Primero los más débiles

El gobierno que prometió elegir a los jubilados antes que a los bancos, empezó a cumplir su palabra

Por Miguel Fernández Pastor

Antonio Berni, Ramona espera

Durante la experiencia neoliberal que nos ha tocado vivir en los últimos cuatro años, los beneficiarios de la seguridad social hemos sido los patos de la boda. Los haberes previsionales perdieron, de punta a punta, el 27% de poder adquisitivo, pero a ello hay que sumarle la pérdida producida por la desaparición de los llamados beneficios indirectos, que a partir del incremento desmesurado de los servicios públicos o de los medicamentos han producido estragos en los ingresos de la gente. Pero esa pérdida en términos económicos se vio agravada por una estigmatización constante de los beneficiarios, sobre todo de aquellos que menos ganaban, a quienes descaradamente se los calificó de “planeros” y se los responsabilizó del déficit fiscal del Estado.

Cumplir la palabra

Pero con las elecciones algo de pronto cambió, el nuevo gobierno – que llegó con la promesa de elegir a los jubilados antes que a los bancos y que reforzó esa idea con aquello de empezar a recuperar la dignidad de la Argentina por los que menos tienen -, rápidamente empezó a cumplir su palabra y trazó un plan de auxilio en dos ejes, aquellos que padecen hambre y aquellos beneficiarios de la seguridad social que están en peor situación económica. Esto desconcertó a propios y extraños.

Entre los propios, a aquellos que cobran por encima de los valores contemplados para otorgar el beneficio extraordinario, quienes pretendían ser invitados en este primer reparto y no lo fueron. Esta situación los enoja, incluso a algunos los enoja mucho. Pero lo primero que corresponde decir es que ellos no ganan ni pierden, cobraron la movilidad de diciembre y en marzo recibirán la movilidad que determine el Poder Ejecutivo. También los invito a analizar los discursos de lxs Fernández en una plaza de Mayo colmada por cientos de miles de personas que se rompían las manos aplaudiendo cuando anunciaban que la recuperación tenía que empezar por los más vulnerables. Han pasado 10 días y se está cumpliendo la promesa, eso no debe enojar aunque la situación sea complicada. Al contrario, debe ser motivo de orgullo el hacer realidad las promesas enarboladas y socorrer, en primer término, a los mas necesitados.

Respecto de los extraños, éstos rápidamente mostraron la hilacha y se transformaron en defensores acérrimos de los que quedaban por arriba del monto de corte, porque decían que ellos también necesitaban, hablaron de achatamiento de la pirámide y de la presión fiscal que semejante dispendio populista le produce a las cuentas públicas. Son los mismos que hicieron trisas el sistema de seguridad social, los que nos desordenaron la vida, los que repetían a coro que el sistema previsional era insustentable. Incluso el diputado Luciano Laspina se atrevió a decir en el debate parlamentario que se creaban jubilados de primera y jubilados de segunda, los que ganaban hasta $19.068 y los que ganaban más de ello. Que descaro, que quienes inventaron los jubilados de primera, segunda y tercera ahora digan esto. Los de primera, los de la mínima del régimen general que cobran el 82% del SMVM, los de la moratoria, que cobran la mínima a secas, y los de la PUAM que cobran el 80% de la mínima. Laspina debería recordar que al momento de dejar el gobierno los beneficiarios de la PUAM cobraban $10.350, y que esas personas este mes cobrarán $19.068, es decir un 84% más.

Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en materia previsional? El gobierno decidió mejorar los haberes de aquellos jubilados y pensionados que cobran como único haber la jubilación mínima, es decir a diciembre $14.068, con un bono de $10.000 pagaderos en dos cuotas de $5.000, la primera en diciembre y la segunda en enero. Asimismo, aquellos que perciben más de la mínima pero menos de $19.068 cobrarán un complemento que eleve su haber a ese monto, así una persona que cobre $17.000 se le adicionará un bono de $2.068. Por otro lado, tendrán derecho al bono integro quienes cobran las PNC por discapacidad, que suman algo más de un millón de personas, otras 300 mil PNC correspondientes a madres de 7 o mas hijos y unas 160.000 personas que reciben la PUAM, lo cual suma un universo de casi 5 millones de personas. Además de este universo, tendrán derecho a percibir $2.000 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, que suman aproximadamente unos 4 millones de niños. Por lo tanto, el total de quienes se verán beneficiados por esta medida alcanzará a alrededor de 9 millones de personas.

De la simple lectura de quienes son los que se beneficiarán por las medidas que impulsa el gobierno, ninguna duda cabe que son claramente aquellos que más necesitan de este auxilio. Podrá argumentarse que aquellos que ganan un poco más también tienen necesidades insatisfechas y seguramente quien lo diga tendrá razón, pero lo que no se puede negar es que, en una situación de fragilidad económica como la que vivimos, un esfuerzo de estas características es realmente encomiable.

La obediencia y la discusión

El presidente Alberto Fernández, al prologar el libro Ideas escribió: “Nunca creí en la obediencia, obedecer no es la forma propia de la política. Obedecen los ejércitos. Para nosotros, que llegamos a la política de la mano del pensamiento, la reflexión crítica, los valores y las convicciones, el método es discutir. Discutir, discutir y discutir. Poner sobre la mesa los problemas que nos preocupan y luego encontrar una síntesis que nos lleve a la mejor solución”. Con ese espíritu voy a permitirme analizar la ley que el día jueves 19/12 trató la Cámara de Diputados y el viernes 20/12 el Senado de la Nación.

El artículo 51 del proyecto original imponía la suspensión de la movilidad del total de los regímenes nacionales, incluso eliminaba el suplemento que percibían los docentes. Rápidamente se eliminó del texto lo referido a los docentes y a los científicos, y al momento de la votación se eliminó de la suspensión de la movilidad para la totalidad de los regímenes diferenciales, especiales y de privilegio a que hacía referencia el texto original. En consecuencia, la suspensión de la movilidad quedó reducida exclusivamente al régimen general, es decir a los jubilados y pensionados que ya habían sido afectados por la ley de movilidad votada a sangre y fuego el 18 de diciembre de 2017.

Si con la redacción original costaba entender el motivo por el cual se suspendía la movilidad, con la modificación se hace mucho más difícil aún encontrar una razón para la suspensión. La movilidad correspondiente a marzo de 2020 ya está establecida y es del 11,54%, mientras que la de junio de 2020 ya está devengada y en consecuencia incorporada al patrimonio de los beneficiarios según lo ha reconocido la justicia en casos similares.

Para tratar de develar los motivos de la suspensión de la movilidad, pueden esbozarse distintas alternativas posibles:

– Dar una movilidad diferenciada, mejorando los haberes de los que menos tienen sin hacerle perder derechos a los demás.
– Congelar las jubilaciones por seis meses
– Fijar una movilidad inferior a la ya establecida,
– Determinar una movilidad inferior a los que tienen haberes más altos y una movilidad mayor a quienes ganan menos

La primer alternativa no requería suspensión alguna de la movilidad y parece ser que es la elegida por el propio Presidente que publicó en las redes sociales diciendo: “Durante los próximos 180 días fijaremos el modo de actualización de la jubilaciones” y en el siguiente agrega “hasta entonces, estableceremos incrementos trimestrales preservando que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores.

La segunda alternativa, es decir congelar las jubilaciones y pensiones, hay que descartarla ya que no es coherente con el párrafo del artículo que dice “…durante el plazo previsto en el párrafo anterior el Poder Ejecutivo nacional deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la ley 24 241 atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos…”

La tercer alternativa sería fijar por decreto una movilidad inferior a la prevista. Esto a la luz de los hechos parece improbable, no obstante si alguien piensa en esta posibilidad le quiero recordar que en diciembre de 2017 presenté un amparo por la modificación de la movilidad jubilatoria hecha por el gobierno de Mauricio Macri y la sala tercera de Cámara Federal de la Seguridad Social me dio parcialmente la razón, ordenando que el incremento de diciembre de 2017 que se había devengado debía pagárseme. Esa causa se encuentra actualmente en la Corte y el procurador de la Corte dictaminó en el mismo sentido que el fallo de la Cámara y que el pleno de la Corte se encuentra próxima a fallar. Las condiciones son exactamente iguales, y por lo tanto es esperable que si alguien hace una presentación tendrá éxito

Finalmente, la cuarta alternativa de fijar una movilidad inferior a los que tienen haberes más altos y una movilidad mayor a quienes ganan menos, una loable idea, pero peligrosa ya que rápidamente se judicializará. En ese caso estaremos frente a un caso exactamente igual a Badaro. Esto es así ya que en cuatro fallos la Corte ratificó que no se pueden dar movilidades diferenciales y que la movilidad tiene que ser uniforme.

No tengo dudas de que las motivaciones son las mejores, porque sería absurdo que a los diez días un gobierno haga un esfuerzo encomiable por beneficiar a 9 millones de personas, que son quienes tienen mayores necesidades, y tirar todo por la borda suspendiendo la movilidad de las prestaciones, pero como dice el proverbio español, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Por ello es oportuno recordar que nuestra constitución establece en el artículo 14 bis “…jubilaciones y pensiones móviles…” por lo tanto la movilidad es una manda constitucional inexcusable, ya que la ley de movilidad es de aquellas que reglamentan el ejercicio de un derecho. Podrá decirse con razón que durante muchísimos años no tuvimos movilidad y es verdad, pero ocurre que en 2008 se fijó un sistema de movilidad y de ahí en adelante ya no podemos volver atrás. Eso es así por imperio del Pacto de los Derechos Económicos Sociales y Culturales que prohíbe la regresividad de los derechos.

Tengo en mi fuero interno la convicción de que la cuestión era fácilmente solucionable estableciendo una movilidad provisoria, cualquiera, pero una movilidad concreta para luego facultar al PE a otorgar las mejoras diferenciales que se deseen hacer, por medio de un subsidio desde el PAMI o desde Desarrollo Social según corresponda. Con esa simple fórmula se podría haber escapado al riesgo de que se judicialice rápidamente y evitar que, como tantas veces ha pasado en el sistema previsional argentino, un pequeño grupo de vivos se quede con el esfuerzo de muchos. Esto es así ya que como se recordará, el caso Badaro significó cientos de miles de demandas judiciales que bloqueó la acción de la justicia, situación que luego de 13 años sigue siendo un escollo al accionar judicial para que llegue en tiempo oportuno.

Por otro lado la ley determina que en el plazo de 180 días se revise la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al congreso de la nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales y prevé la creación de una comisión para discutir una nueva ley de movilidad. Esto es razonable y sería importante que esa comisión logre construir una política de estado en derredor de algo tan sensible como la movilidad de las prestaciones previsionales, que en solo 10 años sufrirá la tercera modificación.

Adiós al Monte Pío

Mientras escribía estas líneas y en paralelo escuchaba el debate parlamentario oigo que la Senadora Fernández Sagasti lee un mensaje del Presidente de la República que anuncia que prorroga las sesiones extraordinarias con el objeto de derogar los dos regímenes de privilegio que aun quedaban con vida, el del poder judicial y el del servicio exterior. Confieso que el corazón me dio un salto y se hinchó de orgullo. El primer régimen de privilegio del Poder Judicial data del 2 de septiembre de 1858, denominado en aquel tiempo “Monte Pio” por moción de Dalmacio Velez Sarsfield. Que luego de 162 años un gobierno nacional y popular tome semejante decisión parece un sueño y nos invita seguir soñando que la utopía de la igualdad, que es la lucha por la dignidad humana, aun esta vigente.

Al enterarme de la decisión del presidente de eliminar los últimos privilegios del sistema de seguridad social, recordé al gran Gabriel García Márquez cuando escribió en Del amor y otros demonios “no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad”

El Cohete a la Luna

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