El asesinato como etapa superior del lawfare

Por: Ricardo Ragendorfer
@Ragendorfer

Foto: Victoria Egurza / Télam

Unas semanas antes del fallido magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, la dupla formada por Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte tuvo unos minutitos de fama al aparecer dos veces en móviles callejeros de Crónica TV para despotricar contra los planes sociales del gobierno.

Ahora se sabe que la gestora de aquellas entrevistas fue la «influencer», panelista y productora de esa señal noticiosa, María Mroue, también conocida en las redes sociales como «Mariale Top».

¿Acaso es una simple descubridora de talentos? Se podría suponer eso si no integrara el staff de Top Studio Obelisco, el centro de danzas y fitness que posee la ex Miss Argentina y ex directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito del Ministerio de Seguridad macrista, Carolina Gómez Mónaco.

Ya es público su vínculo íntimo con el ex viceministro de dicha cartera, Gerardo Milman, quien en la actualidad es diputado. Y ella, su asesora.

También corrieron ríos de tinta sobre otra circunstancia: a solo 48 horas del atentado, él le confió: «Cuando la maten estaré camino a la costa».

Desde aquel momento, Milman está sospechado de ocupar un peldaño superior del asunto.

Lo cierto es que, tal vez involuntariamente, ese tipo hizo todo lo posible para alimentar tal creencia. No solo se fue de boca en un lugar atestado de gente (la confitería Casablanca) sino que desde el 18 de agosto se mostró muy interesado por la seguridad de la vicepresidenta.

Aquel día supo presentar un extraño proyecto de resolución en el cual pedía al Poder Ejecutivo que informara acerca de «medidas preventivas» ante «indicadores de violencia que se perciben como la antesala de episodios que podrían quedar en nuestra historia». Pero, además, precisó: «No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla».

El 31 de agosto, un día antes del atentado, presentó otro proyecto donde pedía información sobre la custodia de CFK.

Y el primer día de septiembre estampó en su cuenta de Twitter: «¿Por qué el ministro de Seguridad aumentó la custodia policial de la vicepresidente (sic)? Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña república de Recoleta (…) Hemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para que nos brinden una explicación sobre esta disposición de gastos arbitrarios».

A la noche, Sabag Montiel le gatilló en la cara a CFK.

¿Qué necesidad habría tenido Milman para ser tan obvio?

Pues bien, volvamos a la tal Mariale Top. Porque en su vínculo previo con Sabag Montiel y Uliarte se desliza la hipótesis de que justamente ella sería el presunto nexo entre estos y la información que manejaba el legislador. Dicho sea de paso, Milman no suele mover un solo dedo sin que su jefa política, Patricia Bullrich, esté al tanto o se lo ordene.

¿Acaso ella ocupaba un peldaño más elevado que el suyo?

Sin embargo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, emperrada con centrar la causa en la acción solitaria de tres alocados lúmpenes –acatando así las estrictas directivas de quienes integran la Cámara Federal porteña, Mariano Llorenz, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi–, decidió no molestar a Milman ni a su troupe de «angelitas».

Tanto es así que, en esta historia, la «verdad jurídica» corre por el carril exactamente opuesto al de la «verdad histórica».

¿Hasta qué punto, entonces, sus instructores tribunalicios son ajenos a tal –diríase– conspiración? Habría que saberlo.

Claro que sobre la calaña de los camaristas no hay ningún secreto. Pero sobre la de Capuchetti hasta ahora hubo un piadoso manto de silencio.

No obstante, el ministro de Justicia, Martín Soria, acaba de desempolvar sus frecuentes visitas a la AFI antes y después de su designación en el Juzgado Federal Nº 5, a comienzos de 2019, donde era recibida por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Cabe acotar que allí su hermana fue una agente de carrera, abocada a la desgrabación de escuchas ilegales a presos kirchneristas.

En cambio, a la buena de María Eugenia la movía un anhelo más alto. Eso bien lo supo su padre, el comisario general Alberto Carlos Capuchetti, un uniformado muy próximo a Jorge «Fino» Palacios, y que llegó a encabezar la Superintendencia de Seguridad Federal antes de conseguir, ya en situación de retiro, un excelente empleo: jefe de seguridad de la AFA.

Allí estableció un vínculo de suma confianza con don Julio Grondona, a quien –según dicen– no vaciló en soltarle el siguiente pedido: «¿Podría usted darle una mano a mi hija, que quiere ser jueza?».

Tales habrían sido sus exactas palabras.

Don Julio no llegó a tanto. Pero cuando Martín Ocampo se convirtió en jefe de los fiscales porteños, Capuchetti pasó a ser secretaria de Cámara hasta 2014, cuando fue designada al frente de la Oficina de Enlace de Organismos Oficiales de la Procuración, desde donde afinó su relación con el macrismo. Y cinco años más tarde, con el patrocinio de Daniel Angelici y Fabián Rodríguez Simón (a) «Pepín», fue entronizada en la magistratura federal.

Al momento de asumir, Llorenz, Breglia y Bertuzzi aplaudían a rabiar.

Precisamente ellos definirán el pedido de recusación a Capuchetti que acaban de presentar los abogados de CFK.

Entre otros motivos de peso, los doctores José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal esgrimen que Capuchetti rechazó 35 de las 43 medidas de prueba solicitadas por ellos, además de negarse a la unificación del expediente con el que instruye su colega Marcelo Martínez de Giorgi sobre la financiación de la falange neonazi Revolución Federal por los hermanos del ex ministro macrista Luis «Toto» Caputo.

¿Acaso las conexiones establecidas entre la patota de Jonathan Morel con la llamada «Banda de los Copitos» situarían a esta prestigiosa familia en el peldaño económico de la conjura?

En medio de la inacción judicial, la «verdad histórica» avanza con pasos sostenidos, dejando así al descubierto las aristas de un plan criminal.

Ocurre que, para sus hacedores, el recurso del asesinato se asoma ahora como la etapa superior del «lawfare». Un «gradualismo» para tener en cuenta.

Tiempo Argentino

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