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¿Para qué sirve la utopía?
Por Hugo Basso*
“Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se
aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos
más allá.
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré.
¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar"
Fernando Birri
-Es así –me dice-, la utopía es como la mujer que uno ama. Por ahí no vas a
tenerla nunca, pero tratar de alcanzarla te mantiene con vida.
Por Adriana Meyer, Página/12, 11 de mayo 2008
Hace casi
25 años, los militantes justicialistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo “Carlón”
Pereyra Rossi fueron acribillados a balazos por una patota encabezada por Luis
Patti, en uno de los últimos manotazos con que la dictadura en retirada quiso
impactar para demostrar que la “subversión” no estaba vencida. Esta semana habrá
actos en Rosario, de los que participarán las hermanas de Cambiaso, y un
homenaje en el paraje campestre donde fueron asesinados que organiza Juan Puthod,
el sobreviviente del terrorismo de Estado secuestrado este 29 de abril. La
investigación judicial del caso Cambiaso-Pereyra Rossi estuvo paralizada por más
de dos décadas, a partir del dudoso sobreseimiento de Patti, pero en 2005 fue
reactivada por los querellantes y el fiscal federal Juan Murray. La Cámara de
Apelaciones de Rosario tiene en sus manos la posibilidad de destrabar el
expediente, y aceptó reunirse con los diputados Remo Carlotto y Victoria Donda,
y con funcionarios de las secretarías de Derechos Humanos nacional y bonaerense.
El 17 de mayo de 1983 el Ministerio del Interior informó que Osvaldo Agustín
Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi habían sido “abatidos en un
enfrentamiento” con efectivos de la Unidad Regional de Tigre. Los policías
involucrados eran los cabo Rodolfo Diéguez, el sargento Juan Spataro y el
oficial principal Luis Abelardo Patti. Media docena de testigos dio otra
versión. El sábado 14 de mayo Cambiaso y Pereyra Rossi conversaban en el bar
Magnum, de Córdoba y Ovidio Lagos, en Rosario. Fueron secuestrados en un
operativo del I y II Cuerpo de Ejército. Los sacaron del bar con la boca
amordazada, a la rastra, por el suelo, con la cara hacia el piso, y los metieron
en una camioneta. Los captores festejaron su éxito con gritos de alegría y
abrazos.
Tres días después, Cambiaso y Pereyra Rossi aparecieron baleados en Lima,
partido de Zárate. Los peritajes demostraron que fueron golpeados y torturados
antes de morir. Había hematomas, rastros del empleo de picana eléctrica y
muestras de pólvora sobre el antebrazo izquierdo de Pereyra Rossi originadas por
un disparo a quemarropa. El 18 de junio, el juez penal de San Nicolás, Juan
Carlos Marchetti, dispuso la prisión preventiva de los tres agentes de la
bonaerense y calificó el caso como “homicidio calificado reiterado”. Además,
ordenó la detención del médico policial que hizo la primera autopsia. El tercer
estudio de los cuerpos, realizado por el histopatólogo y experto en balística
Eduardo Pedace, refutó a Patti en sus dichos sobre la distancia y posición de
tiro. Los disparos fueron hechos un metro y medio más cerca de lo que juró el
represor, aún aspirante a diputado.
Mientras circulaban rumores de autogolpe y varios medios agitaron una vez más el
fantasma del “rebrote subversivo”, las hermanas Cambiaso comenzaban una larga
batalla judicial recolectando pruebas que contrastaban con las que tenían los
investigadores, que en algunos casos había sido obtenidas bajo tortura. El caso
Cambiaso-Pereyra Rossi se sumó a una treintena de hechos intimidatorios
registrados en los primeros meses de 1983. Vicente Saadi denunció que las
informaciones oficiales eran “una sarta de mentiras”, y no dudó en afirmar que
“no se trató de un tiroteo sino de asesinatos lisos y llanos”. Poco después, a
instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), abogados de
diferentes corrientes políticas conformaron una comisión investigadora, entre
ellos Marcelo Parrilli, Augusto Conte y Nilda Garré. Ellos aportaron a la causa
una nota anónima que detallaba el operativo militar e incluso revelaba que el
policía Diéguez comentó que Patti fusiló a Cambiaso y Pereyra Rossi por la
espalda.
Cosa juzgada írrita (nula)
“Existió un aparato organizado de poder del que participó Patti y que significó
la muerte de los militantes Cambiaso y Pereyra Rossi”, afirmó el fiscal federal
Juan Patricio Murray hace dos años, durante el proceso parlamentario de
impugnación a la banca del represor. Durante aquella larga audiencia, el fiscal
dejó en claro que “esos hechos estaban suficientemente acreditados en 1983 pero
hay pruebas contundentes de que el juez del caso fue presionado para dictar el
sobreseimiento de Patti y los otros dos imputados”. Marchetti llegó a ser
intimidado con seguimientos que incluyeron a su familia y a sus empleados.
También ante los diputados, Gladys Cambiaso aseguró que “el juez nunca pudo
ubicar a un testigo clave y en un giro total cerró la causa”. El 4 de noviembre
la Cámara confirmó los sobreseimientos, pero en su fallo destacó que los
testigos fueron modificando extrañamente sus dichos, y puso en duda la
credibilidad de Patti.
Murray recordó que Patti está confeso ante la Justicia porque en 1983 admitió:
“Yo los maté en un enfrentamiento”. Pero a pesar de que el propio Patti no niega
haber sido el autor material de las muertes, y los peritajes demuestran que tal
enfrentamiento no existió, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte
Ruzo, no accedió al pedido de nulidad del sobreseimiento de Patti y de los dos
policías presentado por el fiscal y la querella invocando que en el caso hubo
“cosa juzgada írrita”. Sin embargo, la causa no está paralizada. El juez decidió
seguir investigando, aunque dejó en stand-by la situación de Patti, Diéguez y
Spataro hasta que la Cámara se defina. El fiscal y la querella pretenden que,
mientras tanto, sean imputados los miembros de la patota rosarina, cuyos nombres
fueron aportados por la reciente declaración del represor Eduardo Costanzo.
Los querellantes y la fiscalía consideran que el sobreseimiento de los tres
policías, dictado a pocos días de las elecciones de 1983, está viciado de
nulidad. Argumentan que luego del procesamiento no ocurrió nada que justifique
el sobreseimiento. Y sostienen que en los últimos dos años se incorporaron
pruebas valiosas tales como los datos provenientes de los archivos
desclasificados en Estado Unidos. En esos documentos fuentes de Inteligencia
militar refieren que el asesinato de Cambiaso y Pereyra Rossi no pudo haber
ocurrido sin conocimiento de las fuerzas del Ejército, y relatan las presiones
ejercidas por el Ministerio del Interior sobre la Justicia para que la causa
terminara con un sobreseimiento o pasara al ámbito militar. Otro elemento de
valor son los informes de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense
(Dipba) sobre los seguimientos al juez y a los testigos, y un pedido de informes
sobre Pereyra Rossi que Contrainteligencia hace a la Dipba pocos días antes del
asesinato.
El sobreseimiento cuestionado se transformó en definitivo el 23 de diciembre de
1986, el mismo día que nació la Ley de Punto Final. El secuestro se había
producido en medio de la denuncia de Raúl Alfonsín sobre el pacto
militar-sindical y del Documento Final sobre los desaparecidos que emitió la
Junta. La embajada de Estados Unidos tomó nota de que la exoneración de Patti y
sus agentes fue moneda de cambio en la interna militar, y en ese sentido el giro
del juez Marchetti descomprimió la situación. Por eso Ana Oberlin, abogada de
las hermanas Cambiaso, argumentó que “una investigación llevada adelante por la
Justicia de facto, y una pretendida autoridad de cosa juzgada, en el contexto
histórico-político mencionado, y con las falencias detalladas, no pueden
prevalecer por sobre el derecho de las víctimas y la sociedad en general de
conocer la verdad de lo acontecido y procurar el castigo de los responsables de
los hechos y de su encubrimiento”.
Página/12, 11/05/08