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"El Estado terrorista fusiló a presos en Margarita Belén, en la Penitenciaría de Córdoba y en Trelew."

El Fiscal Federal de Córdoba Carlos Gonella, el primer miembro de la Justicia que acusa a sus pares

Por Pedro Jorge Solans*

[El fiscal federal de Córdoba Carlos Gonella y el periodista Pedro Solans en el despacho del Ministerio Público]

"Eran detenidos a disposición de la Justicia o del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), tenían legajo y estaban identificados. Asimismo, los fusilaron. Eso demuestra sin dudas el accionar de un Estado Terrorista," señaló el fiscal federal de Córdoba, Carlos Gonella que se prepara para intervenir en la causa de los 28 presos fusilados en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Córdoba (UP1).

En ese juicio, que se iniciará en los primeros meses del año 2010, se destacarán los casos del médico Moukarzel que fue estaqueado en el patio de la UP1, el día más frío de 1976, que fue el 15 de julio, y de Paco Bauducco que en una requisa por su dolencia crónica en una rodilla cayó al suelo y como no podía levantarse pese a la orden del oficial, éste le descerrajó un balazo en la cara ante la mirada de alrededor de 40 personas.

Gonella, en su despacho, señaló que está estudiando los tres casos que son emblemáticos y presentan una clara similitud en hechos de fusilamientos de presos a disposición de la Justicia y que demuestran que el Estado violó todos los derechos de sus ciudadanos y los torturó y los asesinó.

Las ejecuciones que tuvieron lugar en Margarita Belén en el Chaco, en diciembre 1976, no distan de lo ocurrido en 1972, en Trelew, Chubut, ni lo que ocurrió en Córdoba. Actuaron todos los estamentos estatales.

El fiscal que pidió cadena perpetua para el general de la muerte Luciano Benjamin Menéndez e integrantes de la D2 de la policía de Córdoba entiende que en el terrorismo de estado implementado en 1976 intervino también el Poder Judicial a través de sus jueces y fiscales. El trabajo del joven Gonella parece abrir definitivamente “la caja negra” que aún se esconde detrás de tantos tormentos y muertes que hubo en el país.

Será el primer fiscal que irá más allá de policías y militares, y allane la verdadera trama del terror.

En su último alegato en la causa Albareda, Moyano y Morales, (juicio Menéndez II), Carlos Gonella, en representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación, afirmó que la implantación de un “Estado Terrorista” solo pudo ser posible “prohibiendo a los partidos políticos, interviniendo a los sindicatos, amordazando a la prensa e implantando el terror más profundo que haya conocido la sociedad argentina”. Pero sentó en el banquillo al ex juez federal de Bell Ville, Eudoro Vásquez Cuestas.

Gonella explicó que su argumentación se divide en cuatro partes, según un criterio cronológico. En el inicio, ofrece en forma completa, da cuenta del contexto general político en que suceden los hechos y presentó la causa Morales, y el pasado martes, completó con Moyano y Albareda. Tras lo cual se refirió a la pena.

El fiscal comenzó diciendo que “los hechos se iniciaron en el marco del Terrorismo de Estado o el Estado terrorista, como dijo un testigo” (Eduardo Luis Duhalde). Recordó que hubo un plan sistemático de eliminación de personas lo cual quedó acreditado en fallos históricos tras la anulación de las leyes de la impunidad.

“El 24 de marzo de 1976, se derrocó un gobierno constitucional del cual el Ejército formaba parte y al que le faltaban pocos meses para concluir su mandato”, expresó. En este sentido consideró que de esta manera se “cortó la posibilidad de que el pueblo remediara a través de un proceso democrático los males atribuidos al gobierno de Isabel Perón”.

Por el contrario “los agravaron” y produjeron la interrupción de un proceso democrático que se había iniciado en 1973 y del que participó la ciudadanía en un 80 por ciento”.

En esa línea, dijo que se invirtió el esquema democrático y se produjo la restauración de minorías económicamente poderosas ligadas a la visión capitalista y plasmada luego en el pensamiento de del Consenso de Washington. “Había que excluir a los sectores populares” e imponer un régimen que ponga “orden”, describió en otro tramo.

“Una política semejante, solo pudo imponerse, a través de la violencia ilimitada: prohibiendo a los partidos políticos, interviniendo a los sindicatos, amordazando a la prensa e implantando el terror más profundo que haya conocido la sociedad argentina”, aseguró.

Los jueces

Los representantes del sobreviviente Raúl Ernesto Morales, militante peronista, detenido el 22 de marzo de 1976, en Santa Rosa de Calamuchita que fue golpeado brutalmente por personal de civil y torturado en el D2, y luego confinado en diferentes cárceles del país, donde en ese periplo horroroso perdió los dos riñones y recién en 1981 fue trasplantado, presentaron de manera cronológica y detallada cada una de las pruebas documentales y testimoniales que probaron la acusación. Asimismo, revelaron que lo ocurrido se realizó en el marco de un aparato represivo ilegal paralelo que actuaba en forma coordinada con el legal.

La abogada María Elba Martinez demostró que el Poder Judicial estaba al tanto de los procedimientos. Dijo que un día después de la detención de Morales, el Inspector Telleldín le informó al Juez Federal Zamboni Ledesma –por nota-sobre la detención del agente de policía Olegario Martínez y de su esposa Stella Maris Morales (cuñado y hermana de Morales) por pertenecer a la organización terrorista Montoneros. Por los testimonios, coincidentes, no hay dudas sobre la participación de Miguel Ángel “Gato” Gómez, en las sesiones de tortura. Fue visto, reconocido y escuchado por todos los testigos que pasaron por el D2 de informaciones.

En cuanto a Luciano Benjamín Menéndez, autor mediato, quedó claro que era la cabeza que comandaba el Tercer Cuerpo de Ejército formado por trece provincias que abarcaban el norte, centro y oeste del país. En este caso, el otro actor que participa es la Policía Provincial que forma parte del Área 311.

Martínez explicó que existen documentos sobre la creación del Grupo de Interrogadores de Detenidos y de la Comunidad Informativa. Sobre esta cuestión destacó que hubo la similitud con los criterios establecidos en el Plan Cóndor y la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Tras analizar la responsabilidad penal, la clasificación legal de los delitos, el contexto ideológico, la tortura como método y sus efectos, las órdenes miltares y el Plan Cóndor, Los Nunca Más de América Latina entre otros tópicos solicitó la pena de 25 años de prisión para Luciano Benjamín Menéndez y 23 para Miguel Angel “Gato” Gómez.

“Morales es un preso político, y representa una amenaza para el sistema político establecido”, dijo Hugo Vaca Narvaja quien inició su alocución citando la obra. “Vigilar y castigar” de Michel Foucault. Vigilar y castigar era lo que hacían los militares, afirmó.

El abogado realizó un análisis histórico político de la represión que “comienza en 1974 con el Navarrazo”, hecho que valora como la génesis de la represión posterior ejecutada después por la dictadura y luego la continuidad en democracia.

Vaca Narvaja afirmó que Menéndez era el jefe de la represión “el brazo armado, el director de la carnicería, pero no el autor ideológico” porque los que manejaban el Estado y las políticas, eran civiles. Destacó que el plan económico, implementado por Martínez de Hoz y su equipo, aumentó la deuda externa siete veces más de la contraida por el gobierno de Isabel Perón.

También responsabilizó a instituciones como la Sociedad Rural, la Iglesia, y los sectores más recalcitrantes de la burocracia sindical que colaboraron con el Golpe. También se refirió al papel de la Justicia que según las las declaraciones del testigo Eudoro Vásquez Cuestas cuando dijo que "arriba de los militares solo estaba Dios", admite la colaboración y subordinación a las armas. Justifica la inacción ante las denuncias de torturas realizadas por los detenidos, obedeciendo las órdenes de los militares. “Si como Juez no tenía potestad, estaba pintado. No estaba obligado a conservar su cargo”, estimó Vaca Narvaja.

En otro segmento de su exposición analizó los testimonios de varios testigos que dan cuenta de las relaciones entre Primatesta, Menéndez y Angeloz. Asimismo subrayó que quedó comprobado que el ministro Aguad -hoy senador de la nación- no quería dar de baja al represor Yanicelli. El abogado afirma que ya en 1975 la “subversión” estaba derrocada y que no había motivos para que no actuara la justicia. Era necesario tomar el Estado -agrega- para imponer un sistema terrorista y desmantelar al país.

“Pedimos justicia para Morales. Morales pide Justicia. Para que una vez 'las vírgenes virguen, los obispos obispen y los funcionarios funcionen', dijo aludiendo a una poesía de Juan Gelman que había leído antes para referirse a la confluencia de sectores que deztrozaron el país. Para concluir remarcó que junto a María Elba Martínez siguen reclamando la acumulación de las causas por lugares de detención, campos o circuitos, porque “además de desconocer las órdenes de la Fiscalía General de la Nación a cargo del doctor Esteban Righi, carece de un orden cronológico y lógico”. Un ejemplo de ello, remarcó- es la usencia de la causa Gontero (Luis Urquiza) dentro de este juicio. Es injustificable y desgastante, valoró.

* Director de www.eldiariodecarlospaz.com