Torturar no es gratis

ABORTO | En Tucumán una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela pidió acceder a un aborto legal. Dilataron el proceso y la sometieron a uno equivalente a torturas. El 6 de marzo, la ministra de Salud, Rossana Chahla; el secretario de Salud, Gustavo Vigliocco; la directora del Hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila, y la jefa de Ginecología, Tatiana Obeid Pedemonte, fueron denunciadxs por incumplimiento de deberes de funcionario público. La presentación fue realizada por las agrupaciones Mujeres x Mujeres (MxM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir.

Por Luciana Peker

Imagen: Juan Pablo Sánchez Noli

El 9 de agosto del 2018 no solo se frenó el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. La Vicepresidenta Gabriela Michetti festejó con un recinto blindado a la calle y con una marea de dos millones de chiques y mujeres y trans llorando y velando por el derecho perdido. Pero no fue todo. La alianza entre sectores ultraconservadores anti derechos, pro dictadura militar, el lobby del Vaticano y de la Iglesia Evangélica con fondos y lemas de una corporación global neo republicana logró armarse con el triunfo e impedir un avance de la normativa en Educación Sexual Integral. También generaron un clima de terror en las mujeres que se acercan o se dejaron de acercar a los hospitales públicos para abortar, con la vuelta del perejil como método de la clandestinidad que estaba extinguido (entre otros gestos de nuevos peligros y gatillos contra los cuerpos feminizados). Pero, además, es que se empezaron a denunciar procesos de Interrupción Legal del Embarazo en donde las mujeres fueron torturadas para que no se realicen las intervenciones (como en un hospital de Pilar y en el Hospital Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires). Y, lo más grave, fuera de toda previsión ética y legal, y en un marco de tortura institucional que jamás había sucedido en la Argentina es que se incumplió el fallo F.A.L, dictado en marzo del 2012, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Protocolo de Interrupciones Legales del Embarazo, del ex Ministerio de Salud de la Nación (ahora desjerarquizado a Secretaría bajo las órdenes de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley) en incumplir con los abortos legales a niñas y, en cambio, practicarles cesáreas cruentas que representan tortura y que van en contra de sus demandas y derechos. En Tucumán, Lucía, de 11 años, que había sido violada por la pareja de su abuela pidió el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), dilataron el proceso, la torturaron y la sometieron a una cesárea no deseada.

El aborto legal no se aprobó en el Senado. Pero paso algo peor: se retrocedió. Sin embargo, en la Argentina el aborto no punible existe desde 1921 y está consagrado por la Corte desde el 2012. Por eso, los y las funcionarios públicos son responsables políticos y penales por infringir los derechos ya garantizados. En ese sentido, en Tucumán fueron denunciados, el 6 de marzo, la ministra de Salud Rossana Chahla; el secretario de Salud, Gustavo Vigliocco, la directora del Hospital Eva Perón –donde estuvo internada la niña–, Elizabeth Ávila, y la jefa de Ginecología, Tatiana Obeid Pedemonte, por incumplimiento de deberes de funcionario público. Todo el servicio de ginecología se declaró objetor de conciencia en contra de las normas éticas que permiten la objeción individual pero no la colectiva que puede o logra obstaculizar el acceso a un derecho. Y, además, requiere que se avise con anterioridad (para poder preveer los remplazos) y no seque se desresponsabilicen del derecho de una niña en el mismo momento de la intervención.

La presentación fue realizada en la Fiscalía de Delitos Complejos 2. Y la motorizaron las agrupaciones Mujeres x Mujeres (MxM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, regional Tucumán) y Católicas por el Derecho a Decidir. “El caso de Lucía contiene irregularidades y violaciones de derechos graves –señalan en la denuncia–, que, incluso, fueron comunicadas al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) y al Ministerio Público el 13 y el 15 de febrero, en una presentación que hicieron en ese momento. Es decir, más de diez días antes de que se hiciera la cesárea”, relato la periodista Mariana Carbajal, de PáginaI12, que siguió el caso y es autora del libro “Yo te creo hermana”.

“Consideramos que asistimos a un momento bisagra para los derechos humanos de personas con derecho a abortar, en el cual el enfoque de género impone investigar los profesionales de la salud que desde distintos lugares de poder han incumplido deberes de funcionarios públicos en desmedro de los derechos humanos y el derecho a vivir una vida libre de violencia de todas las tucumanas”, dice la denuncia, a la que accedió Carbajal. Y en la que consta que en 2018, 137 niñas tucumanas menores de 14 años fueron madres, según estadísticas elaboradas por el Ministerio de Salud de la Nación.

El 23 de enero Lucía se fue a atender a un hospital. Y pidió de forma clara y en varias oportunidades su deseo de interrumpir el embarazo sin ser escuchada. “Quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro”, expresó Lucía. El caso se conoció el 7 de febrero, a través del diario La Gaceta. La interrupción se produjo, finalmente, en la medianoche del martes 26 de febrero. Pero se dilató más de 15 días. Los funcionarios/as públicas denunciados pueden ser castigados con pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación por doble de tiempo o multas, según el artículo 248 y 249 del Código Penal.

“Tucumán no asegura anticoncepción, no implementa la Educación Sexual Integral (ESI) y ahora quiere incorporar otra herramienta para denegar las Interrupciones Legales del Embarazo para imponer la maternidad en niñas. No lo permitiremos porque nuestros cuerpos no pueden estar de rehenes de los poderes fundamentalistas porque una verdadera democracia quiere niñes libres, no niñes madres”, resalta la abogada tucumana Soledad Deza, Presidenta de Mujeres x Mujeres e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir.

Mientras que la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) subraya: “El gobernador (Juan Manzur) tiene la responsabilidad de disponer de los recursos humanos, institucionales y económicos para que la provincia cuente con un sistema de salud que garantice el acceso efectivo a los derechos y a la protección integral de la salud incluyendo el acceso al aborto legal. Permitir la persistencia de un sistema de salud que vulnera esos derechos es responsabilidad del gobernador y debiera rendir cuenta de eso”.

La abogada Edurne Cadernas, encargada de transversalizar la agenda de género en las áreas de trabajo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) remarca: “Las autoridades tucumanas y, en particular, las autoridades sanitarias, la ministra de Salud, el secretario de Salud, la directora del Hospital y la jefa del servicio son responsables por haber puesto barreras y obstáculos para el acceso a un derecho a una nena. En Argentina tenemos el antecedente de L.M.R. que el Comité de Derechos Humanos en el 2011 decidió que encontró responsable a nuestro país por no haber garantizado el aborto legal a una joven de 19 años con una discapacidad que estaba embarazada producto de una violación y que había podido abortar. Finalmente, L.M.R. accedió al aborto fuera del sistema pública, porque fue expulsada, pero el Comité estableció que esos obstáculos puestos por el médico del hospital de la Provincia de Buenos Aires y la intervención ilegítima en ese caso hacían responsable a la Argentina por los daños ocasionados a L.M.R y uno de esos daños era la violación del deber de no torturar ni infringir tratos crueles a una persona. En el 2012 la Corte Suprema dicta el fallo F.A.L para que no vuelvan a haber otras L.M.R. y reconoce el caso de ella como un antecedente y que si no se cumple con garantizar los abortos legales es responsable por infringir tortura. Cuando la Corte decide en el 2012 establece líneas de acción concretas para las provincias. En el caso de Tucumán se ve con claridad que todo eso que ya está dicho no se cumple. Y por eso son responsables las autoridades provinciales por imponer barreras y obstáculos a un derecho que está definido como violencia institucional del propio Estado contra las mujeres”.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina enmarca: “ La historia de Lucía reproduce un problema sintomático de la situación de violación de los derechos de las mujeres y niñas en Argentina. Una vez más Argentina es expuesta a la luz de la comunidad internacional, esta vez de la mano de Tucumán, por no respetar los derechos humanos de mujeres y niñas. El entramado de obstaculizaciones y dilaciones deliberadamente impuestas con el único objetivo de evitar el acceso al aborto legal pudo darse debido a la complicidad y/o silencio de autoridades y funcionarios nacionales y provinciales, que expusieron a la niña, con tan solo 11 años, a un contexto de tortura y malos tratos y pusieron en riesgo su vida y salud”.

Por su parte, la socióloga Victoria Tesoriero, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito enfatiza: “Es un muy buen antecedente que se haga una denuncia por no cumplir derechos, no puede ser que una niña transite por una situación así de repudiable que recordará de por vida, mientras los y las profesionales que no respetaron la ley no paguen ningún costo por eso. Es imprescindible empezar a hacer valer la ley que rige desde 1921, y si no se respeta, tendremos que hacerla valer por medio de denuncias a quienes no lo hacen”.

Por su parte, la abogada Mariana Vargas, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto e integrante de la Casa de la Mujer María Conti, de Jujuy, también suma su experiencia: “Es necesario avanzar en los procesos de remoción de los funcionarios que hayan obstaculizado el acceso de la niña al aborto. Entiendo que también es necesaria una investigación penal de todas aquellas personas que no cumplieron con su deber y obstaculizaron el acceso al derecho al aborto. Estamos ante un verdadero retroceso. Niñas que tienen derecho al aborto son forzadas a parir, con personajes que apelan a falsedades para terminar en esos desenlaces de vulneración de derechos”. En Salta se produjo otro proceso similar en donde le realizaron una cesárea adelantada a una niña que pedía un aborto. Vargas relata: “Estuve con la mama de la pequeña de Jujuy, presentamos la querella en la causa de violación y tenemos pendientes otras reuniones. Es necesario avanzar con las mamás de estas pequeñas y las profesionales para develar los engaños, incluso médicos, a los que se apela para terminar arrancando “consentimientos forzados” a madres y niñas. Debemos avanzar en demandas civiles contra el Estado por estas situaciones de tortura”.

14/03/18 P/12

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