El derecho al botín

El anarco-capitalismo no sólo desea arrasar instituciones sino también a gente de carne y hueso.

Por Roberto Kozulj

«Esta tierra es nuestra tierra. Retrocede, gobierno», reza un lema libertario. Ellos sostienen que los recursos naturales que no son propiedad de nadie «pueden ser apropiados por la primera persona que los descubre, mezcla su trabajo con ellos o simplemente los reclama, sin el consentimiento de otros y con poco o ningún pago». Uno diría entonces: ¿en qué se diferencian de los «okupas»? Ante tales posturas doctrinarias, la disolución de todas las estructuras estatales –e incluso del Estado Nación–, ¿no son acaso el objetivo mismo del actual Poder Ejecutivo Nacional y la principal promesa de campaña?

Mientras que las provincias reclaman sus derechos a través del argumento de que son preexistentes al Estado Nacional, entran en un terreno peligroso: el de la disolución nacional e institucional. Es que cada una por sí misma no podría evitar que el lema «retrocede gobierno» se les presente como una amenaza a punta de pistola y extorsiones, ya sea a partir de un escenario de escisión o bien de uno donde logre acuerdos mínimos con el gobierno central que los empobrecerá, aunque posiblemente les dé un mínimo de «viabilidad de supervivencia». A su vez, sería ingenuo pensar que «el apriete fiscal a las provincias» tiene como único objetivo eliminar el déficit fiscal. Está claro que dicho objetivo también se obtendría con instrumentos que incrementen la recaudación, cosa que está vedada porque los impuestos son, para esta ideología, el robo más abominable. Recordemos que los anarco-capitalistas abogan por la abolición del Estado en todas sus formas e instrumentos, algo que hasta ahora vienen logrando a un ritmo inesperado en nuestro país, que aún se debate entre la culpa, el odio, el miedo, viejos rencores y un cúmulo de posibles delitos cometidos desde vaya uno a saber cuándo a la fecha, junto a una corrupción mayúscula que el Poder Judicial prefiere ignorar a menos que se trate de un enemigo político funcional.

Es que el mundo está sediento de lo que la Argentina posee y el capitalismo del siglo XXI ha cambiado su accionar y su discurso a una velocidad asombrosa. Basta recordar que en 2020 –año de la pandemia originada por el virus Covid-19– el lema fue: el capitalismo del siglo XXI será sostenible o no será. En 2021, Klaus Schwab anunció en el foro de Davos un «nuevo año cero» –donde el deber era el de apuntar a un grado más alto de sofisticación social y crear una base sólida para el bienestar de toda la gente y del planeta–. Pero en 2024 ese mismo Foro Económico Mundial escuchó con cierto grado de atención una cruda disertación del credo libertario. ¿Será porque el capitalismo no puede ni quiere ser sustentable? ¿Porque apuntar al bienestar de toda la gente y del planeta les resulta demasiado trabajoso? ¿O porque nada les impide decir una cosa y hacer otra en tanto el cinismo, las paradojas y el doble discurso se han convertido en moneda corriente?

Aunque no hay una respuesta única a tales interrogantes –ni ellas se agotan en las expuestas–, es claro que la apropiación de los recursos naturales (suelos, mares, bosques, minerales, etc.) es un imperativo dentro de la lógica de la guerra por el liderazgo mundial. Ello tanto si se asume un mundo que se encamina a satisfacer la demanda potencial de los 9.000 millones de habitantes que alcanzaremos en 2050 –a lo que se superpone una revolución tecnológica con pocos precedentes–, como si se admite la posibilidad de una gran guerra que redujera la población en territorios en conflicto, y entonces lo necesario sería poseer un espacio para cobijar a los sobrevivientes y desarrollar un nuevo proceso civilizatorio a partir también de estas nuevas tecnologías. Si alguien piensa que esto último parece un delirio o es demasiado fantasioso, debería preguntarse acerca del porqué de los proyectos para colonizar la Luna, Marte, etc. –y hasta construir bunkers de supervivencia– se han ido haciendo parte del mundo real. También cabe interrogarse acerca de los numerosos alegatos en torno a la extinción de la especie humana, incluyendo la prédica del advenimiento del Mesías y del Apocalipsis.

«Esta tierra es nuestra tierra. Retrocede, gobierno», también es un lema que apunta a evitar –o bien que busca minimizar– el pago de regalías e impuestos. Cuando se argumenta que el gobierno no tiene un plan económico, por cierto, se cae en la trampa del «no la ven», pues si el anarco-capitalismo se opone radicalmente al Estado, ¿quién sería el encargado de elaborar tal plan? Eso es cosa del pasado, asumen los anarco-capitalistas, que ven plasmada precisamente en la ausencia del «supuestamente reclamado plan» la oportunidad de «venir por todo» y «a bajo precio», sin que exista una incómoda trazabilidad, declaraciones de importaciones o exportaciones, origen de los movimientos de capitales, órganos, personas, sustancias psicotóxicas, etc. Posiblemente el destino de parte del dinero fugado con los préstamos del FMI que ha enterrado la «doctrina del riesgo moral». Vale aclarar que una situación de riesgo moral se presenta cuando, una vez establecido un contrato entre un principal y un agente, el primero no puede controlar las acciones del segundo ni ciertos aspectos del entorno. Y, lo que es esencial, las acciones del agente no se pueden especificar en los términos del contrato: ¿alguna similitud con el préstamo otorgado a la Argentina en 2018 y la fuga de divisas ocurrida a partir de 2019?

Ganar tiempo

La imagen que representa, de un modo sofisticado y simbólico, al nuevo Presidente –y que tanto irrita por sus modos irrespetuosos– es precisamente la de un monarca déspota. Nunca demasiado rodeado de funcionarios trabajando en equipo, porque hace a la imagen de una autoridad fuerte, individual, prescindente del otro. Una que repite sin cesar (desde un sillón solitario o con un vocero que desea imitar el estilo de la Casa Blanca con el logotipo estrenado el 10 de diciembre) los mismos argumentos –por falaces que sean– para transmitir a sus seguidores y detractores la seguridad de que hay un mando único en este líder mesiánico, que tiene muy claro su propósito explícito de aniquilar, de ser posible en el menor plazo, al conjunto de las instituciones que durante más de un siglo fueron forjando ese paradigma del capitalismo con Estado. Por eso, ganar tiempo juega a su favor. Cuanto más impere esa zona gris acerca de la constitucionalidad o no del DNU 70/2023 y la discusión acerca de la denominada Ley Ómnibus, tanto más terreno ganarán las acciones de hecho que se amparan en esos instrumentos legales, que son en la práctica la deconstrucción de todo el andamiaje jurídico e institucional que se ha ido forjando a lo largo de nuestra historia, con aciertos y desaciertos, pero nunca sin razones fundadas. La prédica de que detrás de cada una de estas leyes, decretos, instituciones han operado intereses de la denominada casta es una forma de eludir el debate y aprovecharse de los ingenuos. Una forma eficaz, seguro, pero también muy peligrosa. Es como arremeter con un tractor sobre un establo lleno de vacas para matar unas pocas ratas. Sin embargo, es en extremo racional a los fines de ganar tiempo, pues es imposible un tratamiento de 664 artículos con seis anexos, que se hallan en sus 351 páginas, en un plazo tan corto, si se desea que haya un debate serio y fundamentado.

Pero los que no la ven, no perciben el otro aspecto racional: si no se la aprueba, será «por culpa de la política», por ineficiencia del Poder Legislativo y los gobernadores. Por lo tanto, una salvaguarda por si el plan de estabilización fracasa, aun cuando el nexo entre la aprobación de dicha ley y el despegue económico o el vínculo entre dicha aprobación y una lluvia de inversiones no se halla probado, ni explicitado. Simplemente flota en el aire como el humo. El hecho irrefutable de que el Presidente es un político y que actúa en contra de las libertades que predica queda a resguardo a través del odio a la casta, a pesar de que quienes actúan apoyándolo sean tal vez la peor parte de ella.

El índice de la actividad manufacturera publicado por el INDEC revela una caída general del orden del 24% para los meses de diciembre y enero respecto al promedio registrado entre marzo y noviembre de 2023. El tipo de cambio real multilateral que publica el Banco Central ha perdido en menos de 90 días un 34% de competitividad desde la mega devaluación del 13 de diciembre último y se halla a la misma paridad que tuvo a lo largo de septiembre de 2023. La bomba de las Leliq se transformó en la bomba de los bonos emitidos por el Banco Central. El efecto de licuación de los ingresos de los trabajadores públicos y privados ha causado ya mucho del sufrimiento de los argentinos de bien, que asumo somos la gran mayoría. ¿Es factible una reactivación con un dólar importador casi 40% superior al que el Banco Central liquida las exportaciones y con un descenso en el consumo como el que reflejan el índice de actividad industrial y encima con cero ganancias de competitividad? Pero una nueva devaluación restaría apoyo al gobierno. Por lo tanto hay que echarle la culpa a la política, pues ante lo casi inevitable la perversión obliga a buscar, de antemano y como cobertura, a los culpables de un potencial fracaso.

«El capitalismo impulsó las revoluciones industrial, tecnológica y verde, remodeló el mundo natural y transformó el papel del Estado en relación con la sociedad. Sacó a innumerables personas de la pobreza durante los últimos dos siglos, aumentó significativamente el nivel de vida y llevó al desarrollo de innovaciones que mejoraron radicalmente el bienestar humano, además de hacer posible ir a la Luna y leer este artículo en Internet. Sin embargo, su historia no es completamente positiva. En los últimos años, las deficiencias del capitalismo se han vuelto cada vez más evidentes. Dar prioridad a las ganancias a corto plazo para las personas significó en ocasiones que el bienestar a largo plazo de la sociedad y del medio ambiente se haya perdido» afirma un artículo de la BBC.

Pero estas definiciones no corresponden a las del anarco-capitalismo sino a la confesión de que el capitalismo produce serias externalidades negativas y un alejamiento cada vez mayor entre el progreso genuino y la medición del progreso a través del crecimiento económico. El anarco-capitalismo ni siquiera se basa enteramente en la fe ciega en las fuerzas del mercado ni en la axiomática de la escuela austríaca. Busca arrasar –como parte de una guerra híbrida– a sus enemigos, que son los pueblos (o a los sectores de ellos) que consideran legítima la justicia social, distributiva, territorial, construida lentamente durante siglos a través de instituciones y leyes, para evitar los efectos devastadores de un capitalismo salvaje.

En este contexto de disputas por liderazgo y recursos, el peligro de una alianza entre Rusia y China les es funcional. Pero se debe notar que el discurso anarco-capitalista en la Argentina ha cruzado la línea de combate aun hacia cualquier defensor del Estado de Bienestar, tildándolo de socialista, como un fuerte insulto, sinónimo de colectivismo, autoritarismo, ausencia de libertades civiles. Por cierto, nada más lejos de ello, pues buena parte de las democracias occidentales se basan en este tipo de visión socialdemócrata o socialcristiana, y, aunque en retroceso frente a los populismos de derecha, no se les ocurre rifar el papel del Estado, ni regalar sus bienes, tierras, recursos, patentes, etc. Por eso, el anarco-capitalismo no desea arrasar sólo con las instituciones nacionales, provinciales, la Constitución de 1853 reformada en 1994, sino con gente de carne y hueso. El 44% de los que no votaron al actual Presidente también son el enemigo y en los hechos son numerosas las víctimas del 56% restante. O se rinden o se aniquilan, expresan con odio, como si hubieran sido vencedores de una guerra y por ello se sienten con derecho a su botín.

*El autor es economista, fue vicerrector de la UNRN (2013-2019) y profesor titular adscripto a la Fundación Bariloche.

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