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La
universidad argentina, del modelo colonial al reformismo
Por Aritz Recalde – junio 2010
En el artículo vamos a hacer un breve análisis de la historia de las
universidades argentinas en el periodo que va de la inauguración de la
Universidad de Córdoba de 1613, a la aparición del programa reformista del año
1918. En el recorrido tendremos en cuenta las vinculaciones existentes entre la
institución educativa, el contexto histórico, el modelo productivo y la
política. Vamos a trabajar sobre la hipótesis de la existencia de tres modelos
diferenciados de universidad:
- La Universidad Colonial;
- La Universidad Liberal o de los Abogados.
- La Universidad Reformista.
I- LA UNIVERSIDAD COLONIAL
El origen de la universidad argentina se remonta a la fundación de la
Universidad de Córdoba en el año 16131 y fue producto de la política de
ocupación colonial española. Es oportuno remarcar, que el territorio de nuestro
actual país, formaba parte del Virreinato del Perú hasta su desprendimiento con
el Virreinato del Río de La Plata (1776) y partir de este último, se produce la
separación de las actuales naciones de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
En este marco, la institución cordobesa coexistió con otras como la Universidad
de Chuquisaca radicada en la actual Sucre -Bolivia- y en la cual se educaron
muchos dirigentes que ocuparon lugares prominentes en la política del continente
como fue el caso de Mariano Moreno o de Bernardo Monteagudo.
La creación de las universidades se organizó con la finalidad de garantizar la
efectiva ocupación territorial y administrativa de los territorios. La ciudad de
Córdoba donde se radicó la universidad, formó parte fundamental del camino del
Alto Perú y fue un nodo de desarrollo importante en su época. A la primera etapa
de ocupación militar ejercida por España, le siguió la organización de un
esquema institucional capaz de garantizar el ordenamiento político y la posesión
económica. Con esta finalidad, se crearon las sedes de los futuros Cabildos que
oficiaron como cabeceras de las actuales provincias argentinas. Dichas ciudades
implementaron sus sistemas normativos a partir de la legislación de indias, del
Derecho de Castilla y del Derecho Canónico (Korn 1936: 28) y organizaron su
sistema político a partir de la llegada de dirigentes españoles (inmigración).
Los primeros pobladores se ligaron estrechamente a las tareas de ocupación
militar y a la organización del sistema de extracción de recursos hacia el
gobierno central y es por eso, que los Cabildos fueron denominados de “Justicia
y Regimiento”. Una vez consolidada la posesión territorial, España se aboco a
formar gobiernos estables en sus colonias con el objetivo de sostener su
programa económico y político. En este contexto, aparece la necesidad de abrir
universidades para educar a un conjunto de individuos capaces de apuntalar la
administración institucional y de aplicar la política española en América.
Es importante remarcar que los dirigentes que ocupaban las funciones de mando
eran españoles de origen y que por mucho tiempo las universidades tenían las
tareas de preparar a funcionarios de bajo nivel de responsabilidades de
gobierno. Asimismo y dada la condición racista de la política colonial, no
accedían a la educación los representantes de los pueblos originarios, los
mulatos o los zambos y por mucho tiempo tampoco, los criollos americanos. La
educación era impartida a grupos reducidos de personas que conformaban una elite
política y cultural.
Las universidades, las escuelas2 y conjuntamente a otras organizaciones ligadas
a la imposición ideológica a las poblaciones originarias (encomiendas) o las
estrictamente religiosas (iglesias) fueron prácticamente las primeras
instituciones estables españolas abocadas a la producción y divulgación de la
cultura. Lo que es más importante aun, las universidades fueron las
instituciones más significativas en la tarea educativa de España en América.
Dichas instituciones reprodujeron los esquemas de las universidades españolas
caracterizadas por su impronta escolástica y religiosa. Dicho tipo de formación
se relacionó directamente a que la religión era la doctrina política del imperio
español, a partir de lo cuál los dirigentes y funcionarios de las colonias
asimilaron la visión del mundo de la potencia metropolitana. Dichas
instituciones impartían el cúmulo de saberes morales de su tiempo y otros como
matemáticas, historia o filosofía. La Universidad de Córdoba se dividió en dos
Facultades:
a- Facultad de Artes: aquí se estudiaba lógica, física y metafísica según
Aristóteles. La duración de los estudios fue de cinco años. Se obtenía el título
de bachiller, de licenciado y de maestro.
b- Facultad de Teología: se impartía el conocimiento de Cánones, moral y
teología y posteriormente, se sumó la escritura y la historia sagrada. A los
tres títulos mencionados, ésta Facultad sumó el de doctor.
Inicialmente, la universidad de Córdoba fue administrada por una línea interna
de la Iglesia denominada Compañía de Jesús que fue creada por Ignacio de Loyola
y los jesuitas. Posteriormente a la expulsión de los jesuitas por parte de
Carlos III y a la creación del Virreinato del Río de La Plata (1776), la
universidad fue controlada por los seguidores de Francisco de Asís
(franciscanos). Luego de la expulsión de los jesuitas la Universidad se organizó
en torno del gobernador de Buenos Aires y del Virrey, hasta que en el año 1808
fue refundada bajo la denominación de Real Universidad de San Carlos y de
Nuestra señora de Monserrat. La educación impartida por las universidades
coloniales se relacionó estrechamente a la educación de sacerdotes y de
administradores. Para mejorar la formación de esto últimos entre los años 1791 y
1793 se organizó la enseñanza de derecho civil (Del Bello, 2007: 20).
La Universidad de Chuquisaca y a diferencia de la de Córdoba, impartió
conocimientos jurídicos desde su origen y es por eso, que muchos intelectuales y
políticos como Mariano Moreno, Bernardo Monteagudo o Juan José Castelli, pasaron
por sus aulas.
Educación y producción
El atraso de España en relación a la revolución industrial y a los sistemas
productivos ingleses, fue un factor fundamental para la formación de sus
sistemas educativos. Dicho modelo institucional fue el reflejo de un país que no
producía mucho de lo que consumía y que importaba gran parte de las manufacturas
desde Inglaterra en pleno proceso de revolución industrial. El exiguo desarrollo
de las industrias de las colonias americanas y su condición de ser exportadoras
de recursos naturales, generaron escaso incentivo a la educación productiva o
técnica aplicada a la transformación económica del continente. En dicho marco,
la universidad implementó una función de difundir el dogma religioso y la
doctrina política del Estado imperial, que estuvo centrada en la exportación de
los recursos de la colonia a la metrópoli y que no se dedicó a promover
industrias en América.
Esto no quiere decir que no se desarrolló la industria en América ya que y por
el contrario, se produjo en el continente una fuerte articulación de los modelos
productivos precolombinos con las nuevas formas de acumulación y de trabajo
europeo que culminaron en la producción de tejidos de lana y algodón, en la
fabricación de sandalias y otros productos de cuero, en la creación de pólvora,
de artesanías en oro y plata, de carretas o en la promoción de plantaciones en
las haciendas y en las estancias que conformaron fuertes lazos comerciales de un
continente que se integraba económicamente. Dicha integración dio contenido a lo
que serían las futuras nociones de soberanía e independencia nacional.
Un caso excepcional de articulación entre enseñanza y producción, fueron las
Misiones Jesuíticas a partir de las cuales se implementó un proyecto productivo
y cultural en el cuál se impartieron conocimientos para la explotación agrícola
y artesanal a los pueblos originarios. En estas experiencias de carácter comunal
se construyeron grandes haciendas de yerba, se producían azúcar, cueros, tejidos
y se promovió la formación técnica a los pueblos originarios para la
construcción de artesanías en hierro, en madera o en plata (Astesano, 1986:
88-89).
II- LA UNIVERSIDAD EN LA ETAPA INDEPENDENTISTA
En el marco del proceso independentista argentino coexistieron diversas
tradiciones políticas e ideológicas a partir de los cuales se organizaron los
proyectos educativos, incluyendo la universidad. Por un lado, existieron
corrientes políticas y culturales que plantearon la importancia de promover la
independencia de España recuperando territorialmente la unidad del Virreinato e
impidiendo su fragmentación en varios países. Los promotores de dichos programas
impulsaron el desarrollo de la economía y las formas de producción artesanal del
interior del país y el continente y movilizaron detrás de estos fines a los
sectores sociales postergados (pueblos originarios, negros o mestizos). En
términos culturales estos grupos consideraron que la independencia política no
implicaba la negación de las tradiciones culturales hispánicas y de aquellas
provenientes de nuestro acervo histórico originario. Arturo Jauretche (2008)
denominó a estos políticos e intelectuales como los impulsores de la “Patria
Grande” y mencionó a figuras como José de San Martín, Manuel Dorrego o Juan
Manuel de Rosas. Frente al programa político de la Patria Grande y siguiendo a
Jauretche, se enfrentó el proyecto de la “Patria Chica”. Dicho modelo se
caracterizó por permitir e incluso promover, la fragmentación del Virreinato en
varios países e impulsó las políticas de apertura económica y de importación de
manufacturas enfrentando a los productores locales. En el plano político, dichos
grupos fueron promotores de modelos restrictivos para el acceso y la
participación política que quedó circunscripta a las elites y a los grupos de
poder económico. En el plano cultural se caracterizaron por el intento de negar
la identidad histórica del continente haciendo “tabla rasa” e impulsando el
modelo de la razón iluminista (Chávez 1977). Dichos intelectuales y políticos
fueron, generalmente, anti hispanistas y racistas bajo el lema de la
“civilización y la barbarie” y promovieron los valores y formas de vida y
trabajo británicos y franceses sobre los locales. Jauretche ubicó en este
programa político y cultural a Bernardino Rivadavia y a Bartolomé Mitre.
En este marco, es interesante rescatar la opinión de Adriana Puiggrós (2004) que
se refirió a la existencia de diversos modelos educativos en las Provincias
Unidas del Rio de La Plata luego de la independencia. La autora reconoció cinco
modelos y los denominó como una “pedagogía liberal radicalizada” y citó a
Mariano Moreno o a Simón Rodríguez; una “educación federalista popular”
mencionando a Gervasio Artigas o a Francisco Solano López; una “pedagogía de la
generación liberal del 37” con personajes como Domingo F. Sarmiento; una
“pedagogía liberal oligárquica” citando a Bernardino Rivadavia y a Bartolomé
Mitre; y una “pedagogía tradicionalista colonial anti independentista”. El
esquema de la Patria Chica y retomando el modelo de Jauretche, fue el de la
“pedagogía liberal oligárquica”. Puiggrós menciona un hecho poco difundido en la
historia educativa argentina que es el de la existencia de proyectos educativos
entre los caudillos federales y por ejemplo, cita las experiencias de Santa Fe
(Estanislao López), de la Banda Oriental (Gervasio Artigas) o de Entre Ríos
(Justo José de Urquiza).
La Universidad liberal o de los Abogados: la Universidad de Buenos Aires (UBA)3
La Universidad de Buenos Aires se fundó en el año 1821 por decisión del
gobernador de Buenos Aires Martín Rodríguez y por intermedio de las gestiones de
su ministro Bernardino Rivadavia y del sacerdote y bachiller en letras, Antonio
Sáenz. Éste último fue su primer Rector y uno de sus principales promotores.
Dicha institución dependía de la provincia de Buenos Aires y promovió
principalmente y a diferencia de la Universidad de Córdoba, los estudios
profesionales en jurisprudencia (abogados) desplazando la centralidad y pese a
no suprimirlos, de conocimientos como teología. Tal cual expresó Puiggrós,
Rivadavia era devoto de la “pedagogía liberal oligárquica” y dicho perfil
profesional se vinculó al programa económico agroexportador dependiente y que
Jauretche mencionó como parte de la “Patria Chica”.
En el plano administrativo Rivadavia impulsó una centralización educativa
repitiendo en el modelo de universidad napoleónico, que implicó que la
institución sea el ámbito rector del conjunto del sistema educativo4. El Rector
de la universidad y siguiendo el modelo de organización francés, dependía
política y administrativamente del Estado por intermedio de la provincia de
Buenos Aires a través del Ministro.
La formación en jurisprudencia era una competencia vinculada a la administración
del programa de servicios y agroexportador ligado al puerto porteño. En su
modelo educativo no se impulsaron las industrias nacionales y por el contrario,
se promovieron las nociones liberales del libre cambio impulsadas principalmente
por Inglaterra y que en nuestro país ingresaron como políticas de Estado desde
el año 1809. Se fomentaron modelos políticos propios de la tradición europea y
se sentaron los principios ideológicos para justificar la acción de gobierno
porteño que se desarrolló plenamente durante la gestión presidencia de Bartolomé
Mitre (1862-68). Tal cual expresó Fermín Chávez “Europeizar significó, para
ellos, liquidar valores hispánicos de América, para dar paso a los valores e
ideales anglosajones, representativos de la encarnación iluminista” (Chávez
1977: 32).
La organización institucional de la UBA en su proyecto original constaba de los
Departamentos de primeras letras, de estudios preparatorios, de ciencias
exactas, de medicina, de jurisprudencia y de ciencias sagradas. Según Mignone
(1998: 16) la UBA en sus inicios solamente alcanzó a dictar estudios
preparatorios (latín, filosofía, física y matemáticas), de derecho y de
medicina. La emisión oficial de estos dos últimos títulos quedaba en manos de la
Academia de Jurisprudencia y del Protomedicato creado en 1813. Se impartió una
educación liberal y secular apuntando a la formación de profesionales.
La asunción de Bernardino Rivadavia al mando del gobierno nacional en el año
1826 implicó la aplicación de un paquete de medidas de gobierno que generaron un
profundo malestar en las provincias argentinas. En particular, fue rechazada la
Constitución centralista, elitista y extranjerizante del año 1826, su política
de venta de yacimientos mineros de La Fátima en La Rioja, el inicio de la deuda
externa con un empréstito y sus negociaciones con Brasil para separar la Banda
Oriental (Scalabrini Ortiz, 2004). En este cuadro de inestabilidad permanente,
Rivadavia es expulsado del gobierno y asumió Manuel Dorrego que fue asesinado un
tiempo más tarde por Lavalle. En este complejo panorama, se tornó profundamente
dificultosa la situación política nacional que entró en un estado de guerra
civil y a partir de aquí, fue tumultuoso el funcionamiento de la UBA.
La UBA y Juan Manuel de Rosas
Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y representante de las
relaciones exteriores de la Confederación Argentina en dos oportunidades
(1829-32 y 1835-52). Su gobierno intentó pacificar y unificar el país tras los
fuertes conflictos políticos originados por el gobierno liberal y unitario de
Bernardino Rivadavia. Con dicha finalidad firmó el Pacto Federal de 1831, que es
una pieza constitucional clave para la organización política e institucional
argentina.
En el año 1832 se formó una Comisión que reorganizó el funcionamiento de la UBA
y que constituyó un gobierno con un Consejo de la Enseñanza y Administración
compuesto por el Rector y por un profesor de cada uno de los Departamentos y que
entró en vigencia recién en 1834. En su primera gestión de gobierno, la UBA no
conoció demasiadas modificaciones en su funcionamiento en relación a la etapa
anterior (Ramallo, 1954: 6).
El segundo gobierno de Rosas inició transformaciones en el país que marcaron el
normal funcionamiento de la universidad. Por un lado, sancionó una Ley de
Aduanas en el año 1835 sobre una propuesta del gobernador correntino Pedro Ferre
y con la finalidad de proteger las industrias del interior. Dicha medida le
permitió mejorar las relaciones con los gobernadores y fomentar la producción
artesanal dando estabilidad al régimen político y crecimiento al modelo
económico. Un tema crucial para la época fue el enfrentamiento político y
militar entre el gobierno argentino y Francia en el año 1838 por el intento de
la potencia extranjera de imponer condicionamientos al país5. Al negarse Rosas a
ceder a lo que consideró un atropello a la soberanía nacional, las potencias
europeas iniciaron un fuerte bloqueo económico al país, cuestión que implicó una
caída de la recaudación aduanera y de los presupuestos públicos. A dicho crucial
enfrentamiento de política exterior, se le sumó la guerra con Bolivia y la
agresión militar anglo francesa de 1845 (Rosa 1974).
En este cuadro, Rosas redujo el presupuesto a la UBA para invertirlo en los
gastos ocasionados por la guerra y por la defensa territorial. Para suplir los
recursos públicos implementó un impuesto especial a los estudiantes y propulsó
un registro de suscriptores de altos recursos que destinaron dinero a la
educación. Pese a este conflicto, no se produjeron fuertes reducciones de la
matrícula universitaria exceptuando en la Facultad de ciencias exactas que dejó
de existir. Mientras tanto y pese a lo severo del conflicto militar, continuaron
egresando Médicos y Abogados en gran cantidad tal cual documentó Fermín Chávez
(1973) en su estudio de la cultura de la época. Durante su segundo gobierno,
Rosas abrió el Colegio Republicano Federal, obligó a los egresados de la UBA a
jurar a la causa federal, implementó un servicio social a los egresados de
medicina y reivindicó en los programas de estudio los derechos del país sobre el
Paraguay, las islas Malvinas y la Patagonia.
La historia oficial y los colegios nacionales de Bartolomé Mitre
Mitre fue un político que llegó a gobernador de Buenos Aires en 1861 y a
presidente en el año 1862. Asimismo, se desenvolvió como militar y participó en
varios golpes de Estado6 y en la guerra del Paraguay y además y cuestión que nos
interesa remarcar, Mitre se caracterizó por implementar un programa cultural en
el país. Sus aportes principales a la cultura nacional se vincularon a la
institucionalización de la denominada “historia oficial” que se enseñó en las
instituciones educativas, a la fundación de un órgano de prensa (Diario La
Nación) y a la promoción del Colegio Nacional creado en 1864. Mitre escribió la
historia oficial a partir de su obra “Galería de Celebridades Argentinas” y de
sus biografías de José de San Martín y de Manuel Belgrano (Galasso, 1999). En
estos trabajos Mitre reivindicó algunas figuras políticas ligadas a lo que
Jauretche identificó como “Patria Chica” y denostó a otras como Gervasio Artigas
o Juan Manuel de Rosas. Dicha matriz de pensamiento liberal se caracterizó por
ser europeísta, elitista, antiindustrialista y represiva políticamente y
favorable a nuestra dependencia con Inglaterra y con Francia. Dicho proyecto
cultural fue uno de los ejes característicos de la formación y los contenidos
del conocimiento impartidos en la UBA y asimilados por importantes grupos de la
intelectualidad de Buenos Aires.
Mitre promovió la centralización de la formación cultural desde la provincia de
Buenos Aires que trasfirió su programa ideológico y su historia oficial a todo
el territorio. La presidencia de Domingo F. Sarmiento (1868-74) y continuando la
línea cultural de su antecesor, impulsó la apertura de cinco Colegios Nacionales
en las provincias y de dos Escuelas normales cuya finalidad fue educar maestros.
Sarmiento además, promovió la apertura de otras instituciones educativas y
culturales como el Observatorio de Córdoba o el Colegio Militar de Oficiales.
El modelo del Paraguay.
Paraguay era un territorio del Virreinato del Rio de La Plata y tras la
Revolución de Mayo, se incluyó como parte de las Provincias Unidas. En el año
1840 declaró su independencia de nuestro territorio, cuestión que le fue
reconocida definitivamente en 1852. A diferencia del programa agroexportador y
liberal argentino aplicado desde 1853, el gobierno de Paraguay con Gaspar
Francia y luego con los Solano López, impulsó un modelo económico industrialista
autocentrado e independiente (Ortega Peña, 1973). El plan de gobierno incluyó la
construcción y la promoción de fundiciones, de ferrocarriles, de una flota
mercante, de un telégrafo y de grandes producciones de tabaco y de yerba
estatales, entre otros importantes emprendimientos públicos. La aplicación del
proyecto articuló el conocimiento científico europeo aprendido por los
estudiantes paraguayos en los viajes de estudio que financió su gobierno, con
las demandas propias del desarrollo nacional. Paraguay fue un pionero en la
aplicación científica y técnica estatal a la producción y se desenvolvió como un
país profundamente avanzado en términos industriales. El programa quedó
inconcluso por efecto de la Guerra de la Triple Alianza. Solano López y según
Adriana Puiggrós, se ubicó en la “educación federalista popular con elementos
liberales” y desde aquí, deben leerse sus iniciativas de apertura de la Escuela
Normal, del Colegio del Seminario o de la Escuela de Impresores y Litógrafos
(Rosa 1985).
Cambios en la Universidad de Córdoba
Luego de la Independencia la Universidad siguió dependiendo de las Provincias
Unidas del Rio de La Plata hasta que en el año 1820, pasó a la jurisdicción de
la provincia de Córdoba y finalmente en 1854, fue nacionalizada. Desde el año
1864 se eliminó la Facultad de Teología y se introdujeron los estudios de
Derecho Civil, acompañando un ciclo de cambios en la institución que incluyó la
apertura de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas en 1871 y pocos años
después, la de Ciencias Medicas (1877) y la de Filosofía y Humanidades (Del
Bello, 2007: 21). De esta manera, la UNC comenzó a tener un perfil de formación
de profesionales similar al impulsado por la UBA.
El proteccionismo económico.
Tal cual mencionamos, tanto la Universidad Colonial como la Universidad de los
Abogados, no promovieron las carreras técnicas y tampoco impulsaron el
desarrollo de la industria nacional. Esta tendencia se agudizó desde 1853 cuando
se impone el libre comercio y se difunde el programa agroexportador que incluyó
la importación masiva y sin trabas de las manufacturas británicas, a partir de
los puertos y los ferrocarriles. Dicho programa desestimó a la industria y junto
a ella, los debates sobre la posibilidad de promover una educación técnica para
industrializar el país.
Fueron las crisis económicas mundiales y no tanto las producciones de la
universidad, las que alertaron sobre la dependencia y la vulnerabilidad del
modelo agro exportador del país. Producto de la crisis económica de 1873 se
retraen las financias públicas y las actividades comerciales. En este contexto,
se produce un debate sobre la necesidad de aplicar una Ley de Aduana que y
siguiendo la norma del año 1835, promueva la industria nacional y que permita
aumentar los erarios públicos. Las figuras más prominentes de dichos debates
fueron Carlos Pellegrini y Vicente Fidel López que conjuntamente a Rafael
Hernández, abrieron el Club Industrial Argentino en 1875 y que promulgaron la
Ley de Aduanas de 1876, que inició nuevas perspectivas para los estudios
económicos en el país (Gugliarmelli, 2007). Pese a que dichos planteos no
ingresaron masivamente a la universidad, fueron un antecedente importante para
la formación de nuevas escuelas de pensamiento, de actividades científicas
aplicadas a la innovación y para la promoción de las actividades industriales.
La organización nacional con Julio Argentino Roca
Julio Argentino Roca fue presidente del país en dos oportunidades (1880-86 y
1898-04). Este dirigente implementó la institucionalización definitiva del
modelo agroexportador iniciado en 1853. Con dichos objetivos, Roca derrotó
militarmente Mitre en junio de 1880, centralizó el monopolio de la violencia en
el Estado nacional e impulsó la estabilización política de las provincias. Su
acción contempló la ampliación de la frontera productiva argentina con las
campañas al mal llamado desierto7 y con la entrega de grandes superficies de
tierras promoviendo la consolidación de la “oligarquía” argentina.
Posteriormente a su enfrentamiento con el mitrismo y con las poblaciones
originarias, Roca se abocó a la organización del Estado. Con esta finalidad
culminó la aplicación de la Ley de capitalización sancionada por Avellaneda
fundando ciudad de La Plata en 1882. El segundo gobierno de Roca encontró al
mando de la cartera de Guerra a Pablo Ricchieri que fue el militar que promovió
la aplicación del servicio militar obligatorio8 y que impulsó la modernización
del ejército argentino que va a implementar importantes iniciativas científicas
en el siglo XX.
En el plano educativo su gobierno sancionó la Ley 1420 de 1884 que estableció
para todo el país la educación primaria, laica y obligatoria. Previo a la
sanción de la ley, se organizó un Congreso Pedagógico en el cual se discutieron
las bases del ordenamiento educativo y en donde quedaron expresadas las
diferencias entre el representante del gobierno, Onésimo Leguizamón y los
políticos y educadores católicos. La obligatoriedad educativa y la separación
entre religión y educación, favoreció la uniformidad cultural de las diversas
colectividades de inmigrantes que componían la población mayoritaria del país y
que hablaban distintas lenguas y que tenían historias y tradiciones diversas.
Durante el gobierno de Roca se construyeron un alto número de establecimientos
educativos que y según Galasso (2000: 18) pasaron de 1214 en 1881 a 1804 en
1886, es decir un 50% de aumento.
Complementado el ordenamiento institucional mencionado, Nicolás Avellaneda que
en ese momento era Rector de la UBA, presentó un Proyecto de ley universitaria
en el año 1883. El proyecto fue debatido en el parlamento y en una extremada
síntesis, se puede establecer que existieron dos grandes posiciones al respecto.
Por un lado, estaba el punto de vista de Avellaneda que propulsó dotar a las
universidades de mayores potestades y por ejemplo, propuso designar a los
profesores por intermedio de concursos internos con la participación de jurados
docentes. Por otro lado, se expresó el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción
Pública, Eduardo Wilde, que recomendó que el Estado tenía que disponer de
mayores funciones en el control de la institución, incluyendo la designación de
los docentes por parte del Poder Ejecutivo.
Finalmente y tras los debates, se promulgó la Ley 1597 de 1885 recordada como
“Ley Avellaneda”. La norma tenía solamente 4 artículos y estableció la
posibilidad de que cada universidad dicte sus estatutos atendiendo el esquema de
la ley. El Rector era nombrado por una Asamblea Universitaria que contaba con
representantes de todas las Facultades. El texto mencionó un Consejo Superior
que estaba presido por el Rector, los Decanos y representantes nombrados por
estos últimos. La elección de los profesores quedaba sujeta a la opinión del
Poder Ejecutivo que debía nombrarlos a través de una terna presentada por el
Consejo Superior. El texto mencionó el cobro de aranceles por parte de las
universidades (derechos universitarios) y estableció la facultad de las
universidades a emitir los diplomas como órganos delegados del Estado nacional.
Tal cual se puede leer en la ley, las Universidades y las Facultades disponían
de un gobierno propio y dicha cuestión está vinculada estrechamente a la noción
de autonomía universitaria y a la propuesta de Avellaneda. Asimismo y tal cuál
quedó expresado por la forma de seleccionar los docentes, el Estado tenía
importantes competencias para el control de la educación superior.
Las universidades y en consonancia con el modelo político nacional, eran
profundamente elitistas e ingresaban a sus aulas solamente los sectores
dirigentes posibilitados de cubrir los costes educativos. Según datos de Del
Bello (2007: 31) en un país con una población de 4 millones de personas en la
UNC había solamente 173 estudiantes y en la UBA 602, o sea 0,2 estudiantes cada
mil habitantes. Asimismo y dada las dificultades de asenso social, la
universidad se conformó tradicionalmente con jóvenes de clase alta y ofició como
un medio de perpetuación del esquema político de la oligarquía. Ernesto Palacio
se refirió a dicha característica de la siguiente manera: “la Universidad
organizada por Avellaneda continuaba dando hornadas de profesionales, entre los
que descollaban los abogados, mimados y favoritos del régimen, ya que entre
ellos se reclutarían los ministros y parlamentarios indispensables para su
correcto funcionamiento. Recibían la preparación adecuada a la función a que los
destinaba, pues salían de las aulas convencidos de que el capital extranjero (y
sobre todo ingles) era no sólo un factor de la producción, sino un beneficiario
que merecía especial reverencia; de que los servicios públicos debían estar a
cargo de empresas privadas, por que el Estado (sobre todo el argentino) era “mal
administrador”; de que nuestras finanzas dependía del crédito europeo, al que
había que cuidar, ahorrando sobre la “sangre y la sed” de los criollos; de que
constituíamos un “emporio agrícola ganadero, destinado a cambiar perpetuamente
materias primas por manufacturas británicas” (Palacio, 1960: 300). Su formación
y en consonancia con el perfil agroexportador del país y con la matriz cultural
promovida por la UBA, se relacionó a la tradición enciclopédica, europeísta y
liberal9. La clase dirigente educó a la juventud en el liberalismo conservador,
el positivismo y en algunas instituciones como la Universidad de Córdoba, siguió
teniendo fuerte importancia la promoción de marcos teóricos cercanos a la
tradición del catolicismo.
Dicho modelo cultural centrado en concepciones ideológicas liberales y que fue
incapaz de producir o incorporar el salto científico y tecnológico que venía
sucediendo con la primera y la segunda revolución industrial, fue una
manifestación de nuestra dependencia política y económica. Dicho modelo cultural
profesado por los intelectuales y dirigentes argentinos consolidó y profundizó
la dependencia científica y tecnológica y la de nuestro programa agroexportador
que fue el rasgo típico de América latina del siglo XIX (Herrera 1974).
Un legado característico de esta etapa va a ser la creación de los Consejos o
Academias vitalicias que desarrollaban tareas en el gobierno de las Facultades y
cuya particularidad fue que sus integrantes podrían no ser originarios de las
universidades. Este hecho sumado a la elección de docentes por el Poder
Ejecutivo, dejó un esquema de gobierno universitario estrechamente ligado al
poder político y a las elites de cada comunidad en donde se insertaban las
universidades. Esta va a ser una de las causas fundamentales de los conflictos
universitarios con los estudiantes en el año 1918
Ampliación del sistema universitario
Tal cual mencionamos las primeras instituciones universitarias fueron la de
Buenos Aires y la de Córdoba. A ellas se les sumaría las universidades de
Tucumán, de Santa Fe y de La Plata que surgen como producto de iniciativas de
los políticos provinciales y las elites locales. Estas experiencias y en líneas
generales, innovaron en la apertura de nuevas carreras que modificaron la
concepción profesionalista que se impuso desde la UBA y en su lugar, promovieron
actividades científicas. Si en dicho aspecto eran innovadoras, en otros
conservaron el cariz liberal y elitista del sistema educativo de la oligarquía.
La Universidad de La Plata nació como una iniciativa del senador de la provincia
de Buenos Aires Rafael Hernández. La ley de creación se promulgó en 1890 e
incluía las Facultades de Derecho, de Medicina, Química y Farmacia y de Ciencias
Físico Matemáticas. La inauguración oficial fue en 1897 con las clases de la
Facultad de Derecho y con la inscripción exigua de 47 alumnos, cuestión que no
aumento demasiado ya que y por ejemplo, en el año 1904, tenía solo 75 jóvenes en
las aulas. La institución fue nacionalizada en el año 1904 por intermedio de la
gestión del Ministro de Justicia e Instrucción pública de La Nación, Joaquín V.
González, que ocupó el rectorado en el año 1906. La institución incluyó el pase
a la orbita nacional de la Universidad provincial, el Museo, el Observatorio
Astronómico, la Facultad de Agronomía y Veterinaria y la Escuela Práctica de
Santa Catalina que fue complementada con las secciones de Pedagogía y Filosofía
y Letras en la Facultad de Derecho; con el Instituto de Artes y Oficios, con la
Biblioteca Universitaria, con el Colegio Nacional y con la Escuela Normal
(Barba, 1998).
La Universidad de Santa Fe nació el año 1889 y fue nacionalizada en 1919, fecha
a partir de la cual adoptó su nombre actual que es de Universidad Nacional del
Litoral. Promovió nuevas carreras como la de química industrial y agrícola en
Santa Fe o la de agricultura, ganadería e industrias afines en Corrientes.
Además, impulsó estudios tradicionales para las universidades argentinas como
eran las ciencias jurídicas y sociales en Santa Fe o las ciencias médicas en
Rosario.
La universidad de Tucumán se fundó en el año 1914 por parte de la provincia y
fue nacionalizada en 1921. El proyecto incluyó estudios no tradicionales como
fueron los de Ingeniería Química, Agrimensura y geodesia y Farmacia que se
articularon con la producción industrial y agrícola local (Del Bello, 2007: 34).
Algunas carreras y líneas de investigación promovidas no se consolidaron y entre
otros factores, por el hecho de que no se produjeron cambios sustanciales en el
perfil productivo del país que siguió estrechamente ligado al programa
agroexportador.
III- LA UNIVERSIDAD EN LA ETAPA REFORMISTA
“Los que respiran en una época de excepción como la nuestra, lejos de epilogar
sobre los acontecimientos, deben vivirlos; lejos de juzgar la historia, deben
hacerla” .Manuel Ugarte (1996: 51)
El termino “reformismo” se utiliza para definir a las personas o corrientes
culturales y/o políticas, que adhieren a los postulados para la organización de
las casas de altos estudios impulsados en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
en el año 1918. Dichos principios organizativos son el resultado de un conjunto
de transformaciones propias de la universidad argentina pero y fundamentalmente,
se ligan los cambios producidos en el país y el continente durante la
presidencia de Hipólito Yrigoyen.
Yrigoyen fue un dirigente político que llegó a la presidencia del país en dos
oportunidades (1916-22 y 1928-30) luego de un largo proceso que implicó la
creación de un partido, la Unión Cívica Radical (UCR) y además, participó de
varios procesos revolucionarios10 contra el programa liberal. Los alcances de
sus políticas pueden resumirse en tres grandes aspectos. Primero, el gobierno
impulsó una democratización política y cultural en el país. Yrigoyen implementó
el sufragio secreto y universal11 que modificó profundamente el funcionamiento
del sistema político, caracterizado por el fraude y el clientelismo de los
gobiernos de la oligarquía liberal. Estas modificaciones impulsaron un
importante movimiento político y cultural en el país y en particular, fueron
motorizados los sectores medios. En dicho contexto, se generó la posibilidad de
ingreso de nuevos dirigentes a la política argentina que cuestionaron en muchos
casos, a los referentes políticos conservadores incluyendo los universitarios.
Asimismo, la etapa implicó el reverdecimiento cultural y la posibilidad de
promover nuevos debates intelectuales. Segundo: el gobierno impulsó una política
exterior independiente que había sido abandonada desde la caída de Rosas y a
partir de nuestro alineamiento a la geopolítica británica12. Esta posición
soberana en las relaciones internacionales, se expresó y entre otras cuestiones,
en la decisión del país de mantener la neutralidad en la primera guerra mundial
y en el repudio por parte del gobierno a las actitudes de la ocupación de EUA en
Nicaragua y a los Congresos Panamericanos. El tercer aspecto se refiere a la
economía. Los principios fundamentales del modelo agroexportador heredado de la
etapa anterior, no fueron modificados. Pese a eso, se debe hacer una salvedad
con la apertura de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) que Yrigoyen encomendó
a Enrique Mosconi y con la participación del Estado como mediador en las
discusiones salariales. Asimismo y durante su segundo gobierno, impulsó la
nacionalización del petróleo lo que le valió un fuerte rechazo por parte de las
empresas norteamericanas. La apertura de YPF y el impulso a la ciencia y las
investigaciones militares, no son un dato menor y muchas de estas iniciativas
tuvieron continuidad en la década del treinta con la aparición de polos de
desarrollo y de empresas del Estado. Un caso paradigmático fue Fabricaciones
Militares que estimuló la producción de aviones y también desde la acción
militar, se impulsó a las industrias petroquímicas, de de armas o de autopartes
de la industria.
Las propuestas de los reformadores
La reforma puede ser explicada a partir de identificar sus fines y los medios a
partir de los cuales se pensó alcanzar los primeros. Los fines de los
reformadores son complejos de identificar ya que fue un movimiento político y
cultural que tuvo diferentes manifestaciones en las distintas universidades,
además de la experiencia de Córdoba. Asimismo, la reforma y en consonancia con
el reverdecimiento cultural fruto de la democratización política del país y del
continente, impulsó los desarrollos intelectuales de figuras diversas como
fueron Deodoro Roca, Aníbal Ponce, Manuel Ugarte, Saúl Taborda13, Alejandro Korn,
Alfredo Palacios, José Ingenieros o Gabriel del Mazo, que no tienen
necesariamente, una misma concepción acerca de la cultura, las prácticas
políticas o los modelos a implementar en la universidad argentina. Es bueno
reiterar que la reforma fue una corriente cultural que no se expresó solamente
en un debate sobre la organización del gobierno de la universidad, sino que lo
excedió y que adquirió diversas manifestaciones en América Latina. Más allá de
dicha complejidad, los reformadores legaron una práctica y algunos documentos,
entre los que resalta el Manifiesto Liminar que resumió gran parte de sus
concepciones.
A- Finalidades de la reforma.
Primero: la juventud tiene el deber histórico de ser un factor de transformación
política y cultural. Uno de los hechos más trascendentes inaugurados por los
reformadores se relacionó a que promovieron una participación más activa de la
juventud en los debates sobre la organización de la política y la sociedad. No
habían sido los primeros14, ni tampoco serán los últimos, pero y lo que es
innegable, legaron una concepción voluntarista y vanguardista del lugar de las
juventudes en su relación con las realidades del continente. El contexto general
era el yrigoyenismo que motorizó la participación popular en la vida pública
desde la aplicación de la Ley Sáenz Peña. Así es como el Manifiesto Liminar
expresó que “La única puerta que nos queda abierta a la esperanza, es el destino
heroico de la juventud (…) el sacrificio es nuestro mejor estímulo, la redención
espiritual de las juventudes americanas nuestra única recompensa”. No fue
casualidad que en el año 1918 se impulsó la apertura de la Federación
Universitaria Argentina (FUA) y que tras ella, se promovieron los congresos
latinoamericanos de juventud.
Segundo: se debe renovar la producción de la cultura y las universidades pueden
ser la vanguardia en dicha tarea. El Manifiesto Liminar expresó un
cuestionamiento a los contenidos y las concepciones de la universidad, ya que
“Las Universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la
renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y lo que es
peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar
hallaron la cátedra que las dictara”. Frente a dicho panorama, se impulsaron
debates y se promovieron figuras intelectuales como los ya mencionados
Ingenieros, Korn15, Palacios o Taborda. Estos objetivos implicaban en opinión de
los reformadores, la necesidad de renovar los contenidos y las metodologías de
la enseñanza universitaria para poder vincular el saber a las problemáticas del
contexto social e histórico. En muchos casos, dicha renovación se trato de una
crítica al positivismo, al catolicismo o al pragmatismo liberal.
Tercero: se debía retomar la dimensión americana en las producciones culturales.
El Manifiesto Liminar se dirigió a los “hombres libres de Sudamérica” y mencionó
que se estaba viviendo una “hora americana”. Tal cual mencionamos, el gobierno
de Yrigoyen tenía una política exterior de contenido latinoamericano que actuó
como marco general de una generación de argentinos que miraban nuevamente hacia
el continente. Dicha mención tendría expresión en la organización de Congresos y
de encuentros latinoamericanos y en la producción de intelectuales reformistas,
como es el caso de Ingenieros o de Manuel Ugarte. Según Piñeiro Iñiguez “la
presencia de Ugarte en la Reforma Universitaria es decisiva. En particular, para
que ésta adopte ese claro perfil latinoamericanista, poco común en las
iniciativas progresistas argentinas, orgullosas de su hipotético europeísmo”
(Piñeiro Iñiguez, 2006: 127-140). El postulado venía a cuestionar en varios
aspectos, la tradición europeísta de las universidades y de los intelectuales
argentinos, cuya perspectiva teórica era principalmente, importada del viejo
continente. Es interesante remarcar que diversos dirigentes del sur del
continente con posiciones marcadamente antiimperialistas, adhirieron a los
principios reformistas y figuras disimiles en el tiempo o en las ideologías como
los cubanos Julio Antonio Mella y Fidel Castro o los peruanos Haya de La Torre16
y José Carlos Mariategui17, se reconocen devotos de dicho movimiento (Piñeiro
Iñiguez, 2006 o Kohan, 2000).
B- Medios implementados.
Los fines mencionados por los reformistas y en su opinión, se veían
imposibilitados por las falencias en el funcionamiento de las universidades, ya
que y tal cuál se mencionó en el Manifiesto Liminar el “régimen universitario
-aún el más reciente- es anacrónico. Está fundado sobre una especie del derecho
divino: el derecho divino del profesorado universitario”. La crítica debe
atenderse en el contexto propio de la universidad y además, en la coyuntura
característica de la ciudad de Córdoba de la época. El sistema político recién
iniciaba la democracia a partir del sufragio universal y muchas de las
decisiones eran tomadas por las elites conservadoras y católicas que tenían
influencia sobre los Académicos y demás funcionarios universitarios.
Con anterioridad a los sucesos de la UNC del año 1918 ya habían ocurrido algunos
hechos que cuestionaban el funcionamiento de la UBA y que implicaron la reforma
de sus estatutos en 1906. Desde el año 1903 los estudiantes venían reclamando la
modificación de los exámenes, la reforma de los planes de estudio, la
desaparición de las Academias y la validez de un concurso en la Facultad de
Medicina. Tras algunas manifestaciones y huelgas, se modificó el Estatuto que
permitió el ingreso de los docentes a los Consejos desplazando a los Académicos.
Relacionado a estos fenómenos y en el año 1908, se creo la Federación
Universitaria de Buenos Aires (FUBA).
Los estudiantes de la Universidad de Córdoba cuestionaban la gestión de los
Académicos y los modos de designar docentes que administraban las instituciones
sin atender gran parte de sus reclamos. Dichas exigencias se expresaron en una
sucesión de conflictos entre los estudiantes y la institución y estuvieron
relacionados entre otros temas, al modelo de asistencia a clase o a la propuesta
de la Facultad de Medicina de la UNC de cerrar el internado del Hospital de
Clínicas durante el año 1917. En este cuadro, en el año 1918 se conformó un
Comité pro reforma y se elevaron los reclamos al gobierno de la universidad que
fueron desestimados, acelerando una escalada de manifestaciones públicas y una
huelga general que terminó con la intervención de la UNC por parte del gobierno
nacional y previa solicitud de los reformistas.
Hipólito Yrigoyen atendió los reclamos estudiantiles y designó al interventor
José Nicolás Matienzo que dio por tierra el cierre del internado y modificó el
Estatuto del año 1893. La reforma modificó el carácter vitalicio de los
consejeros y desplazó a los Académicos proponiendo a los docentes para el
control de la universidad. De esta manera, el dirigente radical continuó con sus
acciones para democratizar el sistema político desplazando a los dirigentes de
las elites tradicionales. Los cambios iniciados no terminaron con los reclamos
de la juventud ya que en la convocatoria a la elección de Rector luego de la
intervención Matienzo, la Asamblea Universitaria nombró a Antonio Nores que era
un personaje ligado a los adversarios políticos de los reformistas y que por
eso, no reconocieron al funcionario. Se produjo una nueva intervención del
Ministro de Culto e Instrucción Pública, José Salinas. La intervención revocó la
elección de los funcionarios cuestionados y nombró por Decreto al Rector,
Vicerrector y a los miembros de los Consejo Superior y Directivos.
Lo que es importante mencionar además, es que Salinas promovió la consolidación
del cogobierno que es la facultad que tiene la universidad de gobernarse a si
misma por intermedio de la elección de sus representantes en los Consejos
Superior y Directivo y en los órganos ejecutivos (Rector y Decanos). La reforma
propuesta implicó la transferencia de poder desde los Académicos hacia los
docentes. La participación estudiantil se ligó a la potestad que tenían los
jóvenes de proponer en Asambleas a los graduados y docentes para que los
representen en los Consejos. Su participación no implicó el ingreso de los
estudiantes a los Consejos de manera directa con voz y voto. Según el estudio
desarrollado por Juan Carlos Del Bello (2007), existieron solamente dos
iniciativas de participación directa de los estudiantes en los Consejos hasta el
año de su legalización nacional de 1955: una fue implementada en la Universidad
Nacional de Tucumán en 1924 y otra en la Universidad Nacional del Litoral en
1922.
En este marco, ingresaron a la UNC docentes ligados a la intervención y
depositarios de posiciones cercanas a los reformistas. Esta medida bajó el nivel
de enfrentamiento de los estudiantes y pasó a un segundo plano el debate sobre
la designación de docentes por intermedio de concursos u otros métodos similares
propios del cogobierno. La elección de docentes quedó sujeta al modelo heredado
de la Ley Avellaneda y los profesores continuaron siendo seleccionador por el
Poder Ejecutivo nacional a través de una terna enviada por las universidades.
Se suponía que una vez garantizada la democratización universitaria frente al
marco autoritario del contexto político controlado por las elites, la juventud
podía impulsar los fines universitarios mencionados.
Interpretaciones de la reforma
“La universidad no puede ser una fábrica de diplomados. El estudiantado hasta
ahora buscó obtener un título que le diera un privilegio social y económico
sobre el resto de los ciudadanos. Queremos que la universidad sea parte
integrante de la gran labor de construcción de una nueva Argentina, que vaya
forjando un nuevo hombre argentino, en todos sus aspectos”. Rodolfo Puiggrós
No hay acuerdo entre los historiadores y las corrientes políticas y culturales
universitarias acerca de la interpretación sobre los alcances y objetivos
concretos de la reforma. En este cuadro, es habitual que se haga una
recuperación del proceso definiéndola estrictamente como un sinónimo de gobierno
propio de las universidades (autonomía). Dichas perspectivas suelen perder de
vista la finalidad originaria del movimiento y se desconocen o se subestiman las
posiciones de sus intelectuales y figuras más prominentes. De esta manera, se
hace hincapié en los medios políticos y de gobierno aplicados por la reforma y
no así, en los aspectos fundamentales del resultado de sus prácticas y de sus
objetivos fundamentales. La historia de las universidades argentinas luego del
año 1918 puso al descubierto estas complejidades cuando y por ejemplo, las
agrupaciones reformistas apoyaron el golpe de Estado del año 1930 contra el
dirigente político que los había impulsado o cuando impulsaron el terrorismo
militar en el año 1955. Los promotores que inscriben estas acciones en la
tradición reformista hacen hincapié y privilegian como tema fundamental, la
defensa de la autonomía universitaria frente al accionar del Estado incluyendo
incluso, la posibilidad de apoyar medidas antidemocráticas y antipopulares.
Tomando distancia de esa interpretación, están aquellos que establecen que la
reforma se define a partir del llamado a la juventud y a la universidad a jugar
un rol importante en los procesos sociales, pasando a un segundo plano los
debates sobre el cogobierno o la autonomía. A partir de aquí, es que diversos
grupos políticos e intelectuales se reconocen deudores de la reforma pero
promueven otras prácticas universitarias distantes del mero debate del
cogobierno. Un caso paradigmático se refiere a las tradiciones de izquierda
universitaria en América Latina, que y tomando un ejemplo como Cuba, rescatan la
reforma pero en sus universidades no se administran con el modelo del cogobierno
argentino.
En está línea de interpretación que privilegia los fines sobre los medios, se
puede mencionar a intelectuales como Arturo Jauretche o Juan José Hernández
Arregui que y pese a haber militado en su juventud en las filas del radicalismo
y el reformismo, han considerado críticamente las prácticas de los
universitarios con posterioridad al año 1918. Hernández Arregui remarcó la
importancia histórica de la reforma como movimiento cultural y político de cariz
transformador y latinoamericano, pero y luego de analizar la historia mencionó
que existió una marcada incapacidad de las universidades para acompañar el
desarrollo nacional a partir de la producción de conocimiento y de prácticas
socialmente relevantes. Por el contrario, las universidades y en opinión de
Arregui, habían apuntalado programas antidemocráticos en lo político y
extranjerizantes en lo económico, tomando distancia con los postulados
reformistas de intelectuales como Manuel Ugarte. Asimismo, el autor consideró
que la juventud argentina de clase media fue incapaz de articular sus prácticas
con las del movimiento obrero, cuestión que favoreció su enfrentamiento a los
programas políticos democráticos de contenido popular como fue el caso del
gobierno de Hipólito Yrigoyen o de Juan Perón. El autor desestimó en su análisis
el supuesto de que la reforma era sinónimo de la autonomía y dicha cuestión le
permitió establecer que la aplicación concreta de esas consignas fue empleada
por otros proyectos de país, a los cuales la clase media había cuestionado
citando la autonomía universitaria y las consignas del año 1918. En sus palabras
“Los postulados de la Reforma del 18, extensión universitaria, agremiación
estudiantil, becas, residencias estudiantiles, cooperativas, comedores y
asistencia médica gratuita, universidad abierta al pueblo, equivalencia de
títulos para los estudiantes latinoamericanos, etc., fueron conquistas de la
época de Perón” (Arregui, 2004: 367-368).
Arturo Jauretche y de manera similar a Hernández Arregui, consideró de manera
positiva la impronta de origen del movimiento reformista, pero concluyó igual
que éste, que la experiencia finalmente fracaso al ser desnaturalizado el
movimiento original. La reforma habría de ser más positiva en otros países de
América Latina y en Argentina fracaso ya que “No supo integrar la universidad en
el país (…) El desiderátum entonces es una universidad aséptica, depurada de
toda preocupación vinculada con el destino de la comunidad y, por consecuencia,
de la nación, a la que da expertos despreocupados de los fines de la técnica y
el resultado de su aplicación” (Jauretche 2004: 136-137).
Otros intelectuales como Oscar Varsavsky (1969) remarcaron la dificultad del
sistema de ciencia y técnica y de las universidades reformistas, para articular
la autonomía con la resolución de los problemas nacionales. El debate sobre la
autonomía sin plantear los para qué de ella y sin preguntarse la relación
posible y necesaria entre saber, política y sociedad, corrían el peligro de
derivar hacia posiciones que el autor denominó como cientificistas o
desarrollistas. Estos últimos, son los docentes e investigadores cuya producción
no es un medio para resolver los problemas sociales y productivos de un país y
por el contrario, son un instrumento para reforzar las desigualdades, la
dependencia y el subdesarrollo.
La polémica sobre los alcances de la reforma continúa abierta. En este marco,
sigue vigente la necesidad de que nuestras universidades y sus jóvenes, se
comprometan masivamente en con la producción de conocimiento socialmente
relevante y con la construcción de un país industrial, soberano y con justicia
social o como sostiene Ana Jaramillo “No se puede hacer ciencia y técnica sin
preguntarnos para qué fin, a quién sirve, si implica un bien para la sociedad,
la nación la humanidad. No se puede enseñar una profesión sin preparar ese
individuo para la vida, sin sembrar en él la reflexión crítica sobre el
ejercicio de la misma y su compromiso con la comunidad a la cual pertenece y se
debe, para construir una sociedad mejor” (Jaramillo, 2006: 55).
Bibliografía
* Argumedo, Alcira (2004). Los silencios y las Voces en América Latina. Notas
sobre el pensamiento nacional y popular, Ediciones del Pensamiento Nacional,
Buenos Aires.
* Asetasano, Eduardo (1986). La Nación Latinoamericana. Indianidad, negritud,
latinidad. Ed. Temática, Buenos Aires.
* Aznar, Luis (1936). “Palabras preliminares a la obra de Alejandro Korn”,
Influencias filosóficas en la Evolución Nacional, Ed. Claridad, Buenos Aires.
* Barba, Fernando Enrique (1998). La universidad nueva en la nueva capital, en
La universidad de la Plata en su Centenario 1987-1997, Ed. UNLP, Buenos Aires.
* Chávez Fermín (1977). Historicismo e iluminismo en la cultura argentina, Ed.
Del País, Buenos Aires.
(1996). La conciencia nacional, historia de su Eclipse y Recuperación, Ed.
Pueblo Entero, Buenos Aires.
(1973). La cultura en la época de Rosas, Ed. Tehoria, Buenos Aires.
* Chiroleu, Adriana (2000). “La Reforma Universitaria”. En Nueva Historia
Argentina, Tomo IV. Ed. Suramericana, Buenos Aires.
* Del Bello, Juan Carlos (2007). La Universidad Privada Argentina, Libros del
Zorzal, Buenos Aires.
* Galasso Norberto (1999). De la historia Oficial al revisionismo Rosista,
Cuadernos para otra Historia Nº 1, Centro Cultural Santos Discepolo, Buenos
Aires.
(2000) El ciclo de Roca, Cuadernos para otra Historia Nº 15, Centro Cultural
Santos Discepolo, Buenos Aires
* Gugliarmelli, Juan Enrique (2007). “Carlos Pellegrini: Protección a la
industria nacional”, Revista Estrategia Nº 48, septiembre de 1977. Extractado de
Pensar con Estrategia, Colecciones de Pensamiento Nacional de UNLa, Buenos
Aires.
* Hernández Arregui, Juan José (2004). La formación de la conciencia Nacional,
Biblioteca de Pensamiento Nacional, Ed. Piña Lillo, Buenos Aires.
* Herrera, Amilcar (1974). Ciencia y política en América Latina, Siglo XXI,
México.
* Jaramillo, Ana (2006). La universidad frente a los problemas nacionales. Ed.
UNLa, Buenos Aires.
* Jauretche, Arturo (2004). Los profetas del odio y la yapa, Corregidor, Buenos
Aires.
(2008). Ejército y Política, Corregidor, Buenos Aires.
* Kohan, Néstor (2000). De Ingenieros al Che, Ed. Biblos, Buenos Aires.
* Korn, Alejandro (1936). Influencias filosóficas en la Evolución Nacional, Ed.
Claridad, Buenos Aires.
* Krotsch, Pedro (2003). Educación superior y reformas comparadas. Ed. UNQUI,
2003.
* Lascano, Luis C. Alen (1986). Yrigoyen, Sandino y el panamericanismo. Ed.
Centro Editor de América Latina, Buenos Aires.
* Mariátegui, José Carlos (2005). Siete Ensayos de interpretación de la realidad
peruana. Ed. El Andariego, Buenos Aires.
* Ortega Peña Rodolfo y Luis E. Duhalde (1973). Baring Brothers y la historia
política argentina. Peña Lillo Editor, Buenos Aires.
* Palacio, Ernesto (1960). Historia de la Argentina, Tomo II. Ed. Peña Lillo,
Buenos Aires.
* Piñeiro Iñiguez, Carlos (2006). Pensadores Latinoamericanos del siglo XX. Ed.
Siglo XXI, Buenos Aires.
* Puiggrós, Rodolfo (1974). La Universidad del pueblo. Ed. Crisis, Buenos Aires.
* Ramallo, Jorge María (1954). La Universidad de Buenos Aires en la Época de
Rosas, Cuadernos del Ateneo Nº 3, Buenos Aires.
* Rosa José María (1974). Historia Argentina, Ed. Oriente, Tomos 3-7, Buenos
Aires.
(1985) La Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas, Ed. Hispamerica,
Buenos Aires.
* Scalabrini Ortiz, Raúl (2004). Política británica en el Rio de La Plata, Ed.
Plus Ultra, Buenos Aires.
* Taborda, Saúl (2009). Escritos Políticos 1918 – 1934, Ed. Universidad Nacional
de Córdoba, Córdoba.
* Tedesco, Juan Carlos (1993). Educación y sociedad en argentina (1885-1945).
Ed. Solar, Buenos Aires.
* Ugarte, Baldomero Manuel (1996). La Patria Grande y otros textos, Teoría,
Buenos Aires.
* Varsavsky, Oscar (1969). Ciencia Política y cientificismo, Centro Editor de
América Latina.
NOTAS
1 El obispo diocesano Fray Hernando Trejo y Sanabria realizó un aporte económico
para financiar cátedras de latín, arte y teología sobre la base del Noviciado de
los jesuitas existente desde 1607 en Córdoba. Gregorio XV le permitió a la
Compañía de Jesús emitir grados universitarios con autorización papal en varias
ciudades americanas en 1622 (Mignone, 1998: 11).
2 Adriana Puiggrós (2004: 34-35) reconoció la existencia de diversos modelos de
Escuelas en América. Mencionó las Escuelas Pías que funcionaban en las
parroquias para las poblaciones indígenas y mestizas; las Escuelas de los
Conventos que eran preparatorias para el ingreso a la universidad; las Escuelas
de los Ayuntamientos para la población pobre; las Escuelas del Rey controladas
por los jesuitas hasta su expulsión; y las Escuelas Particulares que funcionaban
con docentes costeados de manera individual, generalmente por comerciantes y que
eran habilitadas previamente por el Cabildo.
3 Entre las instituciones que antecedieron a la UBA se debe mencionar al Colegio
Unión del Sud (1818) abierto sobre la base del Colegio de San Carlos
(1783-1810). En él se desarrollaron estudios “preparatorios”. Se creó en este
período la Escuela de Matemáticas (1810 – cierra ese mismo año-); la Escuela de
dibujo (1815); la Academia de matemáticas y Arte militar (1816) y la Academia de
Jurisprudencia (1814). (Mignone, 1998).
4 En temas educativos Rivadavia impulsó el método lancasteriano en las escuelas
de Buenos Aires y abrió el Colegio de Ciencias Morales sobre la base del Colegio
de la Unión del Sud (Puiggrós, 2004: 58).
5 Francia exigió privilegios de sus ciudadanos para evitar el servicio militar y
quiso obtener por la fuerza la libertad de comercio para sus productos. En ese
periodo las potencias ocupaban posiciones coloniales en África y en Asia.
Inglaterra tomó por la fuerza las islas Malvinas en el año 1833.
6 Tras la derrota electoral de su partido protagonizó levantamientos militares
en septiembre de 1874 y en junio del año 1880 desconociendo los triunfos de
Nicolás Avellaneda y de Julio A. Roca.
7 La denominación “desierto” escondió y justificó la eliminación de las
poblaciones aborígenes.
8 El servicio militar desarrolló funciones educativas vinculadas a la
homogeinización cultural de los inmigrantes y a la enseñanza de la
lectoescritura.
9 Osvaldo Magnasco que fue Ministro de Justicia e Instrucción pública de Roca,
intentó modificar sin éxito la educación enciclopédica a partir de promover la
educación técnica.
10 Revolución del Parque contra el gobierno de Juárez Celman; el levantamiento
de julio de 1893 contra Luis Sáenz Peña y en el año 1905 contra Manuel Quintana.
11 La ley fue sancionada en el año 1912. El reclamó de voto secreto y universal
tenía otros impulsores además de la UCR, como fue el Partido Socialista. Con la
reforma electoral seguían sin votar las mujeres o los miembros de las fuerzas de
seguridad.
12 Existieron excepciones en las gestiones de Bernardo de Irigoyen o de Luis
María Drago que marcaron algunos trazos importantes de la política exterior.
Este último, se opuso a la ocupación militar de Venezuela de 1902 ejercida por
Alemania, Inglaterra e Italia para cobrar la deuda externa inaugurando la
llamada “doctrina drago”.
13 Saúl Taborda fue Rector del Colegio nacional de la UNLP en el año 1920 (Taborda
2009).
14 Del proceso de la independencia de 1816 a la fecha se produjeron 4 grandes
intervenciones de la juventud como actor político y cultural. La primera fue la
“generación del 37”; la segunda fue la “juventud del ochenta”; la tercera la
“juventud reformista”; y la cuarta y última gran intervención generacional fue
la “juventud de los años sesenta y setenta”.
15 Según Luis Aznar (1936: 9) “Alejandro Korn bregó incansablemente para que los
estudiantes dieran a su movimiento un contenido que estaba más allá de los
estatutos y de la modificación de los planes de estudio. Lo que fallaba era la
universidad en si, como institución divorciada de la realidad social que la
sustentaba”.
16 Haya de LaTorre fue presidente de la Federación universitaria del Perú y
fundador del APRA.
17 El caso de Mariategui es emblemático de la exportación del modelo reformista
a América latina. En su obra Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad
Peruana el autor le dedica un apartado a la aplicación de los principios
reformistas en la Universidad de Lima (Mariategui, 2005).
www.hernandezarregui.blogspot.com
Ver artículo en Google Docs:
http://docs.google.com/document/pub?id=14MTn0Sk30TsRLwq0E94NM4VO4jXRVhBnhStTRDVddNU