Bajo
la batuta del FMI
Macri serrucha el Estado
Por Carlos A. Villalba (*)
Los gerentes de la Alianza “Cambiemos”, multiplicaron sus definiciones groseras
sobre el Estado y sus trabajadores desde el momento mismo del triunfo electoral
de Mauricio Macri en octubre de 2015. “Empleo inútil”, “grasa militante”,
“ñoquis”, “mafias”, fueron algunos de sus despectivos. El 18 de abril pasado, el
mandatario perfeccionó la concepción PRO del Estado al concebirlo como “aguantadero”,
palabreja inexistente para la real Academia pero de clara y sencilla comprensión
en Argentina y Uruguay, donde se la usa para referirse al “refugio de
delincuentes buscados por la ley”.
Al firmar ese día el "Compromiso Federal para la Modernización del Estado", el
Presidente se refería a la estructura administrativa del Gobierno y a sus
trabajadores y no al centenar de sus funcionarios involucrados ya en más de 50
causas judiciales, entre ellos cinco de sus ministros, su vicepresidenta, el
jefe del espionaje local y él mismo, que encabeza la lista con imputaciones en
su contra por lavado de activos en los Panamá Papers, ampliación del blanqueo de
capitales a familiares, el memorándum con Qatar, los casos Avian y Flay Bondi,
el tarifazo energético y el intento de licuación de la deuda de Correo Argentino
SA, además de las por ahora desestimadas causas “dólar a futuro” y “deuda
externa”.
Además de apropiarse de él para beneficio de las corporaciones concentradas, el
macrismo quiere al Estado fuera de la economía, limita al máximo sus funciones
de contralor, aunque aumentó el organigrama a 22 ministerios, 87 secretarías,
207 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales, 122 institutos y
organismos descentralizados; un total de 1125 unidades administrativas, número
muy superior al heredado, para incorporar centenares de puestos gerenciales que
se repartieron entre la tropa amarilla y sus aliados políticos. Sin embargo, el
proceso dejó sin trabajo a unos 12.000 empleados en su primer año y apunta ahora
a otras decenas de miles más de trabajadores, que saldrán de los 115 mil que se
encuentran “bajo análisis”, los 36.409 contratados, los más de 21 mil
“jubilables” o las víctimas de las policíacas “auditorias de asistencia” que
dispone la “Resolución 204-E” que acaba de publicarse en el Boletín Oficial.
El serrucho tiene la ampulosa denominación de "Plan de Desburocratización y
Reforma del Estado" e incluye un proceso con nombre latino de origen bíblico:
“atrición”, que para la Real Academia es el “pesar por haber ofendido a Dios” y
para el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica la reducción de puestos de
trabajo en el sector público sin reemplazar las vacantes que se produzcan.
La sangría está a cargo Andrés Ibarra, el Ministro de Modernización, proveniente
del Grupo Macri y asesorado por otro ex SOCMA y ex Menem Carlos Grosso; a pesar
de su tijera, el funcionario no se privó de ubicar a su esposa, Carla
Piccolomini, al frente de las Relaciones Institucionales de Radio y Televisión
Argentina (RTA) con un sueldo estimado en más de $ 140.000.
Más negocios, menos trabajadores
El recorte, como el conjunto del plan de ajuste del gobierno, se va a acelerar
después de las elecciones de medio término del 22 de octubre próximo, como lo
reconocieron los sincericidas ministros Nicolás Dujovne y Luis Caputo durante la
reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada en
Washington en abril pasado.
La medida forma parte del paquete que el FMI le indicó a Macri después que este
decidiese que la economía nacional vuelva a girar en función de las pautas del
organismo multilateral y sus créditos, destinados a compensar los
multimillonarios pagos de la nueva deuda externa, que ya condujo a la Argentina,
como a otros países de la región y el mundo, a la quiebra, la pobreza y los
estallidos sociales.
En septiembre de 2016 desembarcó en Ezeiza el economista italiano Roberto
Cardarelli, jefe de la División Norteamérica del Departamento Hemisferio
Occidental del Fondo y líder de la misión que estuvo en Buenos Aires durante dos
semanas para reunir datos para el informe sobre la economía argentina publicado
en noviembre pasado, tras diez años de ausencia. El "nuevo Anoop Singh", aquel
responsable de la misión fondomonetarista en tiempos de Carlos Menem muy
parecido al actor Peter Sellers, se rindió a los pies de “la tierra del tango,
el Malbec y algunos de los mejores futbolistas del mundo“ y de los “logros de la
Argentina” de Macri y recomendó al Gobierno una “reducción estructural” del
empleo público.
Un Oscar para Ibarra
La maniobra está en ejecución desde hace un año y el ministro Ibarra acelera
ahora los preparativos para la escalada de despidos. El informe del FMI,
titulado "Logrando más con menos”, sin tanta poesía como el blog del propio
Cardarelli, señala que “una reducción estructural del empleo público sería
facilitada fortaleciendo la gestión de las nóminas (de empleados) para rastrear
y controlar a los empleados públicos y emprendiendo un censo para identificar
trabajadores ‘fantasma’ e implementando un sistema basado en la atrición”.
Con el Norte en la frase presidencial del 20 de marzo de 2016 acerca de que "Hay
un millón y medio de empleados públicos de más", el “Plan de Análisis de
Dotaciones” avanza y apunta a una revisión de los planteles de personal de los
22 ministerios, destinada a una reducción de personal atada a la “productividad”
de cada área.
Aproximadamente un tercio del Cuerpo de Administradores Gubernamentales (AG), un
conjunto multidisciplinario de más de 150 profesionales altamente capacitados,
pasó de desempeñarse en funciones de “planeamiento, asesoramiento, organización,
conducción y coordinación en toda la Administración Pública Nacional”, a
realizar el “control de calidad” de las planillas de encuestas que llena el
personal temporario contratado al efecto por la consultora PwCoopers, nombre
operativo de la PricewaterhouseCoopers.
La transnacional anglo estadounidense es la más grande del mundo en provisión de
servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal a las
principales compañías, instituciones y gobiernos de los cinco continentes y fue
contratada por Macri, Marcos Peña Braun e Ibarra para el “análisis” del Estado y
sus procedimientos administrativos, proponer “mejoras de rendimiento” para los
tiempos de tramitación y diseñar su “reingeniería de procesos", acciones que
monitorea desde sus oficinas ubicadas en la Torre Bouchard Plaza, ex Edificio La
Nación, frente a Puerto Madero. “La Price” se hizo famosa entre el gran público
por ser la responsable de auditar los votos de la Academia de Hollywood en la
elección de sus Oscar 2017 y entregarle a Warren Beatty el sobre equivocado que
indujo al director y actor de la célebre película “Reds” a dar por ganadora a
“La La Land” en lugar de “Moonlight”.
A un costo contractual oculto bajo siete llaves, PwC es la encargada de analizar
la “desviación” entre la “dotación inicial” de empleados públicos de cada
repartición y lo que los técnicos privados consideran “dotación óptima” o
“adecuada”, es decir entre los trabajadores que hay y los que la administración
Macri quiere que haya, a partir del criterio ideológico de sus funcionarios y de
las recomendaciones de los consultores que le apuntan a las direcciones de
Recursos Humanos del Estado que existe un “excedente” de empleados públicos que,
más temprano que tarde, deberán incorporarse a las listas del ajuste de la
“Reforma III” del Estado, sucesora de los dos desguaces, con privatizaciones
incluidas, concretados durante la década menemista.
Ibarra desembarcó en el Estado nacional con la experiencia de haber realizado el
mismo proceso en la Ciudad de Buenos Aires, donde contrató por una cifra cercana
a los u$s 3 millones a las consultoras PCG SA y TBT SRL para contabilizar la
cantidad de empleados de determinados ministerios e identificar a los
trabajadores “jubilables”. Al llegar a Nación, la prueba piloto se desarrolló en
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), avanzó hacia
Vialidad y al propio Ministerio de Modernización y, conforme se acerca el mes
electoral de octubre, los tiempos se aceleran y suman nuevos profesionales a la
que trabajan con los serruchos denominados “mecanismos de adecuación”.
Ya son 25 los equipos que trabajan “en persona” en los organismos, integrados
por dos funcionarios de la coordinación del Programa, uno o dos “AG” y ocho
“relevadores” provistos por la consultoría externa, que interactúan con los
departamentos de Recursos Humanos de cada unidad. Según la denuncia de delegados
de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en áreas como Justicia y
Derechos Humanos, se delegó la tarea del llenado de cuestionarios en
trabajadores que quedaron sin tareas por el cierre de su sector, incluso de
personal cesanteado y luego reincorporado.
El proyecto, define dichas “dotaciones adecuadas” a través del “análisis y
desarrollo de indicadores de productividad”, criterio rechazado por buena parte
de los expertos en políticas públicas que, paradójicamente, fue aceptado por la
Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), comandada por Andrés Rodríguez, en
un arreglo paritario a la baja por el 20% de aumento en tres cuotas y con extras
por “presentismo” y “productividad” que terminó de acordar el jueves 18 de mayo.
Por el contrario, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que no
participó de la negociación, se apresta a rechazar la pauta acordada, a la que
considera “perversa” ante la pérdida de poder adquisitivo del salario y frente a
una inflación que camina al galope y reclama un 38% de aumento, sumando 13% de
lo perdido en la paritaria 2016 al 25% inflacionario del año en curso. Este fue
el único sector laboral que se expresó contra el “Plan Dotaciones” y tratará de
modificar los “adicionales por productividad y presentismo” que negoció
“Centauro” Rodríguez, a partir de la inaplicabilidad del primero, con el
sencillo criterio de que el Estado “no es una fábrica de hacer chorizos” como
para contarlos y la contradicción del segundo con el convenio colectivo que rige
al sector.
Medidas de Fondo
Esta “reducción estructural del empleo público” es apenas uno de los puntos del
diseño del Fondo Monetario Internacional a cumplir por el gobierno de Mauricio
Macri hasta las 24 horas del lunes 9 de diciembre de 2019.
El equipo que comanda el hijo de Franco y Alicia Blanco Villegas ya analiza un
conjunto de medidas que pueden presentarse con el siguiente punteo:
• Mantener el “gasto” público en niveles constantes, lo que implica una
reducción anual de más del 20% por atraso frente a la inflación, una de las
formas de lograr la reducción del déficit fiscal exigida por la autoridad
monetaria reconocida por el actual gobierno. La llamada “racionalización del
gasto público” incluye la inversión salarial.
• Cambio del sistema previsional, con reducción del haber inicial, modificación
de la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad y posible congelamiento de
la misma; elevación de la edad de retiro de las mujeres de 60 a 65 años y
transferencia de programas como la Asignación Universal por Hijo o el plan
Progresar, desde la Anses a los ministerios de Desarrollo Social o de Educación,
que ya se quedó con el sustancioso “Conectar Igualdad”.
• Reforma tributaria regresiva, a imagen de las quitas y eliminaciones de
retenciones granarias y mineras.
• Diseño de un cuadro tarifario de los servicios públicos, en función de la
“recuperación de costos” de las empresas, con eliminación de subsidios e
inevitables subas.
• Reducción de la inflación a un dígito, congelando el consumo.
• Disminución o eliminación de las barreras del comercio exterior.
• Profundización de la “normalización de las relaciones con los acreedores”, a
través del pago de la deuda externa, disparada en 18 meses de gestión PRO.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, adelantó antes de instalarse en su
despacho con vista a la Casa Rosada de la calle Hipólito Yrigoyen sus planes
para congelar el Estado, paso previo a volver sobre su achicamiento, proceso en
el que las privatización de las empresas públicas es una de los proyectos que
más entusiasman a los Ceos que hoy comandan las palancas del Gobierno y
mantienen aceitados los ductos con las grandes corporaciones a las que
responden.
La PriceWaterhouseCoopers tal vez sea la bien pagada también para ayudar en el
diseño de esos mecanismos; por ahora, se dedica a mapear el Estado para quitarle
la “grasa” de quienes trabajan en él.
(*) Psicólogo y periodista argentino, Investigador Asociado al Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Mayo 2017
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