Seguro que así no

Por Nilda Garré

Imagen: Francois Robert

Ni descontrol ni militarización garantizan seguridad

Hace ya algún tiempo, diversos sectores se unieron para generar espacios plurales en torno a principios de trabajo que permitieran impulsar y consolidar los ejes de una seguridad democrática, entendiendo la misma como una seguridad al servicio de los individuos, respetuosa de sus derechos y garante de su integridad.

La Ley 24059 vigente define la seguridad como “la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”. Por ello, aquel documento alertaba acerca de las denominadas políticas de mano dura que se habían implementado en diferentes momentos, que no sirvieron para reducir el delito y por el contrario promovieron un aumento en los niveles de violencia.

Asimismo, dicho documento advertía sobre los peligros inherentes a la delegación de responsabilidades estratégicas y políticas en las propias policías y fuerzas de seguridad; en la ineficacia de un punitivismo demagógico focalizado en la ilusión del incremento de penas como solución a problemas multidimensionales; en el daño institucional del debilitamiento del debido proceso y de las garantías constitucionales; y en la ineficacia de políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en el uso arbitrario de la prisión preventiva.

Ese Acuerdo por una Seguridad Democrática impulsó modificaciones posteriores que facilitaron correcciones del gobierno a las fuerzas de seguridad nacionales, consolidando modelos de conducción política de las mismas. Además los ejes acordados en el Acuerdo produjeron fundamentos que facilitarían el desarrollo y el diseño de políticas públicas dirigidas tanto a mejorar la situación de seguridad ciudadana, como a afianzar los derechos y garantías que la Constitución argentina ampara.

Hoy lamentablemente debemos advertir, de nuevo, acerca de los peligros que se ciernen sobre la gestión democrática de la seguridad. Y en base a esos acuerdos pasados es que resulta indispensable retomar aquellos lineamientos y recordar que hay valores fundamentales que no pueden perturbarse en un orden democrático y republicano; y que los problemas de seguridad que, en efecto, aquejan a la ciudadanía, no se van a resolver con lugares comunes, ni con demagogia punitiva ni con discursos efectistas.

El falaz dilema entre punitivismo y garantismo.

Los derechos y garantías que proclama nuestra Constitución no son una opción ni una disyuntiva. Constituyen una condición sine qua non para el funcionamiento efectivo del Estado de Derecho. Simplemente no puede haber seguridad en una sociedad donde no se respete el debido proceso. Del mismo modo que complejos problemas de raigambre multicausal y multidimensional no se resuelven con el aumento de penas, la limitación de las excarcelaciones, el endurecimiento del régimen de la libertad condicional y de salidas transitorias constituyen una fórmula repetida y de probado fracaso .

Otra de las falsas dicotomías que se han presentado intenta oponer el garantismo y el respeto de los derechos humanos de las personas que delinquen a la eficacia en la respuesta policial y judicial frente al delito. Se pretende instalar la idea de que la efectividad en el accionar policial solo será posible en un contexto en el cual sus integrantes no se encuentren sometidos a norma alguna que regule, entre otras situaciones, el uso racional de la fuerza y de armas.

La sucesión de episodios que atestiguan la autonomización de policías y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales da cuenta de que nunca es poco ni suficiente el esfuerzo que realizan las autoridades elegidas por la voluntad popular en la administración superior de los recursos que el Estado (y el erario público) empeñan en la seguridad interior. Ningún sistema que se precie de tal puede operar en vacancia o abdicación de su componente superior. Y por supuesto el sistema de seguridad tampoco puede hacerlo bajo la égida de ministerios y secretarías testimoniales. Análogamente, el esfuerzo que la conducción superior de las fuerzas de seguridad eventualmente pueda poner en el autogobierno, debe refocalizarse hacia la profesionalización. Lejos se encuentra nuestro país de los mejores estándares internacionales en materia de inteligencia e investigación criminal y formación y adiestramiento policial. Frente a la fenomenología delictual, resulta indispensable una policía concentrada exclusivamente en la conjuración del delito y en la producción y preservación de evidencia. Frente a las diferentes formas de violencia, se requieren instituciones policiales y de seguridad que pongan el foco en la prevención y que estén preparadas para utilizar la violencia como último recurso aplicando criterios de oportunidad, racionalidad y gradualidad consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Lamentablemente hemos sido testigos en los últimos meses de un empoderamiento de las policías en el uso ilegítimo de armamento letal, que pretende configurarse como una nueva doctrina del accionar policial. Episodios que dan cuenta de notorios abusos —y un uso indebido en áreas urbanas— que no solo no son investigados sino que son saludados y aprobados por las propias fuerzas y por las autoridades políticas. Así se configura un escenario propicio para la reiteración del uso discrecional de la fuerza por parte de los funcionarios policiales, multiplicando los abusos y las ejecuciones extrajudiciales.

El desatino de la militarización de la seguridad

Reforzando y redoblando el endurecimiento en las políticas de seguridad se reivindica la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. En este sentido, basta un somero análisis de la experiencia internacional comparada para ver el efecto de esta decisión política. Un repaso de la estadística de homicidios, desapariciones o torturas en México y Colombia debería servir de disuasivo frente a la conveniencia y oportunidad de declarar la “guerra a las drogas”. Del mismo modo, no deberíamos pasar por alto que algunos países que aconsejan estas fórmulas proscriben la utilización de las Fuerzas Armadas en su propio territorio desde hace casi un siglo y medio. También puede resultar un ejercicio conveniente apelar a la historiografía argentina para evaluar los resultados que ha tenido el “surgimiento” y designación de “enemigos internos”. En este sentido corresponde tomar con mucha seriedad los intentos por convertir a diferentes formas de protesta social y a pequeños grupos de manifestantes en grandes problemas de seguridad nacional. Debemos recordar, una vez más, que los efectos deletéreos de la Doctrina de Seguridad Nacional se corresponden con los momentos más oscuros que atravesó nuestro país.

Nos encontramos ante un contexto que requiere generar las bases de un amplio acuerdo para generar un consenso estratégico en materia de seguridad pública. Solamente a partir de diagnósticos y análisis fundados en el saber científico, la historia y el análisis comparado podremos, en un horizonte temporal realista, ir resolviendo los diversos problemas y desafíos de seguridad que aquejan al país y a los ciudadanos.

El Cohete a la Luna

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