El lawfare al desnudo y una silenciosa guerra civil

Por: Ricardo Ragendorfer
@Ragendorfer

Foto: Diego Martinez
@ildieco_diegomartinezph

Si el lawfare es –dicho de un modo técnico– la continuación de la política por otros medios, la Argentina se ha convertido en su vanguardia mundial. Tal vez porque –en contraposición a lo que indican los manuales– su ejercicio ya no es un secreto para nadie. Lo prueba la reciente denuncia del Poder Ejecutivo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema por ser garantes de su sistematización.

Pero vayamos por partes.

Cabe aclarar que el lawfare no es un invento reciente. Lo prueba el affaire Dreyfus, ocurrido al concluir el siglo XIX. Su víctima: el capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, un oficial judío acusado injustamente por espionaje para la Alemania imperial. Y que terminó en el penal de la Isla del Diablo, en la Guyana Francesa, pese a que en París ya se sabía la identidad del verdadero filtrador. El caso sacudió los cimientos de la Tercera República, además de dividir a la sociedad al compás del incipiente nacionalismo antisemita, entre otras disfunciones políticas alentadas por la prensa amarilla de la época. En defensa del militar se alinearon intelectuales como Bernard Lazare, Georges Clemenceau y Émile Zola, quien el 13 de enero de 1898 publicó en el diario L’Aurore su aún recordado artículo “Yo acuso” (J’Acusse), que contribuyó a torcer el rumbo de los acontecimientos: en 1899, Dreyfus fue indultado por el presidente Émile Loubet. Pero recién en 1906 fue rehabilitado por la Justicia.

Casi once décadas después, la artillería mediático-judicial, enlazada por el hilo invisible del espionaje, comenzó a ser disparada sobre las democracias más inestables de Occidente. Brasil –con el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula– es al respecto un gran ejemplo.

El lawfare puede tener por objeto desestabilizar gobiernos “populistas” o neutralizar opositores, depende desde donde se aplique. En Argentina, sus primeros signos visibles fueron articulados por el fiscal Alberto Nisman con la denuncia contra CFK y el canciller Héctor Timerman por el “Memorándum de Entendimiento con Irán”. Otro hito: a mediados de 2015, la opereta basada en el falso testimonio del convicto Martín Lanatta para malograr la candidatura bonaerense de Aníbal Fernández. Ya con Mauricio Macri en la presidencia, el laboratorio en la materia fue la provincia de Jujuy con la crucifixión jurídica de Milagro Sala en aras de imponer un ejemplo aplastante de disciplinamiento social. Pero la temporada nacional de esta especialidad comenzó el 15 de abril de 2016 con la citación del juez Claudio Bonadio a la ex presidenta por el tema del dólar a futuro; aquella vez, su llegada al edificio de Comodoro Py se transformó en un acto opositor. Sin embargo, eso no frenó el ímpetu lindante entre la dramaturgia y el revanchismo que el Poder Ejecutivo había empezado a deslizar. A partir de entonces las prisiones preventivas para ex funcionarios fueron moneda corriente, al igual que otros tantos expedientes surgidos de la imaginación de sus instructores. La lista es larga, pero no está de más rescatar dos clásicos: el caprichoso renacer de la denuncia por el “Memorándum” y la instalación del falso “homicidio” de Nisman. Pero el Oscar a la mejor ficción fue para la llamada “causa de las fotocopias”.

En este punto bien vale retrotraerse al mediodía del 10 de diciembre de 2015, cuando el aún flamante presidente leía con tono afable su discurso ante la Asamblea Legislativa. Entonces, tras un leve carraspeo, de pronto, dijo: “En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. Y a quienes quieran serlo les digo que no serán bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros”.

Una salva de aplausos estalló en el recinto.

Días después de tan sabias palabras, designó con un DNU a dos jueces de la Corte Suprema (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz). Ya por aquellas horas, el apuro del asunto y el desprecio por la división de poderes no eran un dato menor. Tal fue el arranque de la etapa más kafkiana del país, consumada por personajillos difíciles de olvidar.

Sin embargo, nadie fue más pintoresco que el fiscal Guillermo Marijuán. Aquel individuo pequeño y cabezón supo pasar a la historia por ser el artífice de una imagen icónica: las excavadoras abriéndose paso en la inmensidad de un campo patagónico, en busca de un inexistente tesoro kirchnerista.

El fiscal federal Carlos Stornelli resultó ser un abanderado del lawfare. Y con el juez Claudio Bonadio supo idear un sistema confesional basado en la delación asistida. Una mixtura entre el macartismo y la inquisición española a los efectos de encarcelar a todo imputado que no declare lo que ellos querían oír. Así se originó el festival de los arrepentidos.

Pero Stornelli cometió el pecado de tensar la cuerda extorsiva más de lo debido, extendiendo su voracidad procesal hacia la alimentación de presuntas cuentas bancarias a su nombre.

Desde una perspectiva totalizadora, no está de más puntualizar que el lawfare fue concebido como un mecanismo de relojería. Pero apenas basta un desperfecto en alguno de sus engranajes para transformar a sus hacedores en protagonistas de una patética comedia de enredos. En este caso, tal engranaje se llamaba Marcelo D’Alessio. La calamitosa caída en desgracia de aquel tipo jactancioso y bocón dejó al desnudo una red de chantaje y fisgoneo integrada por cabecillas judiciales, periodistas, espías, legisladores y funcionarios del régimen macrista.

Pues bien, luego saltaron a la luz pública otros escandalosos ejemplos: el caso del grupo de espías llamado “Super Mario Bros” y el de la “Gestapo bonaerense” dirigido por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

A esta altura, al carácter clandestino del lawfare ya se le veía todos sus hilos. Aún así, tanto su práctica como sus operadores siguieron incólumes. Lo prueba el bueno de Stornelli, quien –pese a estar procesado por espionaje y extorsión– tuvo recientemente la dicha de dictaminar la anulación de la causa contra el ministro larretista Marcelo D’Alessandro y el operador de la Corte, Silvio Robles, por el escándalo de los chats.

¿Acaso, en este contexto, el fallido atentado a CFK no indicaría que la etapa superior del lawfare es el asesinato?

Lo cierto es que cuando la naturaleza de sus maniobras secretas toma estado público, al generar la reacción defensiva de sus destinatarios, el asunto se transforma en una silenciosa guerra civil.

Tiempo Argentino