Capitalismo en modo criminal

Por Raúl Zibechi

En América Latina se está expandiendo de forma geométrica un capitalismo criminal o mafioso, en cuyas prácticas se disuelven las diferencias entre formalidad, informalidad y delito, como sostiene el investigador peruano Francisco Durand y como ha analizado anteriormente el argentino Marcelo Colussi (https://bit.ly/3YLq98t).

Cada vez contamos con más datos y estudios que evidencian los modos en que opera este capitalismo depredador y delincuencial que, evidentemente, es la forma que asume el sistema en este periodo. La revista Quehacer, número 10, del centro Desco de Lima, destaca en su edición de julio que la minería ilegal de oro exportó en 2020 nada menos que 3.900 millones de dólares, superando al narcotráfico (https://bit.ly/3Z3gU3E).

En paralelo, el senador boliviano Rodrigo Paz señala que su país «está sitiado por las mafias del oro, contrabando y narcotráfico», que suman la apabullante cifra de 7 mil 500 millones de dólares (https://bit.ly/3GmGlWzx). El narcotráfico aporta 2 mil 500 millones de dólares al año, el contrabando 2 mil millones y el oro 3 mil millones. «El gobierno al no poder acceder a préstamos externos, deja que estos recursos fluyan porque mueven la economía nacional», tuiteó.

Para hacerse una idea de la importancia de estas cifras, deben compararse los 7 mil 500 millones de dólares de las economías ilegales con los 9 mil millones de exportaciones totales del país. Una proporción increíble que revela la trascendencia de las economías mafiosas. El oro ilegal ha desplazado en ambos países al narco, aun siendo el Perú el segundo productor mundial de coca y cocaína.

Lo más significativo, empero, es cómo funciona el circuito del oro ilegal hasta convertirse en oro legal. Sólo en Perú, hay 250 mil mineros informales o artesanales que viven en pésimas condiciones, son extorsionados y violentados por los intermediarios, hasta llegar a los acopiadores. En el proceso de extracción y comercialización participan mineros legales e ilegales, existiendo una fina línea divisoria entre ambos, ya que a menudo un mismo acopiador compra en ambos mercados.

Las plantas procesadoras suelen tener doble contabilidad, para acceder tanto al mineral legal como al ilegal. El oro convertido en lingotes o joyas sale hacia los dos destinos finales más importantes: Suiza y Estados Unidos. El primero importa 70 por ciento del oro del mundo. Bolivia y Perú producen casi 30 por ciento del oro de forma ilegal, porción que alcanza a 77 por ciento en Ecuador, 80 en Colombia y 91 en Venezuela, según el libro La minería no formal en el Perú (https://bit.ly/3YTYG4w).

Este libro reproduce un fragmento del trabajo del criminólogo suizo Mark Pieth, quien destaca el contraste entre La Rinconada, en Puno, «a más de 5 mil metros de altura y con temperaturas de menos 22 grados, donde 60 mil buscadores de oro se apretujan en un poblado que hace 25 años era el hogar de solo 25 familias».

En ese pueblo domina «un hedor insoportable de orina y heces humanas» y las condiciones de vida y de trabajo son «horrendas». Esta realidad la contrasta con «el glamur del oro en Suiza», donde la empresa de relojes Swatch ”gasta anualmente, sólo en presentar sus nuevos relojes de oro, 50 millones de francos suizos y hermosas modelos presentan joyas para el disfrute de los que pueden pagarlas” (p. 73).

El capitalismo mafioso provoca enormes daños ambientales y sociales, como contaminación y deforestación, homicidios y desapariciones, violaciones y feminicidios, perpetrados por las mafias. Una de sus consecuencias, es la trata de personas con varias finalidades: explotación sexual y laboral, venta de niños y tráfico de órganos. En el capitalismo mafioso las personas son una mercancía más, que puede ser despedazada con total impunidad por la complicidad estatal.

Para terminar habría que responder una pregunta que nos permita completar el cuadro, una que los investigadores en general no formulan: ¿cuál es el Estado que corresponde a este capitalismo mafioso, que lo destruye todo para acumular más y más capital?

Es un Estado para la guerra, para el despojo contra los de abajo. Pero tiene una particularidad que lo diferencia de las dictaduras que asolaron nuestra región: se pinta con colores democráticos, convoca elecciones aunque cada vez haya menos libertades, ya que los monopolios bloquean la libertad de información y de expresión. En síntesis: un Estado criminal-electoral.

Quienes pretenden ser gobierno, deben saber que administrarán un capitalismo criminal y depredador, imposible de regular. Por eso los gobernantes progresistas siguen adelante con el extractivismo y las grandes obras de infraestructura, y miran para otro lado cuando se producen los asesinatos de líderes sociales.

Mirar hacia los lados es un modo de dejar hacer, como hace Suiza cuando importa oro bañado en sangre y muerte. Consultado por qué Suiza sigue importando ese oro, Mark Pieth concluye: «Quieren hacer comercio, hacer una isla de piratas» (p. 74).

La Jornada