Refugios

El inconstitucional registro de escuchas que creó la Corte Suprema

Por Graciana Peñafort

Ilustración: Salvador Dalí, la tentación de San Antonio

Escribo esta nota en la bella Rosario. Ciudad en la que soy invariablemente feliz. Es extraño este hábito moderno de poder hacer en cualquier lado aquello que en general hacemos en los lugares que llamamos casa. Lugares que no siempre coinciden con aquellos en donde dormimos o nos duchamos, pero que se sienten tan propios como si lo fueran.

Digo esto y recuerdo mi primer lugar casa-no casa, que fue la casa de mi nona Ruth. Crecí muchos años allí, cerca de los libros y bastante lejos de las personas de mi edad. Cosas de la nena rara que fui alguna vez. Mi segundo lugar casa-no casa fue sin duda el bar del Monse (Monserrat), en la Córdoba donde estudie. Yo vivía a tres cuadras de allí y le decía cariñosamente el “living” de casa. Adoraba sentarme y que sin pedir nada me trajesen mi Coca light y mi cortado con más leche que café.

Pasaron los años y fui reconstruyendo casas y después oficinas. En Comodoro Py mis colegas se ríen de mi habito de sentarme siempre en la escalera a fumar un cigarrillo. “Ah, estás en tu otra oficina”, me dicen riéndose y yo me río con ellos, sin saber del todo hasta qué punto es cierto el chiste.

El bar donde vamos a comer con Alejandro y charlar del trabajo, cuando salimos de Py. Y donde todos los mozos son peronistas y el martes festejábamos discretamente para no fastidiar a la mayoría de los clientes, que no lo son. La casa de María y Moni en Cardales, donde me escapo con las chicas para reírme y llorar y celebrar y pensar. Casa refugio feliz, es esa. Y a la que debo entre otras, el fin de semana de enero de 2016, donde desoladas y rotas, decidimos con carácter de pacto de sangre que íbamos a sobrevivir al macrismo. Y cumplimos. Sobrevivimos y en unas horas vamos a celebrarlo. Porque más viejas y más templadas, aquí estamos. Vivas y celebrando.

El bar donde durante muchos años fui a llorar tranquila, porque no podía o no sabía llorar en casa. Y porque no quería explicar ni enfrentarme a las razones por las que lloraba a escondidas. Y el bar enfrente de la Corte, donde hacen el mejor café de todo Tribunales. Y donde suelo terminar las mañanas de trabajo, con mi cortado con más leche que café y una Coca light.

La casa de Lucia, refugio sin horario de atención y siempre abierto. Tan cerca y tan siempre, siempre. Y la casa de Rodrigo y su odioso, horrible e incómodo sillón donde me quedo dormida después de cenar.

Lugares donde estoy a salvo, de no sé bien de qué exactamente, pero a salvo.

Cementoso, descomunal y hostil

Hace unos días volví a trabajar de abogada a Comodoro Py, después de días de estar concentrada en las elecciones. Tenia una audiencia para apelar un procesamiento – cuando no, arbitrario y sin pruebas, dictado por Bonadío. Al edificio en sí mismo no le tengo afecto. Cementoso, descomunal, y hostil, he pasado en sus pasillos buena parte de los últimos años. Cuando salí a fumar, me di cuenta que después de cuatro años de infierno, tal vez ahora, un nuevo gobierno pueda cambiar algunas cosas. El edificio seguirá siendo cementoso, descomunal y hostil, pero esperanzada espero que en corazón de ese edificio vuelvan a habitar personas de carne y hueso y no los bárbaros sin ciencia ni piedad que lo han habitado hasta ahora.

No me interesa hablar de quienes deberían –a mi criterio, siempre— quedarse o irse. Es mi opinión y nada más y no quiero hacer listas negras porque eso no lo hacemos los peronistas de ley. Eso lo hacen los bárbaros sin piedad.

Así que voy a explicar algunas cosas que creo deberían revisarse, simplemente para que volvamos a tener un país con estado de derecho real y no meramente declarativo.

Lo primero que deberíamos hacer es erradicar de todos los tribunales a los servicios de inteligencia y a los operadores judiciales. Cuando en el debate entran los horribles como los llama el Tato Young o los oscuros, como los llamo yo, lo que desaparece es la Justicia. Cualquier posibilidad de Justicia. Se tienen que ir y nadie más debe abrirles las puertas de los despachos. El horror de AMIA, los 85 muertos sin justicia. La impunidad de la alegre y desvergonzada banda de los D’Alessio y sus jefes. Los Stiuso y sus artes horribles. Los eternos operadores y también los más recientes. Simplemente se tienen que ir. No podemos los abogados seguir impasibles frente a estos señores que vemos entrar y salir de los despachos como si nada.

No cuestiono a los abogados que cuando pueden hacen “alegato de oreja”; intentan explicar las razones o arguyen necesitar alguna prueba. No lo cuestiono, porque sé que sería imposible prohibirlo. Porque está en la naturaleza humana tratar de explicar las razones. Pero jamás debe haber en ese alegato de oreja algo más que razones.

Las orejas judiciales deben dejar de oír promesas de ascensos. Silencios cómplices. Dinero o privilegios intercambiados sin pudor. Ni pueden seguir oyendo de amenazas, carpetas, o favores.

Pero esto deben hacerlo los propios funcionarios judiciales. No tenemos que ir los abogados a señalarlos con un dedo. Ni los periodistas, para el caso. Ellos mismos, los funcionarios judiciales, para defender su propia dignidad.

El divorcio necesario

Más allá de eso, y en el plano de lo que se puede hacer por fuera de las conciencias, sería un aporte sustantivo la separación de servicios de inteligencia y Poder Judicial (no sé de qué color sería el pañuelo, pero yo lo quiero). Por eso y para eso, el Poder Judicial debe contar con un cuerpo propio de policía judicial, con peritos formados y honestos. Con capacidades técnicas y operativas en las que puedan respaldarse jueces, fiscales y defensores, para hacer su trabajo. Que pueda tomar como propios a los mejores miembros de otras fuerzas de seguridad. A investigadores universitarios. A los más destacados técnicos que se encuentren por estas pampas.

Otro punto importante dentro de esto es que el control de sistemas de interceptación de escuchas, en manos de la Corte Suprema (la muy poco brillante idea de Mauricio Macri a principios de su mandato) ha demostrado ser un fracaso rotundo, absoluto y desolador.

Quiero señalar algo que no ha tenido casi repercusión pública y que demuestra de modo paradigmático la magnitud del fracaso de la Corte Suprema en la materia. Pese a que la ley de inteligencia es bastante clara en cuanto a que “vencidos los plazos establecidos en el artículo precedente, el juez ordenará la iniciación de la causa correspondiente o en caso contrario ordenará, a quien estuviere obligado a hacerlo, la destrucción o borrado de los soportes de las grabaciones, las copias de las intervenciones postales, cablegráficas, de facsímil o cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de aquellas” (art. 20, Ley 25520), la mismísima Corte desconoció la ley y creó un registro de escuchas donde todas ellas se mantienen en servidores por el plazo de 10 años.

No se trata de una resolución de dudosa constitucionalidad: es directa, lisa y llanamente inconstitucional. Si luego del plazo previsto por ley no surge prueba relativa a la comisión de un delito, el resultado de esas escuchas debe ser destruido, no almacenado para no sabemos bien qué. Se tratas de escuchas, no de cartas de amor que uno guarda por nostalgia o rencor. Pero la Corte Suprema omitió cumplir la ley y ordenó que las escuchas que debían destruirse por mandato legal fuesen conservadas.

Por ese fracaso tenemos escuchas que conocemos porque las pasan por TV y de poco ha servido la Acordada N°17/19 que dictó la Corte Suprema para proteger, al menos nominalmente, la intimidad de las personas. Las escuchas siguen en TV. Y muchos siguen haciendo running en los bosques de Palermo.

Lo inútil de sistema de custodia de las escuchas, lo irrisorio de la trazabilidad de esas escuchas y el descontrol que vivimos estos años en la materia, me hacen decir que las escuchas nunca pueden ser manejadas por burócratas del Poder Judicial. Ni por los vivos de siempre.

No me animo a afirmar quién debería manejar ese monstruo de peligros e infamias indecibles, que es la oficina de escuchas. Si me apuran, diría que el Ministerio Publico Fiscal. En periodo en que las escuchas estuvieron bajo su órbita, no hubo filtraciones.

Mas allá de lo anterior, quiero decir esto: conforme la ley argentina a los jueces los debe seleccionar y remover –vía jury de enjuiciamiento— el Consejo de la Magistratura.

En ningún lugar de la ley o de la Constitución dice que los servicios de inteligencia deben formar parte del sistema de selección de los jueces. Tampoco dice en ningún lado que los servicios de inteligencia pueden formar parte del sistema de selección de los jueces. Y ello es por algo. Porque los servicios de inteligencia no deben ni pueden formar parte del sistema de selección de los jueces.

Pero eso pasó mucho en los últimos años. Hay fueros completos cuyos jueces tienen padrinos entre los oscuros. Hay demasiado horribles dando y pidiendo favores para designar jueces. Y hay un Consejo de la Magistratura, ocupado en otras cosas y no en hacer su trabajo.

Lo mismo pero más caro

En lo personal deploro la existencia del Consejo de la Magistratura. Porque su creación no introdujo mejora alguna. La política sigue haciendo las mismas arbitrariedades que hacía antes de su creación. Pero con una estructura infinitamente más cara. Las sucesivas reformas a su composición y a quienes son sus miembros solo proporcionan incertidumbre. De hecho, mientras escribo esto hay un fallo que saldrá en algún momento, no muy lejano, respecto a cómo debe conformarse el Consejo. Así de incierto es todo. Así de frágil. Así de permeable también.

Apenas llegó al poder Mauricio Macri, desde Cambiemos hicieron una picardía: se robaron literalmente una banca que pertenecía al Frente para la Victoria, que había solicitado la designación del suplente de Anabel Fernández Sagasti, que ocupaba esa banca en el Consejo por ser diputada y que renunció dado que había asumido como senadora. Cuando se solicitó la designación de su suplente, las autoridades de la Cámara de Diputados hicieron lugar a una insólita presentación de Cambiemos, que, con la firma de otros bloques, modificó la letra de la ley (pero no la ley) y definió que ahora había una nueva mayoría. Entonces y así se designó a Tonelli, que era un diputado de Cambiemos como nuevo miembro del Consejo de la Magistratura en el lugar que correspondía al Frente para la Victoria.

La picardía, en la lógica de la devolución de cortesías, fue implementada después por el peronismo, que en miras a la unión que luego conformó el Frente de Todos, tuvo su primer éxito en lograr hacer la misma picardía y quedarse con una banca en el Consejo de la Magistratura.

Y no es que no lo consideré entonces un logro político. Y no es que no me parezca justo que el macrismo probase un poco de su propia medicina. Pero no puedo dejar de señalar que el Consejo de la Magistratura no puede ser un loco juego de la silla, donde nada se sabe con certeza. Ni siquiera quienes lo integrarán finalmente.

También el Poder Judicial ha hecho sus picardías. Hace un tiempo, y a iniciativa de una ONG que de no gubernamental tiene nada, y cuyo miembro más ilustre suele tuitear en estado de paroxismo absoluto, un juez dictó una sentencia declarando la inconstitucionalidad de una norma que permitía que los miembros del consejo de la Magistratura que ejercían como tales en representación del congreso, podían carecer del título de abogado. De dónde sacó tan peregrina idea sigue siendo un misterio. Pero así lo sentenció su señoría. Y entonces tuvieron que reemplazar al senador peronista que ocupaba dicha banca, mi coterráneo Ruperto Godoy, porque no era abogado. Su suplente, Mario País, fue designado y se presentó a jurar. Ricardo Lorenzetti lo mando a tomar un cafecito por ahí, porque justo en ese momento no podía tomarle juramento. Mientras el senador País se tomaba el cafecito, el Consejo de la Magistratura aprovechó la circunstancial y artificial mayoría que se podía conformar con un miembro menos, para aprobar en apenas una hora y media la destitución y el juicio político a un camarista federal. Hecha la tropelía, lo llamaron a Mario País, le dijeron que pagase el café y fuese a jurar. Que ahora sí podían tomarle juramento.

Roma no siempre paga

A Ricardo Lorenzetti nadie le pidió explicaciones, aunque si formó parte de la maniobra, le pagaron horrible: un año después dejó de ser presidente de la Corte Suprema, cargo que había detentado por años. Y como le paso a Mario País, aunque supongo que, con menos inocencia, a Lorenzetti nadie le pagó el café. Las leyes no escritas, desde Roma a esta aparte, son implacables a su modo.

Siempre pensé y pienso aun hoy, que Miguel Ángel Pichetto no fue del todo ajeno a la maniobra. Tal vez y aunque nadie lo supo leer, más de una alianza política se gestó al calor de la discusión de las bancas del consejo. Solo tal vez.

Eso sí, hay que reconocerle a Miguel una dignidad final. Cuando oficializó su pase a Cambiemos, tuvo un primer apresto de conservar su banca en el consejo de la Magistratura, que ocupaba en nombre del peronismo. Pero finalmente desistió de su poco feliz idea y renunció. Fue lo más digno que le vi hacer en los últimos tiempos y no quiero dejar de reconocerlo. Me parece justo.

Pero cuento esto, no solo por hábito de recordar sino para contarles cómo ha funcionado –o mejor dicho, no ha funcionado— el órgano creado por la Constitución para designar y remover a los jueces. Conozco convenciones de cómicos que funcionan con un poco más de seriedad. Y que, si hacen reír, es porque es parte de su trabajo.

Es imposible que tengamos buenos jueces si ni siquiera podemos garantizar, como Estado democrático, el funcionamiento del órgano que debe designarlos. Si cambiamos cada dos por tres las leyes que regulan ese organismo. Si miramos impasibles los manejos que no por espesos, están menos expuestos. Y nos quedamos callados.

Empecé esta nota hablando de lugares que por historia y permanencia puedo llamar casa. Lugares que son refugio y lugares donde se está a salvo. Soy abogada y mi lugar natural de ejercicio de la profesión que amo con una pasión que me cuesta explicar, son los tribunales. Pero estos tribunales plagados de espías no son refugio de nada, salvo de la injusticia más horrible.

Los argentinos merecemos un Poder Judicial que haga justicia. Que brinde amparo a los vulnerables. Que castigue a los culpables. Que lo haga de modo respetuoso con las leyes y las garantías. Que no sea un sainete ni una comedia de enredos ni una burla cruel. Que inspire respeto y no miedo ni risa.

Y no solo lo merecemos, sino que además tenemos que poder construir ese Poder Judicial nuevo y más digno. Y más justo. Infinitamente más justo y humano.

Además de creerlo necesario, imprescindible y una tarea ineludible, quiero hacerlo como homenaje también a mi amigo Héctor Timerman, que hubiese festejado y sido muy feliz este domingo 27 de octubre que pasó. Y no pudo. Y eso tampoco es justo.

El Cohete a la Luna

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *