Soberanía y legitimidad

Por Juan Carlos Tealdi

Ilustración: Rodolfo Campodónico, “Combate de la Vuelta de Obligado”, 1998

¿En qué se distingue el poder que ejerce una banda de ladrones del poder que ejerce un gobierno legítimo?

El gobierno nacional mostró su lejanía cada día mayor con sus gobernados, al presentarse el 9 de julio en la ciudad de Tucumán rodeado de miles de efectivos de seguridad por el temor a las expresiones en su contra, sin asistir al Te Deum por el temor a las críticas de la Iglesia, y reiterando en soberana soledad que “el rumbo está claro y sigue siendo el mismo”.

Esa lejanía quedó aún más clara con la multitudinaria movilización popular del Día de la Independencia, realizada en la ciudad de Buenos Aires para expresar el rechazo al acuerdo del gobierno con el FMI, al sostener: “La deuda externa contraída por el gobierno de Mauricio Macri es ilegal, ilegítima y anticonstitucional.” La utilización de estos términos conceptuales, en un acto en el que se concentraron sectores y agrupaciones de una gran diversidad social y cultural, indica por su solo uso en este contexto, el nivel de conciencia política en la disputa argumentativa que la multitud movilizada en nuestro país pone de manifiesto en sus reclamos. Y por eso es que tiene interés detenerse a reflexionar sobre esta cuestión.
Soberanía: la estafa imperdonable

La convocatoria popular en contra del acuerdo con el FMI expresa el rechazo de una estafa. Una estafa que se diferencia de otras cometidas por el actual gobierno. Las otras han afectado a grupos vulnerables (p.ej. los jubilados), a sectores sociales (p.ej. los trabajadores), o al conjunto nacional (p.ej. los electores) vistos “hacia adentro”. Pero la estafa del FMI, como la del submarino ARA-San Juan (o la política de Islas Malvinas), toca una dimensión que trata de un valor que se presume no discutible por gobierno alguno: la Nación. Una dimensión que sólo se comprende en relación a otras naciones, en un mirar “hacia afuera” que da sentido a la consigna: “La patria está en peligro. No al FMI”. Por eso se reclama el respeto al alto valor de la soberanía, denunciando la falta de legitimidad al no hacerlo.

Y decir estafa significa, tanto el pedir dinero “con artificios o engaños, y con ánimo de no pagar”, como el cometer delitos “que se caracterizan por el lucro como fin y el engaño o abuso de confianza como medio”. Podrá decirse que la primera acepción no es aplicable al gobierno porque sus compromisos son de Estado y por tanto a la Argentina no le cabe tener el ánimo de no pagar. Sin embargo, lo que las multitudes del Día de la Independencia señalaban, es que esa abstracción del Estado pagador termina siendo en concreto (como hasta ahora), una deuda que pagan los argentinos en razón inversa a su nivel de ingresos: los más pobres son los que más pagan. Una muestra de injusticia e inequidad que profundiza la falta de legitimidad del gobierno.
Legitimidad y usurpación

El término legitimidad, en cuanto al ejercicio del poder de un gobierno, tiene una antigua tradición que se ha contrapuesto históricamente al concepto de “usurpación” en tanto apoderarse de un derecho que legítimamente corresponde a otro. Y la historia del término ayuda a comprender mejor el significado actual si observamos que ya desde el primer libro de La República, Platón dispara una pregunta que a través de muchos pensadores llega hasta nosotros: ¿en qué se distingue el poder que ejerce una banda de ladrones del poder que ejerce un gobierno legítimo?

En su origen, la falta de legitimidad se aplicaba a un gobierno usurpado por la fuerza de un “tyrannos”. Pero la doctrina platónica sobre el Estado ya establece una primera distinción entre legalidad y legitimidad al poner por encima de la vía de obtención del poder –ilegal o no— la valoración moral –la legitimidad— del gobierno del soberano. Jenofonte señalará la ambición, el egoísmo y el temor del tirano que no puede corregir sus injusticias ni sentir patriotismo alguno. Aristóteles dirá que el gobernante ilegítimo es el demagogo que obtiene el apoyo del pueblo pero gobierna contra la voluntad de los gobernados mediante tácticas de distracción dirigidas contra sus adversarios. Cicerón y Séneca verán miedo y odio en el alma del déspota, así como placer en el ejercicio de la violencia, actuando contra toda “pietas” o “humanitas”. Y el sentido romano de legitimitas se entenderá como lo legal o conforme a derecho.
Jacques-Louis David, “La muerte de Sócrates”, 1787.

Frente a la caracterización del tirano como “rey injusto e inicuo” por San Agustín, y a la posterior distinción de Tomás de Aquino entre el rey que procura el bonum commune y el tirano que procura su bonum proprium, y siempre considerando la supremacía del poder religioso en la investidura del soberano, la legitimidad medieval pasó a basarse en los “boni homines”, ese consejo o asamblea de miembros de la familia o magistrados cuyo asentimiento legitimaba las decisiones del gobernante con base en los usos y costumbres que el tiempo consagraba como normas a cumplir. El consentimiento popular (aún con sus condicionamientos) ya comienza a ser uno de los elementos formales importantes de la legitimidad. Y así es como Marsilio de Padua, con su Defensor Pacis (1324), va a sostener que la comunidad política no requiere de aprobación espiritual-religiosa alguna y que el regnum, el imperium y el principatus se basan en el consentimiento del pueblo.

Sobre esos antecedentes es que en el origen de las ideas liberales, John Locke sostiene en Dos tratados sobre el Gobierno (1690) que la legitimidad se basa en el acuerdo y el consentimiento populares, y no en la teoría del derecho divino de los reyes (antigua idea que Francisco Franco todavía hizo acuñar en monedas con su efigie como “Caudillo de España, por la Gracia de Dios”).
El problema de la legitimación en las democracias liberales

En la actualidad, las democracias liberales han basado la legitimidad del gobernante en el acceso al poder sin empleo de la fuerza, bajo procedimientos imparciales de elección periódica, y con fuerza en la confianza que los electores han depositado en ellos al elegirlos. Pero ya Max Weber, en Economía y Sociedad (1922), sometió a crítica el sistema estructurado de dominación de los sistemas democráticos, considerando que a diferencia de la imposición por la fuerza, en este caso se trata de la dominación por un poder que se mantiene legitimado por la convicción de los dominados en la creencia de la “positividad” de su obediencia. La dominación, según Weber, es la capacidad de ciertos individuos y grupos de lograr la obediencia más o menos voluntaria de otros en la sociedad. Y esa dominación se ha legitimado, históricamente, desde tres fuentes: 1- la legitimación “tradicional”, basada en la tradición del grupo de poder (pensemos hoy, en perspectiva de género, en el “patriarcado”); 2- la legitimación “carismática”, basada en las condiciones personales de un gobernante para el ejercicio del poder; y 3- la legitimación “legal-racional” basada en que “el gobernante manda porque lo dice la ley” (según la antigua concepción romana de “lo legal es legítimo”, que este gobierno proclama para sí).

Por otro lado, Carl Schmitt, en Legalidad y legitimidad (1932), criticó la democracia como sistema en el que el 51% de los votos legislativos establece la legalidad y legitimidad de las normas sin explicar por qué el 49% restante acepta la decisión parlamentaria. Y dirá que es necesaria una legitimación plebiscitaria del liderazgo democrático. Guglielmo Ferrero, en El Poder (1942, póstumo) afirma que la legitimidad democrática descansa sobre “principios de legitimidad” tales como mayoría y minoría, o gobierno y oposición. Y el filósofo Jürgen Habermas, en ¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad? (1987), insiste en la falta de fundamentación moral de la normatividad legislativa defendiendo “la tesis de que la autonomización del sistema jurídico no puede significar una desconexión completa de derecho y moral, por un lado, y de política por otro”.

Por eso el problema de la legitimación del gobierno, a la luz de esta historia, nos muestra que si el derecho (y la política) pierden la relación moral que va más allá del legislador y no comprenden que la Constitución se ha de entender, fortalecer y respetar en modo armónico, o sea, más allá del procedimentalismo contractualista, toda legitimación “legal-racional” será falluta. Hace falta, en su reemplazo, un derecho procedimental que se sujete a una moral procedimentalizada del espacio público-político, como el que reclamó la convocatoria del día de la independencia (y otras que le antecedieron). El ataque a la Ley de Medios es un claro ejemplo de la disputa de los grupos concentrados contra la posibilidad de abrir ese espacio. Y el acuerdo con el FMI es el ejemplo mayor de ir en contra de lo que un ochenta por ciento de ese espacio público quiere. Que es ir en contra del consentimiento popular. No sorprende entonces que las multitudes se levanten para denunciar la falta de legitimidad de este gobierno.

El Cohete a la Luna

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