«Desde el ámbito judicial se da licencia para que cualquiera piense y haga cualquier cosa»

La vicepresidenta cargó contra los argumentos de los representantes del Ministerio Público Fiscal, al que acusó de autopercibirse por encima de la democracia.

Por: Néstor Espósito
@nestoresposito

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mezcló hoy una clase de derecho constitucional básico y una sintetización emotiva del intento de magnicidio en su alegato en el juicio por la obra pública asignada a Santa Cruz entre 2003 y 2015. Tras calificar al juicio como un «disparate» que pone a la Argentina «al borde del ridículo», la vicepresidenta señaló: «Hasta el 1º de septiembre pensaba que todo esto era para estigmatizarme a mí y al peronismo pero me doy cuenta de que este juego que han hecho ustedes genera que puede haber otra cosa más atrás de todo esto. Desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa».

La alusión al atentado del que fue víctima cerró el alegato de poco más de una hora, que se intercaló con la exposición de su abogado Carlos Beraldi, a quien felicitó porque «se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani».

Cristina Fernández de Kirchner adelantó que pedirá que «al finalizar las audiencias se extraigan testimonios de todas y cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con la prueba pericial, documental y testimonial que tuvo este juicio».

«La acusación dice que los tres gobiernos constitucionales fueron tres asociaciones ilícitas pergeñadas para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz a través de una interpósita persona, que es una provincia, la provincia de Santa Cruz».

Sobre esa descripción, CFK redujo al ridículo la secuencia que para los fiscales constituyó el eje de la acusación. Recordó que su difunto marido, Néstor Kirchner, fue intendente de Río Gallegos en 1987, luego tres veces gobernador de Santa Cruz y llegó a la presidencia «de chiripa» en 2003. «Hizo todo pensando que iba a llegar a la Presidencia para hacer 51 obras en Santa Cruz con la cual enriquecerse. Militamos toda una vida para hacer 51 obras viales. Es ridículo».
Alegato técnico: contra el»fruto del árbol envenenado»

La faceta técnica del alegato apuntó directamente a la violación de lo contemplado por la Constitución Nacional desde su artículo 1, aquel que sostiene que la Nación Argentina adopta como forma de gobierno la «representativa, republicana y federal». Tras repasar el significado y contenido de esos preceptos, Cristina Kirchner recordó: «Fuimos elegidos por el pueblo, no podemos ser nunca una asociación ilícita».

Si los tres gobiernos hubieran sido una asociación ilícita, tal como sostienen los fiscales, todos los actos de gobierno serían inválidos por aplicación de un principio jurídico conocido como «fruto del árbol envenenado». Si un gobierno es una asociación ilícita, todos sus actos son delitos y, en consecuencia, inválidos. La vicepresidenta ironizó: «Luciani no podría estar en esta causa porque no es fiscal. El decreto de designación se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita».

Descalificó la visión de los fiscales sobre que todo acto de gobierno puede ser revisado por el Poder Judicial y les advirtió: «El Ministerio Público Fiscal se arroga una supremacía. Todos ustedes son más que la representación que tenemos nosotros, que somos elegidos por el pueblo. Son mucho más ustedes que nosotros, porque pueden juzgar todos nuestros actos».

Cristina Kirchner rechazó esa afirmación del fiscal Luciani. Pero reconoció que «un Presidente puede ser juzgado, sí. Hay un sistema: el juicio político, porque se trata de decisiones políticas. Y hay otro juicio, el del pueblo cuando no te votan».

Respecto del federalismo, la vicepresidenta reprochó a la acusación haber ignorado que las obras públicas «se hicieron todas en Santa Cruz, con leyes locales, organismos de control, gobernador, ministros, tribunales de cuentas. Así ha sucedido en todas las provincias argentinas».

Los fiscales sostuvieron que ello –la delegación en Santa Cruz de la obra pública- fue así porque para diluir las responsabilidades de lo que ellos llamaron «la asociación ilícita» se realizaron las carreteras mediante convenios con la provincia.

Cristina Kirchner contrapuso que esa modalidad de obra pública fue establecida mediante el decreto 504 de 1958, durante una dictadura, que fijó la Leo Orgánica de la Dirección Nacional de Vialidad, en cuyo artículo 37 determinaba que se trataba de un ente autárquico, no vinculado el Ejecutivo, que podía celebrar ese tipo de convenios con la direcciones provinciales de vialidad para construir y mantener rutas.

«Yo tenía cinco años cuando se emitió ese decreto», subrayó la vicepresidenta.

Cristina Fernández sobre el atentado:»Nadie puede creer que esa banda tiene la autoría intelectual»

Se refirió al intento de magnicidio que sufrió hace tres semanas. Aseguró que frente al vínculo entre los abogados que asesoraban a senadores del PRO, la vicepresidenta se siente «en un estado de indefensión».

Por: Gimena Fuertes
@gimenafuertes

La vicepresidenta Cristina Kirchner vinculó el intento de maginicio que sufrió en la puerta de su casa con la acusación que hizo el fiscal Diego Luciani. «Lo tengo clarísimo: nadie puede pensar que esa banda planificó e ideó intelectualmente lo que me hicieron», aseguró en el final de su alegato en el juicio oral por la causa Vialidad.

Recordó que el día que el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años en su contra, algunos canales de televisión mostraban la puerta de su casa. «Es la única puerta que se conoce en la Argentina, la de Juncal y Uruguay, ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro», analizó, por parte de la llamada «banda de los copitos» integrada por los detenidos por el intento de asesinato que sufrió en la puerta de su casa el 1° de septiembre, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Y recordó que los abogados de Carrizo, sindicado como jefe de la banda de los copitos, son asesores de legisladores del PRO.

El «estado de indefensión» de Cristina

Según reveló Infobae, Gastón Marano, letrado de Carrizo, fue asesor de la Bicameral de Inteligencia del Congreso por recomendación del senador del PRO Ignacio Torres. Comparte la defensa con Brenda Salva, abogada que asistía en Diputados a Karina Bachey, también del PRO.

«Es alguien que se sienta a 20 o 30 metros míos, en el Senado, y su asesor defiende a quien me quiso matar. Y la asesora de otra diputada también defiende a ese. Yo me siento en un estado de indefensión. ¿Usted cómo se sentiría, doctor Gorini?», preguntó al presidente del tribunal que este viernes condujo la audiencia.

En ese contexto, la Vicepresidenta dijo que se siente indefensa. Aseguró, por ejemplo, que su despacho de la Cámara de Senadores fue apedreado durante 40 minutos sin que interviniera ninguna fuerza policial «local o nacional». La causa sobre este episodio quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, los mismos funcionarios que investigan el atentado en su contra.

También apuntó contra la Justicia porteña porque no hubo avances en la causa que intenta determinar quién ordenó realizar una pegatina de afiches con su cara y la frase asesina: «El juez tuvo la causa 5 meses y sistemáticamente se negó a los pedidos del fiscal para indagar a quienes habían sido individualizados que podían tener responsabilidad en encargar los afiches y haberlos pegados.

Tiempo Argentino