El
aborto, como la espina en el ojo
Por Carolina Vásquez Araya*
Una espina en el ojo no sería más molesta para los gobiernos de la región como
el planteamiento hecho por la ONU sobre permitir el derecho al aborto y el
acceso a métodos anticonceptivos para las mujeres que viven en países en donde
actualmente se presenta una fuerte incidencia de casos de zika, como es el caso
de América Latina.
La prevalencia de la doctrina católica en los países latinoamericanos, cuya
influencia ha sido estampada hasta en los textos constitucionales —aun cuando la
mayoría de Estados se autodenomina laico— constituye un obstáculo aparentemente
infranqueable para uno de los problemas sociales de mayor impacto en estos
países de población mayoritariamente pobre y sin acceso a la salud, y mucho
menos a la educación sexual y reproductiva.
De ahí que el temor de un incremento incontrolado de abortos clandestinos con
consecuencias fatales surja como derivado de restricciones a la práctica del
aborto en establecimientos sanitarios legales y bien equipados. Esto,
considerando que el entorno en el cual se desarrolla la vida de estas
comunidades es de tal vulnerabilidad y marginación, que en el futuro cercano no
existen mayores perspectivas de acciones eficaces para evitar la propagación del
zika, ni del chikungunya, ni del dengue y tampoco de la malaria. Pero,
adicionalmente, del hambre y la desnutrición, la falta de acceso a servicios de
salud y la indiferencia de los gobiernos.
Se estima que unos 25 millones de mujeres carecen de acceso a métodos
anticonceptivos en el continente latinoamericano, pero es probablemente mayor el
número de quienes, a pesar de tenerlo, no los utilizan por razones religiosas o
desconocimiento. También se conoce la tremenda prevalencia de violencia
intrafamiliar, violaciones sexuales, incesto y trata de personas a quienes el
sistema actual deja al margen de la protección de los Estados. Esto significa un
problema de enormes dimensiones y requiere más de una visión humanitaria,
sanitaria y de derechos, que de un manifiesto doctrinario.
Las víctimas de la mayoría de enfermedades transmitidas por los mosquitos se
encuentran en áreas rurales o en zonas marginales, desprotegidas y sujetas a la
voluntad de autoridades locales, quienes usualmente han sido electas por medio
de campañas financiadas a través de acuerdos financieros y políticos. Estas
autoridades muchas veces carecen de los conocimientos técnicos y legales para
tomar decisiones de tanta responsabilidad, por lo cual los Estados de la región
se sostienen en una cadena llena de eslabones rotos. Su tarea —titánica, por
cierto— es diseñar e implementar políticas sanitarias coherentes y ajustadas a
las emergencias del momento, como esta probable pandemia de zika que asola a los
pueblos y a sus nonatos.
Los síntomas de las enfermedades transmitidas por los mosquitos son ampliamente
conocidos por haber sido divulgados por todos los medios de comunicación, pero
principalmente por quienes tienen acceso a ellos. Sin embargo, las medidas de
protección son relativas a las condiciones de vida de las personas, o no existen
o son prácticamente imposibles de implementar para evitar las peores
consecuencias de estos males, una de las cuales es la microcefalia en los bebés
y el síndrome de Gillian Barret, para ninguna de las cuales existe cura
conocida.
De no responsabilizarse los Estados de la región de manera congruente con su
mandato de proteger a la persona y a la familia —común para todos, sin duda— se
encontrarán con una crisis humanitaria fuera de proporción. El momento de las
decisiones, aun cuando es difícil, resulta inevitable.
Carolina Vásquez Araya
Periodista y Analista Política
Nacionalidad: Chilena
Correo electrónico
elquintopatio@gmail.com
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Twitter: @carvasar
Blog: El Quinto Patio
* Periodista y editora con más de 30 años de experiencia, cuyos logros
profesionales en el desarrollo de proyectos de gran éxito avalan sus cualidades
de liderazgo, creatividad y relaciones públicas.
Ha aportado sus conocimientos en proyectos de organizaciones con intereses
orientados al desarrollo social, cultural y económico del país, con especial
énfasis en el sector de cultura y educación, emprendimiento, derechos humanos,
justicia, ambiente, mujeres y niñez.