Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad

Por Ivana Salemi*

Otro año nos encuentra recordando y celebrando el Día Internacional del Orgullo. En la Argentina –valga la aclaración: cuando gobierna el peronismo– tenemos una forma singular de recordar y celebrar: ampliando derechos. El incidente de Stonewall Inn que se recuerda cada 28 de junio, no obstante, nos recuerda que muchas veces la historia de los derechos adquiridos comienza con un piedrazo al poder establecido, empujado los límites del CIStema, haciéndole decir a la normatividad institucional lo que no quiere decir. Propongo recorrer una cartografía histórica y afectiva antes de regresar a esta Argentina cada vez más diversa e inclusiva de nuestro presente, siempre en disputa.

Este mítico bar en las afueras de la ciudad de Nueva York funcionaba como lugar de encuentro de las disidencias sexuales y de género. Ya cansadas de las razias y abusos policiales, una noche las locas decidieron resistir el desalojo. El príncipe de Sarajevo fue en este caso una mujer trans, trabajadora sexual, negra y bisexual. Marsha P. Johnson fue quien arrojó un ladrillo al auto policial que intentaba desalojar el lugar y entonces fue cuando se desencadenó el revoloteo que resistió in situ durante tres días y dos noches, defendiendo ese refugio que representaba el Stonewall Inn. A partir de esta irrupción histórica, el reclamo por derechos de libertad sexual emparentados a otros –de acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud– ganaron las calles en un mundo que hacia 1969 parecía estar corriendo sus límites y en constante transformación.

La demanda por el derecho al libre ejercicio de la sexualidad en diferentes oportunidades apareció acompañada por otros reclamos de carácter social. Estos reclamos –que podríamos mencionar como de Justicia Social, es decir, de acceso a derechos básicos de ciudadanía– describen las condiciones de vida de las personas en disidencia sexual en sociedades donde el primer contrato social es, en palabras de Monique Wittig, la heterosexualidad obligatoria. “El contrato social del que estoy hablando es la heterosexualidad. El problema con el que me encuentro cuando trato de definir el contrato social es del mismo tipo que el problema que tengo cuando trato de definir qué es la heterosexualidad. Me encuentro ante un objeto no existente, un fetiche, una forma ideológica que no se puede asir en su realidad, salvo en sus efectos, y cuya existencia reside en el espíritu de las gentes de un modo que afecta su vida por completo, el modo en que actúan, su manera de moverse, su modo de pensar” (Monique Wittig, El Pensamiento Heterosexual, 1992).

Esto quiere decir que, incluso en un país que transita el siglo XXI donde hay un gobierno –respaldado por organizaciones sociales y políticas– con clara voluntad política de ampliar y reconocer derechos a favor del libre ejercicio de la sexualidad, el pacto social que se esconde detrás del discurso de la diferencia sexual sigue ejerciendo a través de diferentes dispositivos la opresión hacia ese otro sexo que son las mujeres, las maricas, las lesbianas, las trans y todas las corporalidades que se corran de la norma. Estos dispositivos, que son políticos y económicos, pero también sociales y culturales, se manifiestan en discursos y sentidos comunes que circulan en todos los ámbitos de la sociedad: desde las cortes de la (in)justicia patriarcal, hasta en ámbitos de la militancia política popular, donde al menos en el discurso resulta claro que el desafío es consolidar un movimiento político “nacional, popular, democrático y feminista”.


Marsha P. Johnson

Esta aclaración sobre el discurso de la heterosexualidad obligatoria o del CIStema patriarcal, que circula antes entre las personas que como cimiento de las instituciones, resulta relevante para entender por qué, a pesar de todos los derechos conquistados, aún falta mucho. Todavía nos preguntamos dónde está Tehuel, un pibe trans del conurbano bonaerense que fue visto por última vez cuando salió de su casa a buscar trabajo.

En este sentido, resulta relevante recordar que las primeras experiencias de organización política por la libertad a la diferencia sexual se tejieron entre un grupo de trabajadores vinculados al sindicalismo. Nuestro Mundo reunió a un grupo de trabajadores homosexuales que, en el marco de las luchas por la liberación política que se estaban gestando en la Argentina de finales de los años 60, entendían que la opresión sexual debía ser incorporada en la agenda. Héctor Anabitarte, dirigente del Partido Comunista e impulsor de Nuestro Mundo desde la clandestinidad frente a la negativa de ese partido a alojar estas demandas, plantó la semilla para que algunos años más tarde el Frente de Liberación Homosexual (FLH) sostuviera una bandera en calles y plazas por una Patria liberada, con la consigna bien conocida por todxs: “para que reine en el pueblo el amor y la igualdad”. Esto demuestra que la historia del movimiento de diversidades o disidencias sexuales y el peronismo como identidad política tiene una larga historia, no exenta de tensiones.


Foto de la columna del FLH (1973) durante la asunción de Héctor José Cámpora

En el marco del Mes del Orgullo, la TV Pública presentó la película Sexo y Revolución del realizador audiovisual Ernesto Ardito, que toma su nombre del Manifiesto que publicara el FLH en 1973. Además de reproducir parte de este Manifiesto, el documental recupera testimonios de quienes formaron parte de estas experiencias: por primera vez en América Latina un grupo de activistas por la liberación sexual intervino en acciones de claro tinte político. La discusión que el FLH planteó a la militancia política y revolucionaria de los años 70 sobre la importancia de incorporar la dimensión sexual a la lucha por la justicia social sigue teniendo vigencia y relevancia para pensar qué sociedad queremos construir, y para revisar las prácticas cotidianas que aún demuestran los efectos del régimen político patriarcal y heterosexual.[1]

Lo cierto es que sin el activismo del FLH, de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y el fundamental ejercicio de visibilización y pedagogía que llevaron adelante personas como Carlos Jauregui, Diana Sacayán o Lohana Berkins –entre otrxs– que han adoptado en el discurso, pero sobre todo en sus cuerpos, la tarea de señalar los dispositivos políticos del régimen heterosexual, no hubieran sido posibles leyes como las de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género o Cupo Laboral Trans.

Recientemente, a raíz del Decreto 476/2021 que establece la posibilidad para quienes no se sienten representadxs por el binomio Femenino o Masculino puedan consignar en su DNI la letra X, se abrió un nuevo horizonte de sentido en la discusión sobre cómo pensar las identidades sexo-genéricas. A raíz del debate planteado por organizaciones de personas no binarias que llevan adelante el reclamo por un campo en la carta nacional de identidad que se corra del binarismo sexual, diferentes activistas sentaron posición sobre la medida impulsada por el Ejecutivo Nacional para operativizar este reclamo. Algunas organizaciones interpretan que señalar con una X en el campo asignado al Sexo en el DNI es insuficiente y no representa la vivencia de quienes se identifican por fuera del sistema de identidades. Estas discusiones tensionan y demuestran las limitaciones de los dispositivos político-institucionales para incorporar identidades en devenir, a mi entender, por una cuestión ontológica de la función política del Estado. Pero también es cierto que representa un avance y un antecedente que visibiliza otras formas de habitar el género y la sexualidad por fuera del sistema binario Femenino-Masculino.

Un planteo interesante apareció en la discusión, retomando la mirada de Lohana Berkins y otrxs travestis –entendiendo la palabra travesti como identidad política– cuando nueve años atrás se discutía la Ley de Identidad de Género: la ley en sí misma no transforma realidades, no es un fin en sí mismo. Que el Estado, a través de sus instrumentos legales, reconozca la identidad auto percibida de las personas que no se sienten identificadas con el sexo asignado al momento del nacimiento, representó entonces un escudo frente a los abusos policiales e institucionales que sufrían las personas de las disidencias sexo genéricas, y en particular del colectivo travesti-trans. Frente a los edictos o contravenciones policiales que castigaban la “vestimenta diferente al sexo” o –retomando a Judith Butler– la performatividad del género diferente al sexo asignado al nacer, la Ley de Identidad de Género representó un marco legal de protección. Frente a la cloacalización de los cuerpos travestis, como decía Lohana, empujados a la prostitución como sistema, normativas como la Ley de Identidad de Género o la reciente Ley de Cupo Laboral Travesti Trans representan la posibilidad de cierta reparación.

Parte de la reparación histórica que se le exige al Estado por las violencias perpetuadas en nombre de la moral que resultaron en que las personas del colectivo travesti-trans no vivan más allá de los 32 años en promedio, llega de la mano de la sanción de la Ley 27.636 de Promoción al Empleo para personas Travestis, Transexuales y Transgénero. La historia de nuestro país indica que el acceso al trabajo formal garantiza, además de un ingreso económico que permita la reproducción de la vida, acceso a derechos sociales vinculados a la salud, al descanso, a la vivienda, etcétera. Esta ley se incorpora a otras, como el Plan Básico Universal que busca garantizar el derecho a la conectividad, o la recuperación del programa de medicamentos gratuitos para las personas mayores, o el despliegue de la mayor campaña de vacunación gratuita que se tenga memoria.

Pero es necesario visibilizar que –incluso con la sanción de estas leyes que marcan el antecedente de un Estado que intenta garantizar condiciones mínimas de habitabilidad para el colectivo LGBTIQ+– aún persisten y circulan en la sociedad discursos y prácticas homo-trans odiantes. La no aparición con vida de Tehuel De la Torre es una urgencia que demuestra que la situación socioeconómica de muchxs compañerxs de las disidencias sexuales está lejos de estas condiciones mínimas de ciudadanía, que se vio agravada por la pandemia. El desafío para la necesaria reconstrucción del tejido social pospandemia es realmente construir políticas públicas y organización social con perspectiva de interseccionalidad, territorializar la normativa y visibilizar el punto de partida de las personas de la diversidad o la disidencia sexual a través de la organización social y militante, para que los derechos sean efectivos para todes, y para que reine en el pueblo el amor y la igualdad.

[1] Recomiendo a todxs quienes se interesen por el activismo de las disidencias sexuales o el feminismo en Argentina, e incluso por la historia política del peronismo, que vean Sexo y Revolución:

  • Ivana Salemi es licenciada en Ciencia Política (UBA), diplomada en Desarrollo Local, Territorial y Economía Social (FLACSO), militante del peronismo de San Isidro e integrante del Movimiento Disidente de Zona Norte que busca visibilizar y hacer cumplir los derechos de las disidencias sexo-genéricas en las localidades del conurbano norte de Buenos Aires. Es docente y coordinadora del Seminario de Políticas con Perspectiva de Géneros del Instituto Nacional de Capacitación Política.

Fuente: Revista Movimiento