Argentina: habrá represión a bloqueos de la vía pública

Cobrarán a los activistas el costo del uso de la fuerza policial

Por Stella Calloni

Imagen: El gobierno del ultraderechista Javier Milei informó ayer restricciones al uso del espacio público. La imagen, en Buenos Aires.Foto Afp

Buenos Aires., El inmediato rechazo de organizaciones sindicales, sociales y de políticos agravó la tensión visible ante los aumentos de precios y los decretos gubernamentales a sólo cinco días de asumir el gobierno del ultraderecista «libertario», Javier Milei, tras el anuncio de ayer de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich del «protocolo para el mantenimiento del orden público», que se aplicará para impedir «los piquetes» y/o las manifestaciones con bloqueos de calles, los cuales serán reprimidos por las cuatro fuerzas: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), además del Servicio Penitenciario.

«Van a intervenir ante cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no. Nosotros la vamos a cumplir», comenzó Bullrich, en la enumeración de los puntos del protocolo.

«Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso», expuso la ministra, quien sostuvo que “el propósito de este pautado es cumplir la ley, como dice el presidente: ‘El que las hace las paga’”.

Milei impulsa ley antiprotestas

En su primera medida, la orden del ministerio es que los agentes intervengan directamente, es decir sin mediar orden judicial, sólo en caso de detenciones, ya que contarán con el respaldo de este protocolo que determina que «las fuerzas podrán actuar de acuerdo con los códigos procesales vigentes, si hay un delito de acuerdo con la Ley de Flagrancia», informó la funcionaria.

Adelantó que planean mandar una propuesta de ley al Congreso que consolide las nuevas reglas, lo que sin duda será muy difícil de aprobarse.

«Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia», indicó Bullrich y agregó que la intervención de las corporaciones de seguridad se organizará de acuerdo con la zona del conflicto: Habrá sitios en los que actúen las fuerzas federales y otros donde corresponda a las agencias locales.

El protocolo busca coordinar el plan para que toda la vía pública esté custodiada ante las protestas.

A esto se añade la vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. «En estaciones de trenes, a aquellas personas que lleven materiales (entre estos carteles o comunicados) les serán incautados, así como palos u otros instrumentos y no se permitirán las caras tapadas o formas de vestimenta que eviten la identificación de personas».

En caso de arrestos, la autoridad de orden público pedirá la intervención de la justicia. «Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes. Se le dará aviso al juez competente, como en casos de daño ambiental, que sucede en la quema de llantas, la cual genera una situación dañina al ambiente y a la gente», explicó la funcionaria.

Por otro lado, en caso de que niños y adolescentes participen en la movilizaciones, intervendrán los organismos competentes, como el Ministerio de Capital Humano, y se sancionará a los tutores o acompañantes adultos.

Pero lo novedoso es que «por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se enviará la factura a las organizaciones o a los individuos responsables».

«El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que hacerlo las organizaciones que tengan personería o los individuos organizadores. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones», precisó la ministra, quien ocupó también la cartera de Seguridad durante el gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019).

Además, se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos y «sistemáticamente» se identificará a los voceros. El anuncio complementa lo establecido por el protocolo de seguridad, que se comunicó durante la mañana: busca dar un marco para organizar el cuidado de la vía pública. “Hemos vivido muchos años bajo un desorden total y absoluto (…) es hora de terminar con esta metodología que lo que hace es generar desorden absoluto.

Identificarán a participantes

«Este es un protocolo en consonancia con la ayuda y la decisión política que el gobierno nacional tiene y con los gobiernos provinciales que decidan trabajar en conjunto para que Argentina se pacifique», sostuvo. Prometió quitar la personería jurídica a los sindicatos.

«Se va a actuar hasta liberar el espacio de circulación. Las fuerzas emplearán mínima fuerza o suficiente, pues será graduada en proporción a la resistencia», indicó.

En esa línea, Bullrich afirmó que «serán identificados los autores, cómplices e instigadores de estos delitos», y se «identificarán a los vehículos, conductores utilizados, así como las infracciones administrativas y/o penales existentes y se procederá a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o cuyos conductores carezcan de la debida documentación».

Marcha en puerta

En las primeras reacciones, se manifiesta que la ministra de Seguridad enunció una serie de medidas para reprimir la protesta social y «la intención es estrenarla la semana que viene», cuando se cumplen 22 años del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, y la represión que dejó casi medio centenar de muertos a manos de la policía, lo que terminó con la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, quien había impuesto un estado de sitio. Bullrich era también funcionaria de ese gobierno.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que existe una serie de estándares interamericanos en materia de protesta social que tienen jerarquía constitucional. «Existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica. La protesta violenta no es un derecho, y está castigada por el código penal. Las garantías a la protesta pacífica engloban los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación, de petición, a la no discriminación, a la libertad sindical y el derecho a la huelga (entre otros)».

Ante las amenazas para los derechos humanos, que han surgido de los integrantes del actual gobierno, abogados, juristas internacionales, movimientos de defensa civil están conformando una serie de medidas de resguardo, incluso previendo persecución, amenazas, detenciones y alistan su propio protocolo sobre cómo actuar ante la represión que se anuncia.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la capital Daniel Catalano repudió «este avance represivo» anunciado por Bullrich, mientras el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió: «Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos».

El legislador Gabriel Solano, del Partido Obrero (PO), sostuvo que las amenazas de Bullrich son el complemento del plan de guerra contra el pueblo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y advirtió que Bullrich no tiene ningún instrumento legal para llevar adelante estas medidas. «En Argentina existe un derecho a la protesta que está amparado por la Constitución Nacional», subrayó Solano, quien destacó que el protocolo es la segunda parte de lo planteado el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, al poner en marcha con el ajuste «un plan de guerra contra el pueblo».

También la ex diputada Victoria Donda, hija de desaparecidos durante la dictadura militar (1976-1983), repudió las medidas, como lo hicieron organismos de derechos humanos. Todas las organizaciones ratificaron la marcha del próximo miércoles 20, ateniéndose a los derechos constitucionales que, como el de la huelga y otros, los ampara.

Un día después de anunciarse que la inflación subió 13.9 por ciento las dos primeras semanas de este mes, vendedores mayoristas de productos de estación pidieron a las autoridades frenar los aumentos que van desde 166 por ciento para la cebolla hasta 633 por ciento para las papas, lo que calificaron de «abusos desmedidos», añadió El Destape.

La Jornada