Qué hacer con un mal juez

El Estado no puede ofrecer jueces que sus funcionarios consideran que no son imparciales

Por Enrique Hidalgo

Imagen: Crossing Fingers Behind Back

Comodoro Py

Desde los ’90, y cada vez más, es tema la situación del fuero federal penal con sede en Capital Federal: los doce juzgados de Comodoro Py. Mediáticamente es furor desde la alusión de Cavallo a los jueces de la servilleta.

Cualquier análisis de su desempeño es negativo. Sería positivo si allí se sustanciaran las imputaciones penales a funcionarios federales con razonable objetividad, sentido de la relevancia institucional y económica, imparcialidad y cierta celeridad. Cumpliendo una función institucional: contribuir a que la gestión púbica sea más honrada.

No hay que atribuir a Comodoro Py la responsabilidad exclusiva por la inmoralidad en la función pública. Tampoco se puede aspirar a que todos los delitos sean perseguidos. Pero sí a que los de mayor relevancia económica o institucional sean investigados profesionalmente y se disciernan las responsabilidades. Que la amenaza de sanción opere como disuasión.

Tomando como inicio 1990, pasaron tres décadas. Casi no hubo condenas. Las imputaciones prescriben o, luego de décadas, los procesados son absueltos porque se viola el principio del plazo razonable, que es un principio sano, pero que en nuestro país aumenta la discreción judicial. ¿Es por desidia o es una política? Para algunos observadores la mejor causa para producir poder en un juez o fiscal no es que concluya con penas o absoluciones, sino que vegete. Que no termine. Como en el chiste de épocas de Ulpiano: un abogado viejo y mañoso que, en lugar de felicitar a su hijo que apenas recibido había concluido aquella sucesión de tantos años, lo reta amargamente porque de ese sucesorio habían vivido por años.

Las decisiones de Comodoro Py no dan prestigio a los absueltos, ni generan el repudio social a los condenados. Conozco sobreseidos que merecían —a mi criterio, obvio— la sanción penal, y cautelados por años o aun condenados por los que pongo las manos en el fuego.

Lo anterior lo digo eludiendo la grieta, que acá constituye una dificultad adicional. Porque si bien es posible analizar con objetividad una conducta y sus pruebas, la grieta es una excusa que desacredita cualquier conclusión. Cuando el resultado del proceso no gusta, los jueces son políticos. Cuando sí, “se pronunció la Justicia”. Esto contribuye a que el sistema actual no le sirva a la República y a “justificar” la arbitrariedad. Reitero: no da certezas de que el absuelto sea inocente ni de que el cautelado sea, en principio, culpable. Ningún ex funcionario estará tranquilo, aun sabiendo que no tocó un peso, pues con cualquier imputación, aun disparatada, un inocente puede tener que soportar, no digo ya la privación de la libertad injusta (que es de las aberraciones más graves para el derecho penal liberal), sino una cautelar patrimonial por años, sin comerla ni beberla.

El plan institucional

Alberto Fernández describió la situación crudamente al asumir ante la Asamblea Legislativa. Dicen los medios que también se lo planteó a Macri en privado. No se conoce su respuesta, esto es, si asumió la construcción de una política de Estado para la reforma del fuero penal federal; el que usó hasta el abuso y, si los ciclos se mantienen, ahora enderezaría las imputaciones sobre él y su legendario “mejor equipo”. Otro asunto es si Macri sería capaz de conducir a la oposición en esa decisión, ante la profusión de líderes en ciernes (Larreta, Vidal, Jorge Macri, Monzó, Cornejo, Lousteau, cuando reaparezca Carrió, etc.). Por ahora, nada dijeron la UCR, el PRO ni la CC.

Según los trascendidos, persiste la idea de diluir el poder de los jueces de Comodoro Py por dos vías. Una es unificar ese fuero con el criminal ordinario de Capital Federal; el que, si CABA fuera una provincia, no sería parte del Poder Judicial de la Nación, sino local. La segunda es darle más poder a los fiscales en desmedro de los jueces aplicando el nuevo código procesal. Esto último supondría que el problema está en una condición de los jueces (o de estos jueces), y que los fiscales son más eficientes, profesionales, etc.

No critico ninguna de las dos soluciones como reformas institucionales, si bien la de unificación de fueros supone extender el pago por la Nación de servicios judiciales a CABA en asuntos donde no hay interés federal, que jueces que no aplican derecho federal incidan en el nombramiento y remoción de los jueces federales, y habría que revisar algún fallo no muy feliz de la Corte que recortó las —a mi juicio claras— facultades del Congreso para disponer sobre la jurisdicción material de los juzgados nacionales. No obstante, puede ser útil como medida temporal.

Creo que la solución debe ser integral, e incluir a la política. Mejorar los sistemas, pero también las designaciones. Aumentar los controles, institucionales y sociales. Y, fundamental, modificar la actitud de la política. Si los funcionarios son venales, prefieren jueces y fiscales “conversables”, tanto para dar impunidad como para perseguir opositores. El fin de los operadores judiciales, como propuso Fernández, es una excelente noticia. También controlar que no haya operadores judiciales de intereses de agencias extranjeras, de grandes empresas, etc.

El mal desempeño

Respecto del juez que incurre en mal desempeño, no creo que estas medidas sean contradictorias con aplicar la Constitución que, en su artículo 115, prescribe que debe ser removido por un Jurado de Enjuiciamiento, previa acusación del Consejo de la Magistratura.

Dicho de otro modo: si para el gobierno un juez incurre en mal desempeño, la solución no es “diluir” su poder y que le toquen menos causas. ¿Qué le explicamos al imputado al que le toca ese juez que el gobierno cree que no es imparcial? No alcanza el consuelo de que la probabilidad de que le tocara el juez venal fue reducida. La obligación del Estado es remover al mal funcionario. O al menos intentarlo. Y que quien lo proteja ante una imputación de mal despeño correctamente formulada sea públicamente responsable.

Renovar la Corte en el siglo XXI

En los ’90 la Corte Suprema había llegado a un punto límite de desprestigio. La del ’83 había dado un aire liberal y de renovación que quedó en la nada (o en minoría) con la ampliación y la conformación de la mayoría automática de Menem. Cabe ser crítico de muchos períodos de la Corte, especialmente de los que corresponden a gobiernos militares o fundados en proscripciones. Pero aun con decisiones impresentables como la Acordada del ’30, “Spangenberg”, etc., mantenían cierta compostura. La mayoría automática se dio todos los gustos.

Luego de la renuncia de De la Rúa hubo consenso entre el PJ no menemista, la mayoría de la UCR, Carrió, el socialismo y sectores importantes de la opinión pública respecto de que había que cambiar. Y hubo una política de Estado. Primero para la remoción, y luego para la conformación de una Corte digna.

Comenzó con el juicio político en 2002, con cargos contundentes respecto de la mayoría automática. No reunió los dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados, aunque sí la mayoría absoluta. Tal vez un error de 2002 fue haber acusado a los nueve juntos. Las imputaciones a los cuatro que eran minoría en la Corte fueron de poca relevancia y no se hizo mérito de la conducta global. Pero fue un hito. Cuando asumió Néstor Kirchner, la estrategia varió. La comisión, presidida por Falú, fue acusándolos de a uno. Antes Kirchner le dio visibilidad y volumen político al asunto con un discurso histórico en TV.

Fue una política de Estado porque la UCR acompañó, salvo algún legislador aislado. Hubo especial cuidado en las imputaciones. A tal punto que, a pesar de que el principio non bis in idem no rige para una remoción política, la comisión decidió no incluir los cargos de 2002, y formuló nuevos. Así surgieron los casos ”Meller”, “Macri” y “Magariños”, seleccionados entre un conjunto muy variado. Se buscaron casos contundentes.

Esto fructificó en la renovación de la Corte con las designaciones hechas por Duhalde y Kirchner, quien además incluyó la participación social previa. Se produjo una renovación en la jurisprudencia y, más allá de gustos por cada periodo (mi preferencia es la de la presidencia de Petracchi), se mantiene como una institución confiable. Tal vez lo más discutible de las cortes del siglo XXI es la asunción de funciones ajenas a la jurisdicción con profusión de oficinas, etc. Lo más criticable, haber aceptado la oficina de escuchas judiciales.

La aplicación del modelo

Si funcionó con la Corte, por qué no preguntarse si ese modelo es aplicable a Comodoro Py. ¿Por qué no ahondar la idea de Fernández de construir una política de Estado y, así como se reconfiguró la Corte desde la política, con decisiones públicas, consensuadas, transparentes, la intervención de ONGs y de la opinión pública, no intentar lo mismo con el fuero federal penal?

La solución análoga al proceso sobre la Corte sería conformar un piso de coincidencias entre las fuerzas políticas para constituir un fuero federal penal que cumpla su rol institucional, y avanzar en el estudio de las conductas de los jueces objetados.

Para que esta idea funcione debe ser aislada de la grieta. Así como en 2003 la comisión resignó imputaciones para evitar debates leguleyos, acá la selección de los cargos debería evitar la grieta. E ir de a uno. Con absoluta transparencia, claridad y publicidad de los cargos y las pruebas. Nada de escobazos.

¿Es fácil? No. Requiere acuerdos políticos, estudiar con profesionalismo las imputaciones de enriquecimiento y de mal desempeño. Trazar una estrategia de análisis, etc. Y luego de selección. De nada serviría cambiar los nombres pero que se mantengan las conductas.

Es probable que por el modo en que se conforma el Consejo de la Magistratura y las mayorías exigidas, el poder de convicción de las imputaciones deba ser mayor. Tampoco en 2003 era seguro que se iban a lograr los dos tercios de cada cámara. Se construyó por la fuerza de convicción de las acusaciones. Tiene que generarse un consenso social, además de político.

El Estado no puede ofrecer jueces que sus funcionarios consideran que no son imparciales o que, dicho en términos constitucionales, incurran en mal desempeño. Debe hacer el esfuerzo institucional y usar la vía constitucional. Y que cada uno se haga cargo de lo que vota.

El Cohete a la Luna

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