Procesaron a un excoronel por delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán
Se trata de José María Menéndez, hermano mayor del genocida Luciano Benjamín. Desde su cargo de gerente de la empresa Norwinco, con sede en Tucumán, Menéndez facilitó a los militares los legajos de 12 empleados que fueron secuestrados durante el Operativo Independencia en 1975.
Tucumán dio un paso importante en el extenso camino que llevan recorrido los organismos de Derechos Humanos de la provincia para que la justicia investigue la responsabilidad empresarial en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Desde el retorno a la democracia, la justicia condenó a un centenar de genocidas en la provincia, pero la investigación sobre la complicidad de los grupos empresarios con la junta militar siempre fue la gran deuda con los familiares de desaparecidos y asesinados durante el Terrorismo de Estado.
Este miércoles, el juez federal subrogante Fernando Poviña procesó a José María Menéndez, hermano mayor del tristemente célebre genocida ya fallecido Luciano Benjamín, como partícipe necesario de una docena de secuestros cometidos en Tucumán durante el año 1975, en el marco del Operativo Independencia. El procesamiento se hizo a instancias de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal que encabeza el fiscal federal Pablo Camuña.
Menéndez tiene actualmente 96 años y continuará en libertad en su casa de Yerba Buena. Entre 1974 y 1976, el coronel retirado fue gerente de la empresa Norwinco SA. En la acusación de la fiscalía, se lo señala como responsable de facilitar al servicio de inteligencia del gobierno militar los legajos de doce trabajadores de la empresa, que luego fueron secuestrados en sus domicilios particulares. De los doce operarios, tres continúan desaparecidos.
En 2012 Menéndez fue detenido por primera vez junto a otros 34 imputados, entre los que se encontraba su primo en 2012 Mario Benjamín Menéndez, se desempeñaba como jefe del denominado «Puesto de Comando Táctico» con sede en Famaillá, epicentro del terrorismo de Estado durante el Operativo Independencia.
Durante el juicio oral por el Operativo Independencia, en 2017, ex trabajadores de Norwinco se habían referido a la responsabilidad de Menéndez en una serie de secuestros, como gerente de relaciones industriales primero y como gerente general después. La fiscalía a cargo de Camuña se abocó a la investigación y en 2019 pidió su procesamiento, que demoró dos años.
Norwinco era la filial norte de la porteña Winco SA y se estableció en la ciudad de Bella Vista, al suroeste de San Miguel de Tucumán. En 1974, cuando se profundizaron los conflictos derivados del cierre de once ingenios azucareros, la consecuente crisis económica repercutió en Norwinco con despidos y rebajas de los salarios. Por ese entonces, la empresa empleaba a 130 operarios, que para finales de 1975 ya eran 104. Un dato curiosos hallado por el fiscal Camuña es que de las actas de directorio de Winco surge que sus integrantes no se reunieron durante todo 1975, período en que Menéndez estuvo a cargo de la filial tucumana y el control de los obreros.
De esta manera, la fiscalía considera que Menéndez cumplió el rol de «contención» de la conflictividad laboral. En sus declaraciones del juicio de 2017 los ex trabajadores indicaron que Menéndez «remitía información sobre obreros díscolos y/o sindicalizados a personal que respondía a la inteligencia militar y permitía el acceso de estos a la fábrica».
En la orden de procesamiento, Poviña escribió que Menéndez «habría detentado el control y custodia de los legajos del personal de dicha fábrica, y con ellos de toda la información en ellos contenida, por lo que el acceso de personal militar a dicha información no podía haberse producido sin su consentimiento o autorización». De allí dedujo la «presunta colaboración en la comisión del delito de privación de libertad de las víctimas».
El Tucumano