![]() |
|
Políticas
públicas en toxicomanías
El sujeto es el usuario de sustancias
Con relación a las políticas públicas en toxicomanías que abordan el uso de
drogas legales e ilegales, una de las mayores dificultades que afrontan
tratamientos y las mismas políticas, es el uso perverso e ideológicamente
identificable de ciertas palabras que no sólo no es ingenuo sino destinado a la
confusión y al fracaso, junto a la estigmatización del usuario, de los debates
sobre las políticas públicas en toxicomanías en nuestro país.
Por Laura Gesberg*
En el tema drogas, una de las mayores dificultades es el uso perverso e
ideológicamente identificable de ciertas palabras que no sólo no es ingenuo sino
maliciosamente destinado a la confusión, a la búsqueda de adhesiones masivas de
padecientes directos o indirectos, a la atribución de todos los males de ésta
época, porque parecen ser las adecuadas para evitar que los probados fracasos de
políticas públicas en toxicomanías y los debates actuales sean descalificados o
directamente ignorados.
Los fundamentos que permiten sostener, lo que ya no es sustentable, parecen
apoyarse en lo que algunos llaman “el bien común”, “función del Estado”, “evitar
la autodestrucción de generaciones”, lo cual es parte de la mitología popular,
discurso facilista, mentiroso y violatorio de la Constitución Nacional (art. 19,
por ejemplo), o desconocimiento de los fallos de la Corte Suprema (caso
Arriola).
En verdad, lo que está en juego es un mix siniestro que obtura toda posibilidad
de pensamiento al proponer escenarios escandalosos con provocadores entrenados y
espacios mediáticos que parecen ser el ámbito de legitimación.
Mientras tanto, nada realmente relevante para la salud pública, “el bien común”,
etc., parece ser atendible, salvo en los espacios específicos que no suelen
tener el rebote mediático para llegar a la sociedad.
Es cuando ciertos clichés cobran sentido, poder, y los emisores, se presentan
como especialistas.
También es culpa de “los especialistas” ceder espacios, dejárselos a todo tipo
de personajes, muchos de ellos impresentables, que ejercen funciones públicas,
ostentan cargos, que financian poblaciones desinformadas y vulnerables.
En el medio, negocios formidables, el narcotráfico y “la rehabilitación de
adictos”.
Van juntos, son funcionales uno a otro, gracias a la confusión que aporta la
controversial Ley 23737, la violación de los derechos constitucionales, el
rechazo de decisiones judiciales o de leyes vigentes.
Con cerca de quinientos asistentes en el salón azul del Senado de la Nación, y
la participación de funcionarios públicos, académicos y especialistas,
organizaciones de la sociedad civil y activistas, culminó, el 18 de julio
pasado, la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas organizada por la
Asociación Civil Intercambios por décimo segundo año consecutivo.
El debate desarrollado en los distintos paneles coincidió en la necesidad de
entender al usuario de drogas como un sujeto de derechos y cambiar la
perspectiva punitiva y criminalizante por una socio-sanitaria. Especialistas y
funcionarios remarcaron el fracaso de la ley de desfederalización, que aumentó
la persecución de las tenencias, según argumentaron.
A su vez, el fiscal titular a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)
Félix Crous, expresó que “el paradigma represivo puso al usuario en un lugar
satanizado. Nuestro esfuerzo es darle un lugar respetuoso y ver si es verdad que
nos preocupan las personas o sostener un sistema hipertrofiado que no se ocupa
del impacto que tiene en la salud pública”.
Alejandro Corda, abogado e Investigador de Intercambios Asociación Civil
Intercambio, presentó el libro “Personas que usan estupefacientes en Argentina.
De “delincuentes-enfermos” a sujetos de derechos”, en el cual muestra claramente
“las consecuencias de la criminalización, de la respuesta penal: criminalización
de usuarios, aumento de la población carcelaria con población en especial estado
de vulnerabilidad. En Argentina el 38% son causas por tenencias de consumo, es
decir son causas de usuarios. Es importante revisar la acción de las agencias
penales, especialmente la policía”.
Además hizo hincapié en la situación de las mujeres, considerando que “el
aumento de la población de mujeres en cárceles federales aumentó un 217 %, y el
hecho de que se haya tenido a la respuesta penal en primer término, tiene como
efecto que se haya desestimado el ocuparse de otras respuestas, sin ir más lejos
se gasta lo mismo en perseguir usuarios que a prevención y asistencia, con lo
cual si se dejara de perseguir a consumidores de drogas se podría duplicar la
inversión en prevención y asistencia”
“La Ley de desfederalización se promocionó como para bajar consumo. No estamos
de acuerdo que con la persecución se cambian los hábitos de consumo”, señaló
Pablo Javier Martínez, integrante del área de Información e Investigaciones de
la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal.
En ese sentido, en base a un estudio que efectuó el organismo entre 2005 y 2008,
antes de la implementación de la ley, mostró el incremento de un 200 por ciento
en fiscalías federales de la provincia de Buenos Aires de causas vinculadas al
consumo personal.
El especialista también remarcó algunos efectos de la ley: “incremento en la
persecución en delitos de tenencia y pequeña comercialización de
estupefacientes; incremento del control policial en espacios públicos,
empoderamiento relativo de las policías y las justicias provinciales en la
determinación de competencia, fragmentación de las capacidades del Estado”.
También comentó que hay propuestas para la derogación de la misma.
Gabriel Adrián Bombini, juez de garantías en el departamento judicial Mar del
Plata, también arremetió contra la actual ley. Algunas de las cuestiones que no
atienden las políticas de desfederalización son: “la falta de atención a la
conformación de las organizaciones criminales cuya característica es el enclave
territorial, y que funcionan autónomamente de los individuos que funcionan en
ellas. Segundo aspecto: que las actividades que se llevan adelante en el
territorio están estrictamente ligadas a la misión policial. Y esto no es una
percepción, está demostrado”.
Rosario
Por otra parte, Juan Monteverde, del Movimiento Giros de Rosario, remarcó: “Hoy
tenemos casi un muerto por día. Para entender lo que pasa en Rosario, y como se
cuadriplicó la tasa nacional de homicidios, no sólo podemos comprenderlo por lo
que pasa con el narcotráfico. La idea es empezar a vincular lo que pasa con
problemas que parecen distintos: déficit habitacional, modelo agroexportador,
etc. A comienzos de esta década, hubo una decisión política de consolidarla como
una `ciudad competitiva`. Hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Cómo se aborda
esta situación? “Hace unos meses tuvimos un desembarco del Estado Nacional con
gendarmería en los barrios periféricos. Desde las organizaciones tratamos de
abrir el debate y analizamos si esta iba a ser sólo una estrategia militar o se
iba a desarrollar otro tipo de abordaje. Hoy, después de esos meses, no parece
que haya voluntad de hacer otro abordaje que no sea el militar”.
Reforma al Código Penal
Desde el ámbito legal, Roberto Carlés, coordinador de la "Comisión para la elaboración del
proyecto de ley de reforma, actualización e integración del
código penal de la Nación", indicó que “el anteproyecto que presentamos no
implica un cambio sustancial en el plan de criminalización primaria que implica
un código penal, es decir, no se modifica ni la cantidad de delitos ni la
modalidad de prosecución”.
También recordó los objetivos de la comisión. Uno de ellos fue la integración de
la legislación penal dispersa. En ese sentido, afirmó: “detectamos 400 leyes
dispersas no sólo en lo penal. El segundo objetivo: la reforma de la legislación
donde hubiera puntos oscuros, superposiciones normativas”.
Puntualmente, el especialista indicó que en el anteproyecto “se despenaliza la
tenencia de estupefacientes para consumo personal”, pero que ello tiene más que
nada un “efecto simbólico, porque esta modificación no va a evitar detenciones”.
En ese sentido, remarcó que “la despenalización que se propone no basta para
alcanzar el cambio que es necesario en la materia. Las leyes penales tienen
funciones manifiestas y tienen otras funciones latentes que se mantienen ocultas
y que precisamente las ideologías punitivas se ocupan de mantener ocultas.
Algunos dicen que esa finalidad es un mensaje para la sociedad, porque habilita
ciertas prácticas de control social a las que el Estado y la fuerzas sede
seguridad no quieren renunciar”.(1)
Para ser más claro, uno de los argumentos más vilmente deshonestos
intelectualmente y peligrosos es la vociferación ofuscada de los Patrones del
Saber, profundamente canallas a sabiendas, que lucran con la desesperación del
modo más obsceno de todas aquellas familias con usuarios conflictivos de
sustancias.
No es lo mismo, descriminalizar a usuarios de sustancias, que liberalizar el uso
masivo de drogas.
No es lo mismo marihuana que opioides, por sólo mencionar dos sustancias y sus
derivados.
Descriminalizar a usuarios de marihuana, que es la propuesta mayoritaria que
duerme en el Congreso Nacional, supone desde mi perspectiva, varias cuestiones:
Respetar las Leyes
Pensar en términos de un modelo de salud pública
Considerar la singularidad de cada persona, familia y contexto
Evaluar dispositivos de asistencia de acuerdo a las herramientas legales en uso:
Ley Nacional de Salud Mental (Gorbacz)
Incluir todas las herramientas, viables para la atención, digna, a cargo de
equipos multidisciplinarios (Stolkiner), profesionales, integrales e
incluyentes.
Insisto no es lo mismo descriminalizar, que despenalizar y menos aún
liberalizar.
Sólo la mala fe, la especulación, el intento de mantener ciertos kioskos, pueden
hacer equivaler estos conceptos, postergar los debates concretos y las
decisiones acerca de la política en salud pública.
No hay foro internacional, en el que éste tema, no se esté poniendo a discusión;
los prohibicionistas locales, como talibanes, defienden sus cotos de caza con
esmero y golpes bajos, sin datos duros, y acusando a los demás de promover el
uso indiscriminado de sustancias.
Tampoco existe institución académica respetable que haya demostrado
fehacientemente que el uso medicinal de cannabis sea lesivo, no hay
estadísticas, epidemiología alguna, lo que no implica apología de las drogas en
modo alguno.
La presunta ingenuidad de sus latiguillos, suman desaliento y fracasos.
Cualquier profesional de la salud o no, sabe que los tóxicos, todos, no son
inocuos; también lo saben los usuarios, sean legales o ilegales.
De acuerdo a la última reunión regional de toxicología celebrada en Brasilia y a
la que fue invitado nuestro asesor externo, profesor Dr. Carlos Damin, (jefe del
servicio de toxicología del Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires,
titular de la Primera cátedra de toxicología y psiquiatría legal, Facultad de
Medicina, UBA, y presidente de FundarTox), Argentina encabeza el uso de
clonazepan a nivel continental y es segundo detrás de Brasil, de alcohol, ambos
legales y de gran aceptación y tolerancia social.
Hay algo de lo que nos estamos olvidando, mientras tanto, y creo que es básico
para entender el consumo de sustancias
La falta de oportunidades objetivas y sobre todo subjetivas (Smalinsky) de
amplios sectores de la población, pretenciosa y omnipotentemente destinados a
ser reeducados para ser “personas de bien” de acuerdo a la moral y buenas
costumbres.
Creo que pensar en las inequidades subjetivas de los involucrados, sus familias
y contextos es el punto de partida para intentar desentrañar los motivos
personalísimos de aquellos que usan sustancias.
Es la tarea de los que nos ocupamos de esto, de los que nos formamos
continuamente en este campo, desandando muchas veces nuestro camino, ante cada
frustración, para alcanzar a las personas que tratamos y sus familias, para que
sepan por qué y para qué usan las sustancias legales o ilegales de las que
abusan, que las dejen a conciencia y no aguantándose las ganas; que las recaídas
no son un clásico, sino el resultado de un planteo que es ineficaz, que haber
consumido drogas no sea una identidad, un trabajo y un estigma.
(1) Boletín de la 12º Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada
por Intercambio Asociación Civil, presidenta Graciela Touzé, en el Honorable
Senado de la Nación
Lic. Laura Gersberg
MN 14.613
Equipo Argentino de Toxicomanías
Directora
CV en linkedin.com
La Tecl@ Eñe - Revista de Cultura y Política
http://lateclaene6.wix.com/revistalateclaene