País de enemigos

Por Graciana Peñafort

Una de las partes más tristes de perder a alguien que querés y con quien conviviste, es ese momento espantoso en el cual no tenés mas opción que reacomodar y deshacerte de las cosas que dejó ese otro tan querido como ausente. Nunca estás más solo que en ese momento en que sos el único que toma decisiones en un espacio que supo ser común. Y que ya no lo es. Cuando abrís un cajón para vaciarlo y todo tiene un olor que reconoces como cotidiano y que sabes va a desaparecer con el correr de los días. Doblar la ropa de otro que ya no va a usar. Seleccionar qué conservar y qué no, entre papeles y objetos que aun guardan el rastro de esas otras manos. El dolor infinito de desarmar lo cotidiano.

Recuerdo la última vez que me separé. Recuerdo con especial dolor el momento en que tuve que sacar de la mesa de luz los libros de él, que habían quedado ahí. Fue lo último que hice. Pasé meses sin poder tocar esa mesa de luz ni los libros que ahí estaban. Dormía de espaldas a esa mesa de luz hasta que pude hacerlo. Y cuando conseguí juntar fuerzas, valor y resignación y sacar esos libros, lloré desconsoladamente durante horas. Y yo era afortunada. Solo era una separación. Sabía —y sé— que sólo se trataba de un desarmar un mundo de dos que se había acabado. Pero que en el mundo aun estábamos los dos, intentando volver a ser felices. Cada uno por su lado. Me consoló saber que estábamos vivos. Que ese final, por doloroso que fuese, era también un principio. Cuánto más terrible y triste de modo irremediable si hubiese tenido que hacer todo esto en el contexto de una muerte.

Yo no sé si CFK es una sentimental. Pero el fin de semana pasado me acordé del dolor de sacar los libros de la mesa de luz, cuando ella mostró lo que Bonadío había hecho en su casa de Calafate. Porque recordé que en esa casa es donde Néstor murió. Deseo fuertemente que CFK no haya tenido las memorias de su cotidianeidad con Néstor ahí, a merced de Bonadío. O que no le tenga apego a ese tipo de cosas. Que lo que hizo ese juez, por el modo en que lo hizo, sólo haya sido un ultraje a la propiedad y no a la memoria.

Esta semana como pocas quedaron de manifiesto las múltiples facetas del Poder Judicial. En Mendoza se dictó sentencia por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 86 víctimas de la última dictadura militar. Fue el Tribunal Oral Federal Nº 1. Mientras tanto, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza tuvo una efímera secretaria, cuya designación fue tan dura y públicamente cuestionada en virtud de carecer de los antecedentes y la experiencia mínimos para ser designada en ese cargo, que finalmente renunció a su sorprendente promoción.

Más lejos de las montañas azules con las que crecí y que extraño, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py está a punto de recibir a su más flamante miembro. Tampoco concursó para ocupar ese lugar, sino que fue trasladado por el Consejo de la Magistratura. Que en estos días parece más una agencia de turismo interno de jueces que el órgano que constitucionalmente tiene a su cargo seleccionar mediante concursos públicos postulantes a las magistraturas. Y no es que los concursos sean una maravilla, a decir verdad, pero parecen un poquito menos caprichosos que estos traslados a dedo, sin mayores justificativos que la voluntad política de colonizar instancias judiciales.

El flamante miembro de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py será uno de los jueces que deberá resolver las apelaciones que como catarata cayeron sobre la resolución del doctor Claudio Bonadío, que ordenó los procesamientos de muchos en la causa de la fotocopias del cuaderno de Centeno, el chofer con aspiraciones literarias.

Las 551 páginas de la resolución de Bonadío son claro ejemplo de dos cosas: de lo mal que funciona una parte de la justicia federal sin controles y sin límites constitucionales y de las muchas veces que escribo Bonadío en esta computadora, tantas que al olvidarme del acento, me aparece el corrector señalándome que está mal escrita la palabra Bonadío. La coincidencia, puedo afirmar, no es casual.

Sé que muchos no han podido leer la resolución. Entre otras cosas porque estuvo sólo un breve lapso disponible en la página del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema. Señalan los que conocen los pasillos de la Corte que es eso una consecuencia del pequeño golpe de estado que sufrió Lorenzetti y que impactó también en la conducción del CIJ. He sido siempre muy crítica con el funcionamiento del CIJ pero señalo que en cualquier caso, la publicación de las sentencias es un aporte imprescindible al ejercicio del derecho a la información de la sociedad. Prefiero que exista el CIJ a que no exista. Y prefiero que publique las sentencias a que no las publique.

La directora del CIJ explicó que son los jueces de primera instancia quienes deciden qué sentencias se publican en la pagina del CIJ y cuáles no. La breve publicación de la sentencia me hizo sospechar, en un arranque de optimismo carente de fundamento, que Bonadío tuvo un atisbo de vergüenza por lo que había escrito y por eso prefirió que nadie más lo pudiera leer. Sé que no fue así. Bonadío sabe que su sentencia es un verdadero mamarracho y que la única forma de validarla es que las personas no la puedan leer y sólo pueda leer lo que otros dicen de esa sentencia. Va una última reflexión estúpidamente optimista. Bonadío tiene más confianza en los múltiples house organs que en la solidez de sus escritos como juez. Ante esa falta de confianza, la solución del poder fue nombrar jueces de apelaciones que estén dispuestos a olvidar lo que saben de derecho y convalidar los disparates. El “hacete amigo del juez” del propio juez.

La moraleja es tan clara que asusta. Mientras en la superestructura del poder —y de los poderes del Estado— están en guerra con el Derecho y la Constitución, a la que vienen derrotando por goleada, lo primero que se pierde es el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad sin editorialización. “La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad” sigue siendo una reflexión insoportablemente valida en estos días de Lawfare.

Lo primero que me llamó la atención en la resolución de Bonadío fue el tono llamativamente panfletario de la introducción. Y me hizo reír. Tuve que recordar que esa insólita —e impostada— indignación moral del magistrado sólo intenta fundar —y encubrir— un proceso arbitrario, gente presa sin sentencia y sin justicia. Y una jugada política cuya orfandad probatoria se intenta subsanar con adjetivos. Cuando el juez intenta ingresar en lo que es su trabajo como juez, esto es lo que jurídicamente es relevante y que sería su trabajo específico, empieza a renquear.

El juez tiene que describir conductas y calificarlas. Ese es su trabajo. No parece muy promisorio que sea el propio magistrado el que dice que las conductas las conoce “más o menos”. La sentencia dice: “Esta mecánica funcionaba más o menos así”. Entonces… ¿las personas involucrada están “más o menos” procesadas? Y los hechos, ¿están “más o menos” probados?

Cualquier procesamiento es de carácter provisorio y refiere a la calificación del o los hechos de que se trate. Delimita los límites fácticos y los limites de derecho de la acusación. En el caso de las fotocopias, los límites: ¿están más o menos delimitados? Una condena requiere un grado de certeza que se encuentra sujeto a la existencia de elementos que de modo indudable destruyan la presunción de inocencia. Un procesamiento requiere un juicio de probabilidad. Un procesamiento de Bonadío parece solo requerir una charla de café. Hay una diferencia de grado insalvable entre juicio de probabilidad y la ligera e irresponsable apreciación de un “más o menos”. Esa diferencia de grado es la misma que existe entre la Justicia y la Injusticia. Sin más. Sin menos.

Otro aspecto que llama poderosamente la atención es la ausencia de elementos materiales que respalden los testimonios que fundan la acusación. Un claro ejemplo es lo que sucede con el testimonio de José López que cambia por cuarta vez sus dichos para poder acusar a CFK. Esta vez la versión que da López es que los bolsos con dinero que llevó al convento se los había dado el ex secretario de CFK el 13 de Junio. Y que recibió la orden de llevarlos al convento. En forma previa y en otra causa que investigó el fiscal Delgado, López afirmó que el dinero había estado en su casa, oculto debajo de un tanque de agua por un periodo de meses. Y que eso explicaba porque los billetes estaban mojados.

Bonadío debió cuanto menos confrontar esa versión con el ex secretario de CFK. Chequear la información para tenerla por válida. Mínimamente. No lo hizo. Y por cierto, ya conocido el procesamiento, Fabián Gutiérrez, el ex secretario señalado por López, se presentó ante el juez y negó lo dicho por López. ¿Quién miente y quien dice la verdad? ¿Mintió López con Delgado? ¿Mintió López con Bonadío? ¿Mintió Gutiérrez con Bonadío? Desconozco la respuesta. Lo único cierto es que los billetes estaban mojados.

No forma parte del procesamiento, pero sí es necesario contar que jamás vamos a saber qué dijo López realmente. ¡Porque en un inverosímil raid televisivo que hizo el fiscal de la causa, contó que no consignó en el acta de declaración todo lo que contó López… a pedido del propio López!
José López

Repreguntado por el periodista que lo entrevistaba, el fiscal señaló que no iba a violar la confianza depositada en él por López. Mire, doctor Stornelli: usted es el fiscal de la causa, no un amigo de José López. Si en estos tiempos se hicieron amigos, entonces debería apartarse. Su obligación es con la causa. Y no la ha cumplido. Y ha declarado ante la prensa argentina cómo adulteró un documento público que da cuenta de lo que sucedió en una confesión. A pedido de un imputado. Y eso es una conducta con consecuencias penales y procesales.

Sobre pruebas, es extraño que Bonadío —que con tanto interés busco en la casa de CFK el dinero y las bóvedas que podrían haberlo contenido, buscando el destino final de ese dinero— no haya investigado mínimamente algo mas fácil de buscar, que es el origen del dinero. ¿Investigó siquiera los balances de las empresas de donde salieron esas sumas millonarias? No, no lo hizo. Y procesó igual, aun sin pruebas materiales.

Un punto particularmente ridículo es lo que refiere a CFK en cuanto claramente dice que no tiene dudas de que la destinataria final del dinero es CFK aun cuando señala que no ha podido constatar que CFK haya recibido el dinero. Creo que estamos frente a la primer jefa de una asociación ilícita ad honorem de la historia. Bueno, después de todo a CFK, ¡Comodoro Py la acusa de dirigir cuatro asociaciones ilícitas! Se ve que creen que la ex Presidenta tiene una irrefrenable vocación por dirigirlas. ¡Tanto que a esta asociación la dirigía sin recibir ni un centavo, por amor a la asociación ilícita nomás!

Otro punto a resaltar es el grosero y desigual tratamiento de los procesados entre sí. Veamos un caso. Calcaterra se presentó “espontáneamente” y se “arrepintió”. Otro arrepentido lo desmintió. Wagner. Ambos están libres. Y el principio de no contradicción indica que no pueden haber dicho la verdad ambos.
Angelo Calcaterra contradicho por Carlos Wagner

Otro ejemplo es el gerente de Calcaterra, Sánchez Caballero, quien recibió una falta de mérito. Aunque entregó dinero. Centeno, que llevaba personas a buscar ese dinero negro, quedó procesado. Tanto Sánchez Caballero como Centeno fueron funcionales a la supuesta asociación ilícita. El porqué del trato tan diferente es cuanto menos inexplicable. O demasiado explicable, tal vez.

Más inexplicable es el arrepentimiento de Luis Betnaza, gerente de Techint, que declaró como arrepentido y cuya declaración determinó la falta de mérito de Zabaleta, otro gerente del mismo holding, quien figura entregando dinero en las fotocopias. Gerentes como Betnaza no abundan, sin duda. Porque asumió las culpas de todo y al juez no le ocurrió siquiera llamar a declarar a Paolo Rocca, dueño de la empresa, quien confesó su participación en los hechos en un evento de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y ante las cámaras de TV.
Paolo Rocca no, Luis Betnaza sí.

Tampoco se le ocurrió a Bonadío requerir las cámaras que contó Javier Fernández tiene instaladas en su casa y que podrían probar si los dichos del imputado sobre quienes iban a su casa y para qué son ciertos. Parece una prueba cuanto menos fácil de producir, ¿no? Señala en su declaración Javier que muchos funcionarios del anterior gobierno y del actual también, son o han sido visitantes de su domicilio. Suena a apriete nada sutil. Son afortunados los miembros del anterior gobierno y del actual gobierno, porque Bonadío, el juez que se inventó una guerra, en este punto carece de imaginación… o de ganas.

Quiero ser clara en esto. Gran parte de los house organs hablan de la abundancia de pruebas. A decir verdad, pruebas, lo que se dice pruebas, es precisamente de lo que carecen esta causa y este procesamiento. Porque lo que hay son testimonios de arrepentidos, que no pueden ser los elementos utilizados para condenar. La ley es clara en cuanto a que “el órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido. …La materialidad de un hecho delictivo no podrá probarse únicamente sobre la base de esas manifestaciones”. Es cierto que estamos frente a un procesamiento y no ante una condena. Va de suyo que con los elementos reseñados por Bonadío no se podría obtener una condena. De todos modos la ausencia de elementos que comprueben mínimamente la materialidad del hecho delictivo que se investiga es cuanto menos llamativa. Incluso para procesar.

Como es llamativa la confusión para nada accidental que hace Bonadío entre condena y procesamiento. Bonadío requiere la prisión de CFK y posterga su pedido de desafuero a la confirmación del procesamiento. Como si la confirmación de dicho procesamiento significara algo más que la confirmación de un estado que NO destruye la presunción de inocencia. El intento de fabricar una nueva categoría de cosa juzgada sin condena es hasta hilarante. Si no fuese creación de un juez, claro.

Bonadío hasta ahora investigó —o no investigó— con completa libertad y sin obstáculos, salvo los que pusieron Centeno al quemar los cuadernos, Calcaterra y Wagner al contradecirse entre sí y Stornelli al no hacer constar la totalidad de la declaración de López en el acta. Este último ejemplo daría cuenta de los riesgos procesales de tener vinculaciones con medios de comunicación, creo. Como sea, no hay justificación legal que dé fundamento al pedido de detención y desafuero de CFK. Y va una salvedad importante: ¿alguien me puede explicar de qué manera se puede incidir en la investigación mediante los vínculos con medios de comunicación? Bonadío lo consigna, pero no lo hace. Creo que ese tipo de argumentos, además de un disparate, son un riesgo cierto a la libertad de expresión. Me extraña que los periodistas y dueños de medios no hayan salido a denunciarlo. Un día el monstruo se los puede querer comer también a ellos. Esas cosas no deben dejarse pasar.

El procesamiento es un verdadero disparate. No he leído muchas cosas iguales. Su confirmación, que doy por sentada, no tendrá siquiera el vestigio último de racionalidad que tuvo la confirmación del procesamiento que no confirmó la guerra imaginaria de Bonadío.

Me avergüenzan dos cosas. Una es que un grupo de personas hayan circulado cantidades descomunales de dinero negro e influencias. Y quiero que el Poder Judicial investigue y condene a los responsables de eso aunque algunos hayan integrado el gobierno al que yo pertenecí y del cual estoy orgullosa.

La otra cosa que me avergüenza es la cantidad de abogados, jueces y fiscales que guardan silencio casi cómplice respecto a esta persecución desaforada y sin reglas donde están violando todo lo que aprendimos, militamos y defendemos sobre procesos judiciales, garantías constitucionales y rol de los jueces, fiscales y defensores. La defensa del Estado de Derecho no es negociable, ni claudicable ni está sujeta a conveniencias políticas. No puede serlo jamás. Porque nunca la corrupción se mejoró con mas corrupción. Porque nunca la injusticia se corrigió con mas injusticia.

Y porque la única esperanza cierta de vivir en una sociedad civilizada es defender las garantías y derechos que están consagrados en nuestra Constitución. No podemos aceptar el Derecho Penal del Enemigo. Porque ante la ley no puede haber amigos y enemigos. Porque ante todo debe haber ley. Un país sin ley es un país de fuertes que todo lo pueden y de débiles que no pueden defenderse. Es un país de enemigos. Y un país de enemigos no es un país. Solo es un territorio hostil donde nadie, pero nadie está a salvo.

El Cohete a la Luna

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