Otro represor que le fue a llorar la carta a la CIDH y recibió un portazo

Carlos María Romero Pavón quiso impugnar ante el organismo los juicios de lesa humanidad

Tiene dos condenas a perpetua, pero llama los procesos a los genocidas «juicios sin juicios». La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondió su petición de un modo contundente: «Resulta inaceptable la impunidad de las conductas que afectan más gravemente los principales bienes jurídicos sujetos a la tutela del derecho internacional de los derechos humanos».

Por Lucia Bertoia

Al represor Carlos María Romero Pavón le cerraron la puerta en la cara en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adonde concurrió para impugnar los juicios de lesa humanidad a los que él define, desde una publicación amiga, como “juicios sin juicio”. Con dos condenas a prisión perpetua en su haber, el teniente coronel retirado recibió una dura respuesta del organismo internacional que respaldó el proceso de justicia que lleva adelante el país.

Romero Pavón es un hombre que pasa bajo el radar. Sin embargo, tuvo durante la dictadura una posición clave en la estructura que comandó la represión en la zona de La Plata y el conurbano bonaerense. Fue el jefe de la sección Reunión Interior del Destacamento 101 de inteligencia del Ejército en La Plata. Como tal, según reconstruyó la justicia, calificaba la información que se obtenía en la tortura, controlaba los interrogatorios y analizaba si debían continuar o se debía “trasladar” a la víctima.

Recién en febrero de 2010, Romero Pavón fue detenido por orden de la justicia federal de La Plata, acusado por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, que funcionaba en Olmos. En 2014, fue sentenciado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, que presidía Carlos Rozanski. Su condena fue confirmada este año por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. El año pasado recibió su segunda perpetua por crímenes en la brigada de San Justo. Actualmente, a los 77 años, está en el banquillo por los secuestros, torturas, homicidios y desapariciones cometidos en las brigadas de Lanús, Quilmes y Banfield. Sigue el juicio desde su hogar y se negó a declarar en indagatoria cuando comenzaron las audiencias.

En 2013, meses antes de que comenzara el juicio de La Cacha, Romero Pavón presentó una petición ante la CIDH. Decía que sus derechos humanos estaban siendo violados básicamente porque le aplicaban una ley que no existía cuando se cometieron los crímenes — la que declaraba imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad — y que estaba detenido en condiciones inhumanas y degradantes. El planteo de Romero Pavón recién comenzó a moverse en la Comisión en 2016, coincidentemente con la llegada al gobierno de Mauricio Macri, cuyos funcionarios buscaron que el organismo receptara los planteos de quienes fueron condenados o estaban bajo investigación por delitos de lesa humanidad en el país.

En el ínterin, el represor empezó a publicar en la página Prisionero Político una serie de columnas tituladas Juicios sin Juicio, donde despotrica de su suerte desde la reapertura de las causas. “(Néstor) Kirchner abrió las heridas que se iban restañando con los veintiún años de democracia, utilizando al Poder Judicial para violar el principio de Ley Natural”, escribió. En los textos se presenta como teniente coronel y ”prisionero por la república”.

Sus palabras no conmovieron a los comisionados, que valoraron positivamente el proceso de justicia en el país y recordaron que ellos mismos saludaron la sucesión que comenzó en 1998 con la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, su anulación en 2003 y la declaración de inconstitucionalidad de la Corte en 2005. “Resulta inaceptable la impunidad de las conductas que afectan más gravemente los principales bienes jurídicos sujetos a la tutela del derecho internacional de los derechos humanos”, escribió la CIDH.

“Debido a la tipología penal por la que estaba siendo procesado y la complejidad de los casos, no resulta posible caracterizar las actuaciones del Estado como violatorias, especialmente si se tiene en consideración que le fue otorgada la detención domiciliaria”, afirmó la CIDH en la comunicación que recibió la Cancillería argentina en los últimos días. “Tampoco ha presentado evidencia para considerar las presuntas violaciones de su derecho a la integridad personal, ni su denuncia ante la jurisdicción interna argentina”.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos celebraron la decisión de la Comisión. «Estos casos no merecen ser tratados por la CIDH. Sus garantías son respetadas por los tribunales argentinos y lo que intentan es replicar argumentos que hicieron en su defensa ante la justicia argentina y que ya fueron analizados. La CIDH no es una cuarta instancia», dijo a Página|12 Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos. «No es casual que estos casos hayan empezado a tramitar en 2016 con la gestión anterior y que comiencen a cerrarse ahora que hacemos una defensa muy fuerte del proceso de justicia», agregó.

Hace años que los represores buscan impugnar el proceso ante instancias internacionales, las mismas que desconocían cuando denunciaban o investigaban sus crímenes. En los últimos meses, la CIDH desestimó un planteo similar del represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo homónimo del fallecido comandante del Primer Cuerpo de Ejército.

02/09/21 P/12