Un mundo con reglas

Por Graciana Peñafort

Fernando Ariel Carrera, una muestra viviente de lo injusta que es la Justicia argentina.

Cuando lo escuche nombrar por primera vez, una noche comiendo un asado en la casa de Alejandro, un poco me pareció salido de una peli yanqui. Tan equivocada no estaba porque, en efecto, Innocence Project Argentina se funda a partir de una película, en este caso argentina, The Rati Horror Show. Película que da cuenta de la historia de Fernando Ariel Carrera, un ciudadano argentino que fue condenado a 30 años de prisión en el 2007 por robo y homicidio agravado en un hecho que mediáticamente se conoció como la «Masacre de Pompeya». La sentencia que lo condenaba a 30 años de prisión fue revocada por la Corte Suprema en el 2012, que al mismo tiempo ordenó revisar lo actuado en ese juicio. La Cámara de Casación Federal en el año 2013 revisó entonces el juicio y condenó a Carrera a «solo» 15 años de prisión por robo y homicidio culposo. Sentencia que fue apelada nuevamente ante la Corte Suprema, que en el 2016 consideró que Carrera había sido erróneamente condenado y lo absolvió. Nueve años para que el Poder Judicial aplicara las reglas y principios del Debido proceso.

La página de la fundación expresa en el apartado «Nuestra historia» que «la investigación de la causa seguida contra Fernando Carrera pone en evidencia la discrecionalidad de la policía para el uso ilegítimo de la fuerza letal, el fraguado de causas y la anuencia judicial para incorporar esas pruebas como válidas, teniendo como consecuencia condenas injustas a personas inocentes en una estructura judicial deficiente».

«Luego del estreno de la película, la productora Aquafilms recibió numerosos llamados de personas que sufrían la problemática de condenas erradas. Esta situación motivó a Enrique Piñeyro a crear una fundación que se ocupara específicamente del problema con la ayuda de especialistas en justicia y seguridad».

El jueves 8 de octubre de 2020 Innocence Project Argentina logro la absolución en la Corte Suprema de Jorge González Nieva, quien llevaba 14 años en prisión por un delito que no cometió. Otra vez, las aristas del mundo sin reglas aplicando su rigor sobre las personas.

Hace no mucho publiqué una nota sobre la absolución dictada en el caso de Cristina Vázquez y Cecilia Rojas y volví a leer la nota de Mariana Carbajal sobre la muerte de Cristina. Esa nota empieza con este párrafo: «’A Cristina la mató la Justicia’, dice Cecilia Rojas, su amiga desde los 15 años. Las dos estuvieron presas y fueron condenadas injustamente a prisión perpetua, sin pruebas, por un crimen que no cometieron. Cristina Vázquez pasó 11 años privada de su libertad. Cecilia, 14. Las dos, con 38 años, fueron absueltas en diciembre por un fallo de la Corte Suprema. ‘Se sentía muy sola, estaba deprimida. Me decía: todos tienen un título, yo nada. Yo también siento eso, pero lo trato de sobrellevar’, dice Cecilia en la puerta de la Funeraria Díaz, donde recién acababa de llegar el cuerpo de su amiga, después de haber sido sometido a una autopsia, para clarificar las causas de su muerte. El termómetro marca 33 grados en la tarde del jueves en la capital misionera» [1]. Esas con las consecuencias de un mundo sin reglas.

Mientras tanto, en otros rincones de Ciudad Gótica, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino admitieron que mintieron cuando declararon que vieron al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos. En base a esa mentira, lo que se buscaba era apartar a Casanello de la investigación por lavado de dinero contra Lázaro Báez… y Cristina Fernández de Kirchner. Lo curioso del caso es que los dos testigos falsos son sindicados como los autores materiales del hecho. Pero los autores intelectuales, es decir quienes planificaron el plan de acusar falsamente a un juez federal, son dos personas a los que los medios han vinculado a los servicios de inteligencia. Una de ellas es el hoy retirado miembro del Ministerio Publico Fiscal, Eduardo Miragaya, y el otro el abogado Santiago Viola.

Denunciados que fueron ambos, la causa fue instruida por el juez Luis Rodríguez, quien dictó la falta de mérito de ambos. En la causa está acreditado que los testigos falsos se habían comunicado un total de 238 veces entre llamados al celular de Miragaya y al teléfono del estudio de Viola. El fiscal en la causa era Carlos Stornelli. Quien solo apeló la falta de mérito de Santiago Viola. Casanello apeló ambas faltas de mérito.

La Cámara Criminal y Correccional de Py hizo lugar a la apelación de la falta de mérito de Santiago Viola. La Cámara de Casación revocó esa sentencia. La causa volvió a Rodríguez, quien sobreseyó a ambos. Casanello nuevamente apeló. Y hoy la Cámara conformada por Martin «doctrina» Irurzun y Mariano Llorens debe resolver si confirma o no los sobreseimientos. Eso sí, los dos testigos falsos ya reconocieron haber mentido.

También en esos pasillos de Ciudad Gótica la jueza de la sala I de la Casación, Ana María Figueroa, le pidió al juzgado de Bonadio los soportes en audio y video de las declaraciones de los arrepentidos en la causa Cuadernos. El juzgado dijo no tenerlas y le pregunto al fiscal de esa causa, Carlos Stornelli, quien dijo que no las tenía y añadió que todo cuanto tenía había sido remitido al Tribunal Oral 7. Figueroa entonces le pidió a la fiscal de juicio que le enviase los soportes de audio y video. La fiscal de juicio Fabiana León mandó un escrito a la Sala I de la Cámara de Casación expresando que no existen ni grabaciones ni videos ni registros de ningún tipo de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

El único que se opuso a las medidas dispuesta por la doctora Figueroa fue el fiscal de Cámara, que por cierto NO consideró necesario concurrir a la audiencia cuando se realizó con los abogados de las partes.

Dijo el fiscal de Cámara en forma extemporánea que «los registros de todas las colaboraciones prestadas por imputados que se acogieron al régimen de la Ley 27.304 fueron agregados bajo la forma de actas en sus respectivos legajos, las que se encuentran rubricadas por esos imputados, sus abogados defensores y los fiscales de la primera instancia; legajos en los que también están anexadas las actas de homologación suscriptas por las mismas personas y por el juez de la primera instancia, quedando así homologados los acuerdos referidos. De modo que, encontrándose esos legajos corriendo por cuerda a los autos principales, los mismos están ahora en poder del Tribunal Oral Federal n° 7; y, a su vez, digitalizados y disponibles para todas las partes».

Días malos para sostener esa tesis, justo cuando a la Corte Suprema se le da por escribir en el caso Jorge González Nieva «que al decidir del modo en que lo hizo, el tribunal oral desatendió uno de los principales deberes que pesan sobre quienes ejercen la magistratura en el fuero penal, que no es otro que velar por la legalidad de los procesos judiciales, garantizando que las sentencias no sean el producto de procedimientos irregulares o directamente ilegales, siempre en resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ello se deriva de la garantía de debido proceso legal, consagrada en el recaudo del artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece: ‘Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso’. Bajo esta manda constitucional, el ejercicio del poder punitivo del Estado exige la observancia del debido proceso legal que, entre otras cuestiones, supone la obtención de prueba en observancia de los derechos fundamentales de los individuos».

Permítanme recordar que conforme el artículo 120 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público «tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República». Tengo la impresión de que algunos fiscales hace mucho que no leen la Constitución.

Mientras todo esto pasa, en otros juzgados también ocurren cosas. Lentamente las causas que investigan las maniobras de inteligencia ilegal avanzan con los testimonios de los involucrados. Miren si serán importantes a los fines de la defensa las filmaciones, que uno de los imputados, Darío Nieto, secretario de Mauricio Macri, tomó la filmación de su declaración y la hizo pública. También declararon Majdalani y Arribas en la causa que se investiga en Lomas de Zamora.

La ex Señora 8 declaró que ella no se encuentra involucrada en ninguna asociación ilícita destinada a hacer inteligencia ilegal. Y que si hubo inteligencia ilegal fue debido a la acción de «cuentapropistas» de la AFI. Mas allá de la curiosidad que me despierta que los cuentapropistas hayan sido todas personas que entraron en su gestión –mal criterio para la selección de recursos humanos, pareciera—, me queda una duda. Si se trató de cuentapropistas, ¿quién tendría interés o pagaría por la información sobre el novio de la hermana de Mauricio Macri?

También declaró Gustavo Arribas, quien señaló que «desgraciadamente» los mecanismos de control y denuncia «no fueron activados a tiempo». En lo personal me llamó la atención una frase que dijo respecto a que «cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana». Porque tengo la sensación de que, junto con la política, durante la gestión de Mauricio Macri los que entraban a tribunales eran hombres y mujeres de los servicios de inteligencia. Yo los veía caminar por los pasillos de tribunales.

Días en los que esta pasando nada y al mismo tiempo está pasando todo. Porque así, con luces y sombras, transcurre la disputa entre dos modelos de mundos posibles. Uno en el que existen las leyes y la Constitución Nacional y otro donde nada de eso existe realmente, mas que como ejercicio declarativo. Y con toda honestidad sentí durante los cuatro años de gobierno de Macri que las reglas no existían. Cuando estoy optimista creo que el mundo sin reglas está siendo cuando menos puesto en tela de juicio. Y me alegra. Porque creo que es necesario. Eso no quita que me preocupen y mucho las estrategias de quienes buscan que el final de la historia lo escriba el mundo sin reglas.

Hago votos por un Poder Judicial que no dé su anuencia a los que juegan con las lógicas del poder sin límites ni humanidad ni leyes. Hago votos por un mundo con reglas.

[1] https://www.pagina12.com.ar/288166-la-historia-de-cristina-vazquez-la-inocente-que-estuvo-11-an

El Cohete a la Luna

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