por la suma de los subsidios a la energía, por créditos a tasas subsidiadas, por preferencias arancelarias, por el subsidio a los combustibles, por exenciones impositivas, por participar en programas públicos, por tener su mercado cerrado vía beneficios anti dumping, por no abonar la totalidad de las cargas previsionales, entre otros?
 
La información, si existe, está fragmentada, entre distintos ministerios o secretarías, (ni que hablar que a esto debería sumarse lo que reciben de las provincias y de los municipios), y no existe un Registro Único de Empresas Beneficiarias de Subsidios Públicos, que pagamos con la plata de todos y que alcanzan a sumas  multimillonarias.
 
Lamentablemente y por la situación mencionada más arriba, resulta imposible presentar un panorama completo de los subsidios recibidos por las grandes empresas en estos últimos años. Obtener esta información, sistematizarla y analizarla es una tarea pendiente, de largo plazo, que desde el CIGES comenzamos a realizar.
 
Como avance,  podemos detallar algunos casos relacionados con la aplicación de la Ley 25.924 de Promoción de Inversiones de Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, sancionada en agosto de 2004, vigente hasta septiembre de 2007, prorrogada por la Ley 26.360 entre abril de 2008 y septiembre de 2010, y posteriormente por las leyes 26.728 hasta el 28/12/2011 para las inversiones en obras de infraestructura y luego por la 26.784 para el mismo fin. Como su nombre lo indica, el objetivo es promover la formación de capital en la industria.
 
Los principales beneficios otorgados por estas leyes consisten en la amortización acelerada en el pago de impuesto a las ganancias o bien la devolución anticipada del IVA correspondiente a bienes de capital (solo pudiendo acceder a ambos en caso de presentar proyectos de inversión destinados exclusivamente a la exportación de manufacturas). Asimismo incluye la fijación de montos de cupos fiscales anuales (1000 millones de pesos para proyectos de inversión en actividades industriales y 200 millones para los desarrollados por pymes).

En este marco, se aprobaron 125 proyectos de inversión patrocinados por 93 empresas locales de gran tamaño, mientras que las pymes prácticamente no realizaron presentaciones.
 
Por su parte, se promocionó una inversión industrial cuya cifra ronda los $10.000 millones con un costo fiscal de $1800 millones de pesos. De este total, 26 proyectos patrocinados por 8 firmas pertenecientes a 5 grupos empresarios locales (Madanes, Techint, Aceitera General Deheza - Urquía, Molinos Río de la Plata y Petroquímica Comodoro Rivadavia) dan cuenta del 57% de la inversión promocionada llevándose el 74,3% del costo fiscal. Dentro de este selecto grupo se destacan, en primer lugar, los proyectos aprobados a ALUAR por ser aquellos de mayor monto de inversión y costo fiscal: $3.028.687.300 (31% del total) y $953.023.900 (54% del total). En segundo lugar, se encuentra el grupo Techint, a quien se le aprobaron 6 proyectos a Siderar y 2 a Siderca, con una inversión de $938.791.700 (9,5%) y un beneficio fiscal de $190.547.100 (11% del total).
 
Y justamente, estas dos empresas, entre otras, son las que aparecieron, rápidamente, con nuevas listas de precios con aumentos sustantivos, interrumpiendo los descuentos y cancelando las entregas comprometidas, poniendo en jaque la actividad económica del país por la importancia central  de sus productos  como insumos básicos  de cadenas industriales.
 
¿No será que ha llegado el tiempo de dejar de hablarles con el corazón y empezar a tocarles el bolsillo?


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