El nexo entre la represión en Jujuy y el golpe en Bolivia

Por: Ricardo Ragendorfer
@Ragendorfer

Foto: Prensa / Gobierno de la Provincia de Jujuy

Es asombroso que uno de los integrantes del tribunal que, en 1985, realizó el histórico Juicio a las Juntas fuera, 38 años después, el ideólogo –y redactor– del «ajuste» represivo de la Constitución jujeña. Pues bien, el doctor Ricardo Gil Lavedra es el protagonista de esta paradoja. Pero no tan sorprendente es la identidad de su operador político: el exembajador macrista en Bolivia y actual ministro de Gobierno y Justicia provincial, Normando Álvarez García, quien organizó la maniobra legislativa para aprobar semejante mamarracho jurídico entre gallos y medianoche. Una gran ocasión para poner en foco la figura de este viejo pájaro de cuentas.

Tal vez él atesore con orgullo en su memoria la mañana del 15 de julio de 2021, cuando el gobernador Gerardo Morales (quien se acaba de convertir en precandidato a vicepresidente de la lista encabezada por Horacio Rodríguez Larreta) le otorgó la Medalla Orden General Manuel Belgrano en razón al «alto valor humanitario» de su labor diplomática durante el golpe de Estado en Bolivia, ocurrido en noviembre de 2019.

Claro que por esa época ya circulaba un rumor algo embarazoso de tal desempeño «humanitario»: la participación del susodicho en el contrabando desde Argentina al país del Altiplano de armas, municiones y otros elementos «disuasivos», en apoyo al derrocamiento de Evo Morales. Un emprendimiento que también involucraba al presidente Mauricio Macri, a su jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun; al ministro de Defensa, Oscar Aguad; a la de Seguridad, Patricia Bullrich; al encargado de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo y al propio Morales. Pero en aquel entonces, el asunto sólo poseía rango de «habladuría».

De modo que, al momento de ser condecorado, ninguna sombra flotaba aún sobre el destino del «Chiqui» (tal el apodo de Álvarez García). De hecho, más allá de esa cucarda, Morales ya lo había bendecido, en enero de 2020, al confiarle el mando del Ministerio de Trabajo, en reemplazo de Jorge Cabana Fusz, quien tuvo que dar un paso al costado por un problemita sexual: el tipo intentó violar a una empleada de esa cartera.

Chiqui se mantuvo en ese cargo hasta el 30 de marzo de 2022. Y al día siguiente, el reyezuelo de Jujuy le tomó juramento como ministro de Gobierno y Justicia de su feudo.

Pero aquel jueves, la Divina Providencia les jugó una mala pasada.

El silencio es salud

Ocurre que a esa misma hora declaraba un tal Jorge Bernardo Salinas Berrios ante un funcionario del Ministerio Público de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Aquel hombre, que llevaba dos décadas trabajando en la Embajada Argentina, era su jefe de seguridad en el momento del golpe. Y como tal, fue un testigo privilegiado de la llegada de un avión Hércules C-130 enviado por el régimen del PRO con un contingente de gendarmes y el material bélico en cuestión. Lo cierto es que en su testimonio no ahorró detalles al respecto.

Para entender cómo se enlaza un hecho con otro, es necesario un salto en el tiempo que nos lleve al 8 de julio de 2021. Hacía más de un año y medio que Alberto Fernández había llegado a la Casa Rosada. Y en Bolivia hacía ya medio año que la presidenta de facto, Jeanine Añez, había sido reemplazada por el gobierno democrático de Luis Arce.

Durante el atardecer de aquel día, la temperatura rozaba los 24 grados en San Salvador de Jujuy. Morales arrojó el smartphone sobre el escritorio de su despacho y, con cara de pocos amigos, escupió: «Por ahora no abras la boca».

Álvarez García asintió con un leve cabeceo, evitando mirar al jefe.

Es que él, por imperio del azar, era ahora el cófrade más insultado por quienes fueron los máximos jerarcas del Poder Ejecutivo anterior, empezando por Macri, seguido por Peña Braun, Aguad, Bullrich, Faurie y Pompeo.

Es que los seis, junto con Morales, quedaron seriamente liados en la comisión de un grave delito («participes necesarios de sedición en otro país») debido a un descuido suyo: haber olvidado, en un cajón de la Embajada, una carta que le envió el cabecilla golpista de la Fuerza Aérea boliviana, general Gonzalo Tercero Lara, que prueba la colaboración clandestina del gobierno de la alianza Cambiemos en la conjura golpista y el apoyo material a la dictadura de la señora Añez. Concretamente, el uniformado agradecía en aquella misiva el abastecimiento de parafernalia represiva, en un volumen como para sofocar la Revolución Francesa.

Morales, masticando bronca, lo observaba a Chiqui de soslayo.

Tal vez, cinco días antes, el pobre Normando haya sentido un ramalazo de pesar al enterarse por televisión que el general Terceros Lara acababa de ser detenido en la ciudad boliviana de Santa Cruz, al igual que el comandante de la Armada, almirante Gonzalo Jarjuri Rada.

Añez ya había sido arrestada el 13 de marzo. Y paralelamente, también «perdían» algunos ministros de su gestión. «Por ahora no abras la boca», repitió Morales en dicho atardecer, cuando esa famosa carta ya estaba en boca de todos.

Manchados con sangre

El silencio exigido por Morales a Chiqui no se extendió a sus cómplices, dado que Bullrich, Aguad y Faurie, ya se expresaban al respecto. Las palabras de la exministra de Seguridad fueron: «Yo no firmé nada. Aquello no pasó por mis manos». Las del exministro de Defensa: «Esto es una canallada; nunca vi los documentos que ahora muestra el gobierno boliviano». Y las del excanciller: «No tengo idea; yo sólo intervine de manera diplomática».

En resumen, los tres coincidieron en manifestar su ajenidad al asunto, pero reconociendo tácitamente la existencia del envío.

Simultáneamente, a pesar de la directiva de Morales, el alto mando de Juntos por el Cambio (JxC) presionó a Álvarez García para que difundiera su versión de los hechos. Y él cumplió aquella orden con un texto escrito a las apuradas y difundido por Facebook.

Allí negó enfáticamente haber recibido la epístola del general Terceros Lara. Una afirmación desmentida por el libro de la Embajada que consigna la recepción de correspondencia. Porque el ingreso de la misiva fue registrado el 14 de noviembre de 2019 con el número 184, además de detallar el remitente –»Fuerza Aérea Boliviana»– y su referencia –»Agradecimiento por el material donado por Argentina»–. Lapidario.

El 15 de noviembre de 2019, toda Bolivia se sacudió al compás de una masacre; la de Sacaba, en El Alto, donde murieron 12 personas y 120 fueron heridas. El 19 se produjo otra carnicería, la de Senkata, en Cochabamba, con once muertos y 70 heridos. Tales hechos fueron consumados con los «insumos» traídos desde Argentina. De manera que la sangre derramada en aquellas dos jornadas también salpicó a sus «donantes» criollos.

Todo había quedado al descubierto. 

En Bolivia, casi cuatro años después, la causa judicial por el envío del material represivo avanzó: Terceros Lara y el almirante Jarjuri Rada continúan con prisión preventiva, al igual que otros militares enredados en la maniobra, y un ex funcionario de ese país –Pedro Arteaga Hernández– ya fue condenado a cuatro años de prisión.

Pero en Argentina, el expediente por esa «exportación», a cargo del juez Alejandro Catania, duerme el sueño eterno en algún cajón de su despacho.

Mientras tanto, a raíz de la pueblada jujeña, las manos de Morales y de Álvarez García están ahora manchadas otra vez con sangre.

Tiempo Argentino