Tres represores van a juicio por la Masacre del Río Luján

El crimen de militantes de Montoneros en 1975

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, envió a juicio oral a tres acusados por el asesinato de cinco militantes de Montoneros en 1975, un hecho que se conoce como la «Masacre del Río Luján» y fue declarado imprescriptible por tratarse de crímenes de lesa humanidad.

Los procesados son dos expolicías detenidos con prisión preventiva bajo arresto domiciliario, Hermes Vicente Acuña y Carlos Urbano Leguizamón y un tercero, Samuel Bunge Diamante, acusado de supuesto encubrimiento. Todos serán juzgados por el Tribunal Oral Federal de San Martín 3.

González Charvay dio por cerrada la investigación y envió la causa a juicio oral por lo ocurrido el 12 de abril del 75, cuando según la causa policías bonaerenses asesinaron a Carlos Lagrutta, Carlos Benuzzi, Carlos Tuda, Luis Bocco y Guillermo Rodríguez.

Los hechos ocurrieron tras el robo de un camión Mercedes Benz por parte de los militantes montoneros, luego de lo cual fueron interceptados por policías que realizaban controles vehiculares a la altura de la localidad bonaerense de Zárate. Eran efectivos de las comisarías de General Sarmiento y de Escobar, quienes según la acusación asesinaron a las víctimas en un descampado, cuando estaban indefensas y ya se habían entregado.

Además de los procesados, en los hechos intervinieron otros 9 policías bonaerenses de los cuales ocho murieron y uno fue declarado incapaz.

Durante la investigación se determinó que hubo una «coordinación» para ocultar los hechos en base al análisis de las autopsias que se hicieron en 1975 por parte del Cuerpo Médico Forense y la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería.

Además, el juzgado ordenó exhumar los restos óseos de tres de las víctimas: Bocco, Rodríguez y Molinas Benuzzi, para un peritaje realizadao por el Cuerpo Médico Forense y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Los dos detenidos serán juzgados por «homicidio doblemente agravado con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en cinco hechos». El tercer acusado, procesado sin prisión preventiva, exoficial principal de la comisaría de Campana al momento de los hechos, será juzgado «por dejar de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la comisión de algún delito cuando estuviere obligado a hacerlo por su profesión o empleo»

La masacre de Río Luján

Recién arrancaba el 12 de abril de 1975 cuando un grupo de militantes montoneros, a bordo de dos Ford Falcon, interceptaron a un camión que transportaba alimentos en la ruta 9 y lo desviaron por la Ruta 4 rumbo al Río Luján, territorio de la localidad bonaerense de Campana. El objetivo del operativo era tomar la comida que transportaba ese convoy para repartirla en los barrios pobres de la zona, incluidos los de Escobar y Zárate. En un momento tomaron un camino de tierra para poder parar y cambiar las patentes. Era la madrugada y en la oscuridad del campo observaron que dos vehículos los seguían por la 4.

Alberto Badino estaba a cargo de manejar el camión interceptado. Según la transcripción de su testimonio en el expediente, “inmediatamente empieza a recibir disparos en el camión que venían de esos autos y que correspondían a la policía. Por la distancia y por la fuerza de los impactos en la puerta del camión, supo que el grupo oponente poseía armas largas automáticas; armamento mucho más pesado que el que tenía su grupo”.

Antonio Fernández es el otro militante sobreviviente. De aquella primera ráfaga de disparos se llevó herido un pie. González Charvay rescató de su declaración testimonial que, en ese momento “quien estaba al mando del operativo policial les ordena rendirse”. Fernández podía caminar, así que avisa a sus compañeros que va a emprender la retirada. El resto se desarma y levanta las manos en señal de rendición. Sabían que serían fusilados. A los pocos metros, Fernández “pudo escuchar 15 o 20 disparos (…) en ese momento se dio cuenta de que los habían fusilado”, figura en la causa.

Al otro día, los principales diarios del país fraguaron en sus tapas los asesinatos de Carlos Tuda, Luis Bocco, Carlos Lagrutta, Carlos Molinas y Guillermo Rodríguez como el resultado de un “enfrentamiento”. La información, por supuesto, provenía de la Policía. Badino y Fernández, ambos responsables del impulso inicial de la investigación judicial en 2013, dejaron en claro en sus testimonios que tal enfrentamiento fue imposible. Según informes forenses, las víctimas recibieron entre 4 y 9 disparos cada una. Todas, a excepción de Rodríguez, impactos en la cabeza.

07/05/22 P/12