Un presidente al que no le importan las vacas ni las personas
Por Sergio Wischñevsky*
Con el cierre de diez ministerios el presidente Mauricio Macri entró en una marcha ciega hacia el mismo muro con el que chocó Fernando de la Rúa. Dos de los ministerios que acaban de convertirse en Secretarías nacieron con Juan Domingo Perón en el ’49, quien le había escrito a su ministro de Salud: “Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupa de cuidar a las vacas y no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente.” Macri eliminó ambos.
La eliminación de diez ministerios constituye una decisión política de con consecuencias de ajuste y cierre de programas ya comenzaron a verse. El anuncio del presidente Macri seguido por el del sobreviviente ministro de Economía, Nicolás Dujovne, apunta a acelerar el rumbo en la supuesta dirección “de disminuir el déficit” a costa de recortar lo que la ortodoxia ultraliberal llama gastos, y que desde otra mirada podríamos llamar simplemente: inversión en el sostenimiento del Estado.
Es una marcha alocada y ciega contra el mismo muro con el que chocó el gobierno de Raúl Alfonsín en 1989, y el de Fernando De la Rua en 2001. La tijera que actúa olvidando lo que resulta obvio: las crisis económicas, si se profundizan, devienen en crisis sociales que casi de inmediato se convierten en crisis políticas terminales. La mayoría de los ministerios jibarizados pasaron a ser secretarías. Cada uno de ellos, en su momento, fue creado como una apuesta política con el objetivo de desarrollar un área que se pensó estratégica para el crecimiento argentino. Por lo tanto cada uno de estos cierres, implican una desvalorización de las políticas del Estado, la construcción de una sociedad cada vez más inerme frente al capitalismo depredador.
La primera Ley de Ministerios Nacionales se sancionó el 6 de febrero de 1826 y estableció:
“Artículo 1. Habrá cinco ministerios para el despacho de los negocios del Estado, a saber: de Gobierno, de Negocios extranjeros, de Guerra, de Marina y de Hacienda”.
La Constitución de 1853 fijó en cinco el número de ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Desde entonces y hasta 1898, el presidente de la Nación contó en su gabinete con los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Justicia e Instrucción Pública, y de Guerra y Marina.
Ese número de cinco ministerios se mantuvo inmutable durante cuarenta y cinco años. Una modificación constitucional en 1898 elevó a ocho el número de ministerios, al agregarse Agricultura, Obras Públicas y escindir Marina del Ministerio de Guerra. Esta composición del gabinete perduró con pocos cambios hasta la reforma constitucional de 1949 durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Dos de los ministerios que acaban de convertirse en secretarías surgieron en aquella época.
“Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un Ministerio de Ganadería que se ocupa de cuidar a las vacas y no haya un organismo de igual jerarquía para cuidar la salud de la gente.” Le escribió Perón en 1945 a Ramón Carrillo, primer Ministro de Salud. Es muy paradigmática esta historia. Carrillo aumentó el número de camas existentes en el país, de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954. Erradicó, en sólo dos años, enfermedades endémicas como el paludismo– antes que en EEUU- con campañas sumamente agresivas. Hizo desaparecer prácticamente la sífilis y las enfermedades venéreas. Creó 234 hospitales o policlínicas gratuitos. Disminuyó el índice de mortalidad por tuberculosis de 130 por 100.000 a 36 por 100.000. Terminó con epidemias como el tifus y la brucelosis. Redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil del 90 por mil a 56 por mil. Su concepción de la medicina y la salud pública es sumamente revolucionaria: “Los problemas de la Medicina como rama del Estado, no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede haber una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría.” “Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son accesibles al pueblo”. A partir del golpe de 1955 fue perseguido y acusado de corrupto. Poco antes de morir, en septiembre de 1956, le escribe con inmensa amargura a un amigo: “Ahora vivo en la mayor pobreza, mayor de la que nadie puede imaginar, y sobrevivo gracias a la caridad de un amigo. Por orgullo no puedo exhibir mi miseria a nadie, ni a mi familia, pero sí a un hermano como vos, que quizás (conociéndome) puedas comprenderme… Esta obra debe ser reconocida y yo no puedo pasar a la historia como un malversador y ladrón de nafta. Mis ex colaboradores conocen la verdad y la severidad con que manejé las cosas dentro de un tremendo mundo de angustias e infamias”.
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La dictadura golpista volvió a degradar la salud pública al rango de secretaría. Lo mismo ocurrió a partir del golpe de 1966. Al decir de Carrillo, la peor enfermedad en Argentina la producen las políticas de abandono.
Un caso muy similar es lo que ocurrió con el ministerio de Trabajo. A comienzos del siglo XX el Estado empezó a tomar registro de la situación de las clases trabajadoras. En 1907 se le encomendó al médico y abogado Juan Bialet Massé realizar un informe detallado. Durante muchos meses recorrió la Argentina profunda, y sus descripciones de la miseria y precariedad de la vida obrera son un testimonio de enorme valor.
El presidente José Figueroa Alcorta, por Decreto del 14 de marzo de 1907, creó el Departamento Nacional del Trabajo y designó en el cargo a José Nicolás Matienzo, con la misión de “recoger, coordinar y publicar todos los datos relativos al trabajo de la República, especialmente en lo que concierne a las relaciones del trabajo y del capital y a las reformas legislativas y administrativas capaces de mejorar la situación material, social, intelectual y moral de los trabajadores”.
Sólo el 30 de septiembre de 1912, después de varios intentos, el Congreso sancionó la Ley Orgánica N° 8.999, según los proyectos de José Luis Cantilo y Alfredo L. Palacios. Por ella las funciones del organismo fueron ampliadas. Se le asignó la inspección y vigilancia de las leyes, la incorporación de un registro de colocaciones para trabajadores sin empleo, y la facultad de mediar en los conflictos entre el capital y el trabajo, a través de un Consejo del Trabajo.
En 1943, por Decreto-Ley Nº 15.074, se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, incorporándose a la misma diferentes dependencias que anteriormente funcionaban en diversos organismos de gobierno. Se transfirieron a la Secretaría, además, los servicios y facultades de carácter conciliatorio y arbitral, así como las funciones de policía del trabajo, los servicios de higiene industrial, los de inspección de asociaciones mutualistas y los relacionados con el trabajo marítimo, fluvial y portuario. La Secretaría se convirtió en ministerio con la reforma constitucional de 1949, paralelamente al desarrollo de la justicia laboral y la expansión de derechos. El estado asumió el rol de árbitro en las relaciones entre el capital y el trabajo.
Desde 1955 las políticas laborales cambiaron radicalmente. El caso más llamativo fue que en 1959 el ministro de Trabajo fue el ingeniero ultraliberal Alvaro Alsogaray. Hasta llegar al ahora secretario Jorge Triaca, que contrataba empleados en negro como ministro.
Triaca, el ministro de Trabajo que contrata en negro
En 1966 el ministerio pasó a ser una secretaría dependiente del ministerio de economía. En 1971, a través de la Ley Nº 19.064, se produce una modificación de la organización ministerial. Por este cambio surge nuevamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Durante la crisis hiperinflacionaria de 1989 de vertiginosa devaluación de la moneda argentina, que en ese entonces se llamaba Austral, los salarios cayeron en picada, el ministro de Trabajo era Ideler Tonelli, quien había sido, nada más y nada menos, que el autor del texto de la Ley de Obediencia Debida. Durante buena parte de la década menemista, el ministro fue Jorge Triaca, padre del actual ministro devenido secretario, un representante del sindicalismo negociador con la dictadura y encargado de otras tareas como conducir privatizaciones. Uno de sus orgullos fue ser el primer sindicalista aceptado en el Jockey Club.
Durante el peor momento del gobierno de De la Rua, en 2001, la ministra de Trabajo fue Patricia Bullrich, que decidió no ser el árbitro en el partido, sino el jugador número 12 del equipo del capital. Fue la encargada de defender el recorte del 13% en los salarios de los trabajadores del Estado y de los jubilados.
Carlos Tomada tiene el record de permanencia en el cargo, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y los dos de Cristina Kirchner, un total de 12 años. Fue el timonel de infinitas negociaciones. Arrancó en medio del tembladeral que era Argentina en 2003, y durante toda su gestión se negociaron paritarias entre empresarios y trabajadores con tendencia a ganarle a la inflación.
Dar de baja un ministerio, o bajarle su status jerárquico, equivale a devaluar su función y las políticas que lleva adelante. El abandono de la salud pública y de la situación de los trabajadores no es una novedad en el gobierno de Mauricio Macri. Es la institucionalización de las políticas existentes. Así como ocurrió con los ministerios de Agroindustria, Ciencia y Tecnología, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Energía, Turismo y Cultura.
* Historiador, periodista y docente de la UBA. Columnista en Radio del Plata en el programa Siempre es hoy. en Radio Nacional en el programa Gente de a Pie y en La Liga de la Ciencia.
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