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Medios de comunicación y democracia: los verdaderos debates detrás de la victimización

Por Arturo Trinelli*

La sobreactuación por el miedo a la censura alentada por algunos periodistas y ratificada por algunos dirigentes políticos no resistiría el menor análisis si no fuera porque, en los hechos, sirvió para durante unos días desviar la atención ante lo realmente importante vinculado a los medios y la libertad de expresión: la entrada en vigencia de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que luego de numerosos debates con participación de diversos sectores de la sociedad, fue consagrada por amplia mayoría en el Parlamento. De esta manera, la ley en la actualidad constituye una demanda de diferentes partidos que así lo hicieron saber en el Congreso Nacional, con grandes movilizaciones populares en todo el país que pidieron por su implementación. La cuestión ya ha trascendido el propio contenido de la norma para situarse en el nivel simbólico de plantear qué tipo de sociedad estamos pensando a futuro y el rol de los agentes de socialización que le darán forma, sentido y expresión.

En los próximos días se espera la intervención de la Corte Suprema que, luego de revisar el expediente de la medida cautelar de la justicia mendocina que suspendió la aplicación de la ley, deberá dar lugar a la apelación que realizó el Gobierno Nacional donde se plantea la gravedad institucional de privar al sistema general de medios de una ley consensuada por amplia mayoría. Así es que se espera una resolución de la Corte sobre la medida cautelar más que un pronunciamiento sobre la legalidad de la ley en sí misma. La gravedad institucional que esgrime el Gobierno tiene que ver con el peligro ante una superposición de poderes si se judicializa el proceso de sanción de las leyes.

Pero independientemente de los tecnicismos jurídicos, hay temas de debate que la discusión por la ley de medios ha planteado y que sus disputas jurídicas en todo este tiempo no han logrado neutralizar. Esto ha sido entendido por algunos medios como “crispación”, o se ha reducido simplemente a una lucha del kirchnerismo con un sector de la prensa que desde que asumió como inevitable el planteo sobre el rol de los medios no tuvo reparos en constituirse como uno de los grandes polos de oposición a la actual gestión, abandonando de esta manera su hiper promocionada objetividad o independencia.

Algunos periodistas vienen sosteniendo últimamente que se sobreestima la influencia de los medios en la población, en especial de aquellos que reclaman una intervención del Estado para reparar las distorsiones que ha permitido la ley vigente, sancionada por la dictadura y anacrónica frente a las nuevas tecnologías. Todo, una vez más, se reduciría a una lucha política en donde lo que estaría en juego sería la disputa de un gobierno que reniega de las críticas y embiste contra un medio que investiga y publica información que lo compromete.

Sin embargo, la función e influencia de los medios masivos, ampliamente estudiada en ámbitos académicos, se ha filtrado en la opinión pública general gracias a la discusión por la ley. Así, se concluye que los medios acompañan los procesos de socialización, ofrecen referentes de conocimiento muy importantes, imágenes del mundo exterior y de personajes que constituyen parámetros de interpelación, modelos étnicos y sociales de éxito y fracaso, que interactúan con los que vienen de familia, el barrio o el entorno social inmediato. En definitiva, lo saludable de analizar a los medios es bajarlos de ese “pedestal” de inimputabilidad que siempre creyeron tener para reconocerlos como agentes de peso que pugnan por intereses propios y no de la mayoría como los pretenden presentar.

Valores democráticos en disputa

Si tenemos en cuenta que una de las estrategias de negocios de las empresas mediáticas es el sensacionalismo o dramatismo en las historias, se crea un sistema de valores falsos que son sostenidos por estudios de mercado y lanzados como "lo que interesa al público", que no es lo mismo que "el interés público". El hecho es que si los medios de comunicación no fomentan los valores democráticos y enriquecen la cultura cívica, el negocio que representan no es compatible con los propósitos democráticos. Es más, el sensacionalismo ha probado ser mitigante de dichos valores, en especial cuando se asocia a la protesta social con la delincuencia o a los reclamos por falta de seguridad justificando la justicia por mano propia, entre otros ejemplos cotidianos.

El rol del periodismo en las sociedades democráticas es sumamente importante y la libertad de expresión es un logro que en el país ha costado la sangre de muchos como para que en la actualidad haya sospechas sobre su extensión y consenso. Y pese a lo condenatorio que resulten los agravios personales, la opinión pública no debe dejar de exigir a los periodistas el ejercicio de una profesión responsable, permitiendo a sus interlocutores tener diferentes herramientas para sacar conclusiones propias sin imposiciones o restricciones de ningún tipo.

Todo sistema democrático requiere como garantía de funcionamiento una cultura cívica sólida interesada por los asuntos públicos. Sin embargo, la realidad construida por los medios muchas veces distorsiona ese interés por lo público y las necesidades cívicas de quienes reciben y consumen esa construcción de la realidad. Al mismo tiempo, la propia lógica del mercado que ha imperado en los medios hasta hoy ha concentrado las opiniones y las diferentes formas de expresión en grandes monopolios, que asumieron como “natural” la función de ser jueces para decidir arbitrariamente qué está bien o mal. De esta manera, ya lejos de ser un nexo entre la sociedad y el Estado, o desempeñarse como supervisores del poder político, parecen ser entidades con una prepotencia económica suficiente para decidir sobre los intereses políticos y económicos en disputa, sin la responsabilidad social que exige de ellos la democracia. Así es como los medios se constituyen en una fuerza capaz de intervenir políticamente de acuerdo a su conveniencia.

La posibilidad que brinda la nueva ley, pues, apunta a fomentar en la sociedad civil una masa crítica capaz de anteponer sus propias necesidades y demandas frente a la información y contenidos de los medios, para de esta forma volcar los esquemas mediáticos actuales a favor de la democracia y ser capitalizados de manera útil por la sociedad.

El desafío que se plantea entonces consiste en modificar la experiencia y la estructura de medios actual y redireccionarla. Resulta evidente que no se trata de una tarea sencilla luego de años de concebir la información como mercancía de lujo de algunos monopolios con capacidad para imponernos lo que tenemos que saber y posicionar los temas sobre los cuales construir el debate. A diferencia de la ley vigente, que contempla solo la explotación comercial y posibilita que el universo audiovisual sea cooptado simplemente por grupos con fines lucrativos, la nueva ley permite el acceso a las licencias de organismos sin canales de expresión hasta el momento, que democratizará a los medios y permitirá más y mejores lecturas de la realidad. Entre ellas, seguramente podremos concluir que la dirigencia política, pese a ser quien tiene la mayor responsabilidad, no gobierna sola. Sus decisiones deben ser consensuadas con otros grupos de poder con intereses propios y capacidad para hacerlos valer. Esos grupos o corporaciones actúan de manera de incidir en las decisiones de gobierno, por eso la política termina siendo siempre el “arte de lo posible”. En este sentido, las palabras de Mujica en la última reunión de Unasur resultan elocuentes: “los gobiernos no hacen lo que quieren sino lo que pueden”.

*Licenciado en Ciencia Política (UBA)